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Asunto:NoticiasdelCeHu 59/07 - Argentina - La educación entró en el mer cado (Nélida Baigorria)
Fecha:Martes, 9 de Enero, 2007  13:39:35 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <noticiasdelcehu @..................ar>

NCeHu 59/07

Ref.: 55/07
 

La educación entró en el mercado

Nélida Baigorria



LA ley federal de educación, derogada por el Congreso Nacional después de trece años de vigencia, se llevó consigo a una generación de niños y adolescentes a los que les faltará, inexorablemente, ese sedimento de saberes que se adquiere en los primeros pasos por la vida, se consolida con el tiempo y la experiencia e integra la argamasa, imprescindible, para la forja de una personalidad activa en la esfera del trabajo intelectual tanto como en el área del respeto a los valores que dan a la vida legitimidad ética.

La denominada ley de educación nacional, cuya aprobación supuso la derogación de la ley federal durante la misma sesión parlamentaria, no es si no la mímesis de esta última, dado que pone a resguardo – con estudiados afeites– la concepción filosófica que inspiró la hoy denostada ley federal.

Seguir el debate desde el recinto fue una demostración palmaria de que el eje troncal de la discusión giró en torno de la nueva estructura antes que sobre los aspectos doctrinarios alrededor de los cuales se erige, luego, cualquier construcción político-legislativa, en este caso el instrumento legal que se suponía idóneo para reparar el marasmo educativo que generó la ley derogada.

Se celebró, en todas las intervenciones, el retorno a la estructura clásica: primaria y secundaria lejos de la EGB y el polimodal, de nefastos resultados pedagógicos.

Funcionarios del Ministerio de Educación que habían acompañado, en su momento, con singular beneplácito la gestión del presidente Carlos Menem, con el sociólogo Daniel Filmus como adelantado, disfrutaban con fruición de los discursos laudatorios de quienes predecían el éxito futuro de esta nueva ley.

Se dijo que ella abrirá para la educación un nuevo y luminoso horizonte, con el fin de saldar la deuda social que, no por incompetencia o complicidad sino por un arbitrario antojo del destino, se contrajo con la niñez y la juventud.

Desfilaron en el debate desde el nivel inicial hasta la formación docente, desde la incorporación de la enseñanza técnica hasta la ley de financiamiento educativo, desde la calidad de la enseñanza hasta la incidencia de la pobreza y los límites que impone a la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, deliberadamente, de esa saga se excluyó todo el capítulo atinente a la enseñanza privada, en el que se consigna, ampliado y perfeccionado, el principio de subsidiariedad del Estado y su consecuente función supletoria "en aquellos casos en los cuales la demanda no satisfaga los objetivos económicos o ideológicos de la oferta privada".

Ese principio –defendido ardorosamente por particulares o por corporaciones educativas desde el muy lejano Congreso Pedagógico de 1882, que dio origen a la ley 1420 en 1884– explica los arteros ataques y difamaciones que sufrió aquella ley de educación común al fijar la política educativa ordenada por la Constitución nacional.

Al calor del derrumbe de las instituciones que durante décadas azotó a la República, con las dictaduras y con gobiernos débilmente democráticos y a través, también, de gestiones ministeriales reñidas con el espíritu de unidad nacional que había inspirado a los fundadores de la escuela pública, la subsidiariedad del Estado fue institucionalizándose a lo largo del tiempo hasta su triunfo en la gran batalla ideológica librada en el Congreso de la Nación en 1958, cuando la reglamentación del artículo 28 del decreto 6403/55 se impuso a su derogación lisa y llana.

La aceptación humillante de un hecho consumado fue la norma directriz en la gestión de muchos gobernantes y sectores políticos, amedrentados ante la pertinacia de las exigencias y la metodología subrepticia, pero eficacísima, de los grupos de presión y de factores de poder para efectivizarlas. Quienes aceptaron ese principio de subsidiariedad lo hicieron sabiendo cuánto podría afectar su destino político una lucha frontal en procura del rescate de atribuciones legítimas, indelegables e imprescriptibles del Estado democrático. Por eso optaron por aprobar las concesiones.

Se da así la paradoja de que mientras el rey de España atribuye a la aplicación del principio de subsidiariedad el hecho de que en su país hasta en tiempos recientes la educación fuera privilegio de pocos antes que derecho de todos, en nuestra patria, cuna de la escuela pública, ese principio perfecciona su vigencia por medio de leyes, decretos y reglamentos que encubren una teleología, un fin último, perseguido hace más de un siglo: la privatización del sistema educativo argentino.

El logro total de ese fin ha quedado consagrado con la nueva ley.

Este análisis descarnado, nada especulativo, no persigue una agresión a la libertad de enseñanza, de centenaria vigencia en el país, ni a las facultades legítimas de establecimientos educativos privados, muchos de ellos de alta calidad pedagógica y de gran prestigio. No es tampoco un devaneo antirreligioso fundamentalista, orientado a activar anacrónicas controversias.

