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Asunto:NoticiasdelCeHu 1346/05 - Nuevas tendencias De urbanización y medio am biente en la ciudad de Buenos Aires: de la Villa Costane ra Sur Rodrigo Bueno en la Reserva Ecológica y la Urba nización Santa María del Plata en tierras de la ex C iudad Deportiva de La Boca
Fecha:Jueves, 13 de Octubre, 2005  17:05:26 (-0300)
Autor:Centro Humboldt <humboldt @...........ar>

NCeHu 1346/05
 

Nuevas tendencias De urbanización y medio ambiente en la ciudad de Buenos Aires: de la Villa Costanera Sur Rodrigo Bueno en la Reserva Ecológica y la Urbanización Santa María del Plata en tierras de la ex Ciudad Deportiva de La Boca

Por Daniela Szajnberg,

Laura Pesce

y Gabriela Sorda

 

Presentación

 

Tras más de una década de políticas neoliberales y un contexto mundial sesgado por los procesos de globalización y reestructuración económica, Buenos Aires podría ser considerada como una ciudad “testigo” en cuanto a las transformaciones ambientales y socio-espaciales sufridas por las principales urbes de América Latina. Una de las problemáticas agudizadas es la del crecimiento del hábitat precario, la profundización de la segregación socio-territorial y una interacción socio-ambiental “antropofágica”. Esta ponencia aborda el caso de un nuevo asentamiento localizado en terrenos pertenecientes a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, llamado Rodrigo Bueno en honor al popular cantante “cuartetero” cordobés. La misma ocupa aproximadamente dos hectáreas y media[1] de uno de los principales espacios verdes de uso público con que cuenta la CBA. Su ubicación dentro de la Reserva Ecológica, su proximidad con urbanizaciones de alto estándar como la de Puerto Madero y el proyecto Residencial Santa María del Plata que se ubicaría en la isla de la ex Ciudad Deportiva de la Boca, aledaña al asentamiento, y los residuos contaminantes descargados al Río de la Plata entre la Reserva y el futuro emprendimiento inmobiliario, generan todo tipo de tensiones entre los agentes inmobiliarios, las organizaciones ecologistas, y las distintas áreas gubernamentales que también accionan con políticas contradictorias entre sí.

Categorías teóricas como “producción, uso y apropiación del espacio urbano”, “hábitat formal e informal”, “valorización diferencial” y “segregación socio-espacial” contribuyen a explicar el deterioro del espacio residencial de los grupos más perjudicados por las políticas de ajuste y desregulación de los noventa, exaltándose, al igual que en otras ciudades metropolitanas latinoamericanas, el contraste entre los sectores urbanos “perdedores” y “ganadores” por causa del impacto desigual e inequitativo del proceso de globalización. Incremento del déficit habitacional, conflictos por el aumento de la brecha entre sectores socioeconómicos extremos, y el retroceso del Estado en la producción de vivienda de interés social y en la asignación de tierras para políticas habitacionales, han sido los fenómenos que promovieron nuevas dinámicas de ocupación de inmuebles y producción de soluciones habitacionales informales como este caso de estudio, que suelen ubicarse en terrenos que el mercado deja vacantes por condiciones ambientales y connotaciones sociales negativas. Finalmente, se identificarán los mecanismos de producción y las nuevas configuraciones espaciales del hábitat precario en cuestión, analizando las lógicas de ocupación de este suelo urbano, la interacción entre el medio biofísico y la organización social y los procesos de segregación a escala urbana e intra-barrial, aportando información actualizada integrada y reflexiones propositivas.

 

Crónica del proceso de producción formal e informal del espacio urbano del borde costero Retiro - Puerto Madero - Costanera Sur

 

El impacto de la globalización sobre el territorio de la CBA coincide en varios aspectos con el de otras  mega-ciudades latinoamericanas: “la producción simultanea de espacios cada vez mas especializados y estratificados sobre una estructura económica desigual, así como la reorganización de los centros urbanos alrededor del consumo, estaría reemplazando al crecimiento metropolitano en manchas de aceite  o tentacular, por uno mas fragmentado, en islas, acentuándose la segregación socio-espacial existente y la constitución de ghettos” (Mignaqui, 2003). El borde costero -ver Lámina N° 1- de la ciudad de Buenos Aires (CBA) es paradigmático de los efectos de esos procesos que se desencadenaron durante la década de los noventa, ya que además de la acción del mercado, actuó en la transformación de ese territorio, el Estado Nacional como promotor de obras de recuperación y renovación urbana mediante la instrumentación de decretos y leyes que desafectaron tierras e inmuebles públicos de áreas portuarias y ferroviarias, incorporando valiosas hectáreas al mercado inmobiliario[2]. “Tanto Puerto Madero como Retiro (proyecto aprobado, aún sin inicio de obras) que se localizan sobre una de las áreas más rentables de la metrópolis, área central y borde costero de la ciudad de Buenos Aires, fueron emprendimientos urbanísticos lanzados por el gobierno nacional a principios de los `90, cuando Buenos Aires aún dependía del mismo, y su intendente era elegido por el Presidente de la Nación. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta 1996 continuó con la lógica impuesta por el nivel nacional, generando a través de las modificaciones a las normas del uso del suelo e indicadores urbanísticos, las condiciones materiales, administrativas y jurídicas para que el capital privado logre su realización” (Mignaqui, 2003). Acompañando tendencias históricas del mercado inmobiliario local, en cuanto a las localizaciones del corredor norte y el área central, ese modelo de producción del espacio urbano, se materializó con el proyecto de renovación y refuncionalización de Puerto Madero, basado en experiencias europeas de recuperación de frentes costeros urbanos con usos industriales perimidos.

Si bien la Constitución Nacional es clara en cuanto a otorgar facultades sólo al Congreso de la Nación para disponer el uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional[3], por Decreto N° 1279 de 1989 el Poder Ejecutivo Nacional –PEN- creó la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y le transfirió la fracción de tierra ubicada entre las avenidas Córdoba, Eduardo Madero, Ingeniero Huergo y Brasil. Uno de los fines de la Corporación, formada por el Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires –MCBA -, es la venta o locación de esas tierras. El Decreto N° 602 de 1992 ordenó que los inmuebles del Estado Nacional ubicados entre la calle Salguero, Río de la Plata, continuación de la Av. Córdoba y Av. Eduardo Madero, Ramos Mejía, Av. Del Libertador y Av. Presidente Figueroa Alcorta, pasaran a jurisdicción de la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, autorizada a vender, concesionar, permutar o arrendar los mismos. Así, gran parte de las estratégicas tierras públicas de la zona Retiro hasta el Puerto fueron vendidas al mercado[4]. Esta asignación de tierras públicas al mercado, ya tenía un antecedente en el borde costero de la cuidad, cuando en 1965 fue donada al Club Atlético Boca Juniors, una fracción de tierra en forma de islas de 40 hectáreas[5], resultantes del relleno del Río de la Plata. Con el paso de los años se sucedieron diversas ordenanzas en beneficio del club, que los eximía de las obligaciones previstas, y que ampliaban el área a 59 hectáreas, incluyendo algunos canales (la misma crecía por sedimentación de las bajantes del río). Este modelo de urbanización y de gestión de tierras públicas, continúa con el proyecto de la empresa desarrolladora IRSA[6] de construir sobre el predio de la ex Ciudad Deportiva de La Boca (CDB) una nueva urbanización, que presenta la configuración de un barrio exclusivo y con marinas. Estas tierras tienen una larga historia entre el sector público y el privado, muchas veces reñida con el marco constitucional, que determina que la enajenación de tierras públicas es una facultad legislativa. El crecimiento del terreno donado para beneficio privado, se acrecienta cuando en 1992, se promulga la ordenanza para regularizar el trazado del predio[7], según la cual se le otorgaron normas urbanísticas de subdivisión, tejido, ocupación y uso, con una superficie para entonces de 71 hectáreas, destinados a la localización de grandes equipamientos urbanos, permitiéndose edificaciones con tipología de perímetro libre y hasta computando la superficie de los canales de agua para el cálculo el volumen edificable. Ese año las tierras fueron adquiridas por Santa María del Plata SA, por 21 millones de dólares, una cifra irrisoria por tratarse de terrenos ubicados a 10 minutos del centro económico, financiero e institucional del país. En 1995 se organizó el “Concurso Internacional de ideas para la urbanización del predio de propiedad de Santa María del Plata SA ubicado en la Costanera Sur CBA”, con el fin de diseñar un complejo con equipamiento hotelero, centro de exposiciones, viviendas, oficinas y recreación náutica. En 1997 el predio fue adquirido por IRSA por 51 millones de dólares[8], es decir a razón de 72 dólares por m²,. De esa operación, el 10% pertenecía a IRSA y el 10% al Banco Medefin, albergando ambos perspectivas de desarrollo de largo plazo que dependían de la decisión del Comité Olímpico Internacional, porque Buenos Aires se postulaba como sede de los Juegos Olímpicos del año 2004 y esas tierras estaban propuestas para la Villa Olímpica[9]. Este proyecto fue desestimado a raíz del retiro de la candidatura por la crisis institucional y financiera de Argentina del año 2001, que posicionó al país en la mira internacional, como de alto riesgo no sólo para la realización de inversiones, sino también a nivel de inseguridad social e institucional.

