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Asunto:NoticiasdelCeHu 40/06 - Parareforma agraria y conflicto por la tierra en Colombia (Informe especial)
Fecha:Lunes, 30 de Enero, 2006  21:36:33 (-0300)
Autor:Centro Humboldt <humboldt @...........ar>

 

NCeHu 40/06

 


 

El siguiente informe surge como producto del trabajo conjunto de ocho estudiantes de geografía, que en representación de siete Universidades y cuatro países diferentes de América Latina, decidimos, luego de una conferencia a cargo de la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra, en el marco del II Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía en Bogotá, ir a conocer la dura situación que nos relataban. Constituía un desafío, no sólo por la peligrosidad de una región controlada por paramilitares, sino también por el valor que sabíamos tenía  el trabajo de campo conjunto entre jóvenes con formaciones en la disciplina de lo más variada, pertenecientes a países con realidades totalmente diferentes, pero con una concepción compartida sobre la geografía que queremos.

            Este trabajo busca adentrarse desde una perspectiva espacial y teniendo siempre como eje central de análisis a los campesinos, que son quienes allí producen, los que trabajan día a día la tierra, pero que son sistemáticamente ignorados, en la problemática de la región colombiana conocida como “Magdalena Medio”.

            Los grupos guerrilleros, el narcotráfico, el Plan Colombia, el paramilitarismo, todos estos factores inciden y configuran la realidad cotidiana de los habitantes del Magdalena Medio donde cotidianamente son asesinados líderes comunitarios, amenazados todos aquellos que intentan organizarse de alguna manera, fumigadas masivamente con veneno las tierras donde cultivan no sólo coca, sino también los alimentos para sus familias. Todo esto en el marco de un macabro plan para apropiarse de las tierras de los campesinos e introducirlas en un modelo productivo que beneficia a un pequeño sector ligado al poder, a las multinacionales, al gobierno, al narcotráfico y a los grandes capitales.

 

 


 

Parareforma agraria y conflicto por la tierra en Colombia

Maria de Estrada, UNMDP, Argentina

 

 

 

            El acto de producir implica la producción de espacio. Los modos en que se organizan las fuerzas productivas, en que se articulan los diferentes eslabones quedan allí, plasmados en el territorio. El espacio es modificado por y para la producción y en forma simultánea modifica  a la misma, que no se lleva adelante sobre el vacío sino  que sucede en territorios reales que a lo largo de su historia se han ido configurando y reconfigurando al ritmo de la articulación del desarrollo desigual de las fuerzas productivas.

            El territorio es poder. Frente a las modernas teorias que pregonan la globalización como un proceso donde el espacio pierde importancia frente a la virtualización de la realidad, la velocidad de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico; en la actualidad la lucha por la apropiación del territorio, de sus recursos naturales, se mantiene en plena vigencia, con terribles evidencias.

            En este contexto la geografía se revaloriza, constituyéndose como una herramienta fundamental para los análisis territoriales, análisis de las pujas de poder que luchan en y por el espacio. La geografía desde su inicio ha estado al servicio de los grupos de poder. Geógrafo, geografía, territorio y región, son palabras/prácticas inventadas en el contexto del Renacimiento en el marco de una reorganización social, pero también espacial, en el que se busca fijar los límites de los nuevos espacios de organización, de construir territorios, los Estados territoriales modernos. Con la centralización del poder político en las Monarquías, la población (campesinos, siervos e incluso algunos señores feudales) pierden el poder de determinar su organización espacial. (Porto Goncalves, 2001)

            Así, la geografía surgió de la mano del Estado moderno para inventariar y cuantificar los recursos existentes en cada territorio y de esta forma ponerle fronteras y apropiárselos; para organizar los territorios de modo tal de que sean funcionales al modo de producción vigente y permitan la apropiación de excedentes por parte del poder.     

            En la historia de esta ciencia, la corriente positivista, que avaló y legitimó este rol de la geografía ha tenido un lugar especial, y todavía se encuentra vigente en muchos discursos y prácticas. Igualmente, han surgido y se han consolidado numerosas críticas, desde los más diversos ángulos, que han hecho aportes valiosísimos para el desarrollo de la geografía y su rol en la sociedad. Muchos de nuestros profesores, de los teóricos de los que aprendimos constituyen estas filas, y sobre esta base nos hemos formado. 

