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Asunto:NoticiasdelCeHu 1010/06 - Endeudamiento, Ajuste y Deterioro Social al comenzar el siglo XXI en Argentina
Fecha:Lunes, 2 de Octubre, 2006  01:48:04 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <noticiasdelcehu @..................ar>

NCeHu 1010
 
Endeudamiento,  Ajuste y Deterioro Social al comenzar el siglo XXI en Argentina

 

Autores:

Jorge Osvaldo Morina;

Beatriz Goldwaser

 

1. Introducción

 

En el presente trabajo, nos proponemos presentar e interpretar series de datos concretos que denuncian los resultados de la aplicación del sistema de poder neoliberal en Argentina, a lo largo de las últimas tres décadas. Habiendo estudiado en profundidad el período que se inicia alrededor de 1975, con énfasis en las transformaciones económicas y sociales, en el marco de proyectos de investigación finalizados y en curso (1), en esta oportunidad pretendemos reflejar algunos aspectos de las graves desigualdades sociales que permiten caracterizar a la formación socio-espacial nacional como extremadamente dependiente y periférica en el concierto internacional. Para ello, utilizamos información sobre pobreza e indigencia por ingresos (2), desempleo, evolución del salario real, evolución del PBI per cápita y brecha de ingresos entre los grupos extremos de la población perceptora. En general, seleccionamos datos correspondientes a la década de 1990 y al inicio del siglo XXI.  Sin embargo, en ciertas variables, hemos entendido importante incorporar datos de las décadas previas.

 

Esa información, a escala nacional y en algunos casos con la desagregación a escala provincial, es contextualizada en el marco del endeudamiento externo, especialmente en su carácter de instrumento de control y dominación. Con más precisión, queremos significar que la deuda externa y los compromisos externos derivados de ella, han llevado a nuestro país a la aplicación de políticas económicas antinacionales y antipopulares desde mediados de la década de 1970. En esa aplicación de políticas, que conformarían sucesivos planes económicos componentes del denominado “ajuste estructural”, jugarían un papel determinante las siempre aceitadas relaciones entre la élite dominante local y los consorcios representativos del poder económico y financiero transnacional, con la activa participación de los aparatos de Estado de los países más industrializados y de los organismos supuestamente multilaterales (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, para nuestra América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo). Es por esto que consideramos vigente aquella lectura que hacía R. Puiggrós cuando señalaba que las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas (Puiggrós, 1974). (3)

 

2. Deuda externa, organismos “multilaterales” y ajuste estructural (4)

 

En este apartado, avanzamos en una aproximación a las relaciones existentes, a escala internacional, entre los procesos de endeudamiento externo, las funciones básicas de organismos como el FMI y el Banco Mundial, y la implementación de políticas económicas de escala nacional componentes de sucesivos planes de ajuste y disciplinamiento social.

Debemos señalar que la frase “programas de ajuste estructural” aparece en las recomendaciones del FMI y el BM tanto para paises industrializados, del Tercer Mundo, como para países del otrora mundo socialista. La ola neoliberal promueve un conjunto más o menos homogéneo de recetas. En el Norte, se trata de romper barreras institucionales y disminuir conquistas sociales que habían acompañado el “éxito” sostenido de la posguerra, dado que éstas estaban dificultando las condiciones de rentabilidad en tanto obstáculos a la acumulación capitalista.

En el Sur, la intervención del Estado bajo todas sus formas (menos las que apuntalan al capital concentrado), se transforma en el blanco de las “cartas de intención” discutidas por el FMI con los países endeudados que reclaman arreglos muy a menudo conocidos como “renegociaciones” (Coutrot; Husson, 1993). En escueta síntesis, el ajuste estructural es considerado con frecuencia, como subdividido en dos fases. Primero, la estabilización macroeconómica “a corto plazo”, comprendiendo la devaluación, la liberalización de los precios y la austeridad fiscal, seguida luego por la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que se presentan como “fundamentales” y “necesarias”. Sin embargo, en algunos casos, estas reformas estructurales son ejecutadas paralelamente al proceso de “estabilización económica” (Toussaint, op. cit).

Si bien las relaciones del FMI con los países de la Periferia son antiguas, en la década de 1980, después de la emergencia de la crisis de la deuda, el organismo les consagra buena parte de sus actividades y gana en poderío. El BM aumenta su intervención desde fines de los setenta. Es también a principios de los ochenta que FMI y BM conforman una dupla para administrar la crisis de la deuda y poner en marcha las políticas de ajuste. Al mismo tiempo, se transforman en grandes recaudadores de las deudas (Toussaint, op. cit.). Los objetivos declarados y declamados de retorno al crecimiento nunca se alcanzan en forma duradera, mientras la inestabilidad financiera se desarrolla en buena medida por la aplicación de esas políticas. Ya en los años noventa, más claramente con la crisis mexicana de 1994, el FMI toma preponderancia en la definición de políticas a seguir, lo que resulta confirmado con la crisis asiática de 1997/1998. El BM tiene preeminencia en lo concerniente a los países más pobres, las relaciones con las ONGs (para “recuperarlas”) y a los programas puntuales y restringidos dirigidos a sectores muy acotados de población pobre.

 

Ahora bien, debemos preguntarnos a qué deben ajustarse los países periféricos? Si admitimos que el sistema económico mundial está jerarquizado, y que las naciones subdesarrolladas no pueden imitar políticas seguidas hace tiempo por las más industrializadas (o desarrolladas), tenemos que entender que el ajuste estructural no ofrece perspectiva alguna de desarrollo.

Los estatutos del FMI estipulan todavía que debe “adoptar políticas que ayuden a sus miembros a resolver sus problemas de balanza de pagos y que tomará las medidas apropiadas para el uso temporal que será hecho de sus recursos”. En virtud de ello, el FMI interviene directamente en la determinación de las políticas económicas de los países prestatarios (Toussaint, op. cit.).

Con respecto a la deuda, según el FMI, sus programas de ajuste constituyen la garantía de que un país podrá seguir pagando. La gran prioridad de estos programas son las recetas exportadoras. Pero las divisas ingresadas por exportación deben ser adquiridas por los Estados para afrontar sus compromisos externos. Para ello, necesitan ajustar a “cualquier precio” (caída de las partidas de educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). Claro está, las tareas del FMI requieren de colaboración interna en cada país, que llega de las élites dominantes conformadas por los grandes capitalistas locales o extranjeros y la alta jerarquía de las burocracias estatales. El triple acceso al control de los medios de producción, comunicación y coerción-represión por parte de esas élites, se ve garantizado y se refuerza trabajando en pro de una dependencia cada vez más acentuada.

 

Sobre lo anterior, y con especial referencia al caso argentino (no sólo a él), “cabe señalar que las condiciones que hicieron posible la repetición sistemática de políticas que demostraron fracasos y sin embargo continúan, no deben restringirse al accionar del FMI. Es evidente que el organismo internacional actúa en articulación con coaliciones de fuerzas domésticas que permiten la aplicación de sus recetas. En este sentido, el predominio en nuestro país de una cúpula empresarial fuertemente transnacionalizada (no sólo en lo relativo a los capitales extranjeros sino también en lo referente a los grupos de capital local que exhiben fuertes inversiones financieras, comerciales y productivas en el exterior) explica la relevancia que para ésta comporta el mantenimiento de buenas relaciones con el organismo internacional” (Hourest; Lozano, 2002: 39).

 

Porque los países están endeudados, el FMI y el BM pueden obligarlos (en una suerte de chantaje económico) a reorientar de manera “apropiada” su política macroeconómica conforme a los intereses de los acreedores internacionales.

El objetivo consiste en imponer una relación de legitimación del servicio de la deuda manteniendo a las naciones deudoras en una sujeción que les impide embarcarse en una política económica nacional independiente (Chossudovsky, 1997). El país que rehusa aceptar las medidas de política “correctiva” del FMI encuentra dificultades para remodelar su deuda y/o para acceder a nuevos préstamos. El Fondo también puede desestabilizar una economía nacional bloqueando el crédito de corto plazo que sostiene el comercio de bienes de uso corriente. Con frecuencia, ambos organismos han sido solicitados por los poseedores de capitales del Norte para recuperar las “malas deudas” debidas a los bancos comerciales.