Dos años más tarde, luego de un dificultoso proceso de restauración institucional y política local y de reinserción de la Argentina en la economía mundial, volvieron a movilizarse capitales de inversión, entre ellos los vinculados al mercado inmobiliario y la industria de la construcción. El proyecto inmobiliario de los terrenos de la (CDB) ubicados frente a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur había quedado inconcluso, y sus agentes promotores lo reactivaron. A pesar de quejas de organizaciones ambientalistas y vecinos, el 3 de Julio de 2003 se autorizó en Audiencia Pública, mediante Resolución 1004, el proyecto "Urbanización Santa María del Plata" –USMP- presentado por IRSA (complejo hotelero, comercial, cultural y deportivo, y con torres de viviendas, incluyendo la apertura de canales internos y espejos de agua, la creación de espacios verdes públicos y privados y boulevares, con un costo estimado en 500 millones de dólares). IRSA cedería al dominio público 192851 m² (27% de la superficie  total), de los que 125599m² se destinarían a parques. Cabe señalar, que además de ubicarse en el margen frentista a la Villa de Emergencia de la Reserva Ecológica, está ubicada en la margen opuesta a la Usina Termoeléctrica Central Costanera, de la que hasta la fecha se conoce que entre otros impactos negativos, produce un significativo calentamiento de las aguas del río, que incluso habría sido contemplado como posibilidad de fuente energética para el calefaccionamiento del emprendimiento. Por otra parte, se las normas recomiendan establecer usos residenciales lejos del alcance de las radiaciones de este tipo de equipamientos. No obstante, los desarrolladores de la USMP ven amenazada su rentabilidad sólo por la existencia del asentamiento precario establecido del otro lado del canal, el cual representa la contracara del mismo proceso de  globalización del que, por una parte, IRSA se vio beneficiado como tantos otros agentes desarrolladores inmobiliarios, y por la otra, una gran mayoría de la población quedaba afuera de las condiciones mínimas de subsistencia. Es que la concentración de capital acontecida durante los noventa, implicó un  proceso paralelo de mecanismos de ajuste, desvalorización salarial y flexibilización laboral, que devastó a los sectores socioeconómicos más bajos, los que sufrieron, además de la pérdida de empleos, la desinversión pública en producción de vivienda e infraestructura asociada, lo que consolidó y profundizó el espacio residencial del tipo villa de emergencia y hoteles y conventillos tugurizados[10]. Dos años después, el Decreto Nº 1737/94 del PEN instruyó a Ferrocarriles Argentinos para la desafectación y relocalización de las instalaciones y tendidos ferroviarios de la Terminal Retiro, para destinar el 35% de esas tierras a usos privados y el 65% a usos públicos. La concreción de este marco normativo nacional, encontró eco en la reforma al Código de Planeamiento Urbano –CPU- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)  en el 2000. Estos hechos ponen de manifiesto que un aspecto importante de los acuerdos entre la ex MCBA prosigue luego con el GCBA[11], por lo que se avanzan proyectos sobre la base de operaciones de compra y venta de tierras públicas estratégicamente localizadas, sospechadas en sus aspectos legales – institucionales y en el sentido de su aporte al bien común. Desde el Estado, en articulación con organismos colegiados de profesionales del hábitat, se instrumentaron propuestas de operaciones urbanas a partir de concursos públicos de Arquitectura y Urbanismo, como el de Retiro; también a través de la modificación de usos sobre esas tierras en sucesivas reformas al CPU. Más tarde, esas operaciones fueron puestas a consideración de la comunidad a través del Consejo del Plan Urbano Ambiental –CoPUA-, pero fueron duramente cuestionadas por organizaciones no gubernamentales y parte de los equipos técnicos del GCBA. Producto de este tipo de procesos entre el sector público y demás actores de la comunidad, es el reconocimiento de la histórica Villa 31 de Retiro, ubicada en la zona norte del borde costero. La Villa 31. Surgida por el proceso de industrialización de la década de 1930, sobrevivió con 40000 personas a la política de erradicación forzada de villas instaurada durante la última dictadura en los setenta, y cuenta actualmente con una población de aproximadamente 15000 personas. Implantada en los intersticios entre las vías de tren de la Estación Retiro y los terrenos del Puerto de Buenos Aires, la cruza la autopista Illia, y aún está sin resolver una parte de su traza. En proyectos de ingeniería vial se optó por hacerlo sobre el tejido de la villa, por lo que junto con el resto del proyecto de urbanización de Retiro, está paralizado hace años por la falta de acuerdo entre el sector público, el privado y los residentes de la villa, pero también por falta de inversiones propiciatorias. Es una villa muy consolidada, con casas de material de hasta 3 pisos, varios barrios internos con una organización social y política muy consolidada, con delegados por manzana elegidos democráticamente, una radio comunal, un mercado y un gran arraigo de sus habitantes. Su localización estratégica, hace a esos terrenos apetecibles para el mercado, más aún desde que la urbanización de Puerto Madero cambió la configuración socio-espacial de la zona. Por eso, el GCBA avanza relativamente más rápido en las acciones de urbanización del resto de las villas de la ciudad, que en el caso de la Villa 31, ya que aún no está decidido definitivamente su destino; pero a pesar de eso, la tiene en su agenda de obras públicas y políticas habitacionales, lo que no pasa con la Villa Rodrigo Bueno.

La Villa Costanera Sur, autodenominada Rodrigo Bueno, que es la otra villa existente en el borde costero de la CBA[12], ocupa 2,5 hectáreas reales de los terrenos  que luego del asentamiento  de las primeras familias, se convirtieron en la  Reserva Ecológica, al sur – sureste de Puerto Madero. A diferencia de la Villa 31, está ubicada hacia el sur y en las afueras del centro comercial, al amparo de una barrera verde que la esconde del resto de la ciudad. Allí no fue necesaria la construcción de un paredón para ocultarla como lo había hecho el último gobierno de facto en la Villa de Retiro, y creció sigilosamente a partir de los años ochenta, llegando a ser habitada por 2000 personas. La barrera verde esta formada por la Reserva Ecológica, los terrenos de la CDB, los de la Prefectura, la Escuela Nacional de Escultura Cárcova, y el Observatorio Naval, alejándola de los servicios urbanos como escuelas y hospitales, y hasta hoy, sólo dos líneas de colectivos llegan a la zona, que fuera de ellos no tiene otros habitantes permanentes. No obstante, esos terrenos han captado interés inmobiliario, además del de organizaciones ambientalistas, y han sido usados variados métodos para promover la erradicación de los habitantes.

Las características de exclusión, fragmentación y polarización social producto de la economía globalizada, tienen su correlato territorial en la franja costera de la CBA, pudiendo considerárselo como un “laboratorio” para el estudio de un fenómeno socio-territorial en el que conviven los mayores ganadores y perdedores del nuevo orden, siendo también este territorio, donde se están jugando los distintos conflictos de intereses en relación con la asignación de su destino, sea como área urbanizada o como espacio verde.

 

La Reserva Ecológica Costanera Sur: un espacio verde de escala metropolitana creado como consecuencia de las acción antrópica sobre la costa del Río d e La Plata

 

Desde el campo de la Ecología se sostiene que las ciudades y sus bordes representan los paisajes donde la actividad humana ha cambiado más profundamente los ecosistemas naturales y seminaturales, y los domésticos (agrícolo-ganaderos). “En ciudades costeras hay dos quiebres difíciles de superar en el enfoque ecológico de un aglomerado urbano y sus bordes: el de la interfase tierra – agua y el de la frontera entre la ciudad y el campo. El fenomenal cambio de flujos metabólicos y de paisajes que ocurre a través del proceso de urbanización crea inevitablemente efectos negativos en lo tres componentes del sistema: el acuático, el rural y el urbano” (Morello, 2001). Jorge Morello y Silvia Matteucci han acuñado el concepto de “huella del paisaje” para referirse a fenómenos ambientales como “neosistemas[13]”, “neogeoformas[14]”, “neoredes de desagüe superficial[15]”, “neosuelos[16]” y “ecosistemas residuales[17]”, que constituyen marcas en el paisaje biofísico alrededor de áreas metropolitanas. El concepto remite “al espacio de tierras y aguas convertidas en territorios improductivos, irreversiblemente, por efecto de la actividad urbana. La demanda directa o indirecta de la vida citadina ocasiona cambios de las propiedades estructurales y funcionales de los ecosistemas naturales y seminaturales circundantes, ecológicamente productivos, disminuyendo o anulando la capacidad de producir recursos naturales, materias primas y servicios ecológicos. A diferencia del concepto de huella ecológica, la del paisaje es contigua a la aglomeración, forma un halo alrededor de la ciudad y se reconoce por la impronta que deja en su territorio. Es un espacio muy dinámico, con las características de una frontera, en continuo cambio y avance” (Matteucci y otros, 1999).  La Reserva Ecológica Costanera Sur, ha surgido como resultado de acciones antrópicas en combinación con eventos naturales como el drenaje permanente de los flujos de los ríos afluentes al Río de La Plata, arrastrando en su trayecto especies vegetales y animales oriundas de las tierras ubicadas al norte del Delta de los ríos Paraná y Uruguay. Veamos brevemente la historia de esta nueva configuración del borde costero de la CBA, generada a pocas cuadras del centro financiero y administrativo de la ciudad en el último cuarto del siglo XX.

