El anuncio hecho
por Sergio Bitar en el tercer trimestre del año pasado, en relación a la
reforma del sistema de créditos universitarios, generó una buena acogida en
los medios. Ingenuamente, se atravesaban en las pantallas distintos dirigentes
universitarios, confiados en que el anuncio gubernamental era fruto de las
movilizaciones estudiantiles de mayo. Sentados en la misma mesa, Bitar y los
presidentes de cinco federaciones pro-Concertación, daban cuenta de los
acuerdos a favor del nuevo modelo crediticio. Parecía producirse lo que la
FECh denominó un "acuerdo histórico".
El acuerdo, sin
embargo, posibilitó una amplia libertad de maniobra para el Gobierno. Zanjadas
las tensiones entre el Ejecutivo y los estudiantes de instituciones públicas,
Bitar y su equipo ministerial se lanzaron a dar una respuesta al gran
empresariado vinculado a la educación privada. El número de estudiantes de la
esfera pública era, por primera vez en su historia, menor a los pertenecientes
a centros de estudio privados. El mercado de "carteras estudiantiles" creció
sin freno en la medida que la mínima regulación estatal retrocedía frente al
poderío económico del empresariado. Era el instante de "reajustar" las reglas
del juego.
El surgimiento del
"Crédito con Aval del Estado" (CAE) responde, primeramente, a la necesidad de
legitimar la entrega de títulos universitarios por parte de entes privados. En
el último tiempo eran comunes los cuestionamientos al bienestar del "negocio"
de la educación privada en contraste con las sucesivas crisis de las
universidades estatales. ¿Cómo es posible la existencia de una subvención
estatal a una iniciativa cuyo fin era el simple y llano lucro? ¿Cómo era
posible que se argumentara la carencia de recursos del Estado para remediar
los forados del Fondo Solidario, cuando se entrega -a través del Aporte Fiscal
Indirecto- miles de millones de pesos a instituciones privadas? Era necesario,
entonces, apagar las críticas.
La administración
de Lagos se aferró al argumento viciado que apunta a la presencia mayoritaria
de jóvenes de clase media en las instituciones privadas. Con ello se pretendía
echar tierra a la causa que obliga a cientos de jóvenes de recursos medios y
bajos a inscribirse (y endeudarse) en universidades privadas: la desigualdad
originada en la educación secundaria, raíz de los bajos puntajes que marginan
a estudiantes de escasos recursos de las universidades tradicionales. Son, en
estos momentos, jóvenes provenientes de la clase media-alta quienes ingresan a
centros de estudios estatales de tradición como la Universidad de Chile,
Universidad Católica o la Universidad de Concepción. Los de menores ingresos
copan, además, centros de formación técnica e institutos profesionales como
alternativas de menor rango, pero de fácil acceso y precio módico. Éstos
últimos, eso sí, de carácter privado en su totalidad. Para acercarse a la
igualdad de oportunidades, según Lagos y Cía., era preciso ofertar
posibilidades crediticias en estos centros de
estudios.
La crítica de los
sectores más radicales del estudiantado consiste en que esta maniobra
pretende, bajo la careta de "igualdad", sepultar toda posibilidad de retomar
la gratuidad de la enseñanza superior en Chile. "Lo que pasa es que son
egoístas", afirmaba Bitar ante las movilizaciones de miles de estudiantes a lo
largo del país. Sin embargo, la crítica estudiantil echaba luces en la raíz
del conflicto y alertaba de la truculenta tentativa del Gobierno. Cuando la
situación estaba en su máximo punto de tensión, con más del 60% de las
universidades estatales en toma, sectores vinculados a la Fuerza Social y la
Surda (conocidos por ser "colchones de contención" de la movilización social)
declaran su acuerdo con el Gobierno, con el fin de apagar el fuego. Desde la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se anuncia el fin de la
movilización nacional y se abre paso a la "mesa de negociación" con el
Ejecutivo.
Al pasar de los
meses, se suma la Confesup, ente que agrupa a un conjunto de federaciones
estudiantiles de universidades privadas. Éstos últimos, una amalgama de
presidentes de orgánicas frágiles, de fácil manipulación por parte de los
rectores y con fuerte presencia concertacionista. "Milagrosamente", la
Confesup se pone en sintonía con la Confech y se da curso libre a la reforma
de Bitar. Hoy vemos los resultados. La complicidad de estos sectores quedó de
manifiesto ante la pasividad de la Confech frente a la grotesca alza de
aranceles hecha pública a comienzos de año tanto por las instituciones
públicas como privadas. “El acuerdo no corre ningún riesgo, pues el gobierno
tiene que cubrir con créditos y becas el arancel de referencia y las
universidades deben hacerse responsables del financiamiento de la brecha entre
el arancel de referencia y los aranceles reales”, sostenía Nicolás Grau
(Presidente FECH y militante de Nueva Izquierda, brazo universitario de Fuerza
Social). De esta forma se encubría la responsabilidad política que le
corresponde al recién electo dirigente universitario, heredada de su camarada
Felipe Melo.
Lo que resalta de
los últimos hechos es la patente crisis del modelo concertacionista, el cual
pretendió seguir la línea "modernizadora" que impuso la Dictadura. Ésta
modernización trajo consigo la desregulación del negocio de la educación junto
con la aparición de leyes de amarre que asfixian la esfera pública.
Actualmente, son cinco las universidades estatales en serio riesgo de quiebra
(Universidad de Atacama, Universidad de Santiago, Universidad de Los Lagos,
Universidad de Playa Ancha y Universidad Tecnológica Metropolitana), las
cuales no soportarán los nuevos lineamientos impuestos por las pautas del
Banco Mundial, hechas carnes en el paquete de "leyes malditas" aplicadas por
la Concertación: Ley de Financiamiento y Ley de Acreditación. Los resultados
comenzarán a hacerse visibles lenta, pero progresivamente. Los responsables,
entonces, deberán dar cuenta al país. Por el momento, darán cuenta los
estudiantes, frente a la Banca que no posee ningún escrúpulo al momento de
cobrar las deudas universitarias. La Banca, a la que no le interesa
precisamente "crecer con igualdad". Pero que, de seguro, les dirá a los
estudiantes y sus familias "Estoy Contigo".
50/06 - La gran es
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