La refinanciación de deudas antiguas por las instituciones financieras internacionales fue un medio para obligar a los países del Tercer Mundo a pagar sus deudas y también los retrasos de sus deudas. Por ejemplo, tras los levantamientos reprimidos con sangre en Venezuela, en 1989, cuando tuvo lugar la conversión de sus “malas deudas” con los bancos de New York en acciones de garantías para los organismos “multilaterales”, no hubo un solo dólar del conjunto de medidas de socorro del FMI y del BM que haya entrado realmente en Venezuela (Toussaint, op. cit.). Al terminar el siglo XX y comenzar el XXI, los préstamos masivos concedidos a Corea, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Brasil (1999 y 2002/2003), Argentina y Turquía (2000), por el FMI, el BM y otros prestamistas, estuvieron destinados a reembolsar la deuda de corto plazo de esos países, y sobre todo de sus empresas privadas, a los acreedores del Norte y de la región.

Los préstamos de estas instituciones son acordados bajo la forma de apoyo a la balanza de pagos. Es decir, son capitales a corto plazo para financiar importaciones o reembolsar deudas. Están invariablemente acompañados de condiciones a cumplir. Se considera que cada gobierno debe adoptar de manera satisfactoria el “programa secreto” del FMI antes de entablar negociaciones formales sobre el préstamo (Chossudovsky, op. cit.; Toussaint, op. cit.). Acordado el préstamo, las realizaciones políticas son controladas de cerca todos los trimestres por las instituciones de Washington. Los desembolsos pueden interrumpirse si las reformas (programas de estabilización económica y de reformas de la estructura económica) no marchan como se pretende.

El vínculo entre ambas instituciones (FMI y BM) es estrecho a la hora de poner en marcha y controlar el cumplimiento de los programas que impulsan. El FMI se ocupa de negociaciones claves de política estructural, a la luz de las tasas cambiarias y el déficit presupuestario. El Banco Mundial, por su parte, está implicado en las reformas estructurales a través de sus oficinas en cada país, además de estar presente en la mayoría de los ministerios que establecen el marco del ajuste estructural. De ese modo, controla las reformas en salud, educación, agricultura, transporte, etc.

 

A partir de la enorme responsabilidad de estos organismos en una sucesión de profundas crisis entre 1994 y 2002 (segunda crisis mexicana, arrastrando la de Argentina, crisis del Sudeste y Este de Asia, crisis de Rusia, crisis de Brasil, crisis de Turquía, más las de Argentina de fines de 2000 y principios de 2001, y de fines de 2001 y todo 2002), han entrado en un cuestionamiento de su legitimidad sin precedentes. Innumerables manifestaciones de oposición hacia ellos se desarrollan tanto en los países sometidos a sus políticas (como dijimos, con la anuencia y complicidad del poder económico, financiero y político de cada nación), como en los más industrializados.

 

De todos modos, y a propósito de su importante nivel de protagonismo en dichas crisis, hay que decir del FMI que, si bien es cierto que evidenció una inoperancia notable para prevenirlas, “no es menos cierto que la aplicación draconiana de sus políticas con posterioridad al estallido recondujeron a esas economías al circuito de pagos internacionales. Dicho más claramente, la inutilidad en la prevención no excluye la funcionalidad del FMI para reencuadrar a las economías en crisis dentro del modelo dominante. Más aún, es fácil observar que en el marco de las diferentes crisis nacionales (y la Argentina no fue una excepción) la intervención financiera del FMI tuvo una funcionalidad muy clara: aportar financiamiento institucional a efectos de viabilizar la fuga de capitales” (Hourest; Lozano, 2002: 38). Cabe aclarar que esta tarea adopta formas diferentes según los distintos momentos y contenidos que presenta la economía mundial.

 

Otra tarea del FMI, articulada con la intervención de otros organismos como el BM, cuyos programas intentan sostener reformas estructurales de largo plazo, es encuadrar a las economías periféricas o subdesarrolladas dentro de lógicas productivas que, integradas en las cadenas mundiales de agregación de valor, no compitan con las producciones radicadas en los países centrales.

 

Es también función importante de los organismos de crédito, “evitar que el peso de la destrucción de capitales poco competitivos o ficticios recaiga en los centros (al impactar en los mercados de valores, títulos o en segmentos productivos de menor eficiencia relativa) y ello tiene que ver con trasladar –aislándolas en todo lo posible de cualquier contagio- la reconversión financiera y productiva a la periferia deprimiendo precios, desmontando barreras de protección y regulación y destruyendo a la competencia productiva y financiera” (Hourest; Lozano, op. cit.: 39).

 

3. Reseña sintética del significado que ha tenido y tiene la aplicación del ajuste estructural en Argentina

 

Entre 1955 (inicio del posperonismo) y el golpe cívico-militar de 1976, fue retrocediendo tendencialmente la participación de los salarios en el Ingreso Nacional, resultó más frecuente y notoria la llegada de inversiones extranjeras, algunas empresas públicas fueron privatizadas parcialmente o bien se posibilitó la participación de capitales externos en ciertas áreas estatales. “El Estado y sus empresas fueron quedando atrapados por redes de corrupción orquestadas por la propia burocracia, una buena parte de la burguesía nacional y firmas multinacionales” (Beinstein, 1999: 263). La instauración de la dictadura, en 1976, significó un envión decisivo al movimiento de destrucción con caídas muy marcadas en los salarios reales y el ascenso de la especulación financiera y comercial. Se trató de cambios cualitativos y cuantitativos que dejaron allanado el camino para el posterior y violento giro ultraliberal de 1989-1990 en adelante, la reconversión especulativa de la élite económica local, el ingreso masivo de empresas extranjeras, un nuevo ciclo de endeudamiento externo acelerado y una mayor degradación industrial. Todo esto fue condicionando las políticas económicas posteriores.

 

Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda externa argentina se multiplicó por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, Argentina reembolsó más de 212.000 millones de dólares, esto es, más de 25 veces lo que debía en marzo de 1976 (Toussaint, op. cit.) (5). Argentina demuestra hasta el extremo el carácter vicioso e infernal del endeudamiento del Tercer Mundo y de la Periferia en general. Es a causa del pago y no a pesar de él, que el país debe 20 veces más iniciado el siglo XXI que al comienzo de la dictadura (gran parte de los préstamos han servido para refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el pago de los próximos vencimientos). Los pagos de la deuda argentina han sido y son todavía (marzo de 2005) un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida por los asalariados hacia los dueños del capital (sean argentinos o residentes de los países más industrializados, comenzando por EEUU y Europa Occidental). El Estado argentino consagra una partida cada vez más importante (no hablamos sólo del número) de los ingresos fiscales, cuya mayor parte proviene de los impuestos pagados por el pueblo, al reembolso de la deuda externa y a las ventajas que otorga al sector capitalista. Pero hay más: vía los mercados financieros norteamericanos y europeos en los que se emiten los préstamos, hay capitalistas argentinos que compran los títulos de deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo (6).

 

Desde los tiempos del terrorismo de Estado, la deuda pública se fue agrandando con el peso de la deuda privada, ya que el propio Estado asumió el compromiso frente a los acreedores. A partir de entonces, los capitalistas han mantenido y “perfeccionado” esa política de evasión de capitales como si se tratara de un deporte nacional. “A tal punto, que si se pudiera organizar un campeonato latinoamericano de evasión de capitales, el equipo argentino podría intentar ganar el campeonato, pese a que se encontraría con rivales importantes” (Toussaint, op. cit.: 291).

 

Sólo en un breve período durante la dictadura, entre 1980-1982, “las fugas de capital llegaron, según el Banco Mundial, a más de 21.000 millones de dólares” (Rapoport, op. cit.: 825). Desde aquellos años hasta fines del siglo XX, la “curva” de la fuga de capitales siempre continuó cerca de la “curva” de la deuda externa. Hacia 1999, cuando la deuda externa rondaba los 140.000 millones de dólares, la fuga de capitales superaba los 115.000 millones (Basualdo; Kulfas, op. cit.; Hourest; Lozano, op. cit.). Esta misma actividad (la de evadir capitales) se tornaría muy intensa en los dos años finales de la convertibilidad, pero también después de su agotamiento, a lo que haremos referencia específica algunas páginas más adelante.

