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Asunto:NoticiasdelCeHu El vertido del petrolero 'Erika'
Fecha:Martes, 13 de Febrero, 2007  11:00:55 (+0100)
Autor:FRANCESC XAVIER C. PAUNERO AMIGO <xavier.paunero @...es>


Comienza en Francia el juicio por el vertido del petrolero 'Erika'
Están acusados la firma Total, el propietario y el capitán del barco y
tres jefes militares
El País. J. M. MARTÍ FONT - París - 13/02/2007
El 13 de diciembre de 1999, el petrolero Erika se partía en dos y se
hundía a unos 30 kilómetros de las costas bretonas, en Francia, derramando
19.000 toneladas de fuel que contaminaron 400 kilómetros de costa y
provocaron la mayor catástrofe medioambiental que, hasta entonces, había
padecido Europa. Tres años más tarde, frente a las costas gallegas, el
Prestige provocaba idéntico desastre. Ayer se abrió en París el juicio en
el que se dirimirán las responsabilidades y que está previsto que dure
cuatro meses.
Han pasado más de siete años desde aquel día trágico, cuyas consecuencias
siguen afectando, no solo a las economías locales, a los pescadores, sino
también a la salud de las personas, hasta el punto de que sigue sin
conocerse exactamente cuál era el tipo de fuel que se vertió. Se calcula
que la economía de las regiones afectadas tuvo pérdidas por valor de mil
millones de euros. Entre otras calamidades ecológicas, más de 150.000 aves
marinas murieron atrapadas en el chapapote.
El juicio, cuya instrucción ha sido extremadamente laboriosa, debe también
poner en evidencia las malas prácticas de las compañías petroleras, Total
en esta ocasión, y la opacidad de los sistemas de transporte marítimo, las
subcontratas a empresas deslocalizadas que alquilan barcos de bandera de
conveniencia en pésimas condiciones.
Entre los acusados, además de la petrolera francesa, propietaria de la
carga, figuran: Giuseppe Savarese, el armador y propietario del barco, de
nacionalidad italiana; Karun Mathur, capitán del buque en el momento del
desastre, de nacionalidad india, que no piensa salir de su país ya que
pesa sobre él una orden de detención; la RINA, el organismo italiano que
controla la buena condición de los barcos, y tres oficiales de la Armada
francesa acusados de no haber valorado correctamente la magnitud de la
catástrofe. Los cargos a los que se enfrentan son: contaminación marítima,
puesta en peligro de la vida ajena y abstención voluntaria de combatir un
siniestro.
Ahora se sabe que el hundimiento del Erika, atrapado en medio de una
tempestad, no más intensa que muchas de las que habitualmente se dan en la
zona, era un hecho anunciado. Este monocasco de más de 25 años de edad, en
el que numerosas inspecciones habían detectado importantes trazas de
corrosión, fue obligado a zarpar con 30.000 toneladas de fuel a bordo en
plena tempestad sólo porque la compañía Total no quería pagar la multa que
le hubiera costado un retraso en la entrega de la carga. La investigación
ha desvelado que Total estuvo todo el tiempo en contacto con el capitán
del Erika y desde dos días antes "tenía conocimiento de las averías del
barco, incluidas fugas", pero "no tomó ninguna medida para combatir o
limitar los efectos".
El juez Jean-Baptiste Parlos preside el juicio en la mayor sala del
palacio de Justicia de París. Durante los próximos cuatro meses, más de 80
abogados y los representantes de 70 asociaciones civiles en representación
de entidades locales, asociaciones de vecinos y grupos ecologistas,
dirimirán las responsabilidades e intentarán crear jurisprudencia. Entre
los abogados presentes ayer estaba Dominique Voinet, la candidata de Los
Verdes a la presidencia francesa y ministra de Medio Ambiente cuando
ocurrieron los hechos, en el Gobierno de Lionel Jospin.
También estaban presentes otros dos candidatos: el derechista Philippe de
Villiers, presidente del departamento de Vendée y la ecologista Corinne
Lepage. Se esperaba a la socialista Ségolène Royal, ya que la región de
Poitu-Charentes, que preside, se ha constituido también en parte, pero no
acudió.
Las asociaciones ecologistas y las comunidades locales de Bretaña esperan
que el juicio sirva para hacer evolucionar la normativa en materia de
desastres medioambientales y perfeccionar las medidas de prevención. La
sentencia, confían, debe crear jurisprudencia para la protección del medio
ambiente.



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