            Hoy, es nuestra responsabilidad, en el contexto actual de crisis, de hambre, de miseria, de desigualdad en América Latina, superar su construcción. Es una decisión ideológica y un  deber que como generación consideramos que tenemos,  pasar a una nueva geografía, la geografía de la acción.

            Mientras los Estados y los centros de poder intentan apropiarse de los espacios e incorporarlos de modo funcional al sistema, existen múltiples actores, movimientos sociales que cotidianamente construyen un territorio alternativo, reconfigurando el espacio con lógicas que exceden a las del poder.  Esta geografía de la acción, geografía desde abajo, debe ser útil al “desordenamiento territorial”, que desestructure las lógicas naturalizadas para dar lugar a nuevos espacios, posibles y necesarios, donde las relaciones de producción,  las relaciones entre las personas, se construyan de otro modo.

           

A lo largo de la historia de América Latina, uno de los ejes vertebradores del conflicto ha sido la lucha por la apropiación de la tierra. Desde la invasión de los europeos al continente, la desarticulación de la organización del  espacio preexistente, de las relaciones de producción alternativas ha sido una de las estratégias fundantes. Este conflicto se sostiene y renueva hasta la actualidad a lo largo y a lo ancho de nuestro continente generando la miseria y muerte de miles de personas.

            En Colombia, desde la década del 40 hasta la atualidad se vive un inmenso y complejo conflicto por la apropiación del territorio, en el que la trama de actores, sectores y bloques involucrados  combinada con la sistemática “desinformación” generada por los medios, hacen que el conflicto aparezca como un caso especial, con escasas relaciones con la situación del resto del continente.

            Se intenta reducir los acontecimientos a un enfrentamiento entre el Estado colombiano, guerrillas asociadas al narcotráfico y algún que otro paramilitar, sin profundizar en las causas, los sectores involucrados los recursos naturales en pugna e ignorando por completo a quienes habitan, qienes trabajan, quienes viven estas tierras: los campesinos.

            La región conocida como Magdalena Medio es una de las zonas más conflictivas del país. Allí “conviven” las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que controlan gran parte del territorio; las Fuerzas Armadas, numerosos escuadrones paramilitares denominados AUC (Autodefensas Unidas  de Colombia) y cerca de 30.000 campesinos, que pese a ser muchas veces olvidados, se encuentran cada vez más solidamente organizados en la Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra (ACVC).

            Históricamente, estas tierras forman parte de la zona de colonización  y “frontera agrícola interior”, un área donde muchos campesinos se han asentado tras ser expulsados de otras regiones por la violencia o por la constante mecanización del campo que genera que la mano de obra deba migrar hacia las ciudades mientras las tierras se concentran en poder de sectores de la oligarquía que practican ganadería extensiva   Estas tierras poseen, tanto en superfície como en el subsuelo, riquísimos recursos naturales: madera, fuentes de agua, biodiversidad, oro, hierro, petróleo, uranio, entre tantos otros. Es por esto que esta área suscita el interés de numerosos grupos de poder, que van desde grandes terratenientes ligados al narcotráfico hasta inmensas multinacionales como Monsanto, por apropiarse de los recursos.

            Gracias a la ACVC pudimos llegar a la zona 8 estudiantes de geografía de Venezuela, México, Brasil y Argentina, con el objetivo de conocer la situación, dialogar con los campesinos, poder observar directamente lo que acontece en este lugar y colaborar en lo que estuviera a nuestro alcance, mediante un trabajo de campo en equipo que nos permitiera interactuar desde la formación que cada uno traía de su país de origen, sus experiencias personales, otros trabajos realizados con comunidades rurales, etc.

 

            Por encima de todos los aspectos mediáticos del conflicto colombiano, la parte que más lo sufre, los que son realmente atacados y que ven sistemáticamente violados los derechos más esenciales del ser humano, son los campesinos. En esta brutal estrategia para apropiarse de sus tierras, el Estado colombiano, de la mano de los Estados Unidos por medio del Plan Colombia y de las fuerzas paramilitares, que se entremezclan y confunden con el propio ejército, utilizan las herramientas más siniestras para lograr su objetivo: desapariciones y asesinatos de campesinos en forma  constante, quema de escuelas y poblados enteros,  fumigaciones, bloqueo económico y sanitario, entre tantas otras.

