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Asunto:NoticiasdelCeHu El futuro de Latinoamérica
Fecha:Domingo, 14 de Enero, 2007  10:58:35 (+0100)
Autor:FRANCESC XAVIER C. PAUNERO AMIGO <xavier.paunero @...es>



El País, 14.1.07 JUAN JESÚS AZNÁREZ 14/01/2007
REPORTAJE El futuro de Latinoamérica
El lastre de América Latina
La oposición de las grandes fortunas y consorcios a las reformas fiscales
impide reducir las enormes desigualdades sociales
La cena con aquel ministro mexicano, a mitad de la presidencia de Vicente
Fox (2000-2006), certificó hasta qué punto las grandes fortunas,
monopolios y consorcios locales rechazan pagar los impuestos
correspondientes a su cuantioso patrimonio en América Latina. No hay
fuerza oficial para obligarles. El Ejecutivo de Fox había aceptado por
aquellas fechas someter a la aprobación parlamentaria una miscelánea de
medidas recaudatorias, a todas luces insuficientes para aumentar el gasto
social contra la pobreza, que castiga al 50% de los 105 millones de
mexicanos. "Si forzamos una verdadera reforma fiscal, los ricos nos tumban
el Gobierno", reconoció el ministro. La sinceridad de la confesión
enmudeció a los comensales.
La plutocracia no paga los impuestos, ni los 200 millones sin acceso a los
bienes básicos
La región vive la democracia más larga desde la independencia, pero la
renta no varía
Los partidos de centro y de izquierda están ganando las elecciones en
Latinoamérica
La bonanza económica no debe llevar a engaño: hay crecimiento, pero no
desarrollo
Latinoamérica, con el 41% de sus cerca de 500 millones de habitantes en la
indigencia, crece a un ritmo de cinco puntos desde hace tres años, como
nunca, pero naufraga ante elites y poderes fácticos que desafían a Estados
todavía muy débiles para imponerse. Los ganadores de las 11 elecciones
presidenciales celebradas entre noviembre del año 2005 y diciembre del
2006, casi todos escorados hacia el centro-izquierda, deberán acometer la
que probablemente sea la reforma más urgente en América Latina: la fiscal,
imprescindible para reducir las escandalosas desigualdades de una región
con índices de exclusión social casi subsaharianos. La masiva emigración
hacia Estados Unidos y España atestigua el fracaso. Sólo Chile, Uruguay,
Costa Rica y Brasil, de un total de 18 países, redujeron, en mayor o menor
medida, esos abismos.
Los recientes resultados electorales no parecen conducir hacia la
aprobación de los cambios constitucionales reclamados por una región
plagada de diferencias sociales escandalosas y democracias precarias,
siempre acechadas por la reacción, el caudillismo o las crisis
financieras. Sólo cuatro presidentes electos cuentan con mayoría
legislativa propia para acometer los cambios: Evo Morales, en Bolivia,
Michelle Bachelet, en Chile, Álvaro Uribe, en Colombia y Hugo Chávez, en
Venezuela. Brasil, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Perú
deberán construir acuerdos para llevar adelante los proyectos de sus
Ejecutivos. No será fácil el consenso porque la mayoría de los políticos
actúa pegado al oportunismo electoral, y con escaso sentido de Estado, y
es improbable por tanto que incluso aquellos con mayorías propias aborden
a fondo las dos asignaturas pendientes: la creación de un verdadero Estado
de derecho y la ampliación de la base tributaria, con una burocracia
eficaz y decente, para recaudar y gastar más en quien más lo necesita.
La reforma fiscal es imprescindible porque el mercado no redistribuye los
ingresos. Era "necesaria" en México con el presidente Ernesto Zedillo
(1994-2000), "urgente" con Fox, e "impostergable" con el nuevo presidente,
Felipe Calderón, según el mexicano Ángel Gurría, secretario general de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa
a las 30 naciones democráticas más industrializadas. Previsiblemente, lo
continuará siendo durante la legislatura que comienza porque, al igual que
Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), no pudo con la
oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su
correligionario Felipe Calderón afronta la inquina del poderoso grupo
parlamentario liderado por Andrés Manuel López Obrador, autoproclamado
"presidente legítimo", líder del izquierdista Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
Lo mismo ocurre en otras naciones latinoamericanas. "Hay cuestiones que no
debatimos suficientemente. Tenemos que romper tabúes, y la fiscalidad es
uno de ellos", dice Dante Caputo, Secretario para Asuntos Políticos de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
El diplomático argentino, ex ministro de Asuntos Exteriores (1983-1989),
que ha escrutado casi todas las elecciones al frente de equipos de
observadores, lamenta en Caracas, donde asistió a la reelección de Hugo
Chávez, que las campañas no hayan sido muy edificantes: "¿Cuántos
candidatos plantearon el tema de la fiscalidad en América Latina? ¿Y cómo
va a mejorar la concentración del ingreso si no mejora la fiscalidad?, ¿y
cómo va a mejorar la fiscalidad si usted no tiene un Estado capaz de
cobrar y hacer pagar? ¿Quién está discutiendo esa forma de Estado, un
nuevo Estado para una nueva democracia?". ¿De verdad, con fuerza y
compromiso? Muy pocos.