Sobre terrenos ganados al río, frente a lo que había sido el tradicional balneario popular a principios del siglo XX, y al lado de las tierras donadas por la Nación al Club Atlético Boca Juniors[18], su terreno se comenzó a formar a partir del año 1972, cuando se impuso un nuevo proyecto para la zona norte: ganar tierras al río frente al antiguo Balneario de la Costanera Sur[19]. Cuando las tierras fueron transferidas a la MCBA en 1978, comenzó su relleno[20], con un sistema similar al de los polders holandeses se construyeron terraplenes perimetrales con escombros provenientes de las demoliciones realizadas para abrir la traza de las autopistas urbanas. El agua encerrada fue desagotada a medida que el área fue rellenándose con sedimento extraído en el dragado del Río de la Plata. El proyecto incluía la creación de áreas verdes y la construcción de un “Centro Administrativo de la Ciudad”; esto último fue desestimado, aunque los trabajos de relleno y descarga de escombros continuaron hasta 1985, cuando fueron suspendidos[21]. A partir de entonces, se desarrollaron espontáneamente diferentes comunidades vegetales a partir de semillas presentes en el sedimento, transportadas por el viento o dispersadas por los animales. Como refugio y alimento, las plantas favorecieron el establecimiento de poblaciones animales. Actualmente existe una gran variedad de árboles, hierbas, arbustos y pastizales típicos del delta y la ribera rioplatense, lo que junto con las totoras y juncos que crecieron en las lagunas generaron el marco para el asentamiento y lo procreación de una variada fauna, en la que predominan las especies de aves típicas de las lagunas pampeanas, además de varias especies de peces, anfibios y reptiles, algunos mamíferos e innumerables insectos y otros invertebrados.

            A medida que crecía la diversidad biológica, el lugar empezó a convocar a amantes de la naturaleza y observadores de aves, ciclistas, estudiantes, y naturalistas. El 5 de Junio de 1986, el  Concejo Deliberante de la CBA, sancionó la Ordenanza Nº 41247, que declara Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica a los terrenos ganados al río en Costanera Sur, delimitados por la CDB, la prolongación de la calle Humberto 1º, el Malecón de Puerto Nuevo, la Av. Costanera Intendente Carlos Noel, la Av. Costanera Tristán Achával Rodríguez y el Río de la Plata[22]. Desde entonces, las necesidades ambientales y de esparcimiento de la población han confrontado con un modelo de gran fragilidad en su concepción, pero de extendida raigambre social. Sus mayores atributos positivos radican en su localización dentro del tejido urbano central con una buena accesibilidad, en la connotación del origen de sus comunidades vegetales y animales, y en su función de espacio social de carácter público para usos de esparcimiento, contemplación y educativos ambientales.

 

Origen y configuración espacial de la Villa Costanera Sur Rodrigo Bueno - ver Láminas N° 2 y 3 -

 

Origen y crecimiento: El asentamiento Rodrigo Bueno está situado sobre terrenos de la Reserva Ecológica, en la Costanera Sur.  En los mismos años que se consolidaba la legislación para crear la Reserva, se comenzaron a asentar familias en su margen sur. Según testimonios de sus habitantes, en el año 1986 vivían allí 30 familias; en 2003, según el censo oficial vivían 250 familias (600 personas) y actualmente se calculan 400 familias (2000 personas), en una superficie de 2,5 hectáreas (4 según habitantes) delimitada por la Av. Costanera Sur, el depósito de autos, el terraplén de la nueva bicisenda de la Reserva y el Arroyo.

Patrón de ocupación del suelo: El asentamiento está implantado bordeando el río frente a la CDB. Parte de estas tierras fueron ganadas al río por los mismos habitantes de la Villa. Su trama urbana se organiza en 4 manzanas articuladas por una calle de circulación peatonal 1,50 m de ancho, con un recorrido ondulante según las condicionantes del terreno y masas arbóreas ordenando la ubicación de las viviendas alineadas a ambos lados de la calle.  De esta calle principal salen pequeñas vías de circulación peatonal perpendiculares, en forma de L ó T.  La entrada a la Villa desde Av. España se realiza por una plaza de acceso enmarcada al fondo por 4 viviendas de 2 pisos que dejan entre ellas una pequeña abertura donde comienza la calle peatonal principal del asentamiento; este pequeño vacío y los muros bien consolidados de las casas al frente protegen y materializan la entrada a la villa.  En esta zona se encuentra el “centro comercial”  donde acuden, además de los mismos habitantes,  trabajadores aledaños (gendarmes, policías y y empleados judiciales).  En el fraccionamiento en manzanas rectangulares, se ubican filas de viviendas a ambos lados de la circulación peatonal principal, obteniendo las mismas doble ventilación. Las manzanas N° 1 y 2 están divididas por una pequeña calle transversal a la principal. La manzana N° 3 empieza con una irregularidad ascendente del (2,50m aproximadamente sobre  la manzana N°2).  La N° 4, presenta viviendas aneadas a un solo lado de la calle peatonal, ya que el otro está condicionado por el límite con la Reserva Ecológica, materializado con un alambrado y el terraplén de la nueva bicisenda.  En esta manzana la calle  principal se ensancha a 5m, y de ella se desprenden transversales bordeadas de viviendas hasta el río.

Configuración, implantación y características constructivas de las viviendas: Las viviendas alineadas generan un tejido continuo hacia la calle principal y están implantadas con tipología “entre medianeras”, a ambos lados de la calle, ventilando hacia el frente a un espacio de 1,50m de ancho y al contrafrente hacia espacios más abiertos, presentando 1 ó 2 ventanas al frente en cada piso. Generalmente los ambientes más públicos dan a la calle principal. En las manzanas N° 1 y 2 hay viviendas de dos pisos y generalmente tienen una pequeña terraza en el primer nivel.  Los frentes están formados por aleros planos, con uso de balcón en algunos casos, y en otros, se retiran 80cm, generando un pequeño porche o directamente presentan la puerta de acceso enrasada a la calle.  Los contrafrentes generalmente dan a patios abiertos con masas arbóreas donde cuelgan la ropa. En la manzana N° 4, las viviendas son de un piso y se desarrollan en tipología edilicia de perímetro semi-libre; la calle peatonal se ensancha a 5m, por lo que algunas tienen el patio al frente ó en uno de los laterales. La mayoría de las viviendas están construidas con un sistema  estructural  de hormigón armado, con cerramientos de ladrillo hueco cerámico y a veces de ladrillo común, aunque las más precarias son de chapa o madera; sólo algunas casas tienen las paredes revocadas y hasta pintadas. Las cubiertas son de hormigón, chapa o madera, y los entrepisos los realizan con madera. Las carpinterías son metálicas o de madera y la mayoría de las ventanas tienen rejas de hierro y  persianas. Las puertas son de madera o chapa.  En algunos casos  utilizan membrana hidrófuga para aislar paramentos externos y también utilizan media sombra sobre las cubiertas de chapa para aislar térmicamente. Los pisos interiores de las viviendas son de cemento. Las calles son de cemento en los comienzos del trayecto, y luego de tierra apisonada con un camino de baldosas que llega a la última manzana.

Equipamiento e Infraestructura: Los habitantes  cuentan con luz eléctrica sólo hasta las 18 horas; antes estaban “colgados” de la provisión de energía de la Reserva Ecológica, lo que ocasionaba continuos cortes de energía. EDESUR, empresa privada proveedora de energía eléctrica, instaló una toma de electricidad con una subida individual para el asentamiento. En la Villa ya hubo 8 incendios según testimonio de los habitantes por problemas eléctricos; agua tienen sólo por la mañana y llega con suficiente presión solo a dos manzanas, quedando las dos restantes sin agua por la elevación del terreno; la provisión de una bomba de agua por parte del GCBA no solucionó el problema. No cuentan con redes de cloacas sino con pozos ciegos, pero como el camión atmosférico, que los debiera vaciar periódicamente, no entra allí van abriendo nuevos. También sufren inundaciones en las dos primeras manzanas ubicadas en los terrenos mas bajos y los caminos de tierra se embarran los días de lluvia. Los habitantes ya tienen previsto un terreno en el centrol centro del predio para construir un comedor, una sala de atención de salud, una guardería y una cancha de fútbol, y en el acceso una plaza con juegos para los niños.

            Organización y condiciones sociales: hay dos organizaciones internas, cada una con su propio representante, aunque no existe aún un interlocutor legitimado ante los actores públicos, lo que dificulta la resolución del problema de ese hábitat. Según testimonio de los habitantes, el asentamiento cuenta con cuatro delegados por manzana, que suelen estar todavía muy divididos. Sólo el 40% de los habitantes estarían documentados, y el resto son inmigrantes de países limítrofes, y como no hay organizaciones políticas ni religiosas, tampoco existe la contención que se da en otras villas. En opinión de ellos mismos, al haber pocos documentados, hay pocos habitantes en condición de votar en elecciones gubernamentales y legislativas, por lo que sienten no ser sujetos de interés para los funcionarios públicos. La mayoría de los habitantes trabajan en changas, comercios dentro del asentamiento (ferretería, bazar, almacén, kiosco, bar), y en parrillas ambulantes.  Hasta hace unos meses se los ayudaba con cajas de comida y materiales para dotar de infraestructura al barrio; sin embargo la ayuda cesó cuando el gobierno tomó la determinación de desalojar el asentamiento. Las organizaciones de la Villa no aceptan la negociación con el gobierno[23]; piden un monto de dinero para construir una casa digna y recuperar la inversión en sus viviendas actuales ó que se urbanice la Villa con monoblocks o las mismas viviendas mejoradas con el completamiento de servicios básicos.