 

             Durante la década de los 60, aqui se cultivaba mayormente arroz y se extraían maderas, luego en los 70 se introdujo a la región el cultivo de marihuana para su uso ilegal, plantaciones que fueron fumigadas hasta se logró llevar el cultivo hacia los Estados Unidos, donde se mantiene en la actualidad como una importante actividad económica en estados como el de California. En los 80, ligado al alza de los precios de la cocaína, las plantaciones de hoja de coca se extendieron a esta región, así como la compra masiva de inmensas extensiones de tierras por grupos de narcotraficantes que utilizaron el campo para el lavado de las millonarias ganancias que estaban obteniendo, dando inicio a la actual configuración del espacio.

            Actualmente, la producción de los campesinos consta básicamente de dos componentes: el “pancoger”: cultivos de subsistencia como la yuca, el plátano, el maíz o el arroz para los que no existen posibilidades de comercialización debido a los altos costos de transporte hacia los mercados (que debe realizarse a mula o en embarcación) y el bajo precio de los mismos; y el cultivo de la hoja de coca, destinada al narcotráfico. Si bien todos los campesinos son conscientes de los problemas que apareja este cultivo de uso ilícito (ya que ilícito es el uso que se le da y no la coca en sí), también tienen en claro que es la única forma posible de obtener dinero para adquirir todo aquello que no pueden producir por sí mismos. Son los mismos campesinos quienes “fabrican” la pasta base que es vendida en los poblados más importantes para su cristalización y posterior incorporación al circuito comercial. Muchas veces este eslabón es controlado por los mismos grupos paramilitares que se encuentran inmiscuidos en el narcotráfico. A su vez, la guerrilla cobra un impuesto de unos U$D 25 por cada kilogramo de pasta base a los campesinos de la zona, quienes en general aceptan esto sin problemas. Tanto las FARC como el ELN tienen una buena relación con los productores, quienes se sienten apoyados, protegidos por estas fuerzas, que tienen al campesino como una de las bases de reivindicación y lucha.

            Con la supuesta intención de enfrentar al narcotráfico, esta área recibe las consecuencias de la aplicación del Plan Colombia, herramienta base de los Estados Unidos para llevar a cabo la militarización de América Latina y permitir así, tanto la aplicación de las políticas neoliberales en todo el territorio, como el control de los riquísimos recursos naturales del continente. Este Plan ha dejado como saldo hasta el momento más de 10 mil asesinatos en los últimos 10 años. · 2 mil dirigentes sindicales asesinados en los últimos 4 años. · 2 millones 500 mil desplazados internos. · 4 millones de desplazados en el exterior. Y cuenta con  · 180 000 militares. · 120 000 policías. · 600 000 retirados de las fuerzas armadas (empresas de seguridad). · 10 000 paramilitares. · 100 000 reservistas (llamados por Uribe). · 20 000 nuevos paramilitares. · 1 millón de informantes ("sapos") a ser reclutados

            Álvaro Uribe, actual presidente del país, intimamente vinculado al paramilitarismo (su padre fue asesinado por las FARC y juró vengar su muerte) y responsable directo del genocidio que se está cometiendo en Magdalena Medio y en todo Colombia, permite que se continúe con la fumigación insesante de estas tierras. Constantemente sobrevuelan el área aviones que antes de lanzar el glifosato sobre la floresta, ametrallan la zona a mansalva, con el supuesto y ya trillado pretexto de “combatir al terrorismo”, repartiendo lluvias de balas de plomo directamente sobre la población, sobre los niños, hombres y mujeres que están es sus campos, en sus casas. Después de esto, continúan fumigando las tierras con glifosato y Roundup, agroquímicos de amplio expectro, producidos por las multinacionales norteamericanas Dow Chemical y Monsanto que tienen el monopolio de sus ventas. Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno". Según afirma el Dr. Jorge Kaczewer, de la Universidad Nacional de Buenos Aires: los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos.” Así, el glifosato, de la mano del Roundup, producen toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos, esto basándonos en pruebas realizadas en laboratorio, donde no se tiene en cuenta la posibilidad de fumigación directa de los seres humanos.