 

Al igual que en otros países latinoamericanos, o en otras regiones periféricas, no se trató de una convergencia casual sino del resultado de una sucesión prolongada de interacciones entre un centro económico mundial que se concentraba y financierizaba y sus periferias, algunas más sumisas, otras “rebeldes” o con cierto grado de autonomía cuyas estructuras defensivas fueron cediendo hasta quedar la mayor parte de ellas sumergidas por la ola depredadora. Esta degradación, vinculada al endeudamiento, siguió diversas variantes  nacionales de déficits fiscales (resultado de políticas tributarias que aliviaban las cargas fiscales de los grupos de altos ingresos y de las grandes empresas, especialmente las multinacionales), déficits del comercio exterior, repatriaciones de beneficios y evasiones de capitales hacia los países centrales.

 

Coincidimos con  Jorge Beinstein cuando dice que en Argentina se “llevó adelante bajo el gobierno peronista de Menem (1989-1999) una de las experiencias neoliberales más extremas. Privatización-desnacionalización de la totalidad de las empresas públicas, desmantelamiento de la seguridad social, drástica reducción de derechos laborales, apertura salvaje de las importaciones e inversiones extranjeras, sumisión completa a la política internacional de los EEUU y a las orientaciones del FMI y del Banco Mundial, eliminación de toda posibilidad de política monetaria autónoma, [...]” (Beinstein, op. cit.: 269-270).

 

Podemos advertir dos etapas: la primera desde fines de 1989 hasta fines de 1994, estuvo marcada por las privatizaciones, la apertura importadora y otras medidas de “liberalización”. Más allá de las manipulaciones estadísticas que inflaron ciertos “éxitos”, el PBI creció, subió la recaudación fiscal, algunos precios se mantuvieron estables (gracias entre otras cosas a la oferta de productos importados, la sobrevaluación de la moneda local y sobre todo a la reducción de los ingresos reales de las clases bajas), las clases medias superiores y altas vivieron un frenesí consumista, mientras el Estado obtenía fondos gracias a la combinación de ventas de empresas públicas y endeudamiento externo. A mediados de 1994 el esquema comenzó a mostrar signos de agotamiento, aparecieron los problemas fiscales (tanto por las transferencias de recursos tributarios a grupos privados con la semiprivatización de la seguridad social, como por la desaceleración de la recaudación por el gradual enfriamiento económico); la crisis mexicana de fines de 1994 fue el “empujón externo” que condujo al país a la recesión de 1995.

 

La “recuperación” fue obtenida con más apertura, más transferencias y reducciones fiscales favorables a las grandes empresas, más caídas de los salarios reales y un gran aumento de la desocupación (la tasa oficial de desempleo pasó de alrededor de 12 % en 1994 a cerca de 18 % en 1995). Pero el factor principal consistió en un acelerado endeudamiento externo público y privado que llegó a niveles críticos hacia comienzos de 1999. Aunque la recesión se había instalado nuevamente en 1998, cuando en enero de 1999 estalló otra crisis brasileña, el gobierno argentino atribuyó a la misma los problemas económicos del país, hablando de “efecto contagio” e “impacto negativo sobre las exportaciones”, queriendo ignorar los factores endógenos derivados de la estrategia aplicada a lo largo de una década.

 

El recambio gubernamental de diciembre de 1999 no modificó ni mitigó los efectos más alarmantes de la década previa. “Por el contrario, procedió a profundizarlos, subordinando la satisfacción de las necesidades de la población a la articulación de la formación socioespacial al mercado mundial, a través del incremento del poder de actores dominantes tales como corporaciones globales, grupos económicos nacionales, instituciones multilaterales de crédito y acreedores externos. En pocos meses se profundizó la regresividad de uno de los regímenes tributarios más injustos del planeta, se consolidó la adjudicación de los segmentos más valorizados del proceso de acumulación a favor de los capitales hegemónicos, se impulsó una nueva reforma laboral que implicó el aumento de la desocupación y la precarización del mercado de trabajo, se redujeron los salarios públicos, se mantuvo la reducción de los aportes patronales de bancos, hipermercados y empresas privatizadas, y se continuó subsidiando a concesionarios de peajes, ferrocarriles y operadores fluviales, entre otros” (Morina; Velázquez; Gómez Lende, 2004: 7).

 

En cuanto a la deuda externa, se producen dos sucesivas renegociaciones, durante el año 2000 (“blindaje financiero”), y a mediados de 2001 (“megacanje”), que subordinaron aún más al país a los intereses de las fracciones dominantes, implicando la vulneración de derechos sociales básicos, tales como salud y educación (7).

 

El colapso aparente de las características más reconocidas del régimen de acumulación imperante se produce en el tramo final del año 2001, cuando las principales empresas financieras y no financieras continúan la enorme fuga de capitales, implicando, al mismo tiempo, la devaluación del signo monetario, la retención de los depósitos bancarios de la población, y la cesación de pagos de los intereses y de una parte de la deuda externa.

 

El deterioro padecido por sectores cada vez más amplios de la población, es consecuencia directa de las sucesivas rondas de ajustes aplicados en razón de los requerimientos del FMI en asociación con el poder económico de los consorcios empresariales nacionales y extranjeros que prohijaron la última dictadura y que han acrecentado sus prebendas desde el regreso de las instituciones de la democracia formal. El cuadro social hacia octubre de 2001, representado a través de la pobreza y la indigencia por ingresos (en totales y con menores de 18 años), puede observarse en el Cuadro 1, con los valores absolutos y la incidencia porcentual para hogares y personas.

 

Cuadro Nº 1:  Incidencia de la pobreza y la indigencia en el total del país.

Octubre de 2001

 

 

Pobres

Indigentes

Miles

Incidencia

Miles

Incidencia

HOGARES

 

 

 

 

Total

3.069

30,0

1.056

10,3

Con menores de 18 años

2.432

44,1

849

15,4

PERSONAS

 

 

 

 

Total

14.567

40,5

5.327

14,8

Hogares con men. de 18 años

13.090

50,1

4.917

18,8

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, del CNPV 2001, del INDEC y  SIEMPRO (8).

 

Ciertamente, ya hacia fines del siglo XX, el nivel de pobreza sextuplicaba el de 1974 (3,2 %) y duplicaba el de 1980. Sólo era menor al registrado durante el pico inflacionario de 1989. Para aquel año, tomando el caso del Gran Buenos Aires, la onda de octubre de la EPH había calculado un 38, 3 % de los hogares y un 47,4 % de las personas bajo la LP (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1997: 62). El recrudecimiento de la pobreza y de la indigencia por ingresos, que se manifiesta en octubre de 2001, contrariamente, se produce en un contexto que se conocía como de “estabilidad” de precios.

 

En el total nacional, los jefes de hogar con menores de 18 años a su cargo y debajo de la LP, llegaban a 2.432.300. Debajo de la LI sumaban 850.575. De acuerdo a la situación de pobreza por ingresos que mostraban los hogares y la magnitud de los que tenían menores a cargo, se  calculaba que la proporción de jóvenes pobres alcanzaba el 55,8 % del total de la juventud del país. Esto comprometía, ya entonces, el futuro  de 7.082.200 niños y adolescentes (o anunciaba la carencia de perspectivas y oportunidades para ellos) (Hourest; Lozano, op. cit).

 

Queda claro que la preocupante situación que estamos presentando (con datos de 2001 que serían más graves en 2002, como veremos enseguida) conforma parte de los resultados de la reestructuración económica operada en Argentina desde el golpe cívico-militar, pero continuada y consolidada en más de veinte años de democracia apenas procedimental. En un prolongado contexto de plena vigencia del endeudamiento externo, de valorización financiera, de ávida transferencia de recursos al exterior y de apertura importadora cada vez más indiscriminada, la mencionada reestructuración económica (y de hecho contrarreforma social neoliberal), afectó al mercado de trabajo en términos de una significativa expansión del desempleo y una sensible caída de los salarios. El desempleo creció más de 350 % desde mediados de la década de 1970 hasta 2001 inclusive. En cuanto a los salarios, si consideramos una base 100 en 1975, en 2001 el promedio salarial sería 38, implicando una caída del 62 % en términos reales. Si la comparación fuera efectuada con respecto al promedio de la desocupación en la década de 1980, y el nivel salarial promedio fuera 100 para ese año, comprobaríamos que el desempleo había crecido un 205 % y el salario real caído un 22,2 %, también al finalizar el año 2001 (Hourest; Lozano, op. cit.: 48).

