NCeHu 288/07
La indignación organizada de los usuarios del
transporte ya ha cobrado heridos y detenidos
El Transantiago como
“Transfracaso”
Andrés Figueroa
Cornejo
A un año del
gobierno de Bachelet, y a poco más de un mes de la aplicación del modelo de
transporte denominado Plan Transantiago–una de las supuestas “joyas” de la
Concertación hacia la celebración del bicentenario-, el malestar de la
ciudadanía capitalina camina en franco ascenso. No sólo se han desarrollado
protestas en el centro de Santiago –como la del martes 13 de marzo convocada por
el Movimiento por un Transporte Público Digno-, sino que en la periferia pobre
la indignación organizada de los usuarios ya ha cobrado heridos, detenidos, y
enfrentamientos con las Fuerzas Especiales de Carabineros. El disgusto
mayoritario de los santiaguinos -en uno de los países más desiguales del mundo y
con mayor población estresada y deprimida del Continente- es pan de cada día,
mientras las medidas improvisadas de las autoridades han provocado el debate
abierto, franco y directo de la gente sobre el grave problema de locomoción
colectiva que afecta a la ciudad más importante de Chile. Es el pueblo quien con
ácido humor ha bautizado al Transantiago como “Transardina”; “Tranfracaso”,
“Transanfiasco”, etc.
Más allá de la inversión estatal de 15 mil
millones de pesos –no contemplada en el plan original- para mejoramiento del
metro subterráneo, para aumentar su frecuencia, extensión horaria, y colocar
buses “clones” para compensar el desastre de la administración del transporte en
manos privadas, lo cierto es que la gente exige más recorridos y una atención
especial a las personas de tercera edad, minusválidos, embarazadas y niños, cuyo
actual sistema de movilización resulta prohibitivo e inútil. En tanto, la prensa
asociada a los intereses del gobierno parece que hablara de otro país cuando se
refiere a lo bien que avanza el modelo Transantiago. Sin embargo, cada vez con
mayor fuerza, son los propios usuarios quienes exigen el congelamiento de las
tarifas y la administración del transporte público por el Estado con
participación y control ciudadano. Según el senador socialista, Alejandro
Navarro, “un modelo como el aplicado aquí no se autofinancia en ninguna parte
del mundo, y la idea no es subvencionarlo porque sucedería lo mismo que con las
platas públicas que se entregan a la educación particular subvencionada y que
los sostenedores utilizan para fines muy distintos a los de la
enseñanza”
LAS AMENAZAS DE SIEMPRE
Por su parte, el gobierno
criminaliza el descontento popular ante su fracasado proyecto, borrando con el
codo la supuesta política de participación ciudadana, retórica dominante del
cuarto gobierno de la Concertación. De hecho, la Intendenta de Santiago, Adriana
Delpiano, ha sido enfática en afirmar que entre las protestas habría grupos
políticos organizados, acusación que ofende la inteligencia, considerando que
ella misma es parte de un grupo político llamado Partido Por la Democracia
(creación del ex presidente Ricardo Lagos en el ocaso de la dictadura), el cual,
por lo demás, se ha visto envuelto en escandalosos casos de corrupción y que,
para nadie es desconocido, funciona más bien como una “bolsa de trabajo” y sobre
la base de un clientelismo proveniente de la peor tradición política chilena.
Asimismo, el Ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, ha señalado que “de no
resolverse la actual crisis del Transantiago, podrían correr riesgo las
inversiones privadas en el país”, reflexión peregrina si se observa que la
imposición del nuevo sistema de transporte es obra del propio Ejecutivo y sus
negativos efectos en la calidad de vida de la población (ya precaria) son, en
gran medida, resultado de la improvisación; una sospechosa e ideológica
superconfianza en la administración privada del modelo; y la subestimación del
descontento de la gente cuando se ven dañados derechos tan sensibles como contar
con una locomoción colectiva eficiente, económica y al servicio de las grandes
mayorías. Hoy en la capital chilena, nadie se asusta si se plantea que el
transporte público debe estar en manos del Estado y cuyo diseño estratégico y
funcional debe contar con la participación protagónica de la gente.
Así
como nadie se escandaliza ante la necesaria existencia de una Educación y Salud
públicas y de calidad. Hasta dentro de las coordenadas de una sociedad
capitalista cualquiera, en aquellas áreas donde la empresa privada es
ineficiente o simplemente no le interesa invertir porque las tasas de ganancias
no están a la altura de sus apetitos, es el Estado quien debe garantizar los
derechos básicos del pueblo, donde, sin duda, se encuentra la locomoción
colectiva. Pero aún queda bastante paño que cortar. El Ministro de Transportes,
Sergio Espejo –quien en un momento amenazó a los concesionarios privados con la
intervención del Estado de no cumplir con los contratos y que rápidamente fue
desautorizado en sus dichos por el Ministro del Interior- ha manifestado que no
existe ninguna seguridad de que las tarifas de la locomoción se mantengan en el
valor actual y aumenten en cualquier momento. Al respecto, está programada ya un
alza en el costo del pasaje para el mes de agosto. A esto hay que agregar que, a
poco más de un mes de aplicado el sistema, los trabajadores y pobladores
santiaguinos ya están gastando más dinero en transporte debido a que, como los
nuevos recorridos no los dejan en sus lugares de empleo, colegio o domicilio,
han tenido que utilizar, además del Transantiago, “buses piratas”, taxis y
colectivos. En este sentido, es absolutamente factible que la “gente de a pie”
haya debido duplicar sus gastos de Transporte. Es clara la desesperación
gubernamental ante el descontento generalizado que ha provocado la aplicación
inconsulta y antipopular del famoso Transantiago, fenómeno que paulatinamente ha
dinamizado la organización de pobladores y trabajadores, y que viene a agregarse
al conjunto de demandas sociales y políticas de amplias franjas de la población,
y que manifiesta el distanciamiento sideral del conglomerado oficialista con las
necesidades concretas de la gente. Por eso no deja de resultar paradojal que, al
igual que durante la epidemia del olvido ocurrida en el imaginario Macondo de
García Márquez se tuvo que colocar en la entrada del mítico pueblo un enorme
anuncio que rezaba “Dios existe” para que las víctimas de la amnesia colectiva
no olvidaran esa cuestionable certeza, en Chile se han extendido en todos los
edificios públicos sendas gigantografías que afirman que “La igualdad no es un
sueño”. Vale.
Andrés Figueroa Cornejo es miembro de "Movimiento por
un Transporte Público Digno"