Loable la decisión del presidente Uribe de devolver la Ley Forestal al Congreso.  Abre la oportunidad de tratar el tema con amplitud y admitiendo las características propias del territorio nacional.  Colombia es un país  que  requiere diferenciar tajantemente entre bosque y selva y, en consecuencia, aprobar no una sino dos Leyes, la de los bosques y la de la selva.

El bosque es plural y variado. El bosque natural, se da en cualquier parte, en núcleos o en galerías acompañando esteros como en la Orinoquia.
El bosque sembrado o antrópico, puede estar destinado a recreo o a industria para producir madera de uso interno y de exportación. El bosque reclama una ley propia que  promueva su cultivo extenso. Así hicieron países madereros como Canadá, Finlandia y Chile que muestra el antiguo modelo de Cooperativa Pinera de Cholguán.

La selva es singular, única y natural.  Es potencia vegetal, densa y prístina de la naturaleza. Ocupa el cinturón ecuatorial de la Tierra. Su ámbito suramericano está en la Amazonia y el Chocó. Hoy sabemos que la selva no es sólo pulmón del mundo, es corazón planetario; produce energía elemental que mantiene el equilibrio ecuménico. En tales condiciones, si la humanidad quiere sobrevivir, mantendrá la selva como está, no la talará, la cosechará. La selva reclama una ley propia y específica  que la proteja. Hay que formularla.

La cuestión forestal en ambos casos, bosque y selva, se relacionan con el agua. Su caudal disminuye en el mundo al tiempo que las leyes del mercado la capturan convertida en bien transable. En Colombia "el deficiente conocimiento, malgasto y polución del agua es una realidad", (Alberto Lobo-Guerrero). Los paperos, en Zipaquirá y Cogua, conspiran contra el agua con sus siembras en los páramos. Los avicultores, en Charalá y Curití, invaden indebidamente áreas de bosques productoras de agua. La ley debe amparar selva, otra ley debe amparar el agua como patrimonio inalienable e imprescriptible de la nación.

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