 

De todos modos, las consecuencias sociales regresivas,  propias de una concentración económica de magnitud insospechada a comienzos de los años setenta, no deben hacernos olvidar que el período recesivo iniciado en 1998 contribuyó, indudablemente, al agravamiento de  una situación a la que se había llegando aplicando ajustes de diferentes características pero siempre a favor del capital y “contra la gran masa del pueblo”.

 

En el Gráfico 1 se aprecian los recorridos seguidos entre 1998 y 2001 por  la desocupación (9), la pobreza y la indigencia. En esos pocos años, el desempleo abierto creció cerca del 39 %, la pobreza subió aproximadamente un 31 % y la indigencia nada menos que el 89 %. El aumento sostenido de la desocupación, entendiendo a la relación salarial como mecanismo que en el capitalismo ha sido históricamente vía de incorporación en el mercado de consumidores, provoca un incremento inmediato de la pobreza y de la indigencia por ingresos. Hablamos concretamente de la pérdida de éstos. Pero además de ese efecto directo, con una tasa de 27,7 % en los jefes de hogar pobres (octubre 2001), la desocupación permite a los capitalistas (con aval del Estado) promover el descenso salarial y la precarización, y así, más pobreza e indigencia.

 

 

Gráfico Nº 1: Evolución de la desocupación, pobreza e indigencia en Argentina, 1998-2001

 

Fuente: elaboración propia en base  a información pública de la EPH del INDEC.

 

Gráfico Nº2:   Desempleo de larga duración (*)  en 28 aglomerados

Urbanos.  Octubre de 2001.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPH y el CNPV 2001 del INDEC y SIEMPRO

(*) Proporción de desempleados con 6 meses o más en esa condición

 

La prolongación del cuadro recesivo se expresó en los altos valores del desempleo de larga duración (ver Gráfico 2), que alcanzaba casi al 30 % del total de desocupados en octubre de 2001, y 21 % en los Jefes de Hogar. El desempleo de 6 meses o más era de 33,6 % entre 15 y 18 años, y de 39,2 % para los jóvenes de 19 a 24 años. Se torna evidente la exclusión que sufren los jóvenes, con un desempleo abierto para los menores de 24 años que era de 31, 8 % (10).

 

La lectura de los Cuadros 2 y 3, nos permite hacernos una idea del deterioro en el poder de compra de los ingresos de los hogares pobres, indigentes y en general, entre octubre de 2001, en los meses finales de la convertibilidad, y abril de 2002, en pleno proceso devaluatorio e inflacionario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N o 2: Ingreso total medio en pesos de los hogares según condición de pobreza, por provincia y total del país. Octubre de 2001

 

 

 

Ingreso medio de los hogares

 

Hogares Pobres

Hogares Indigentes

Total de Hogares

Ciudad de Buenos Aires

321,6

107,5

1.476,9

Tierra del Fuego

317,9

143,4

1.351,6

Santa Cruz

321,1

95,5

1.219,8

Chubut

251,6

85,7

1.053,3

Neuquén

287,8

103,9

890,5

Catamarca

298,4

123,3

869,2

TOTAL DEL PAÍS

276,9

118,2

811,1

La Rioja

334,0

114,5

804,3

Buenos Aires

289,4

117,2

796,8

Mendoza

280,9

124,2

754,8

La Pampa

281,8

119,8

753,1

Santiago del Estero

293,9

158,5

707,7

San Juan

303,2

129,3

702,4

Cordoba

277,1

109,5

695,3

Tucumán

302,2

100,4

690,5

Salta

262,6

119,5

670,8

Santa Fé

248,3

113,3

652,3

Jujuy

301,3

170,4

648,8

San Luis

240,7

91,1

638,6

Formosa

246,5

112,2

634,0

Misiones

247,5

138,5

593,3

Corrientes

287,3

167,8

588,6

Chaco

224,6

120,3

572,5

Entre Ríos

227,0

85,0

539,8

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y el CNPV 2001 del INDEC y SIEMPRO.

 

A partir de la salida de la Convertibilidad, y con  un dólar estipulado en $2,70, durante los primeros meses del gobierno designado por la Asamblea Legislativa y encabezado por el presidente Duhalde, se convalidaba una rebaja del 63% de los niveles salariarles ( Hourest; Lozano, op. cit.). Los datos de ambos cuadros, uno con los ingresos en pesos y el otro con los ingresos calculados en dólares de abril de 2002, denunciaban un presente gravísimo y un futuro inmediato desolador. Estábamos ya ante la culminación de un proceso que sólo podía conducir a la miseria y al hambre de gran parte de la población argentina.

 

 

 

Cuadro Nº 3:  Ingreso Total medio en dólares de los hogares según condición de pobreza

por provincia y total del país.  Abril de 2002.

 

 

 

 

 

 

Ingreso medio de los hogares

 

Hogares Pobres

Hogares Indigentes

Total de Hogares

Ciudad de Buenos Aires

119,1

39,8

547,0

Tierra del Fuego

117,7

53,1

500,6

Santa Cruz

118,9

35,4

451,8

Chubut

93,2

31,7

390,1

Neuquén

106,6

38,5

329,8

Catamarca

110,5

45,7

321,9

TOTAL DEL PAÍS

102,6

43,8

300,4

La Rioja

123,7

42,4

297,9

Buenos Aires

107,2

43,4

295,1

Mendoza

104,0

46,0

279,6

La Pampa

104,4

44,4

278,9

Santiago del Estero

108,9

58,7

262,1

San Juan

112,3

47,9

260,1

Cordoba

102,6

46,6

257,5

Tucumán

111,9

37,2

255,7

Salta

97,3

44,3

248,4

Santa Fé

92,0

42,0

241,6

Jujuy

111,6

63,1

240,3

San Luis

89,1

33,7

236,5

Formosa

91,3

41,6

234,8

Misiones

91,7

51,3

219,7

Corrientes

106,4

62,1

218,0

Chaco

83,2

44,6

212,0

Entre Ríos

84,1

31,5

199,9

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y el CNPV 2001 del INDEC y SIEMPRO

 

Gráfico Nº 3:  Evolución de la brecha entre el ingreso familiar per cápita del decil

10 y del decil 1.  GBA 1991-2001

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPH y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, del INDEC y  SIEMPRO.

Hay que señalar que, el cuadro de deterioro que se expresa en la caída de los ingresos de los hogares, es consecuencia ineluctable de la profunda desigualdad social que se fue consagrando, hasta llegar a niveles cada vez más irritantes. Como muestra de ese proceso, el Gráfico 3, tomando el caso del Gran Buenos Aires entre 1991 (al mes siguiente de iniciado el plan de convertibilidad) y octubre de 2001, nos dice que la brecha de ingresos entre el decil 10 y el decil 1, pasó de 19,6 a 33,9 veces. Esto es un aumento del 72 % en la brecha de desigualdad.

 

En base a datos presentados por el PNUD, en el Cuadro 7 se identifica que entre 1995 y 2002, la brecha entre el 20% de la población con los mayores ingresos y el 20% de la población con los menores ingresos, se fue haciendo más profunda. 

 

Cuadro Nº 4:  Brecha de ingresos entre el 20 % de mayores ingresos y el 20 % de menores ingresos. Total del país y por jurisdicciones (1995-2002)

 

 

 

BRECHA

BRECHA

BRECHA

VARIACION

 

1995

2000

2002

PORCENTUAL

 

 

 

 

1995-2002

CIUDAD DE BUENOS AIRES

11,5

12,6

15,0

30,4%

BUENOS AIRES

11,4

13,5

26,2

128,8%

GRAN BUENOS AIRES

11,6

13,4

25,7

121,4%

RESTO DE BUENOS AIRES

10,5

14,6

30,9

193,3%

CATAMARCA

11,8

16,2

18,6

58,2%

CORDOBA

11,0

12,2

18,2

65,9%

CORRIENTES

12,8

14,8

23,2

80,5%

CHACO

14,6

23,0

28,2

92,4%

CHUBUT

9,9

15,9

17,5

76,8%

ENTRE RIOS

11,7

19,1

32,3

175,6%

FORMOSA

11,4

26,1

52,7

361,4%

JUJUY

11,5

15,2

14,2

23,6%

LA PAMPA

10,2

10,9

24,3

138,2%

LA RIOJA

13,1

13,1

17,4

33,0%

MENDOZA

10,1

13,8

19,6

92,8%

MISIONES

11,4

19,6

23,5

105,1%

NEUQUEN

14,8

14,4

25,5

71,8%

SALTA

11,2

15,4

25,9

131,2%

SAN JUAN

11,1

14,1

17,1

53,0%

SAN LUIS

12,1

28,1

14,7

21,0%

SANTA CRUZ

11,6

9,9

11,0

-5,7%

SANTA FE

11,4

15,0

24,1

111,5%

SANTIAGO DEL ESTERO

11,4

14,5

19,3

69,5%

TIERRA DEL FUEGO

11,7

12,9

17,6

50,2%

TUCUMAN

12,8

12,8

18,5

45,1%

TOTAL DEL PAIS

11,5

13,6

20,4

77,2%

 