 
Posicionamiento de actores involucrados en el conflicto de intereses y usos de la tríada “villa – reserva ecológica - nueva urbanización”

 

Habitantes del asentamiento: Los habitantes difieren en cuanto a si deben radicarse, o aceptar la oferta del GCBA. Por otra parte, existen acusaciones sobre intentos de soborno a delegados de la villa por parte de IRSA, que es uno de los actores más interesados en la opción de erradicación. Según el testimonio de Liliana Alvarado, una de las delegadas: “Acá vive la gente hace 25 años; los vecinos construimos casas de material con nuestro esfuerzo, sin ayuda del gobierno; pero ahora hay un tráfico inmobiliario con IRSA, entonces nos amenazan con un desalojo forzado en agosto, y lo único que ofrecen como negociación son $15000 y un crédito que tienen que pagar los vecinos de $60000 para  las personas que trabajan en blanco, cuando acá la mayoría trabaja por su cuenta[24]. Aquí hay muchos niños, no hay guardería y el colegio está muy lejos. El señor Telermann (Vicejefe del GCBA) se comprometió a dar ayuda para nuestras necesidades: agua, luz, cloacas, sala de primeros auxilios. Dicen que acá es peligroso, pero es tranquilo, y otra cosa que no es verdad es que somos extranjeros indocumentados: la gran mayoría somos argentinos y los demás tienen hijos argentinos. A la Mesa Ejecutora[25] le decimos “el matadero”, porque ¿qué se hace con $15000? Juntarse y hacer otra villa. No aceptamos la negociación, porque queremos una casa digna, que construyan monoblocks, urbanizar el mismo barrio”. Luis Enrique Espinosa, otro delegado dice: “Acá hay un 40% de documentados solamente, el resto son inmigrantes; el problema es que como no tenemos documentos hay muy poca gente que vota y por eso no les interesamos a los partidos políticos; la gente se conforma con que le den una caja de comida. Canal 9[26] se la agarró con nosotros, dice que somos peligrosos, y acá es una villa muy tranquila. Los de IRSA ya se instalaron con oficinas acá donde está gendarmería y ya están amenazándonos con el desalojo. Nosotros queremos tener un estudio técnico y un proyecto de urbanización, para poder mostrarle a los legisladores que se puede hacer algo acá. Llamamos a alguna gente de la universidad para eso, para ver si nos podemos quedar o ir a algún lugar del sur de Buenos Aires”.

Organizaciones no gubernamentales ecologistas: Los diferentes grupos ecologistas también difieren en quiénes son el blanco de sus denuncias. La Asociación Civil Por la Reserva - Vecinos Autoconvocados, no quiere que se quede la villa ni que se construya el proyecto de IRSA, aludiendo causas ambientales. Contra el asentamiento precario aluden que existe contaminación por el desagüe cloacal que se da en el arroyo al que ya de por sí desembocan los efluvios del Polo Petroquímico Dock Sud;  contra el proyecto de IRSA, aluden el impacto ambiental que producirá el proyecto en la Reserva. Contra la radicación del asentamiento, enviaron una nota a los diputados porteños para que no acompañen la iniciativa de que la villa se quede, y testimoniaron a través de Irene Verbitsky, su presidenta: "Hay que sacar a esa gente de ahí. No pueden vivir en esas condiciones, en tierras contaminadas. Es un asentamiento mugriento e infectado. El gobierno tiene que darles viviendas dignas. Y, además, debe devolverle a la Reserva tierras que pertenecen a la Reserva. Es un área protegida. A esa gente la manejan punteros. Algunos son muy peligrosos. El proyecto de ley del diputado Cantero desconoce leyes y ordenanzas vigentes, ignora los límites y el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica y aún más: desconoce la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las políticas sociales no se efectúan usurpando tierras públicas, menos aún cuando estas tierras pertenecen a una zona protegida por la Constitución de la Ciudad, ni perpetuando la marginalidad de los habitantes carentes de viviendas dignas. Por eso, pedimos que se incorporen al Plan de Viviendas Sociales, para su reciclado, los inmuebles producto de herencias vacantes que se encuentran localizados dentro de la trama urbana y que cuentan con todos los servicios de infraestructura, salud, educación y recreación. De esta forma se dará respuesta inmediata a la emergencia habitacional y se fomentará la integración de los distintos asentamientos como vecinos” (La Nación, 18 de enero de 2005). Este grupo también pelea contra los megaproyectos inmobiliarios instalados en la zona: “Más allá de la contaminación visual que tales moles infringen a la zona, construcciones de esa dimensión no hacen más que conformar una mayor barrera entre la ciudad y su río. Es indudable la importancia que ha adquirido la Reserva Ecológica Costanera Sur. Sabemos que sus tierras son sumamente codiciadas, pero ya forma parte del Patrimonio de la Ciudad y está categorizada como Área Urbana de Interés Turístico. La Reserva sobrevive a los embates de los sectores que representan intereses inmobiliarios. Embates que son combatidos por distintas ONG's, vecinos y legisladores”. El grupo interpuso una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo y en su página web difunden el impacto ambiental que generará la urbanización Santa María del Plata y la de Puerto Madero[27].

Sector público: Dentro de las diversas unidades de gestión del GCBA, se han manifestado políticas diferentes y hasta contradictorias en relación a las cuestiones antedichas. “El conflicto de políticas, puede en gran medida atribuirse a la presencia, dentro del aparato estatal, de unidades con variado grado de autonomía, capaces de influir en diversas instancias del proceso, que entran en conflicto cuando debe definirse la posición del estado frente a una cuestión social” (Ozlak y O`Donell, 1981). Las principales políticas dentro del aparato estatal en torno al tema tratado son las siguientes:

- Legislatura de la CABA: a través de su distintas comisiones (Vivienda, Medio Ambiente, Planeamiento Urbano, entre otras), actuó con diversos proyectos concernientes a la puja de poder que se está dirimiendo en el área. Por una parte podemos mencionar posiciones contrarias al proyecto de IRSA. La legisladora Beatriz Baltroc perteneciente al partido ARI reclamó que se negara el Certificado de Aptitud Ambiental al proyecto de Urbanización Santa María del Plata por generar un grave daño al equilibrio ambiental que se generaría por la barrera arquitectónica entre los vecinos y el río, por la probable huída de especies animales que causaría la actividad de construcción y por el impacto en el sistema vial que generaría mayores gastos al sector público para mitigarlos con nuevas obras, violándose derechos ambientales garantizados por la Constitución de la Ciudad"[28]. Hay legisladores que se manifestaron a favor de la radicación de los habitantes de la villa. Sergio Molina, Daniel Betti pertenecientes al Bloque del Sur y Fernando Cantero (del Partido ARI) presentaron un proyecto a la Comisión de Vivienda de la Legislatura, en el que proponen que el asentamiento debe ser radicado definitivamente, con servicios, un comedor, un centro de atención primaria, una biblioteca y una guardería. "La villa está ahí desde antes de que la Reserva Ecológica fuera creada, en 1986. Ellos no intrusaron la Reserva, sino que fue al revés, eran unas 30 familias en aquella época. Hoy son unas 2000 personas sin atención médica, porque allí no entran las ambulancias. La gente quiere quedarse ahí. Es su hábitat. Hay lazos de 25 años" (Sergio Molina, Diario La Nación, 2005). Esta Comisión dictaminó por mayoría un proyecto de Ley para la creación del Programa de Planeamiento y Gestión Participativa para el Asentamiento Costanera Sur Rodrigo Bueno, destinado a elaborar, ejecutar y verificar el plan de urbanización de la misma y la ejecución de políticas sociales en forma consensuada. Por otra parte existen opiniones contrarias a la urbanización de la villa: según Federico Caeiro, ex Director General de la Reserva Ecológica Costanera Sur y ex Director General de las Comisiones de Ecología y Espacio Público de la Legislatura de la CABA, el proyecto de la Comisión de Vivienda de la Legislatura significará el principio del fin del área protegida más importante de nuestra ciudad: “Intentan consolidar los asentamientos precarios ubicados en tierras pertenecientes a la Reserva Ecológica. No se trata sólo del crecimiento de la ciudad, sino de qué tipo de ciudad y calidad de vida queremos los porteños. Es importante destacar que si bien la ciudad cuenta con espacios verdes y zonas de recreación, la Reserva Ecológica es un ámbito único, y por lo tanto es un deber de todos protegerla. Además, es deber de los legisladores el velar por los intereses generales y no particulares. La Constitución de la Ciudad la recepta como reserva declarada, como espacio verde, y también como espacio público costero e instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente, que promueve la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica. Más de mil quinientas personas se apiñan desde hace años junto a un canal contaminado, donde obtienen bogas enfermas y coipos protegidos como alimento. Su urbanización cortaría la libre circulación de especies entre el canal con el resto de la Reserva, afectando al ecosistema. La Constitución quiso que el móvil del crecimiento de la misma sea una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo diversidad biológica. El proyecto también contradice el espíritu de la Declaración Nº 244 (3/9/998) de la Legislatura[29]. Hacer de la costa un espacio público natural, recreativo y didáctico es una de las acciones más necesarias, menos costosas, más simples y atrayentes. Urbanizar un asentamiento precario allí, en nada contribuye a una ciudad mejor”. (La Nación, 30 de noviembre de 2004).  