Desde la posición del creyente, se trata de un compromiso de por vida con la docencia cívica y la fidelidad al propio pensamiento en la interpretación del acaecer histórico. Por tal razón, y frente a la realidad de esta ley nacional –parche definitivo de la federal–, es preciso recordar, para las nuevas generaciones y para quienes lo han olvidado qué establecía aquel artículo 28, sancionado hace medio siglo.

Ese artículo admitía el funcionamiento de las universidades privadas: "La iniciativa privada podrá crear universidades con capacidad para expedir títulos y/o diplomas académicos. La habilitación para el ejercicio profesional será otorgada por el Estado. Los exámenes que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones serán públicos y estarán a cargo de los organismos que designe el Estado nacional".

¿Qué aconteció luego, con el discurrir del tiempo? ¿Qué se hizo de los requisitos que exigía el artículo 28? El país fue asolado por nuevas dictaduras. Bastaría rever la nómina de ministros y funcionarios que pasaron por el Ministerio de Educación, sus adscripciones ideológicas y sus vínculos con el sector privado, para advertir cómo un Estado ausente posibilitó la destrucción de la escuela pública y su creciente desprestigio, lo que indujo a que padres formados en ella, con excelente calidad de enseñanza, eligieran para sus hijos instituciones privadas en busca de edificios confortables y de mejor categoría pedagógica.

En ese marco, la proliferación de universidades y colegios de todos los niveles del área particular absorbe hoy, en gran medida, a la población escolar, bajo el amparo de sucesivas disposiciones que protegen su expansión, en no pocos casos sin ninguna garantía de idoneidad y de solvencia.

Un cotejo entre la normativa fijada por el artículo 28 y lo que marca la derogada ley federal indica el abismo abierto, en cuanto a restricciones, desde el año 1958 hasta 1993, fecha de su sanción.

En efecto, en el Título V, Art. 36, Inc. a), la ley federal, 24.195, señala: "Derechos: crear, organizar y sostener escuelas, nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar, disponer sobre la utilización del edificio escolar, formular planes y programas de estudio, otorgar certificados y títulos reconocidos, participar en el planeamiento educativo". Y en lo que atañe a la ley nacional, sancionada en forma unánime en la Cámara de Senadores y en Diputados sólo con tres bloques disidentes –UCR, ARI y Pro– el Título IV (De la educación de gestión privada), en el Art. 68, Inc. a) reproduce y perfecciona el anterior. "Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos, matricular, evaluar y emitir títulos con validez nacional: nombrar y promover a su personal docente, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio, aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo".

La educación entró, pues, en el mercado. La fiebre privatizadora que en la década del 90 enajenó nuestra riqueza material comprometió también nuestro patrimonio humano frente a un Estado inerme que cedió atribuciones constitucionales, hizo abandono de la educación popular y posibilitó la existencia de escuelas para ricos y escuelas para pobres.

Este debió haber sido uno de los grandes temas del debate, sobre todo en nuestro país, donde la ley parece identificarse con la anomia y donde las infracciones cubren espacios privativos de los poderes públicos, a sabiendas de que quedarán impunes.

No digamos los argentinos que desconocemos esta realidad y que la ley de educación votada no ratifica y amplía las concesiones ya otorgadas por la nefasta ley federal. Se trata del parche definitivo. En cuanto a las restantes disposiciones, que demandaron casi todo el debate, resultan casi subsidiarias frente a la gravedad de la doctrina.

Este artículo completa una tríada. El 24 de mayo un trabajo publicado en esta página se denominó Sólo parches para educación. El 25 de octubre, al conocerse el borrador, del anteproyecto otra publicación alertaba: Nuevo parche para la educación. El parche, ahora, ya es ley y marca la definitiva fractura de un sistema educativo que respondió a un mandato histórico de la Revolución de Mayo y, con él, la apasionante empresa de plasmar nuestro principio de identidad nacional, sobre todo, en un país de inmigración sin sustrato étnico consolidado.

La diputada nacional y profesora Olinda Montenegro, integrante del bloque de la UCR y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en su carácter de docente y de política, conocía en profundidad el tema y, leal a la doctrina de su partido, sostenida a lo largo de 115 años de historia, en una bella página que publicó LA NACION con fecha 15 de diciembre, con el título Educación, la más alta estrella, en su párrafo final –ante la responsabilidad histórica de ese voto– exhortaba a sus colegas con estas palabras: "Estaríamos frente a un absurdo al afirmar que necesitamos una nueva ley mientras reflotamos la obsoleta ley federal disfrazada con eufemismos. Seamos leales a nuestros sueños, que son los del pueblo que espera que sus representantes sean capaces de optar por la más alta estrella".

El sueño no cristalizo. La opción no fue la estrella.


La autora fue presidenta del Plan Nacional de Alfabetización, premiado por la Unesco en la década del 80.


Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina; 9 de enero de 2007.