Desde las primeras manifestaciones contra la dictadura, cada
movilización, cada lucha contra la impunidad se convirtió en arena de
importantísimas delimitaciones y debates políticos.
Manifestaciones
Los movimientos de familiares de víctimas nacieron en pleno
terror. Fueron ganando vigor a medida que la dictadura militar acentuaba su
descomposición y la crisis económica y las movilizaciones populares se
profundizaban1. Sus integrantes son perseguidos y asesinados por el gobierno
militar (Azucena Villaflor).
A inicios de los ’80, los movimientos habían adquirido una
gran trascendencia política. En diciembre de 1981, la marcha de Madres
“resiste” durante 24 horas en Plaza de Mayo inaugurando una movilización que
se repetiría todos los años. En 1982, la “Marcha por la vida” congrega a
miles. La lucha por el “juicio y castigo” y la “aparición con vida” exigía el
fin de la dictadura asesina. El Partido Obrero militó desde un principio en
este movimiento y participó, en especial a través de la compañera ‘Cata’
Guagnini, de la fundación de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos.
Alfonsín
Cuando se produce el derrumbe de la dictadura, la preocupación
fundamental de la burguesía es preservar el aparato represivo y el Estado en
su conjunto. Por eso puso en marcha una “institucionalización”, a través de
una multipartidaria de la UCR, el PJ, el PI y el PC, entre otros. Bajo la
máscara democrática preservó el cuerpo legal de la dictadura, garantizó la
continuidad de la burocracia civil, militar y judicial, y de los compromisos
internacionales con el FMI y reconoció la deuda externa capitalista que había
sido estatizada. El que encabezó ese proceso fue Raúl Alfonsín.
Las manifestaciones por el juicio y castigo chocan con el
gobierno de la UCR, que amparaba la impunidad. El 22 de marzo de 1984 se
realiza la primera “marcha prolongada” convocada por los organismos de
derechos humanos, en la cual confluyen trabajadores de Luz y Fuerza, Foetra y
centros de estudiantes. El gobierno armó actos paralelos.
El 22 de abril de 1985, cuando comienza el Juicio a las
Juntas, cien mil personas ganan la calle (aunque no lo hacen a Tribunales por
pedido expreso del gobierno, que tiene su propia gente en la dirección de la
APDH). La movilización fue una elocuente demostración de la falta de confianza
en el gobierno. Pero éste consiguió armar una contra-marcha de contenido
político oficialista el 26, a la que sumó a la inmensa mayoría de las
organizaciones políticas y de derechos humanos. Es decir que no hubo que
esperar a Kirchner para que empezara a funcionar la cooptación política de los
“organismos” por parte del Estado. El ala oficialista reivindicaba el
juzgamiento de los militares como una cuestión de responsabilidades
individuales y no juzgar al aparato de represión y al Estado; mucho menos a
las clases sociales que financiaron el gobierno militar. El “juicio” apuntó a
desviar la lucha por el desmantelamiento del conjunto del aparato de la
dictadura.
El Partido Obrero advirtió tempranamente que “la orientación
del gobierno es hacer desembocar este juicio en una amnistía”2. Fueron
condenados solamente 16 oficiales (absolviendo a los otros 1.684 acusados). El
proceso judicial consagró de hecho el principio de “obediencia debida” (se
limitó a castigar a los mandos superiores) antes de que fuera convalidado por
una ley especial. Del mismo modo, marcó el “punto final” de la investigación
del genocidio. Las leyes de impunidad sancionadas más tarde no fueron una
‘claudicación’ del gobierno de turno sino la continuidad (no la negación) de
la política que dio lugar al juicio a las juntas. Cuando Madres denuncia el
amparo alfonsinista al aparato represivo, la mayoría de los organismos de
derechos humanos se suma a la maniobra gubernamental para aislarlas y
silenciarlas. Por esto, incluso, esos organismos no participan del acto en la
Plaza del 24 de marzo de 1986 (décimo aniversario del golpe). En una
solicitada explican que había que “afirmar la democracia y la libertad de
hoy”. Como se ve, hoy no se observa nada nuevo bajo el sol, salvo que a esta
maniobra se han incorporado ahora, las propias Madres.