            Las fumigaciones se realizan mayormente sobre la base alimentaria de la población: se ha comprobado a través de la verificación de las tres fumigaciones anteriores que por cada hectárea de coca fumigada son asperjadas 4 de cultivos de pancoger (datos provenientes de la ACVC). Incluso los proyectos de desarrollo de la Asociación de Campesinos, financiados por la Unión Europea y destinados a sustituir el cultivo de coca, han sido fumigados. Los campesinos manifiestan dolores de cabeza, vómitos, diarreas, intoxicaciones, afecciones en la piel, que se presentan luego del paso de los aviones fumigadores. En Yanacué tuvimos la oportunidad de conocer a Emanuel. Emanuel tiene 50 días y todo su cuerpo zarpullido por los efectos del glifosato. Con 50 días de vida ya fue envenenado por su propio ejército; vive frente a un río cuyas aguas también han sido contaminadas por este agrotóxico, al igual que las tierras que su papá siembra sierra adentro.

            La diferencia entre un terreno “sano” y uno afectado es abismal. A simple vista se ven en el camino cultivos completos de maíz muertos , yuca, bananos, coca quemados por el glifosato que dan al paisaje un tinte lúgubre. La situación de los campesinos se torna en ese momento extremadamente complicada; todo lo que ellos tienen para subsistir, incluyendo las gallinas, peces y otros animales, fue arrasado, con lo que no tienen forma de garantizar la comida para sus hijos.

            Allí es cuando el plan de Uribe comienza a dar resultados. Muchos campesinos se ven obligados a migrar, a desplazarse a las ciudades más próximas a formar parte de los crecientes sectores excluidos, asentándose en las periferias en una situación de total pauperización e informalidad.

 

           

            Las tierras que los campesinos abandonan son ocupadas por los sectores del poder, ya sean paramilitares ligados al “narcolatifundio”, sectores asociados al Estado o a las multinacionales que operan en conjunto con el resto de los grupos.  Estas tierras pasan a producir sobre un modelo extensivo asociado al mercado externo, poniendo así en jaque la soberanía alimentaria de Colombia, que desde la implementación de las políticas neoliberales vio aumentar en un 700% las importaciones de alimentos. Así, de esta forma, se reproduce el modelo excluyente de tenencia de la tierra que beneficia al 3% de los productores con el 70% de la superficie, mientras que el 57% de los campesinos posee apenas el 3% de los terrenos para cultivar.

            Este proceso de desplazamiento de los campesinos que ha afectado a casi 3 millones en los últimos 30 años tiene una característica especial, que es su invisibilización. Al producirse en forma constante, pasa desapercibido para importantes sectores de la sociedad que no perciben su real importancia, su complejidad y las implicancias sociales, económicas, culturales, políticas y territoriales. 

            Pero además estos desplazamientos son funcionales a la reproducción del sistema, porque al engrosar el número de desocupados de las ciudades se garantiza mantener a un costo muy bajo la mano de obra y en forma simultánea muchos de los jóvenes que se ven subsumidos en esta situación de marginalidad ven en las Fuerzas Armadas, así como en los grupos paramilitares un espacio de supuesta inclusión que les permitiría romper el círculo de la pobreza.

 

            En el mapa se puede observar como los principales flujos migratorios se dirigen tanto desde el campo hacia pequeñas ciudades cercanas, como hacia la capital, Bogotá, que vio crecer enormemente su periferia debido a los desplazamientos forzados.

            El desplazamiento de los campesinos, acción previa al fin último de apropiarse de estas ricas tierras, es impulsado también por el terrorismo, por la guerra sucia que el Estado está llevando a cabo por medio del paramilitarismo. Estas fuerzas de ultraderecha fueron conformadas durante la década de los 80, dentro de una estrategia general contrainsurgente de los Estados Unidos, que incluyó por ejemplo el financiamiento y organización de los “contras” nicaragüenses y salvadoreños. Estos grupos paramilitares, que se denominan “Autodefensas Unidas de Colombia”(AUC), forman parte de un aparato “paraestatal” impulsado por las Fuerzas Armadas y los organismos de Seguridad del Estado colombiano. Realizan el “trabajo sucio” de este plan, acompañados por el gobierno nacional y los sectores ligados al narcotráfico. En la región de Magdalena Medio, se encuentran presentes hace más de 20 años, pero desde el año 2000 Barranca Bermeja, la ciudad cabecera y donde está ubicada la refinería más grande del país, se encuentra bajo control paramilitar, percibiéndose su presencia en la atmósfera. En esta ciudad, son constantes las desapariciones y los asesinatos, el temor está allí, en las calles, generando el miedo constante de quienes viven allí y se saben amenazados y vigilados. Sólo en lo que va de este año, más de 1.000 personas fueron desplazadas de Barranca Bermeja y  90 personas fueron asesinadas.