- Ex Comisión Municipal de la Vivienda, hoy Instituto de la Vivienda de la Ciudad: La CMV, institución de encargada de dar solución habitacional a la población de bajos recursos, fue virando el sesgo de sus políticas en materia de erradicación o radicación. Con la recuperación democrática y tras un largo proceso en el que llegó incluso a constituirse una Mesa de Concertación entre el gobierno y los villeros, se logró revertir la política de erradicación[30] y consolidar la de radicación, apoyada por una operatoria ahora llamada “Plan de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Barrios Carenciados (PRIT)[31], continuada incluso luego de la transformación de la CMV en IVC (Szajnberg y Sorda, 2004). La actuación del IVC en las Villas de la zona costera próxima al área central, a diferencia de las otras villas de la ciudad, se vio dificultada ya que no existe una clara decisión política de radicarlas, al menos a todas por igual: el PRIT actúa en la Villa 31, aunque con resultados muy exiguos, ya que a la falta de fondos suficientes del IVC, y poca eficiencia económica, se le suma la falta de decisión política por radicar definitivamente a los habitantes de la villa, por hallarse en terrenos que por su localización en el centro financiero de la ciudad, y frente a el centro de transferencia de transporte de Retiro, son muy codiciados, más si tenemos en cuenta la falta de tierras vacantes de la ciudad, y su ubicación como articulador entre Puerto Madero, y la zona norte de la ciudad, donde se ubica la población de mayor poder adquisitivo. También de forma exigua, el IVC empezó a trabajar con la Villa Rodrigo Bueno desde el 2003, aunque sin incluirla formalmente en ninguno de sus programas; les proporcionó el tendido de luz a sus habitantes. Luego, y ante la inminencia del desalojo, pasó a relacionarse e otra manera con esos villeros, porque el IVC es la unidad ejecutora del Programa de Autogestión de la Vivienda que les ofrecen como compensación. Sin embargo existe una gran división entre los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno sobre si aceptar o no el desalojo, ya que si bien la materialización de las viviendas producidas por este programa están en proceso, su lenta realización (en algunos casos las cooperativas llevan más de dos años de espera por el dinero) y otras dificultades de gestión provocadas por la implementación de la ley de una manera diferente a su espíritu original, hace temer a los habitantes de la villa de quedar en la calle, luego de haber invertido mucho tiempo y dinero en la vivienda que actualmente habitan. Por otro lado sostienen que el programa que les correspondería sería el PRIT, lo que implicaría su radicación. Alejandro Franco, quien fuera gerente de Promoción Social Urbana de la CMV[32], explicaba que al tratarse de terrenos intrusados, allí no se pueden aplicar los programas de urbanización y transformación de villas en barrios, que sí desarrolla este organismo en otros asentamientos, y reconoció que si bien, sus equipos de trabajo y asistentes sociales realizaban allí distintos tipos de tareas para solucionar problemas básicos, esto no implicaba por parte del gobierno, la aceptación de la permanencia de los usurpadores. "No le reconocemos al lugar el rango de villa, se trata de un asentamiento precario que ha sido levantado sobre terrenos de la Reserva Ecológica, los que vamos a recuperar. Desde hace un mes se conformó una mesa de negociaciones en la que comenzamos a discutir con los habitantes diferentes alternativas para que abandonen el lugar. El objetivo es acordar la salida de todos los habitantes del predio en el corto o mediano plazo". (Alejandro Franco, La Nación,  2003). En dicha oportunidad, este funcionario expresó que según el censo oficial del año 2002, vivían allí 600 personas, 250 familias y había 220 casas. Liliana Alvarado, habitante de la villa, no coincide con ese censo “Lo que pasa es que el censo, que se hizo para repartir los vales ciudad, contó una familia por casa, y acá en cada casa viven varias familias, nosotros somos más o menos 1600 personas”. (La Nación, 2003). De la infraestructura se ocupa la CMV, que facilita cloacas y material de construcción. El tema es que la Ciudad quiere relocalizar los nuevos asentamientos. Así, retacea los materiales para evitar el arraigo. "Ya empezamos el proceso de discusión con la gente que se asentó al lado de la Reserva Ecológica y con la que se ubicó debajo de la AU7, en Soldati. Les ofrecimos créditos sin interés a 30 años", contó  Ernesto Selzer, Director del IVC.

- Jefe de Gobierno de la CABA: si seguimos con la interpretación de Ozlak que nos advierte sobre diferentes políticas del Estado por diferentes intereses de las diferentes unidades del Estado, la contradicción puede ser actuada hasta por la misma persona, según la función que dentro del gobierno este ejerciendo en cada momento. Anibal Ibarra, legislador y presidente de la Legislatura en momentos en que se trataba allí la Ley Nº 148 de Emergencia Habitacional en 1998, votó a favor de la misma. Esa Ley fue promulgaba que para el siguiente quinquenio, no quedase ni una villa miseria en la CBA. Cuando este funcionario pasó a ocupar el cargo de Jefe de Gobierno de la CBA en el año 2000, dijo que urbanizaría las villas existentes y no permitiría un solo nuevo asentamiento.  No sólo no se urbanizaron las 18 villas locales, sino que, desde que comenzó la recesión, a mediados de 1998, y, luego, desde que estalló la crisis, en 2001, crecieron por lo menos seis asentamientos nuevos en la ciudad. Ahora Ibarra tomó la determinación de liberar la zona porque no consolidará una villa al lado de la Reserva Ecológica, y que por ello les ofrecen soluciones alternativas. Asimismo el Jefe de Gobierno, advirtió que vetaría la norma de radicación de la villa en caso de ser aprobada por la Legislatura. Pero esto no es casual: se ha tomado conocimiento por parte de personal técnico y administrativo del GCBA, de que últimamente se han intensificado las reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del GCBA a cargo del Lic. Roberto Felleti y miembros de IRSA.

- Secretaría de Desarrollo Social - GCBA: en el año 2003 colocaron cañerías cloacales, de agua potable y pluviales, instalaron una bomba de agua, y una toma de electricidad. En ese momento estaba a cargo de esa Secretaría, el Vice Jefe de Gobierno Jorge Telerman. Luego las políticas de urbanización se detuvieron, y esa Secretaría quedó a cargo de otro funcionario. Pero dos años después, el mismo Telerman pero ahora solamente en su función de Vice Jefe de Gobierno declaró: “Queremos que los habitantes del asentamiento abandonen el lugar y, para eso, les propusimos subsidios, créditos y hasta un edificio que es del IVC(La Nación 18-1-05). Ese edificio no sólo está radicado en el conurbano, con lo que continuaría la tendencia histórica de expulsión de los sectores de bajos recursos fuera de la ciudad, sino que además sólo tiene capacidad para 150 familias. "Al resto también le daremos una solución" aseguró el Vicejefe de Gobierno en esa misma nota, entonces también protagonista de políticas contradictorias sobre un mismo tema.

- Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental: A pesar de todas las exposiciones en la Audiencia Publica del 3 de junio de 2003,  la Subsecretaria Margarita Charriére dio dictamen técnico[33] favorable al anteproyecto de la empresa IRSA para llevar adelante una propuesta urbanística en la CDB, aunque lo hizo de manera condicionada, ya que el anteproyecto está considerado de alto impacto ambiental; por eso estableció que antes de la realización de cada etapa se deberán llevar a cabo nuevas evaluaciones de impacto ambiental. Entre lo que se le cuestiona al documento presentado por IRSA, figura que no se observan medidas de mitigación suficientes para compensar los efectos que la construcción desencadenará sobre la Reserva. Por eso, argumenta que aunque los informes técnicos de las dependencias del GCBA resultan favorables a la realización del emprendimiento, con algunas objeciones parciales, a fin de evitar o atenuar los impactos ambientales negativos, deben modificar el emprendimiento, en algunos aspectos[34].

- Defensor del Pueblo: Alertado por una presentación de las organizaciones ecologistas por confirmarse que  el Dock Sud enferma a la gente, el Defensor del Pueblo de la Ciudad solicitó en agosto de 2003 estudiar la salud de la población de La Boca y Barracas (la zona incluye la CDB).

- Desarrolladores e inversionistas inmobiliarios privados: recordemos lo ya descripto anteriormente. A principios de los noventa el predio de la CDB fue adquirido por Santa María del Plata SA para desarrollar allí una villa olímpica con vistas a la candidatura de la CBA como sede de los Juegos Olímpicos del año 2004. Desestimada esta oportunidad, esas mismas tierras pasaron a ser propiedad de la desarrolladora IRSA, que hasta la fecha viene gestionando un proyecto de urbanización que comprende equipamiento hotelero, centro de exposiciones, viviendas, oficinas ,recreación náutica y un complejo habitacional con 11 torres a realizarse en un plazo de 12 años, con una inversión total estimada en 650 millones de pesos[35].