La “defensa de la democracia” es la excusa que utilizará
Alfonsín en las Pascuas de 1987 para claudicar ante el levantamiento
carapintada encabezado por Aldo Rico, con la complicidad del alto mando
militar. Mientras el gobierno reprimía las masivas manifestaciones populares
contra los cuarteles, la “defensa de la democracia” paría un “acta” firmada
por todos los partidos, incluido el PC, donde son expuestos con claridad los
fundamentos de la futura Ley de Obediencia Debida. El santacruceño Kirchner
formó parte de la legión de los demócratas que apoyaron el “acta
democrática”.
La Tablada
Alfonsín recurrió varias veces a la militarización y hasta
instauró el estado de sitio por decreto. En enero de 1989, con motivo del
asalto al cuartel de La Tablada, decenas de militantes del Movimiento Todos
por la Patria (MTP) son muertos, desaparecidos, torturados y encarcelados. Los
carapintadas que habían protagonizado, mientras tanto, otros levantamientos
militares, participan de la represión. El Congreso se reúne con las dos
cámaras para saludar la intervención del Ejército. Izquierda Unida publica una
solicitada que condena el asalto y no dice una palabra sobre la masacre. Los
hombres de la dictadura actuaban ahora amparados por el gobierno de Alfonsín,
que ingresaba a un acelerado ocaso. Por esos días, procederá a una devaluación
del peso que lo llevará al derrumbe.
Para el 23 de marzo, en otro aniversario del golpe, las Madres
convocan a una nueva marcha. Izquierda Unida (PC y MAS), por intermedio de su
candidato a presidente, Néstor Vicente, y de su vice (y futuro diputado), Luis
Zamora, anuncia públicamente que boicotea dicha marcha porque su convocatoria
repudia la masacre de La Tablada. Había elecciones y no querían ser acusados
de cómplices de “los terroristas”. Estos ausentes fueron el blanco de la
multitud que coreó que la Plaza no era para los cobardes.
Los ’90
Carlos Menem, el sucesor de Alfonsín, culminará la obra de
impunidad con los decretos de indulto y la liberación de Videla y compañía,
que de todos modos habían gozado de un encarcelamiento de lujo (denunciado con
frecuencia en la prensa). En nuestro periódico explicábamos que el indulto era
el resultado de “la inconsistencia de los movimientos políticos pequeño
burgueses y de las organizaciones de derechos humanos, que sistemáticamente
subordinaron la lucha por el castigo a los genocidas a la estrategia de la
defensa del orden político llamado democrático”3. Es que, con el tiempo, el
Estado capitalista se fue sintiendo lo suficientemente seguro como para
cancelar lo que habían sido concesiones anteriores, realizadas en un marco de
intensa presión popular.
Sin embargo, luego de un tiempo, las manifestaciones contra el
‘gatillo fácil’ (Bru, Bulacio), y las que siguieron al asesinato del colimba
Carrasco y de María Soledad en Catamarca, produjeron una renovación de la
lucha contra la represión, sus aparatos y el Estado. El pueblo pagaba con
nuevas víctimas la tarea inconclusa de desmantelar el régimen dejado por la
dictadura militar.
En el vigésimo aniversario, en 1996, las movilizaciones del 23
y 24 congregaron a más de cien mil personas. Era el comienzo de la segunda
presidencia menemista y el comienzo, también, de su debacle. La concurrencia
masiva demostraba que estaban dadas las condiciones para una lucha de conjunto
contra el menemismo. En 1997, dos meses antes del 24 de marzo, es asesinado el
fotógrafo José Luis Cabezas.
Los movimientos de derechos humanos y la CTA, sin embargo, se
cuidaron muy bien de no levantar la consigna “Fuera Menem” en esas masivas
movilizaciones, bajo el menemismo, de los 24 de Marzo. Es que, en definitiva,
apuntaban a un relevo del tipo de lo fue el gobierno de la Alianza. En el
marco de los indultos del menemismo y de la levantada de cabeza de los milicos
y los aparatos represivos, se produce el atentado a la Amia.