           

               En el campo es donde se lleva a cabo el enfrentamiento entre las guerrillas, que actualmente controlan este territorio, y los paramilitares, que intentan apropiárselo. Resulta confuso distinguir entre el ejército y el paramilitarismo ya que, como cuentan los propios campesinos, son las mismas personas que sólo se intercambian el brazalete según la actividad que vayan a realizar. Las bases de los “paracos” están junto a las de las Fuerzas Armadas, así como los retenes que disponen a lo largo de los caminos.

            Los paramilitares son los que llevan el terror a estas tierras; ellos queman pueblos (un caserío, paradójicamente llamado Paraíso fue incendiado en cinco ocasiones, por ejemplo), asesinan a campesinos cuyos cuerpos muchas veces aparecen más tarde flotando en el río, realizan desapariciones selectivas de líderes comunitarios, etc. Estas masacres son acompañadas por un bloqueo económico y sanitario. Por medio de retenes en los caminos de acceso a los caseríos, controlan la mercadería que la gente lleva desde los poblados. Sólo les permiten pasar un máximo de $100.000 (unos U$D 50) cada 15 días y de ciertos productos establecidos, decomisando (robando) el supuesto “excedente” que iría a alimentar a la guerrilla. Lo mismo sucede con los medicamentos, donde por ejemplo se les prohibe  a los productores comprar el antídoto para las picaduras de serpientes, corrientes en la región, ya que supuestamente estos animales solo atacarían a guerrilleros...Se trata de una estratégia más de asedio y persecusión  a los campesinos, ya que es conocido por todos que la guerrilla tiene otros canales para su normal abastecimiento, sin la necesidad de recurrir a los pobladores.

            Así, los campesinos, acorralados por el Estado, las fumigaciones, los asesinatos, el bloqueo económico y sanitario y la constante presión de los grupos económicos para que les vendan sus tierras, se ven totalmente presionados a desplazarse, a abandonar la zona.

            En el caso del Valle del Río Cimitarra, la población suele dirigirse en primera instancia hacia Barranca Bermeja, pero dado que se trata de una ciudad controlada por los paramilitares, ésta es expulsora neta de población, que busca refugio en Bogotá y otras grandes ciudades.

            Estas tierras son luego apropiadas  ya sea por estos grupos ligados al poder, por los paramilitares, por la oligarquía ganadera o por narcotraficantes que los continúan usando como base para el lavado de dinero.

            La utilización del suelo que los mismos realizan es antagónica a la economía campesina. Se trata de la incorporación de estas tierras al modelo vigente, utilizándolas ya sea para la ganadería extensiva, la extracción de maderas, minerales o cultivos de exportación que dependen totalmente del “paquete tecnológico” que incluye agrotóxicos, transgénicos y maquinaria que reemplaza la mano de obra campesina.

            Así, la lucha que aqui se está dando es una lucha por la territorialización de uno u otro modelo. Un modelo excluyente que enriquece aún más a los ya ricos y una economía campesina de subsistencia, que produce coca porque actualmente no existe otra manera de obtener el ingreso suficiente para solventar a sus famílias.

 

            ¿Qué propone el Estado? El Estado colombiano, mediante el Plan Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo, proponen sustituir las plantaciones de coca por la palma africana, cacao, caucho o maderables. Por medio de lo que ellos denominan “alianzas estratégicas” los campesinos deberían unirse a los grandes empresários y terratenientes para así generar supuestos “polos de desarrollo”. Esta experiencia, que ni siquiera es propia ya que es copiada de Malásia, Tailandia e Indonésia, ya ha demostrado allí las terribles consecuencias ecológicas, culturales y étnicas.  Se trataría de incorporar a los campesinos en los cultivos de uso legal, pero sin modificar en absoluto su situación de marginalidad, sin cuestionar el status quo vigente, una discusión que se hace cada vez más necesaria y urgente en este país. Un modelo minero llevado a la producción agropecuaria que garantiza la exportación basada en las riquezas de la tierra y en la mano de obra barata;  siniestro binômio que ha signado la historia de nuestro espacio.