Normativa urbanística: actores y agentes involucrados - ver Lámina N° 4 -

Dejamos para el final la cuestión de la normativa urbanística, porque entendemos que además de la obra pública y algunos aspectos vinculados a la política tributaria en relación a la propiedad de tierras e inmuebles, es ella un factor determinante de la estructura de valorización del espacio urbano. La normativa plasmada en el CPU es el instrumento a través del cual la CBA asigna el destino urbanístico de los terrenos ubicados en su jurisdicción territorial, a través de la definición de los Distritos que definen polígonos virtuales dentro de los cuales se admiten ciertos usos exclusivos o mixtos, y no otros, y mediante diferentes indicadores concernientes a cada Distrito urbanístico se determina la morfología y la densidad del tejido urbano y la intensidad de uso del suelo. Estos valores y usos son diferenciales en los distintos sectores de la ciudad, y es esa asignación diferencial de usos y capacidades edificatorias la que determina en gran medida las rentas del suelo urbano. En este proceso de asignación y re-asignación de norma urbanística, suelen interactuar con el sector público, los propietarios de los grandes predios, que pueden ser también agentes públicos o privados, e incluso actores sin fines de lucro. Pero de lo que no debe caber duda es de que detrás de ese proceso hay una innumerable cantidad de expectativas que generalmente confrontan el interés de los propietarios con el de la comunidad en general, y esto pasa desapercibido en algunos sectores urbanos y cobra mayor relevancia en las localizaciones de mayor disputa y en consecuencia más caras[36].  Sin pretender incurrir en un estudio detallado de la evolución normativa del borde costero de la CBA, no se puede negar que allí operan “rentas del suelo urbano de monopolio”, fundamentadas en la localización preferencial e irrepetible de la vera del río y por su proximidad al área central de la ciudad. La década de los noventa fue uno de los momentos de mayor dinámica y presión inmobiliaria por parte del sector privado y también de mayor receptividad a estos intereses por parte el sector público, y en algunos casos de ciertos actores organizados de la comunidad, como por ejemplo los habitantes de la Villa de Retiro que obtuvieron, no sólo la titularidad de unas de las tierras más apetecidas de la ciudad, sino también la asignación de normativa urbanística U31 que luego se recreó en otras villas de la ciudad. En este caso la disputa por el territorio sigue en juego con la persistencia del sector privado (también IRSA está detrás de este litigio) en desarrollar una urbanización que entra en conflicto con la existencia de la Villa 31 de Retiro. Fue la década en que para materializar la nueva urbanización Puerto Madero debió crearse un nuevo Distrito urbanístico, el U32 que prescribe como todos los distritos Urbanización Determinada (U)[37], normas específicas, diferentes a las de todos los demás distritos. Y finalmente, es en esta década en la que se generaron la condiciones para que el CPU, ya en su reforma integral del año 2000, Ley N°449, tiene asignado el Distrito Area Reserva Ecológica (ARE) para la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Distrito Normas Especiales (NE) para los terrenos de la CDB. El Distrito ARE  corresponde a zonas que dan lugar a la conformación de ambientes naturales donde las distintas especies de flora y fauna autóctonas pueden mantenerse a perpetuidad o aumentar su diversidad. Según el CPU vigente, allí el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Gestión creado por Ordenanza Nº 45.676, (BM. Nº 19.239, AD. 540.6) o de la autoridad competente, podrá autorizar o disponer la realización de trabajos de infraestructura y equipamiento básico y/o de mantenimiento siempre que no alteren el carácter de la Reserva.  En cuanto a los usos, el CPU permite en los accesos, equipamientos básicos como: casa del cuidador de la Reserva, centro sanitario, baños públicos, estacionamiento de vehículos para el personal afectado a la Reserva y emergencias, Centro de información e interpretación y Sala de Conferencias, Bar, Confiterías, Vivero de Investigación. En otras áreas, permite Baños Públicos, Vivero de Investigación y Areas de Descanso, prohibiendo explícitamente todos aquellos usos no encuadrados en los anteriores, es decir que la villa, según la normativa urbanística no está permitida en ese lugar: el inciso 6 de esta norma especifica: “El paisaje del distrito es derecho legítimo de los vecinos de la ciudad.  Ninguna edificación podrá contrariar la armonía del paisaje, cualquiera sea la expresión arquitectónica que se adopte”. En cuanto a la traza de los senderos públicos, explicita que sólo se admiten circulación peatonal y de bicicletas, admitiéndose la delimitación de senderos de uso permanente y de uso transitorio o alternativo. La NE definida en el artículo 5.5.2.19 del CPU vigente, se suceden los distintos condicionamientos asignados al área, desde el de la Ley 1657 de 1965 que definía usos deportivos cubiertos y descubiertos y alojamiento para deportistas en el predio, pasando por la Ley 23738 del año 1989 que garantizaba las condiciones urbanísticas para que allí se pudiera desarrollar el complejo previsto para las Olimpíadas 2004 que finalmente no se realizaron en la Argentina, beneficio del que se habría apropiado la empresa Santa María del Plata de haber trascendido ese proyecto, y finalmente, la Ordenanza 45665 del año 1992, correspondiente al período en que la CBA todavía dependía del PEN, en la que se generaron las condiciones normativas en materia de subdivisión, tejido, ocupación y uso de ese pedio, cuyos beneficio materiales serían directamente apropiados por el actual propietario, la desarrolladora IRSA. La tipología edilicia promovida por esta norma es la de torre, y entre otros puntos cuestionables desde el punto de vista urbanístico para un predio con esas condiciones ambientales, si por ello se entiende el bien común, es la posibilidad de transformación de los canales acuíferos en calles, ganando así mayor superficie al río. Este mecanismo de compra y retención de tierras por parte inversores a la espera de su valorización sea por la llegada de obra pública o por el cambio de la normativa urbanística, ha sido conceptualizado por la “teoría de la renta del suelo urbano” como “renta de especulación”, la que puede ser pasiva, es decir cuando el agente interesado no opera acciones directas sobre el sector público, o como es en el caso de estos predios, activa, estableciéndose una dinámica muy particular de interacción entre el sector público y el privado. Así como la norma del CPU lo determina, la aprobación del diseño urbanístico es sometida a la aprobación de Consejo de Planificación Urbana del GCBA, cuyos dictámenes hemos desarrollado precedentemente, y según cuyo contenido, sumado a la capacidad de realización actual de los inversores, el proyecto de Urbanización Santa María del Plata, estaría pronto a materializarse.

 

Conclusiones y aporte al debate sobre la cuestión “Urbanización y Medio Ambiente” en América Latina en el siglo XXI

 

Dentro de un contexto mundial donde, según la Organización de las Naciones Unidas, casi el 32% de la población mundial vive en villas miserias (United Nations, 2003), tanto el Estado Nacional como el Municipal no han dudado en donar tierras a las grandes empresas y corporaciones para que realicen sus grandes negocios. Sin embargo, cuando se trata de donar tierras a los sectores sociales más carenciados, las políticas estatales fueron mucho menos emprendedoras. La población villera en la CBA era de alrededor de 100000 habitantes hacia mediados del siglo XX, 1% de su población total, muy por debajo del promedio internacional; sin embargo este porcentaje fue creciendo a partir de los años ochenta y noventa a pesar de la implementación de legislaciones tendientes a resolver la situación (por ejemplo la  Ley de Emergencia Habitacional Nº 148)[38], en concordancia con la tendencia internacional de asegurar la tenencia de la tierra a sus habitantes, evitar erradicaciones, y transformar las villas en barrios por medio del tendido de infraestructura[39]. Si bien el GCBA, a través de su Instituto de Vivienda, trabaja en ese sentido, no incluyó a la Villa Rodrigo Bueno en su Programa de Autogestión para la Vivienda, alegando que las tierras donde está asentada, son de la Reserva, y que al igual que Los Piletones[40], no es una villa sino un asentamiento. A pesar de ello el IVC trabaja en la radicación de Los Piletones, y alguna acción superficial ha tomado en la Villa Rodrigo Bueno. Claro que la ubicación de los Piletones no es apetecida por ningún actor privado ni entra en conflicto con su entorno sobre el que no se prevé ningún tipo de inversiones del sector privado destinado a la población de condición socio-económica alta y medio-alta como es el caso de los emprendimientos de IRSA, por lo que en ese sentido no existe disputa como sí la existe en el caso de la Villa de Costanera Sur. Para elloes fundamental entender la valorización capitalista del suelo como factor de segregación socio-espacial, la forma que asume la configuración espacial de la ciudad metropolitana y los beneficios extraordinarios de diferentes tipos obtenidos por parte de los actores del mercado” (Clichevsky, 2001), asumiendo la dimensión social y compleja del espacio urbano y sus funciones como “medio de producción” y como “mercancía”, como “valor de uso” y como “valor de cambio”, que involucran a los actores urbanos en una relación dialéctica.

Mientras el reclamo ecologista de una reserva libre de villas, es funcional a la conveniencia de IRSA de erradicar a la gente para mantener elevadas sus futuras ganancias, algunos grupos ecologistas, también están en contra del emprendimiento inmobiliario de IRSA, ya que producirá un gran impacto ambiental y destruirá los frágiles ecosistemas de la Reserva, ellos tienen un amplio marco legal que los ampara, por ejemplo el artículo 8 del Estatuto organizativo de la  Convención Estatuyente de 1996, que declaró reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas a todas las formaciones insulares aledañas a la CBA, o sea a esa isla, y la Ley de Impacto Ambiental[41] Nº 123 y su modificación por Ley N° 452 sancionada en la CBA el 10 de diciembre de 1998, que conforme a los  términos del artículo 30 de su Constitución determina el Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto  Ambiental (EIA)[42].