Once países renovaron en las urnas las presidencias del Ejecutivo, y los
parlamentos la mayoría, en una demostración de que los cuartelazos
perdieron vigencia. Nunca, desde el retorno de la región a la democracia,
hace un cuarto de siglo, había habido una agenda electoral tal intensa. No
obstante, 13 mandatarios fueron expulsados por objeciones a su legitimidad
en el cargo; con cargos de corrupción, cayeron varios. Algo grave falla.
América Latina vive la democracia más larga desde la independencia, "pero
la renta per cápita [la división del PIB entre el número de habitantes]
prácticamente no varió en ningún país", subraya el alto funcionario de la
OEA. "¿Entonces cómo se siente el señor que votó para vivir mejor?".
El señor de Oaxaca o el señor de Cochabamba, las sociedades
latinoamericanas en su conjunto, se distancian entonces de la democracia
porque sus libertades no se traducen en un mayor bienestar, y siguen
ganando 100 euros mensuales, mientras diputados, políticos, alcaldes o
jueces se asignan salarios por encima de los 5.000 euros, más dietas casi
inconfesables. Un regidor mexicano llegó a aprobarse un sueldo mensual de
35.000 euros. Las sociedades latinoamericanas protestan porque saben que
buena parte de los multimillonarios con cuentas en paraísos fiscales no
son empresarios modernos que crearon riquezas y empleo cumpliendo con sus
obligaciones fiscales, sino mafiosos y evasores asociados con sus pares en
Gobiernos y administraciones. Ha sido así, y todavía lo es, desde Río
Bravo a Tierra del Fuego.
"Siento que América Latina se acerca a una segunda transición", dice
Daniel Zovatto, director regional de IDEA (Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral) para América Latina. La primera fue
del autoritarismo a la democracia, "y la que viene es la transición hacia
democracias con mayores niveles de redistribución. Y la fiscalidad va a
jugar un papel muy importante". Debe serlo porque la plutocracia
latinoamericana no paga los impuestos debidos, ni pagan, por razones
obvias, los 200 millones sin acceso a los bienes de la canasta básica.
Cerca de la mitad de la población laboralmente activa se ocupa en la
economía sumergida, en el paro encubierto, en el tenderete y la chapuza.
Ese sector invisible para el fisco.
La carga tributaria en Latinoamérica, esto es, los ingresos fiscales de
los Gobiernos, oscila entre el 8% y el 24% del PIB, con la excepción de
Brasil, que alcanza el 34%. El promedio es famélico comparado con el
europeo: entre el 35% y el 45%. "En América Latina algunos miran al Estado
desde arriba y dicen: 'A mí no me toca. Yo soy más fuerte que el Estado',
algunos están tan abajo que el Estado no llega a ellos. Entonces sólo
queda un sectorcito cautivo al cual llega el Estado", explica Dante
Caputo. América Latina es el subcontinente con mayor concentración de
poder fuera del Estado. Y el poder económico genera poder político. "¿Qué
capacidad tiene usted de hacer pagar impuestos cuando el poder no está en
el Estado? El desafío es inmenso", agrega.
El desafío recibido por los presidentes electos fue claro, según la
Corporación Latinobarómetro: "Las demandas de los movimientos
revolucionarios de los años sesenta son hoy día las demandas de la
democracia, y son los partidos de centro y de izquierda los que están
ganando las elecciones con las banderas de la igualdad y el
desmantelamiento de las discriminaciones". Las enarbolaron en Perú y
Nicaragua, el socialdemócrata Alan García, o el ex revolucionario Daniel
Ortega, más centrado en sus declaraciones publicas; también la chilena
Michelle Bachelet , o el brasileño Lula Da Silva. El venezolano Hugo
Chávez tiene petróleo para acometer programas sociales, ganar elecciones,
y adentrarse en las nacionalizaciones.
Un liberalismo atenuado acompaña la gestión del colombiano Álvaro Uribe,
del mexicano Felipe Calderón, y de buena parte de Centroamérica. La
directora del Latinobarómetro, Marta Lagos, es optimista porque la región
disfruta de la mejor coyuntura económica de las ultimas décadas, y una
inversión de tendencias. "Eso sí, la transformación institucional, la
modernización del Estado, avanza a paso de tortuga".
Y sin Derecho, ni equidad, no habrá democracias sustentables. Resurgirán
los atajos populistas, el mesianismo, y la quimera como programa. La meta
no es la filantropía de los ricos, sino la consolidación de Estados
capaces de hacer cumplir la ley sin asustar a los inversores. El
investigador Daniel Zovatto subraya que la bonanza macroeconómica de
América Latina no debe llevar a engaño: "Hay que diferenciar entre
crecimiento y desarrollo". América Latina crece, pero no se desarrolla
como Finlandia, España, Chile o los países asiáticos, que articularon los
consensos necesarios para definir un proyecto de país. "Lo que ustedes
hicieron con el Pacto de la Moncloa, es lo que nosotros nos cansamos de
decir en América Latina". Pero los pactos obligan a cesiones y a la
renuncia de beneficios, a la que no parecen dispuestos los poderes
fácticos, económicos la mayoría. "Yo le hablaba de la segunda transición,
la de acabar con la desigualdad. Si no se consigue, volveremos al periodo
de las amenazas", alerta Zovatto.



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