Fuente: PNUD, 2003

 

En el año 2002 se registra para el total del país una variación del 77,2%, es decir que la brecha de ingresos pasó de 11,5 veces en 1995 a 20,4 veces en 2002, mientras que en algunas provincias la situación se agudizó notablemente.  Se advierte que en 2002, doce provincias superaban la media del país (20, 4). En situaciones críticas de desigualdad, aparecen Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Resto de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa (52,7 veces), Neuquén y Salta, entre otras. Por otra parte, en varias jurisdicciones, la profundización en la brecha de ingresos supera el 100%, agravándose abismalmente en la provincia de Formosa (361,4 %), en la mayoría de ellas, como consecuencia de la pérdida de ingresos del quintil de ingresos más bajos. En el extremo opuesto se encuentra la provincia de Santa Cruz, en la cual el porcentaje fue negativo. Si relacionamos las columnas del Cuadro 4, se puede tomar nota acerca de un ensanchamiento de la brecha que se agudiza entre 2000 y 2002, salvo extrañas excepciones. Nuevamente se verifica que la salida de la convertibilidad resultó vehículo de mayor inequidad, sin desconocer (como ya vimos), todo lo aportado en materia de injusticia social por el plan aplicado entre 1991 y 2001.

 

La concentración del ingreso es una tendencia que arrancó a mediados de los años setenta y se profundizó en los noventa. De los datos oficiales de fines de 2003 para todo el país, surge que el 10 % de mayores ingresos se queda con el 38,6 % del ingreso nacional, esto es 31 veces más que el 10 % más pobre. En el GBA la brecha fue de 50 veces. Esto significa que, junto al crecimiento del PBI del año 2003, también creció la regresividad. Aún cuando bajó la desocupación, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones siguió deprimido (Bermúdez, 2004). Esto se notó en la pobreza por ingresos, pues el salario de los nuevos empleados es a menudo más bajo que el de los que ya estaban trabajando. En muchos casos, se puede estar trabajando y estar por debajo de la línea de indigencia (Muchnik, 2004). La evolución de pobreza e indigencia por ingresos entre 1995 y mayo de 2002 (Gráfico 4) sería más grave aún en los registros inmediatos siguientes.

 

Gráfico Nª 4: Población bajo Líneas de pobreza y de indigencia (1995-2002) en porcentajes

 

 

 

Fuente:  elaboración propia, según onda de octubre 1995 y 2000; onda de mayo 2001 y  2002 de EPH (INDEC)

 

Los porcentajes de mayo de 2002 representaban que 18.033.000 personas estaban debajo de la LP. De ellas, 8.438.000 debajo de la LI. En la onda de octubre 2002, los porcentajes respectivos fueron de 57, 5 %  y  27,5 %, esto es 19.678.000 personas bajo la LP y, de ellas, 9.411.000 debajo de la LI.

Para entonces, la EPH registró varios aglomerados urbanos con elevadísimos porcentajes de población debajo de la LP: desde un 64,4 % del Conurbano bonaerense, hasta el 77,7 % de Concordia, las consecuencias del capitalismo salvaje se sintieron en la extensión de la pobreza en La Rioja, Santiago del Estero-La Banda, Gran Paraná, Gran San Juan, Formosa, Posadas, Salta, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Gran Resistencia, Jujuy-Palpalá y Corrientes, sin dejar de lado el padecimiento del flagelo social a lo largo y ancho del territorio nacional. Como vimos, entre mayo y octubre de 2002, la población indigente por ingresos aumentó en un millón de personas. Recordemos que ser indigente significa no acceder a una canasta básica de alimentos de costo mínimo. Por “básica” se entiende el piso que se requiere para cubrir necesidades energéticas y proteicas elementales. Ser indigente, para ser claros, quiere decir pasar hambre (11).

 

En mayo de 2003, los niveles de pobreza e indigencia fueron de 54,7 % y 26,3 %, respectivamente. El fin de la recesión económica no se traduce en la superación de la crisis y el deterioro social para las mayorías. En ese dramático retroceso (verdadero genocidio), se sustenta la capacidad de acumulación de sus mentores y beneficiarios. Según el sociólogo Artemio López, en razón de la instalación de una sociedad dual y desintegrada, desde el “rodrigazo” de 1975 y la dictadura cívico-militar de 1976-1983, “el grueso de la población y en particular la clase media transfirió al estrato alto y en especial a la cima, a valores de 2001, el equivalente anual a 15.000 millones de dólares” (citado por Bermúdez, op. cit.).

 

Por cierto, una crisis puede desembocar tanto en una ruptura como en una continuidad de los principales rasgos económicos, sociales y territoriales. En el primer caso, asistiríamos a un verdadero colapso del régimen de acumulación, en el que las variables motoras y dominantes pierden su condición de tales, siendo reemplazadas por otras. En el segundo caso, estaríamos ante una reestructuración de las mismas variables motoras y dominantes, las cuales se adaptan a las nuevas condiciones vigentes, sin abandonar sus rasgos característicos. Entendemos necesario señalar la presencia de una notoria continuidad en el devenir histórico del proceso de acumulación en el período contemporáneo. Esto es, estamos ante el segundo caso y, como diría Hugo Quiroga, “[...] el Estado es un agente central para que la crisis pueda operar como elemento regenerador de las condiciones de dominación y explotación de los capitales concentrados” (Quiroga, 1985: 18).

 

De hecho, el gobierno instalado por la Asamblea Legislativa, en funciones entre el 01/01/02 y el 25/05/03, cumplió sobradamente con su misión de convalidar una nueva situación emergente de la devaluación, con enormes transferencias de ingresos de los trabajadores a los capitalistas. A partir de esa fecha, asumió el actual gobierno nacional.

 

Tomando el caso del sector industrial, hay que señalar que en 2003 la producción creció un 17 %, luego de haber acumulado una caída del 30 % entre 1998 y 2002. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en un 65 %, cuando en 2002 había sido del 56 %. La expansión productiva derivó en 2003 en un aumento del 5 % en la ocupación, pero del 12 % en las horas trabajadas, expresando que la recuperación manufacturera fue acompañada de un incremento de la duración media de la jornada laboral. Como la producción del sector creció más que la ocupación, la productividad subió un 11 % en 2003, luego de una caída de 1 % en 2002. El aumento de los precios resultante de la maxidevaluación produjo una caída significativa en los ingresos reales de los asalariados y, más aún, en los costos salariales de los empresarios. Los incrementos en estas dos variables durante 2003, producto de aumentos otorgados por decisiones del gobierno y por cierta contención del proceso inflacionario, llegaron luego del profundo deterioro producido en los meses posteriores al abandono de la convertibilidad. En 2002, el salario medio industrial cayó un 19 %; los costos salariales disminuyeron un 36 %.

Producto de lo anterior, se dio un incremento de la rentabilidad empresaria, o dicho en otras palabras, una gran transferencia de ingresos desde los trabajadores industriales a los capitalistas del sector. En 2003, el excedente captado por el empresariado manufacturero (en especial, por las fracciones más concentradas que han liderado la expansión reciente) se incrementó en promedio “apenas” un 9 %, luego de haber aumentado casi un 60 % en 2002 (Schorr, 2004). Por cierto, la contribución del sector a la resolución de los dos problemas más acuciantes del país (desocupación e inequidad distributiva) ha sido hasta ahora mínima. 

 

La confiscación de depósitos bancarios (impulsada por el capital financiero, pero ejecutada y legitimada por el Estado), la fuerte devaluación desde el inicio de 2002, el retorno de la inflación, la brutal caída del PBI en los primeros seis meses del mismo año, más algunos mecanismos de control y regulación de la economía, indican cambios en ciertas características que definieron el perfil productivo, económico, social y territorial en los trece años previos. Sin embargo, buena parte de sus rasgos fundamentales permanecen incólumes, resistiéndose a ser desplazados, denotando la vigencia de la ideología neoliberal en torno a aspectos como la articulación al mercado mundial, la crisis social, la subordinación a las intencionalidades de los actores hegemónicos a escala mundial y nacional, y el comando externo del proceso de acumulación, valorización y reproducción ampliada del capital.