            Al igual que ocurre en Bolívia con los Planes de Desarrollo Alternativo, se trata de importantes fondos que vienen del exterior, que se dilapidan mayormente en una estructura burocrática verticalista y de los que a los campesinos solo llega una Idea acabada, ajena a ellos.

            Pero en este caso, los campesinos han avanzado en la construcción de proyectos alternativos propios, coherentes con sus lógicas de producción y con la Idea vertebradora de no abandonar las tierras, que se ha transformado en una lucha por si misma.  Desde 1994, y luego de intensas protestas, se estableció en la Ley 160 la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como áreas destinadas a fomentar y estabilizar las economías campesinas de los colonos, así como a evitar la concentración de las tierras. Con los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria y la estabilización socioeconómica en estos territorios, mediante la titularización de las tierras  y la imposibilidad de su venta, el Estado estaría así “luchando contra la latifundización y los desplazamientos”. Las ZRC, que llevan más de 10 años de aprobadas por ley, pero que recién están comenzando a implementarse ahora, continúan siendo uno de los principales motivos de lucha de los campesinos, que no se conforman con su sola declaración, sino que reclaman por una política fuerte y coherente por parte del Estado para que estas reservas lleguen a cumplir su verdadero objetivo.

            Además de esto, la ACVC ha llevado a cabo en medio de esta guerra sucia y contra infinitas trabas, sus propios proyectos dentro del Plan de Desarrollo y de Protección Integral. Se trata de proyectos productivos y sociales, financiados por diversos organismos, que buscan impulsar el desarrollo de la región evitando los cultivos de uso ilegal y tomando como protagonistas del mismo a los propios campesinos. Si bien muchos de estos proyectos han tenido resultados exitosos, como la cría de búfalos y otros animales, en forma constante chocan con el nefasto accionar del ejército, de los paramilitares y del Plan Colombia en general, situación que ha llegado a puntos tan extremos como el asesinato de compañeros impulsores de estos proyectos, así como el atentado constante y sistemático contra los mismos, que ha incluido la fumigación de los proyectos alternativos, el saqueo de la cooperativa y hasta el intento de secuestro de los búfalos por parte de miembros del ejército.

            Pese al terrible y constante boicot, los campesinos continúan luchando y organizándose para que estas iniciativas salgan adelante y les permitan mantenerse en este espacio, no sólo resistiendo, subsistiendo, sino de una forma estable, que garantice su continuidad en el lugar. Es vergonzoso, irritante, violento, ver como el Estado colombiano se encuentra comprometido en este siniestro proyecto de parareforma agraria. Mientras en toda América Latina el conflicto por la tierra se plantea como urgente la necesidad de redistribuir las tierras para quienes las trabajan, aquí se está perpetrando, desde los sectores de poder, una contrareforma, que por el contrario profundiza su concentración y de su mano, un modelo de desigualdad extrema. Es tan terrible este modelo que se busca concretar como los siniestros métodos que para ello se están utilizando. Es el Estado mismo envenenando a “su” gente, es el Estado mismo masacrando a la población, un Estado que por medio del gencidio busca apropiarse de territorios.

            Sin embargo, el espacio configurado desde “arriba” no es el único espacio posible ni es el espacio que queremos. Allí están los campesinos sosteniendo una lucha que es a su vez una lucha por su sobrevivencia y una lucha por cambiar el mundo, y es que se trata de la misma lucha, porque el mundo que queremos cambiar es este en el que nos desenvolvemos cotidianamente, es un mundo un espacio del que nosotros somos protagonistas, y así como participamos de su construcción, tenemos la posibilidad constante y diaria, de transformar.

 


Bibliografia:

Porto Goncalves, Carlos Walter: “Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad”. Siglo XXI editores, México, 2001.

Rigoberto Rueda Santos; “Notas para la lectura del conflicto político, social y armado en el Magdalena Medio”. Ponencia presentada en el Encuentro nacional e internacional. Coca, derechos humanos y conflicto en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Vereda Puerto Matilde, 29 de julio a 1 de agosto de 2004

 

www.rebelion.org Patricia Santa Lucía.La política de tierra quemada de Uribe en Colombia”.

Jorge Kaczewer. “ Toxicología del Glifosato: Riesgos para la salud humana”