"El homicidio de 29 personas en la Baixada Fluminense es una de las consecuencias de una estrategia de seguridad pública que ha abandonado a los ciudadanos más pobres del país y condenado a todos los brasileños a la delincuencia y la violencia," ha declarado Tim Cahill, investigador de Brasil de Amnistía Internacional, en la presentación de un informe sobre la seguridad pública en este país.

El informe, titulado Brasil: "Entran disparando". La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas, concluye que la única forma de abordar la violencia y la delincuencia en todo el país es mediante un nuevo plan de seguridad que se centre en cuestiones como la prevención de homicidios, la aplicación de la justicia y el control de las armas pequeñas.

A tenor de las conclusiones de AI, lejos de reducir la delincuencia, las políticas discriminatorias de seguridad pública han concentrado la violencia delictiva y las violaciones de derechos humanos en los barrios marginales de Brasil.

"A pesar de que los residentes de las comunidades pobres de Brasil tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de delitos violentos, las autoridades federales y estatales invierten muy poco o nada en su protección. La asignación de los presupuestos destinados a la seguridad pública se viene haciendo basándose en la represión y la discriminación, lo que ‘criminaliza’ de hecho a las comunidades pobres en su conjunto", prosiguió Tim Cahill.

"Los pobres de los principales centros urbanos de Brasil piden a gritos la protección del Estado y lo que suelen recibir, cuando reciben algo, es agentes de policía violentos y corruptos. La seguridad basada en la división social y la represión no traerá la paz que reclama la población." La ausencia de una política de seguridad pública eficaz no sólo ha decepcionado a las comunidades pobres, sino también a la policía. Muchos agentes de policía consideran que el envío a una favela es un castigo.

Los policías que trabajan en los barrios marginales de Brasil suelen tener una formación deficiente y pocos recursos, y las operaciones de tipo militar les hacen correr un elevado riesgo de sufrir ataques de bandas de delincuentes y facciones del narcotráfico. Sólo en el 2004 murieron 52 policías en acto de servicio en Río de Janeiro.

AI reconoce que el gobierno federal ha hecho algunos esfuerzos para abordar el vacío que viene siendo la política de seguridad pública, mediante la creación del plan nacional de seguridad pública y los esfuerzos para desarmar a la población. La organización también ha visto que, en el ámbito municipal, las inversiones sociales eficaces combinadas con proyectos de seguridad comunitarios se han traducido en reducciones notables del número de homicidios.

"Los objetivos políticos y económicos a corto plazo no pueden seguir justificando la negligencia de los sucesivos gobiernos en esta área. Las autoridades deben abordar a todos los niveles la destrucción de una generación de jóvenes brasileños y la división social cada vez mayor que afecta a Brasil."