“Fortalecer a la estatal ENARSA”

Con un barril en alza se reaviva la discusión sobre exploración, explotación y reparto de utilidades.

El retiro de la francesa Suez de Aguas de Argentina en Buenos Aires, la rehabilitación judicial de la audiencia pública por el sistema tarifario eléctrico mendocino, el cierre del acuerdo del Gobierno Nacional con Edenor (ya sin Electricité de France) con aumentos “selectivos” de tarifas y sin demanda en el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) y las versiones sobre una “reargentinización” de Aerolíneas Argentinas (cuyos últimos tres balances no han sido aprobados) acompañaron en los últimos días a la polémica -ya permanente- en torno al rol del Estado en el área de los servicios públicos o de la producción de “bienes estratégicos” como el petróleo.

Aquí aparecen -por cierto- puntos de vista ampliamente divergentes entre quienes consideran que el poder público debe limitar su rol a la fiscalización y al control de explotaciones privadas y quienes apoyan un regreso del Estado a las tareas productivas.

Gustavo Adolfo Calleja fue subsecretario de Combustibles de la Nación y uno de los ideólogos del Plan Houston, mediante el cual el gobierno de Raúl Alfonsín intentó aumentar las reservas de petróleo, a través de un asocio entre el Estado y las petroleras multinacionales.

En los últimos días, Calleja estuvo en Mendoza y habló en el ciclo Legislatura Abierta, adoptó una postura definidamente favorable a la participación del Estado en la explotación de los hidrocarburos. Su propuesta de considerar “nulas” a la mayor parte de las concesiones petroleras reavivó una discusión que nunca terminó de cerrarse entre las posturas contrapuestas de Frondizi e Ilia y dejó abundante material para alimentar la polémica aún existente.

La exposición

Calleja destacó que “Argentina es casi el único país que no tiene la explotación directa de su petróleo a través de una petrolera estatal, como tienen Venezuela, México, Brasil o Chile. El Estado en nuestro país se retiró de la planificación, del control y de la explotación directa y -durante la década del noventa- se volvió al viejo contrato de concesión, en el que el concesionario -aún siendo un inquilino de la reserva- decide cuánto saca y a quién le vende”, manifestó. “Este tipo de contratos murieron en el año 1980. El último fue el de Aramco en Arabia Saudita, cuando esta empresa se convirtió en la petrolera de ese país. El contrato que impuso Carlos Menem, sobre la base de la argumentación de Roberto Dromi y la gestión de Julio Aráoz, no existe en ningún lugar del mundo: separó la exploración de la explotación, y Argentina se “permitió” una explotación intensiva que depredó los yacimientos, sin la condición previa de que se debía invertir en exploración antes de acceder a la explotación. Por eso siguen cayendo las reservas y hoy sólo hay existencias para cuatro o cinco años más. Corremos el riesgo de convertirnos en importadores de petróleo. Y en gas sucede lo mismo, porque tenemos reservas detectadas sólo para ocho o nueve años”, subrayó Calleja.

“Las concesiones vencen en el año 2017, salvo algunas con prórrogas -para mí- ilegítimas, como la de Loma de la Lata, en Neuquén. Estas concesiones se han obtenido transgrediendo la Ley de Hidrocarburos y la de Reforma del Estado, ya que se modificaron por decreto y éstos, a su vez, por resoluciones. Los decretos de Dromi-Aráoz impusieron un modelo de mercado que emparejó el precio de la Argentina con los valores internacionales. Un capítulo que se llama “eliminación de restricciones”, lejos de favorecer la competencia eliminó la prohibición de acumulación de más de cinco contratos de concesión, establecida en la Ley de Hidrocarburos de 1967. Esto permitió la libertad de acumular y por eso actualmente hay nueve empresas que manejan más de 20 concesiones cada una. Ni qué hablar de Repsol que concentra mucho más. Todos ellos manejan el 90% de la producción de petróleo y de gas y forman una especie de oligopolio buscado. Hemos creado un monstruo privado”, manifestó.

Houston mejorado

“Mendoza es la mejor provincia de federalismo acendrado en la defensa de sus recursos, y ante la situación de que la renta petrolera se esté yendo para afuera, yo recomendaría acordar entre la Nación y la Provincia quién se queda con la renta petrolera o cómo se la reparten entre sí y con las empresas que se queden prestando servicios. Pero las concesiones a las que se llegó por irregularidades, por reconversión de contratos expresamente prohibidos -ya que la reconversión de Dromi violó la ley- y las empresa que tengan más de cinco áreas, se encuentran en una situación insanablemente nula. Los que están en infracción deben devolver esas áreas para que las comience a administrar la empresa estatal ENARSA. Hace falta, sí, una nueva ley de hidrocarburos que expresamente permita al país y a las provincias recuperar la renta que se están llevando sólo las empresas privadas. Estamos hablando de una renta de 10 mil millones de dólares al año, que equivale a la tercera parte de los gastos totales de la Nación (90 mil millones de pesos). Es la plata que antes entraba a la república e iba a parar a obras de infraestructura. Es la plata que permitió a la Nación construir la red vial nacional u obras hidroeléctricas como Los Nihuiles, en Mendoza; o la red de oleoductos y gasoductos del país. La pérdida de la renta petrolera por parte de la Nación ha ido paralela a una caída en el ritmo de construcción de obras de infraestructura, salvo las que se han hecho por peaje, como fruto de una privatización a costa de mayor endeudamiento externo”, dijo.

“De Figueroa Alcorta hasta Alfonsín no se entregó la renta petrolera, que comenzó a irse con Menem. Los impuestos específicos existentes en la compra de nafta (desde el presidente Justo con Vialidad), o los fondos energéticos (con Perón y Agua y Energía), más los que acompañaban a Gas del Estado, permitían la captura de esa renta y posibilitaban la construcción de toda la red de infraestructura troncal nacional y provincial”, manifestó.

“Todos los gasoductos troncales, y aún la red que llega a nuestra casa, los pagó YPF estatal”, enfatizó.

Calleja sugirió seguir el modelo actual de Venezuela, que se centra en la captación de la renta petrolera mediante contratos “Houston mejorado” en los que el Estado se queda siempre con el 50% de los beneficios de la explotación y el otro 50% va a las empresas privadas que previamente han corrido el riesgo de la exploración y han logrado resultados positivos.