Enrique Santos Molano

Columnista de EL TIEMPO

Colombia

 

Los representantes de las regiones han expresado, por boca del gobernador del Valle, Angelino Garzón, sus temores por el recorte de  transferencias que debe hacerles el Gobierno Central. El recorte significaría frenar  el desarrollo  que han tenido las regiones desde que entró en vigencia la Constitución de 1991. Carolina Rentería,  directora de Planeación Nacional, ha despejado temores. Declaró que el Plan no contempla recorte de transferencias. 

Alberto Mendoza Morales, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, publicó en el 2000 un libro de sumo interés, en el cual explica con detalle los pormenores geográficos, jurídicos, sociales, políticos, históricos y económicos que hacen de Colombia un Estado regional. Las disposiciones sobre ordenamiento territorial, a veces por ignorancia del legislador, han creado mucha confusión sobre la definición de las regiones. Como quiera que sea, las regiones existen per se y están ahí. Los geógrafos y ordenadores territoriales del siglo XIX, que eran sabios y conocedores del asunto, trazaron una división geográfica tan acertada, que funcionó con igual eficacia en la república federal de los radicales liberales (1863-1884) como en la república centralista de La Regeneración (1885-1905). La Constitución del 86 conservó intacta la distribución regional del país establecida por la Comisión Corográfica desde 1845, que solo tuvo una pequeña modificación en 1863, la de agregar un estado a los ocho que ya figuraban. Esos nueve estados (en la federación) y departamentos (en la Regeneración) representaban las nueve regiones del país que reunían, cada una de ellas, sus propias características geográficas, sociales, climáticas, étnicas y culturales, incluso de lenguaje. Las nueve regiones, estados o departamentos, estaban a su vez subdivididas en provincias, cada una de ellas con su capital, de modo que el desarrollo social y económico las cobijaba por parejo. Gracias a esa división geográfica y administrativa, Colombia no solo no se disolvió por causa de las continuas guerras civiles y la permanente inestabilidad política característica del siglo XIX, sino que mantuvo una férrea unidad nacional. La desmembración de Panamá en 1903 obedeció a factores externos poderosos, y sin estos jamás se hubiera producido. La reforma constitucional de 1905, efectuada por el gobierno del presidente Reyes, fue infortunada en el sentido de que rompió aquella excelente distribución y de un solo golpe duplicó el número de departamentos. La de 1910 acabó con las provincias y acentuó la centralización administrativa a un grado asfixiante para las regiones. De hecho, las regiones desaparecieron del orden jurídico de la Nación. Las distintas reformas constitucionales efectuadas en el país en el siglo XX enfatizaron lo que algún crítico agudo bautizó como "departamentalitis", consistente en que cada cacique político quería tener su propio departamento. Así es que hoy, en lugar de nueve regiones poderosas, tenemos treinta y dos departamenticos.

La Constitución del 91 proporcionó los mecanismos para adelantar una correcta descentralización administrativa. El más importante de esos instrumentos ha sido, hasta el momento, el de las transferencias.

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