 

Antes y después de la devaluación, una de las actividades más reconocidas de los grandes capitalistas “nacionales” y extranjeros de actuación en el país, mantuvo su acostumbrado dinamismo. Hablamos de la salida de capitales hacia el exterior: muchos observadores se sorprenden cuando se les explica que por cada dólar de deuda argentina, fuera de las fronteras nacionales hay invertido otro dólar generado aquí, que en realidad suele ser el mismo, caracterizando a un empresariado predatorio que no invierte si no es mediante subsidios estatales y traslada su acumulación hacia los que considera destinos más seguros. El capital más concentrado es también el más propenso a este comportamiento antisocial. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en 2001, con el asesoramiento técnico de un equipo de trabajo del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), realizó una tarea que arroja luz sobre este proceso corrosivo que ataca a gran parte de la sociedad argentina, a pesar de obtenerse sólo un reflejo parcial de la magnitud del drenaje (12). En el 2001 salieron capitales por casi 30.000 millones de dólares, transferidos en forma legal. El 90 % fue transferido por empresas, y más de la mitad por apenas treinta. Las primeras diez empresas explican el 35 %, las primeras veinte el 44 % y las primeras cien, el 70 %. Esas empresas integran la cúpula de las primeras 200 del país, según facturación, confirmando una alta correlación entre la salida de divisas y el capital más concentrado. El 42  % corresponde a grandes firmas exportadoras; el 26 % a las empresas privatizadas de servicios públicos y petróleo, siendo el subconjunto que ostenta el mayor nivel promedio de giros al exterior por empresa; el 24 % corresponde a empresas agropecuarias y agroindustriales. Además, unos 16.000 millones de dólares fugaron sin ser justificados por operaciones legítimas registrables . La Comisión citada trabajó durante 2002 y parte de 2003, investigando el último año de convertibilidad. Después de ella, en 2002, la fuga fuera de transferencias legales se estimó entre 12.000 y 15.000 millones de dólares (Verbitsky, 2003; Comisión Especial de la Cámara de Diputados 2001, 2005). La bancarrota de la Argentina no es la bancarrota de todos los argentinos. Es más bien el enriquecimiento vil de aquellos que alguna vez fueron designados como los “proxenetas de la desdicha” (Galeano, 1989: 4).

 

La devaluación practicada condujo a una notable mejoría de la capacidad exportadora, volviendo a generar abultados excedentes en la balanza comercial. Pero los beneficiarios de ese proceso se reducen a un puñado de ciertos perfiles exportadores primarios. Tal es el caso de la soja, el gas, el petróleo, el oro, la plata y el cobre. Estos bienes transables representan alrededor del 70 % de la oferta exportable del territorio nacional. Esto implica la continuidad de cierta estructura productiva y la consolidación de los rasgos fundamentales de la división territorial del trabajo preexistente. De este modo, el proceso de acumulación del capital es comandado por las corporaciones globales líderes en el ramo energético, los conglomerados transnacionales vinculados a la explotación minera, los grandes productores agropecuarios, las respectivas cadenas de intermediarios, y las firmas norteamericanas y europeas centradas en la innovación y desarrollo, a través de la biotecnología y la ingeniería genética, de nuevas semillas transgénicas, acompañadas de los correspondientes paquetes tecnológicos.

 

Retomando el tema de la deuda externa argentina, vale mencionar que desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2004, creció en 36.749 millones de dólares. Sin embargo, Argentina pagó a los organismos “multilaterales” 4.127 millones de la misma moneda en 2002, en plena eclosión de la catástrofe social. En 2003, pagó 2.426 millones. En 2004 canceló otros 2.299 millones en los primeros nueve meses,  pagando luego otros 2.149 que correspondían a vencimientos del último trimestre. En 2005, se destinó un 12, 3 % del presupuesto nacional al pago de intereses de la deuda pública; unos 9.547 millones de pesos, esto es unas cuatro veces el presupuesto destinado a las 37 universidades nacionales (de 2.314 millones de pesos). En el mismo 2005, se afrontaron vencimientos de capital de la deuda en condición normal (fuera del default) por 4.196 millones de dólares.

 

El 25 de febrero de 2005, finalizada la negociación con los bonistas, por la deuda que había entrado en cesación de pagos el 23/12/01, pese a que se ha obtenido una quita considerable, sabemos que lo que quedó también será insostenible. Los compromisos externos entre 2005 y 2007, teniendo en cuenta los porcentajes del superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) que se destinan a ese fin, sólo podrían cumplirse en un 40 %. Esto nos lleva a nuevas rondas de negociaciones. Ya el 06/03/05, el Director del FMI, el español Rodrigo Rato, comenzó a reclamar (en castellano) un mejor trato para los bonistas que decidieron no ingresar al canje, incremento de tarifas para favorecer a las empresas privatizadas y, claro está, también exige que los organismos sigan en la categoría de acreedores privilegiados. Un año después, nuestro país canceló su “deuda” con el FMI.

 

Luego de más de 30 años de este escenario, el país (su estructura social, gran parte de la población a través de su deteriorada calidad de vida) está desangrado. Salarios y beneficios sociales han caído terriblemente, el desempleo sigue siendo altísimo, hay servicios públicos que están en estado lamentable, la pobreza se ha extendido a vastos sectores de población, las cajas del Estado están casi vacías, una parte del aparato productivo está abandonada, otra parte en manos extranjeras y no queda gran cosa que privatizar. La protesta social se ha manifestado y se manifiesta a lo largo y ancho del territorio. La represión y la judicialización de la protesta ha sido y sigue siendo lo principal de las respuestas, amén del incremento extraordinario de los Planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, en especial en parte de 2002 y durante 2003. Estos planes estatales, de carácter asistencial y de escaso monto pagado por plan (antes 150 lecops, ahora $ 150.), pasaron de 574.503 beneficiarios en mayo de 2002 a 1.992.497 en mayo de 2003 (Adriani; Suárez; Alvarez, 2004).

 

Recientemente, se ha conocido un documento que se ocupa de presentar y analizar algunos de los problemas socioeconómicos de Argentina utilizando dos periodizaciones bien específicas: la etapa 1974-2005 y los años entre 1998 y la actualidad (Lozano, 2005). Sobre el período extenso (treinta años), se trabaja en base a datos que, si bien traen aparejadas algunas limitaciones, dado que se han tomado el PBI, la población y el PBI per cápita, no dejan demasiadas dudas sobre el estancamiento estructural de nuestro país. Esas tres décadas se corresponden con la vigencia del sistema de poder neoliberal (aunque no fuera conocido con ese nombre en los primeros años). En el Cuadro 5 se observa la serie completa de los indicadores tenidos en cuenta.

 

Cuadro Nº 5:  Estimación del PBI, la Población y el PBI

 per cápita 1974/2005

 

 

Años

PBI

Población

PBI per cápita

1974

100,0

100,0

100,0

1975

96,6

101,8

97,8

1976

99,2

103,6

95,7

1977

105,5

105,5

100

1978

102

107,3

95,0

1979

108,7

109,1

99,6

1980

111,3

110,9

104,4

1981

104,4

112,6

92,3

1982

98,8

114,3

86,5

1983

101,8

116,0

87,8

1984

104,4

117,7

88,8

1985

100,0

119,3

83,8

1986

105,7

121,0

87,3

1987

108,0

122,7

88,0

1988

105,1

124,4

84,5

1989

100,4

126,1

79,7

1990

100,8

127,8

78,9

1991

111,5

129,4

86,1

1992

122,2

131,5

93,1

1993

129,2

133,2

97,0

1994

139,6

135,1

103,3

1995

133,9

137,0

97,8

1996

140,3

138,9

101,0

1997

152,4

140,8

108,2

1998

158,3

142,7

110,9

1999

152,9

144,6

105,8

2000

151,7

146,5

103,6

2001

145,0

148,4

97,7

2002

129,2

150,3

                   86,0

2003

140,7

152,2

92,4

2004

149,8

154,1

97,2

2005

155,8

156,0

99,9

 

Fuente: Lozano, 2005; PBI, empalmadas las series de base 1970, 1986 y 1993. Población en base a proyecciones de las variaciones intercensales.