La postura del GCBA es ambigua, ya que afirma que los terrenos serán recuperados para la reserva, pero por otro lado, proveyó a los habitantes de redes de agua potable, electricidad y cloacas. Además, al permitir, aunque “con reservas” la construcción del emprendimiento de IRSA, el gobierno estaría violando el artículo 8 del Estatuto Organizativo, que prioriza el cuidado de los ecosistemas naturales por sobre las urbanizaciones artificiales. La acción de los legisladores de la ciudad varía según ideologías y pertenencias partidarias. Algunos intentan sancionar una ley[43] para convertir el asentamiento en un barrio con infraestructura; otros reclaman contra IRSA y la Comisión de Vivienda de la Legislatura, oscila y no se decide entre asentarlos y erradicarlos;  los actores más frágiles son los habitantes de la villa, que evidencian así sus estrategias de apropiación espacial  como producto de las formas de adaptación cultural que generan los diversos grupos sociales  que piensan y ocupan el territorio como su sitio de existencia e interacción social. Sin embargo por su poca capacidad de negociación, debido entre otros, el alto porcentaje de residentes extranjeros y su extrema condición socio-económica de pobreza, son excluidos del sistema y luchan, con mayor o menor conciencia, para no ser excluidos también territorialmente. Sus posturas son variadas, y a veces reflejan el imaginario general, ya que si bien algunos quieren permanecer en el terreno imaginando escenarios de convivencia entre los barrios ricos y ellos, otros tienen internalizada la idea de que los pobres deben vivir en monoblocks en la zona sur de la ciudad, solución que los mantendría marginados e incrementaría la fragmentación socio-espacial generalizada en nuestra ciudad, “tendiente a una organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad interna y de fuerte disparidad social entre ellas” (Castells, 1972), lo que verifica una vez más, que no sólo existen disparidades socio-económicas, sino también, una expresión geográfica de ello, que implica que a grupos de población de diferente condición socio-económica habrá de corresponderles localizaciones diferentes. Sin embargo en la zona costera de la CBA la “segregación socio-territorial” no necesariamente se da entre barrios diferentes, sino a veces, también al interior de un mismo barrio. Esta proposición se argumentaría a través del caso de las nuevas urbanizaciones de alto estándar de Puerto Madero y el Proyecto residencial con marinas en la CDB, en coexistencia con enclaves de “hábitat precario e informal”, como la histórica Villa 31 en Retiro y los nuevos asentamientos precarios de Costanera Sur y La Boca.

El consumo de vivienda no sólo se limita al consumo del espacio construido en sí mismo, sino a la localización de ellas en el espacio urbano: los grupos de mayores ingresos se reservan para su implantación habitacional ciertos sectores precisos de la ciudad, con exclusión de otras categorías sociales. Habitar en esos lugares específicos se convierte en una muestra de la pertenencia social a las capas más elevadas, adquiriendo estos espacios esa carga de significación” (Jaramillo, 1989). Así, la segregación necesaria para la diferenciación social y el aumento de las ganancias por las rentas de localización, incide sin lugar a dudas en el aumento del valor de uno de sus insumos fundamentales: la tierra, y es en este sentido, que en un contexto de retroceso de la producción inmobiliaria de pequeña escala y avance de la modalidad de los incorporadores inmobiliarios y los desarrolladores, resulta una configuración urbana que combina modernización con exclusión, albergando edificios de departamentos más grandes y más distintivos de un lado, y producción ilegal (villas, loteamientos ilegales) del otro.

En ciudades pertenecientes a países del Tercer Mundo es muy difícil tomar partido, incluso desde un posicionamiento técnico, cuando no sólo se confronta el derecho a la ciudad entre la población de mayor o menor nivel socio-económico, sino también la disyuntiva entre la urbanización o preservación de espacios de valor patrimonial ambiental como lo es el de la Reserva Ecológica. Lo que sí estamos en condiciones de afirmar, es que la resolución de este tema, que tal vez esté pronta a  alcanzarse con los peores criterios de equidad, debería ser pareja para todos los ciudadanos, indistintamente de su condición socio-económica. E incluso ante la duda, debería primar el beneficio de los más débiles, aquellos que sí o sí deben ser sujetos de las políticas sociales estatales. Entendemos que por su localización y su configuración paisajística, los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de La Boca, originalmente de propiedad fiscal, también tienen valor patrimonial ambiental, y en caso de realizarse el proyecto de urbanización de IRSA, también se estarían restando espacios verdes que podrían ser de uso y disfrute público. Pero también entendemos que las posiciones ecologistas radicales tampoco han de tener cabida en términos de sustentabilidad urbana, por lo que podríamos arriesgar a proponer, que se recuperen los terrenos de la Villa Rodrigo Bueno como parte de la Reserva, y que la población sea asentada en una urbanización digna en parte de las 71 hectáreas que actualmente pretende explotar el sector privado[44], como compensación al Estado y a la comunidad, por el “plusvalor” obtenido mediante las operatorias de compra-venta a precios muy bajos de terrenos estatales con que se han beneficiado los sucesivos adquirentes privados, y también el derivado de la valorización de esos inmuebles a través de la asignación de normativa urbanística que ha garantizado el Estado y que obviamente ha beneficiado en particular a los propietarios de los mismos. La figura jurídica-institucional podría ser la del Convenio Urbanístico, incorporada en la reforma  del CPU del año 2000, aún vigente. La figura del Convenio Urbanístico, posibilita celebrar un acuerdo entre organizaciones de la administración de la Ciudad entre sí o con otras organizaciones gubernamentales o particulares. Existen los de tipo general, relativos a cualquier sector de la ciudad y los especiales, concernientes a la preservación del patrimonio artístico, arquitectónico y paisajístico y/o a las áreas de desarrollo prioritario[45]. De esta manera se estaría, por un lado garantizando la preservación ambiental, y el uso público y disfrute de la Reserva Ecológica para todos los ciudadanos, al tiempo que se estaría dando una solución habitacional a las 2000 personas de la Villa Rodrigo Bueno en una localización muy próxima y similar a la apropiada actualmente y viabilizando la operación urbanística Santa María del Plata, pero con una distribución socio-territorial más heterogénea.

 

Referencias bibliográficas

 

Clichevsky, N., (2001): “Hábitat Informal en América Latina: entre la permisividad, el desalojo y la regularización” en Territorios Nº 6, Bogotá.

---------------------, (2002): “Tierra vacante en Buenos Aires. Entre los loteos populares y las áreas exclusivas” en Tierra vacante en ciudades latinoamericanas. Lincoln Institute of Land Policies, Canadá.

Castells, M., (1972-4); "La cuestión urbana", Siglo XXI Argentina Editores (1º Ed México).

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Normativa consultada

MCBA / HCD, (1977 y 1989): Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Concejo Deliberante de la CBA .

GCBA / Legislatrua de la CBA, (2000): Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Ley 449, Decreto 1669.

Ordenanzas municipales Nº: 41247, 43609, 45676, 48041, 50407, 40792/85, 35176, 37677, 45665/92.

Resoluciones:  Nº 115/997 (SG, SHyF, SPyS y SPUyMA), Nº 19/998 (SPUyMA), N° 1004 (SSEPYDU).

Leyes: N° 560, 23738/89, 21825/78, 17605, 16575.

Decretos: N° 241/003, 477/996, 2442/90, 4316/72.

Noticias periodísticas

“Una villa en plena Reserva”, Diario La Nación, 18 de enero de 2005.

 “En la ciudad se instalaron seis villas nuevas”, Diario La Nación, 15 de enero de 2004.

Crece una villa en la Costanera Sur”, Diario La Nación, 27 de noviembre de 2003.

“Nueva amenaza para la Reserva Ecológica”, Diario La Nación, 30 de noviembre de 2004 – Fuente: Federico Caeiro.

 “Piden que no se urbanice la Reserva Ecológica”, Noticias Urbanas, 16 de noviembre de 2004 – Fuente: ONGs.

“Quieren que el asentamiento Rodrigo Bueno sea urbanizado”, Noticias Urbanas, 22 de octubre de 2004 – Fuente: Legislatura.

“Ayuda para la villa de la Reserva”, Diario La Nación, 26 de enero de 2005.

“Prometen erradicar la villa de la Reserva”, Diario La Nación, 19 de enero de 2005.

“Verbitsky le responde a Betti, Cantero y Molina”, Noticias Urbanas, 29 de diciembre de 2004.  Fuente: ONGs.

“La Legisladora Baltroc reclamó que se deseche el megaproyecto de IRSA”, Noticias Urbanas, 14/06/02, Fuente: Legislatura.

 

Páginas web institucionales

Asociación Civil por la Reserva, vecinos autoconvocados: Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria N° 2126 , Miembros de Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, (www.porlareserva.org.ar).

--------------------------------------------“Terrenos ocupados de la Reserva Ecológica Costanera Sur”.

--------------------------------------------“Construyen doce torres frente a la Reserva Ecológica Costanera Sur”.

--------------------------------------------“Más torres en la ex ciudad deportiva Boca Juniors”.

--------------------------------------------“Se expande la Reserva Ecológica”.

--------------------------------------------“Límites de la Reserva Ecológica Costanera Sur”.

--------------------------------------------“Lo que sabemos sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors", Asociación Amigos del Lago de Palermo / por Guerrica Echevarría, 31-05-2002.

-------------------------------------------- “Barrio nuevo o Reserva Ecológica”, Mario Valls, elDial.com.

-------------------------------------------- “Principales impactos ambientales – Isla Demarchi, Sta. María del Plata ex Ciudad Deportiva Boca Juniors y Puerto Madero” por Walter Alfredo Feo Rodríguez.