Pero el gobierno de De la Rúa y Chacho Alvarez debuta, en
diciembre de 1999, asesinando obreros en Corrientes, militarizando y
asesinando, luego, en Mosconi y Tartagal, garantizando la impunidad
establecida para los asesinos.
El 24 de marzo de 2001 el movimiento de lucha, que venía de
protagonizar importantes paros y piquetes desde mediados de 2000 y acababa de
echar a López Murphy, reunió a setenta mil manifestantes en una Plaza de Mayo
piquetera. “La ausencia de columnas sindicales organizadas por la burocracia
fue total”4. Moyano quería impedir que se viabilizara en las calles (como
ocurrió el 19 y 20 de diciembre de ese año) la oposición política al gobierno
delarruista. La misma orientación exhibieron “los organismos”, que mantenían
la tesitura de una marcha por la ‘memoria’.
Para el próximo 24, cuando se cumple el 30 aniversario,
observamos que nada ha cambiado en el empeño de los pseudodemócratas de querer
convertir la conmemoración en un pretexto para defender al régimen político
existente, el cual no vacila en militarizar Santa Cruz, como lo hacían los
milicos, simplemente para defender los intereses de los pulpos
internacionales, nada menos que del petróleo.
Treinta años
El Argentinazo demostró que la lucha popular en defensa de las
libertades democráticas sigue vigente. Esta sola circunstancia impugna los
títulos que se arrogan los pseudodemócratas. La imposición del estado de
sitio, la militarización y asesinato masivo llevados a cabo por de De la Rúa
provocaron un masivo repudio en las calles y una rebelión generalizada. Lo
mismo ocurrió, más tarde, con el asesinato de Maxi y Darío bajo el gobierno de
Duhalde.
Que treinta años después la lucha contra la represión, contra
los aparatos represivos y contra la impunidad mantenga su vigencia, es la
demostración más cabal de que el régimen democratizante no ha sido capaz de
resolver ninguno de los problemas planteados por la dictadura
militar.
Una lucha democrática consecuente es antagónica del Estado y
sus aparatos. Por eso todos los gobiernos se esforzaron por reducir la
conmemoración del 24 de Marzo a un momento de recogimiento, que ahora va a
ganar el condimento del feriado. El empeño ha sido siempre desligarlo de la
situación política concreta del momento; valerse de la represión del pasado
para ocultar la represión del presente; ‘recordar’ cuando Acdel Vilas,
primero, y Domingo Bussi, después, militarizaron Tucumán, para tapar la
criminal militarización, en este mismo momento, del norte de Santa Cruz. Lo
que Kirchner hace hoy es una mala copia de las fechorías políticas, en su
momento, de Alfonsín, la Alianza, Duhalde, Rodríguez Saá y, a su modo,
Menem.
La historia reciente es testigo de que los gobiernos
“democráticos” no sólo consagraron la impunidad a los asesinos de ayer: son,
fundamentalmente, los que encubren y protegen al aparato represivo del gatillo
fácil; mandan a la Gendarmería a reprimir puebladas y a militarizar ciudades
enteras (Cutral Co, Mosconi, Corrientes, Tartagal, ahora Las Heras) y apelan
al estado de sitio cuando les resulta necesario; llevaron adelante masacres
(La Tablada, 20 de Diciembre, Puente Pueyrredón); asesinaron a decenas de
luchadores obreros y piqueteros; encarcelaron a luchadores políticos y
procesan, aún hoy, a otros miles de ellos.
El verdadero ajuste de cuentas con los verdugos será el
entierro definitivo del régimen social capitalista.
Notas
1)
Prensa Obrera N° 936.
2) Prensa Obrera N° 93, 18/4/85.
3) Prensa Obrera N° 320, 19/12/90.
4) Prensa Obrera N°
700, 29/03/01.
Fuente: Prensa
Obrera Nº 937; Buenos Aires, 16 de marzo de
2006.
216/06 - El 24 de 
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