 

Con un crecimiento del PBI del 6 % (que era el estimado por Lozano, op. cit), el PBI por habitante aún estaría por debajo del nivel de 1974.

Para el análisis del período reciente, esto es entre 1998, año de inicio de un ciclo recesivo, y el actual 2005, se incorporan datos sobre desempleo en términos relativos y absolutos, con o sin planes asistenciales oficiales, y datos sobre la pobreza por ingresos, que integran el Cuadro 6.

 

Cuadro Nº 6:  Comparación de la situación socioeconómica a principios del 2005 respecto

 de principios de 1998 (Primer trimestre de cada año. PBI en millones de pesos a precios constantes 1993). 

 

 

 

 

Variación

Rubros/ 1 trimestre

1998

2004

2005

(%)

 

 

 

 

2005/1998

PBI en millones de pesos (1 trimestre)

271.702

254.350

272.037

0,1%

Tasa de desempleo

13,2%

14,4%

12,1%

-8,3%

Población desocupada

1.750.106

2.258.810

1.973.001

12,7%

Tasa de empleo sin planes

36,9%

36,6%

38,2%

3,5%

Población ocupada sin planes

11.741.619

12.718.838

13.458.683

14,6%

Tasa de desocupación sin planes

13,0%

19,4%

17,3%

33,4%

Población desocupada sin planes

1.750.106

3.058.081

2.818.572

61,1%

Tasa de pobreza

29,8%

44,4%

40,4%

35,8%

Población pobre

10.765.230

17.251.145

15.877.909

47,5%

PBI per cápita

7.521

6.546

6.922

-8,0%

Población Total

36.124.993

38.853.931

39.301.755

8,8%

 

Fuente: Lozano, 2005. Estimación del PBI 2005 con la proyección de la variación 2004-2003, ajustando la tasa de crecimiento oficial del 2005. Tasa de desempleo en base a mantener la elasticidad de empleo-producto de 0,64 resultante del segundo trimestre 2004 vs. segundo trimestre 2003, manteniendo la tasa de actividad actual e incorporando el crecimiento poblacional. Tasa de pobreza en base a mantener la elasticidad pobreza-producto del primer semestre 2004 vs. Primer semestre 2003.

 

Se puede apreciar que, recién en el primer trimestre de 2005, el PBI se ubicará en los niveles de 1998. Esto es, que a la Argentina le ha llevado seis años volver al nivel de actividad. Pero el cuadro social relacionado con este proceso muestra un marcado agravamiento. La población desocupada sin planes en el año 2005, si bien declina con respecto al 2004, es muy superior con relación a los valores de 1998. Así, la tasa de desocupación que corresponde observar (aquella que no contabiliza como ocupados a los perceptores de planes) es un 33% mas alta que en 1998. Pasó de ser un 13% a representar un 17,3%. En valores absolutos esto supone un incremento del 61% de la población desocupada sin planes. Involucraba a 1.750.106 personas e involucra a 2.818.572. A su vez, esta situación es acompañada por un ingreso promedio en términos reales que es inferior en un 20% para el conjunto de los ocupados. En razón de ambas cuestiones la población pobre en el 2004 involucró a 6,5 millones de personas más que en 1998 y en el primer trimestre del 2005 fue un 47% mayor, superando por algo más de 5 millones al número de pobres de 1998.  Luego de la estrepitosa caída social de 2001 y 2002, y aunque “la inversión de ciclo económico” parecería otorgar mayor capacidad de maniobra para el replanteo del régimen económico y social vigente, la denominada “recuperación” no se advierte en términos de ataque a la injusticia social consolidada.

 

 

4. A modo de reflexiones finales y propuestas

 

El siglo XXI se ha iniciado en el marco de una extendida (en lo temporal y en lo espacial) crisis de escala internacional que, con epifenómenos intensos, como los de Asia en 1997, se había manifestado ya en los comienzos de la década de 1970 cuando las economías de los países centrales (en especial el Grupo de los 7) fueron desacelerando sus tasas de crecimiento, en una tendencia que, a pesar de las oscilaciones, continúa hasta el presente. Ello se combinó con una hipertrofia financiera sin precedentes en la historia que subordinó al sistema mundial, guiada por una cultura parasitaria, cada vez más alejada de la producción (y de esto si que conocen los capitalistas argentinos). La promesa neoliberal de ingreso en una suerte de progreso capitalista indefinido ocultaba el alma y el rostro de un sistema senil. En las regiones desarrolladas aumentó la concentración empresaria, de ingresos y la exclusión social; en las periferias, el fenómeno se dio de manera exacerbada. De ese modo, las naciones subdesarrolladas se encuentran ante un desastre humano que las estrategias neoliberales profundizan aún más. De acuerdo a lo expresado en el apartado anterior, Argentina no ha sido la excepción. Más aún, constituye uno de los casos de mayor regresividad.

 

Finalmente,  entendemos que es oportuno realizar algunas propuestas que pueden contribuir a superar la grave situación social en la que está sumergida una parte considerable de la población argentina:

-          El fallo judicial resultante del juicio iniciado por Alejandro Olmos contra la deuda externa y sus responsables, puede servir de base para una acción encaminada al no pago de la deuda exterior pública y para su anulación. Varios argumentos jurídicos pueden ser invocados, entre los cuales cabe citar la noción de deuda odiosa (contraída por una dictadura culpable de crímenes contra la humanidad, los acreedores no pueden alegar desconocimiento de ello). Dado que las nuevas deudas desde 1982/1983 sirvieron esencialmente para reembolsar las anteriores, ellas están también teñidas de ilegitimidad; la fuerza mayor, dado que Argentina, como los otros países, enfrentó un cambio brutal de la situación ante la suba unilateral de los intereses en 1979, por decisión de EEUU; estado de necesidad, en tanto las finanzas argentinas impiden proseguir los pagos ya que eso impide cumplir obligaciones asumidas en pactos internacionales en lo que respecta a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos;

-          El punto anterior debe acompañarse de la exigencia de una investigación internacional sobre los activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible de fondos fugados;

-          Implantar medidas de control sobre los movimientos de los capitales y las operaciones de cambio, a fin de evitar que continúe la fuga de capitales y para protegerse de ataques especulativos;

-          Puesta en marcha de una política fiscal redistributiva que incluya impuestos excepcionales sobre el patrimonio del decil más rico de la población, impuestos elevados sobre las ganancias del capital, disminución o eliminación del IVA sobre los productos y servicios básicos;

-          Derogación de todo decreto o ley que pudiera imponer reducciones salariales y de jubilaciones. Refuerzo del sistema de seguridad social. Garantizar un ingreso mínimo para desocupados y ocupados de hasta por lo menos entre 1 1/2 y 2 canastas básicas de alimentos y servicios. Incremento también de las jubilaciones para que el poder adquisitivo en aumento sea condición básica para una alternativa progresista;

-          Derogación de todas las reformas laborales contrarias a los derechos de los trabajadores, asegurando la estabilidad en el empleo, sin esperar que a los empresarios se les “derramen” beneficios;

-          Estatización de todas las empresas privatizadas, comenzando por las de comunicaciones y energía (esto incluye y en primer lugar, petróleo, gas, hidroelectricidad, usinas termoeléctricas), en producción, transporte y distribución;

-          Constitución de un frente de países endeudados y desarrollo de la integración y complementación, como por ejemplo con las naciones de América del Sur, entre otras. Oposición enérgica al ALCA y a las ofensivas militares de EEUU (bases militares, pantallas antimisiles, Plan Colombia);

-          Apoyar iniciativas a favor de imponer tasas impositivas a las transacciones financieras internacionales.

 

Debe quedar claro que las propuestas, para su efectiva implementación requieren de un cambio muy profundo en las relaciones de fuerzas entre clases sociales dominantes y dominadas. A su vez, para el caso argentino, esto implica el juicio y castigo de los autores intelectuales y materiales del genocidio practicado durante el terrorismo de Estado y del genocidio económico-social continuado en la democracia formal, sobre todo desde 1989.

