Un
organismo comatoso cuya reforma se impone con irrefutable evidencia. Sobre el
trasfondo de la angustia sanitaria provocada por las amenazas de la gripe aviar,
así aparece Francia a los ojos de una cohorte de "derrotistas" de derechas (1).
Este ambiente pesimista se ha visto corroborado por acontecimientos recientes de
índole diversa, que al transmitir la sensación de que las instituciones se
desmoronaban han contribuido al actual malestar generalizado: catástrofe
judicial y naufragio de los medios de comunicación en el proceso de los
pedófilos de Outreau, ley del 23 de febrero de 2005 que reconoce "el papel
positivo" del colonialismo (2), fallos concernientes al portaaviones Clemenceau,
revueltas en los suburbios en noviembre de 2005, repliegues identitarios y
afirmación de los comunitarismos con ocasión del caso de las caricaturas de
Mahoma o del repulsivo asesinato del joven Ilan Halimi, privatización encubierta
de Gaz de France, etc.
Las Casandras de la "Francia que se hunde" ven
sumirse al país en una suerte de desesperación colectiva que se habría
manifestado especialmente el 29 de mayo de 2005, con ocasión del "No" al
proyecto de Tratado Constitucional europeo. "Francia, afirma por ejemplo Nicolas
Baverez, jefe de fila de los "derrotistas", se ha aislado en una burbuja de
demagogia y mentiras, los políticos se niegan a decir la verdad (...) No se
atreven a hacer reformas porque temen las revoluciones. Pero es precisamente la
ausencia de reformas lo que culmina en las revoluciones" (3). Para terminar con
esta "Francia enferma en una Europa decadente", llaman a una rectificación
liberal. Y hace tiempo que recomiendan la desregulación del mercado laboral,
convencidos de que basta con accionar algunas simples palancas.
En este
contexto alarmista, apremiado por los "rupturistas", el primer ministro francés
Dominique de Villepin, acusado de estar "de pie ante Bush pero de rodillas ante
la CGT", habría decidido romper "la política expectante de las elites" y
concretar por fin la reforma del empleo.
De manera que el verano pasado
hizo votar precipitadamente el Contrato de Nuevo Empleo (CNE) que entró en vigor
el 1 de septiembre de 2005 para las empresas con menos de veinte asalariados,
esto es, los dos tercios de las empresas francesas. La principal innovación son
las modalidades de su ruptura. Como dice el inspector laboral Gérard Filoche:
"Se trata esencialmente de un ‘nuevo derecho de despido': se puede despedir a
cualquiera en cualquier momento, sin motivo, sin procedimiento, sin apelación"
(4).
Como se topó con una resistencia sumamente moderada contra este
tipo de contrato que responde a las antiguas demandas de la patronal, Villepin
creyó que podría salirse de nuevo con la suya al hacer votar el 8 de febrero
pasado, sin verdadero debate parlamentario, el Contrato de Primer Empleo (CPE)
destinado esta vez a las empresas con más de veinte asalariados y reservado a
los jóvenes de menos de veintiséis años. Lo mismo que con el CNE, el patrono
tiene durante los dos primeros años la posibilidad de rescindir el contrato sin
comunicarlo por escrito.
El primer ministro ha tratado de explicar la
extraña índole del CPE pretextando que después de las recientes revueltas en los
suburbios era urgente favorecer el empleo de jóvenes sin formación. El argumento
no ha convencido. Rápidamente la oposición al CPE ha cobrado una envergadura y
una intensidad considerables en las universidades, con el apoyo inmediato de los
principales sindicatos.
El desafío es tanto político como simbólico.
Después de la grave derrota sufrida en julio de 2003 con el voto a la ley de
jubilaciones, el movimiento popular en Francia tenía que reponerse. Por
añadidura, los ciudadanos consideran que aceptar el CPE después de haber tenido
que ceder ante el CNE es abrir el camino al desmantelamiento completo del código
de trabajo, sacrificarlo en el altar de la flexibilidad y favorecer la
precarización definitiva del empleo.
Acusada por la derecha de ser hoy
"el enfermo de Europa", Francia es por el contrario un país que resiste. Uno de
los pocos en Europa donde con formidable vitalidad una mayoría de asalariados se
niega a una globalización salvaje que significaría la toma del poder por las
finanzas. Y que abandona a los ciudadanos a las empresas mientras el Estado se
lava las manos. Descorazona esta modificación radical de la relación entre los
poderes públicos y la sociedad (el final del "Estado protector").
La
solidaridad social constituye un rasgo fundamental de la identidad francesa. Una
solidaridad que el CPE contribuye a liquidar. De ahí una vez más la impugnación.
Y la revuelta.
Notas: (1) Nicolas Baverez, Michel Camdessus,
Christophe Lambert, Jacques Marseille, Alain Minc, todos cercanos a Nicolas
Sarkozy.
(2) El presidente Jacques Chirac pidió el 4 de febrero de 2006 la
reescritura de ese texto que "divide a los franceses".
(3) L'Express, París,
12 de enero de 2006.
(4)
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2473
273/06 - Francia '
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