 

 

 

Bibliografía:

 

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Notas:

 

1-       Nos referimos a los siguientes proyectos de investigación: “La reestructuración económica en la Argentina, 1975-2000. Impactos sociales y territoriales” (entre 1999-2002); “Reestructuración neoliberal y problemáticas regionales en Argentina, 1989-2002. Inserción internacional y transformaciones internas” (2003-2006); “Geografía de la pobreza en el Partido de Luján. Dimensiones sociales y transformaciones espaciales” (2001-2005); “Las transformaciones socioterritoriales en el conurbano bonaerense. El caso del Barrio Obligado, Partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires” (2002-2005); “Geografía del comercio exterior argentino, 1990-2004” (2005-2007). Todos los proyectos mencionados han sido radicados oficialmente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.

 

2-       En este trabajo no se aborda el estudio de la pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI). Para no ser considerados pobres, de acuerdo a las “necesidades básicas” que se supone indispensables, la unidad familiar no debe tener problemas de hacinamiento, de vivienda precaria, de saneamiento básico, de deserción escolar y de “capacidad de subsistencia”. Con esta metodología, un hogar es pobre si no cubre al menos una de estas necesidades. Aquí se utiliza la óptica vinculada a establecer un nivel de consumos mínimos considerados subsistenciales. Si el ingreso de un hogar no es suficiente para pagar esos consumos, se dice que es pobre. La línea de pobreza (LP), se determina según el valor de una canasta básica de bienes y servicios que se define previamente, y que permite satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias, de vestido, transporte, vivienda, salud y educación. Un hogar pobre por ingresos es aquel en el que la suma de todos sus ingresos lo ubica por debajo de la LP. Una parte de los hogares y de la población considerada pobre por ingresos, se halla en situación de indigencia. La línea de indigencia (LI) se determina según el valor de una canasta básica de alimentos, que también se define previamente. Es habitual que el INDEC utilice los valores correspondientes al mes anterior de la EPH. Además, periódicamente se discute y reformula la composición de esas canastas básicas, bien magras por cierto. Entendemos que estos datos, aunque sea necesario realizar extrapolaciones para alcanzar una “imagen” nacional, son útiles para una aproximación adecuada al fenómeno de la exclusión social. Para un abordaje metodológico de otras características, con técnicas cuantitativas y cualitativas, incluyendo LP, LI, NBI, indicador de pobreza humana (IPH), “brecha de pobreza”, etc., se puede consultar la obra de Pierre Salama, 1999. Aunque todo el libro trata sobre la pobreza y la riqueza (par inherente al capitalismo, más aún  si es dependiente y periférico) en América Latina, nos referimos en especial a los capítulos V y VI.

 

3-       Un estudio pormenorizado de las relaciones de dependencia y sus consecuencias nefastas para gran parte de la población, a través de dos siglos (XIX y XX), con el endeudamiento externo en su carácter de instrumento de dominación como clave explicativa, puede hallarse en en el libro de Norberto Galasso, 2002. El autor demuestra que el sometimiento al poder económico y financiero internacional ha constituido un gran negocio e inmejorable garantía para que las élites de nuestro país mantuvieran sus privilegios obtenidos de la concentración económica y las desigualdades sociales.

 

4-       Para esta parte del trabajo hemos tenido en cuenta la muy recomendable obra de Eric Toussaint, 2004. Esto no implica dejar de lado otras como la de James Petras; Steve Vieux, 1995; o la de Jorge Beinstein, 1999. Para comprender de qué se habla cuando se dice “ajuste estructural”, y revisar los pasos fundamentales de su aplicación, se sugiere recurrir a los capítulos 11 y 12 del libro citado de Toussaint. Asimismo, sobre orígenes, funciones y formas de gobierno (tan poco democráticas por cierto) de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es bueno consultar el Capítulo 9 de la misma obra.

 

5-       El detalle de la deuda externa y el servicio pagado en cada año del período 1975-2000, puede hallarse en Toussaint, op. cit.: 290.

 

6-       Los capitalistas argentinos (es una forma de decir) se endeudaron durante la dictadura y colocaron gran parte de ese dinero en el exterior vía fuga de capitales. La explicación técnica de ese fenómeno y su seguimiento hasta los primeros años del siglo XXI, se puede comprender entre otras, en las siguientes obras: Calcagno, A.; Calcagno, E., 2002; Rapoport et al, 2000; Basualdo; Kulfas, 2002; Olmos, 2004.

 

7-       Sobre las características y consecuencias de esas renegociaciones, recomendamos consultar el trabajo de Jorge Schvarzer, 2003.

 

8-       Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (www.siempro.gov.ar). Los datos de cada provincia fueron estimados extrapolando los del aglomerado (en algunos casos más de uno) de cada jurisdicción, teniendo en cuenta la población provincial. No se contó con datos de Río Negro.

 

9-       El aumento del desempleo constituyó una tendencia consolidada durante la convertibilidad,   tanto con cifras positivas en el crecimiento del PBI (primeros años del plan), como en años recesivos (p.e. 1995 y este período 1998-2001 que se toma en el Gráfico 1), cuando el “ejército de reserva” se expande sobremanera. Ya entre 1991-1995, la tasa se había triplicado por la aplicación del “modelo” concentrador y excluyente, y no por causas exógenas. Su expansión en ese período, pero también desde entonces, debe entenderse como resultado inevitable de las políticas aplicadas. Entre otras cuestiones, cabe mencionar: una “Reforma del Estado” con eje en las privatizaciones, sin el menor interés oficial ni de los grupos empresarios favorecidos por la reinserción de la masa laboral despedida o retirada; la apertura externa esencialmente importadora; tasas de interés que impidieron el financiamiento de las PyMES; hegemonía en el proceso de acumulación de los segmentos de la estructura productiva con menor capacidad de generación de empleo (agricultura, minería, petróleo, etc.); crisis de las ramas industriales con menor densidad de capital por trabajador ocupado; modernización de actividades primarias tradicionales; ingreso de bienes de capital; desmantelamiento de los mecanismos de control e intervención estatal, salvo para reprimir a los trabajadores en conflicto y generar legislación a favor de los capitalistas.

 

10-   1.048.000 jóvenes de 15 a 24 años no estudiaban ni trabajaban para esa fecha. Después de la devaluación, antes del inicio de una incipiente recuperación de los niveles de actividad, el número de jóvenes en esa situación rondó el millón y medio.

 

11-   Para determinar la LP se consideró la canasta básica de bienes y servicios de setiembre de 2002, estimada en $ 716, en el caso de Capital Federal y GBA. Para la LI se estimó una canasta alimentaria de $324. El gran incremento de los precios minoristas de los alimentos básicos  afectó seriamente a las familias que destinan a su adquisición la mayor parte de sus ingresos. Esos alimentos subieron un 75 % durante 2002.

 

12-   La investigación incluye sólo las operaciones realizadas en forma abierta a través del sistema financiero, bajo teórico control del Banco Central, y no las tramitadas clandestinamente o directamente fuera del país. Toma al sector privado no financiero (empresas y personas físicas), sin incluir a las entidades financieras, cuando es muy  probable que muchas transferencias efectuadas por los bancos (con el CITIBANK en el primer puesto y  el Banco Río en el segundo), incorporaran fondos de sus accionistas y otras personas físicas y jurídicas. Tampoco están las operaciones de comercio exterior que,  por vía de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, implica otra línea de fuga. Es decir que se reduce al pago de deudas, giro de utilidades y dividendos, gastos turísticos, regalías, fletes, y otros servicios reales y la apertura de cuentas bancarias en el exterior.

 

 

 

Resumen:

 

 

El objetivo de este trabajo es presentar e interpretar datos concretos que denuncian los resultados de la aplicación del sistema de poder neoliberal en Argentina. Habiendo estudiado el período que se inicia alrededor de 1975, con énfasis en las transformaciones económicas y sociales, en proyectos de investigación finalizados y en curso, en esta oportunidad ponemos el acento en la información sobre pobreza, indigencia, desempleo, evolución del salario real y brecha de ingresos. Esta información, a escala nacional y en algunos casos a escala provincial, es contextualizada en el marco de la deuda externa como instrumento de control y dominación. Si bien los universos desde los cuales obtenemos los valores relativos y absolutos de la desocupación y la pobreza e indigencia, impiden superponer los datos en forma mecánica, se puede concluir que informalidad y precarización laboral poseen plena vigencia, determinando que un número significativo de quienes trabajan no ganan lo suficiente para que sus familias cubran las necesidades elementales.

 

 


 Ponencia presentada en el Octavo Encuentro Internacional Humboldt. Colón, Entre Ríos, Argentina - 25 al 29 de setiembre de 2006.