The United Nations, Global Report on Human Settlemants, 2003, www.unhabitat.org

Reserva Ecológica Costanera Sur, www.buenosaires.gov.ar.



[1] Son 4 hectáreas según la población residente en la villa.

[2]  El Decreto N° 602 del Poder Ejecutivo Nacional delimita el área de Retiro; el N° 1279/89 crea las condiciones para la urbanización de los terrenos de Puerto Madero.

[3] Artículo 67 - inciso 4º  de la Constitución Nacional de 1853 y artículo 75 - inciso 5 de la reforma de 1994.

[4] El GCBA estableció una operatoria fundiaria similar, para promover el desarrollo del sector urbano con menor dinámica inmobiliaria, creando en el 2000 la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, con un banco de inmuebles propios que no interesaron al sector privado en tiempos de la crisis financiera e institucional de2001, y debido a la competencia de los demás proyectos promovidos por el GCBA en el corredor costero norte, en una línea política contradictoria entre distintas áreas de un mismo gobierno.

[5] Ley Nº 16575 ( B.O. 11 de Enero de 1965).

[6] Presidida por Eduardo Elsztain, originalmente asociada a capitales transnacionales del desarrollador húngaro George Söros. IRSA se ha especializado en complejos habitacionales de torres con infraestructura y servicios especiales y en la realización y administración de shopping centres. También es la principal accionista del Banco Hipotecario Nacional, privatizado en el año 1998.

[7] Ordenanza Municipal Nº 45665 (B.O. 6 de enero 1992).

[8] Por ese entonces regía la Ley de Convertibilidad que homologaba el valor de 1 dólar estadounidense al de 1 peso de Argentina.

[9] Los mismos dispondrían de edificios con 8000 habitaciones para 15000 atletas. Finalizados los juegos, se convertiría en un espacio residencial de avanzada. El Plan incluía equipamiento náutico y varias torres de usos indeterminados, los que serían financiados con los fondos destinados a la celebración de los Juegos. El beneficiario final, sería el nuevo propietario del predio, la empresa IRSA.

[10] “Las villas de emergencia y los asentamientos precarios suelen darse bajo la forma de ocupaciones o tomas de terrenos de dominio público y en raras ocasiones privado, a veces organizadas, otras espontáneas, de población de escasos recursos económicos. Sus ocupantes residen en unidades funcionales mayoritariamente individuales materializadas mediante su autoconstrucción, y en  términos generales ejercen la tenencia de esas tierras sin mediar pago al propietario. Si bien desde los sesenta hasta comienzos de los noventa la cantidad de villas de emergencia y asentamientos precarios disminuía a la mitad (de 33 en 1962 a 16 en 1961), se habrian agregado 8 nuevas localizaciones durante los noventa y 6 en los dos mil. Esto último se explica a partir de la introducción de políticas de corte neoliberal en el país, las cuales incrementaron los niveles de desempleo y profundizaron los procesos de exclusión y marginación, dando lugar a la ampliación y reproducción del hábitat precario” (Szajnberg, Mann, Arias, 2004).

[11] La CBA adquiere su autonomía en 1996, tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, y  recién a partir de ese año conformó sus 3 poderes propios y su propia Constitución, en la que se incluyeron por primera vez, capítulos específicamente dedicados al cuidado del medio ambiente y al derecho a la Vivienda. La MCBA pasa a ser el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –GCBA-.

[12] También existe un pequeño asentamiento de reciente data, en terrenos de relleno del borde costero a la altura de la Ciudad Universitaria en el barrio de Núñez.

[13] Tienen que ver con la superposición de elementos bióticos pertenecientes a los sistemas naturales originales con especies exóticas naturalizadas o invasoras, teniendo estas últimas clara predominancia.

[14] Son nuevos paisajes en los cuales la amplitud y energía del relieve han cambiado de manera dramática.

[15] Incluyen modificaciones e variado origen e intensidad en la red hidrográfica por el impacto de por ejemplo, defensas costeras, rectificación de cauces, rellenos, entubamientos o canalizaciones, entre otros.

[16] Son los nuevos tipos de soportes edáficos construidos con basura (rellenos biológicamente activos) y depósitos de escombros (rellenos biológicamente inertes).

[17] Estos aportan, además de una gran gama de biodiversidad, servicios ambientales a aglomerados urbanos, tales como los recreativos o los de provisión de bienes o materias primas.

[18] Ley 16575/64 - Donación de terrenos al Club Atlético Boca Juniors.

[19] Mediante Decreto Municipal 4316/72, que aprueba un convenio con la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables para Obras en Costanera Sur.

[20] Ley 21825/78 - Transferencia de tierras a la MCBA.

[21] Ordenanza Municipal 40792/85- Prohibición de Descarga de Escombros en Area de Relleno de la Costanera Sur

[22] Tal como lo explicitan las Ord. Nº 41247, 41326, 43609.

[23] El GCBA les ofrece como compensación por su erradicación, acceder al Programa de Autogestión de la Vivienda, con un subsidio de 15000$ por vivienda que desocupen, lo que les resulta insuficiente para resolver su problema habitacional.

[24] La jerga popular “blanco” o “negro” remite a la condición de legalidad o ilegalidad / precariedad de los puestos de trabajo, que es lo que hace poco factible el acceso a los créditos y el sostenimiento del pago de las cuotas en el tiempo.

[25] Se refiere a la comisión gubernamental que quiere negociar la salida de los vecinos de la villa.

[26] Canal 9 es uno de los canales de televisión por aire que fue privatizado y actualmente es propiedad de un grupo corporativo cuyo referente es el periodista Daniel Hadad, quien ha impregnado la programación del canal con un sesgo  explícitamente pro neoliberalismo “salvaje”, y en algunos casos reaccionario y fascista.

[27] Entre otros: radiaciones magnéticas de las sub-estaciones transformadoras de electricidad; pérdida de espacios verdes en una ciudad cuyos indicadores están por debajo de los recomendada por la Organización Mundial de la Salud; problemas de tránsito por la mayor afluencia de personas a raíz de la concentración de oficinas, restaurantes, confiterías, cines; barrera de la masa edilicia nueva que reducirá la calidad y la cantidad de vientos que deben ingresar al continente y en la actualidad limpian el aire y bajan la temperatura en verano; ruidos y demás contaminantes que producirán las obras; emisión de luces y obstrucción visual de las torres.

[28] Expresado por la legisladora en la Audiencia Pública convocada por la Legislatura de la Ciudad el 3 de junio del 2003.

[29] Según la misma, la Legislatura vería con agrado que el Poder Ejecutivo preserve la Reserva Ecológica Costanera Sur en forma integral, impidiendo toda obra o acción que pueda alterar el suelo, agua, aire o las especies animales y vegetales presentes, atendiendo al principio precautorio; asimismo, que impida la realización de todo tipo de obra, proceso, presencia de fuentes móviles o acciones que puedan influir, afectar o alterar negativamente a los componentes de la Reserva.

[30] El Plan Nacional de Erradicación de Villas (PEVE, Ley 17605).

[31] El PRIT tiene como objetivo primario incrementar la integración urbana, superando también el criterio de la erradicación, y asumiendo como responsabilidad primaria la integración y la transformación de las villas en barrios, previendo la incorporación de recursos de partidas unificadas de las distintas áreas de Gobierno a través de la CMV (hoy IVC), fondos provenientes de transferencias del Gobierno de la Ciudad, y la prevista coparticipación de los impuestos nacionales sobre juegos y recursos FONAVI. Está estructurado en: Programa de apertura de calles, Programa de viviendas colectivas, Programa de vivienda individual, Programa de reordenamiento parcelario, Programa de saneamiento ambiental (servicios de agua, cloacas, desagües pluviales, electricidad), Programa de equipamiento comunitario, Programa de mantenimiento y mejoras.

[32] Durante la primera gestión de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno.

[33] La Resolución 1004 de la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano, otorga la declaración de impacto ambiental "de manera condicionada" a la empresa Santa María del Plata S.A., para un proyecto de urbanización en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

[34] Esos aspectos son los siguientes. La propuesta de subdivisión y cesión de vía publica deberá contener una estructuración de las vialidades tal que permita la integración franca del sector con su entorno y con la trama urbana de la ciudad. El acceso deberá ser franco y con opciones múltiples al parque costero y su deslinde de las parcelas frentista, con un espacio circulatorio de carácter público. La propuesta de parcelamiento deberá cumplimentar las especificaciones de la Sección 3 del Código de Planeamiento Urbano con relación a lo especificado en el artículo 3.2.2 "Parcelamiento con acceso obligatorio a vía pública" y en el artículo 3.2.4 "División y Dimensiones Mínimas de las parcelas", con relación a la figura geométrica que constituyan las nuevas parcelas. Las altas parcelarias se efectivizarán en la medida en que se cumplimenten las obras viales necesarias para la efectiva integración del predio a la trama urbana. La aprobación final de todo el proyecto de subdivisión se otorgará cuando se certifique fehacientemente la ejecución del mismo. La localización de usos complementarios a los residenciales en los rubros educativos, comerciales y de servicios, deberán tener superficies acordes con la población a localizar.

[35] El estudio de arquitectura Baudizzone-Lestard-Varas será el encargado de materializarlo.

[36] Puede ser por s proximidad a ciertos equipamientos, por su buena accesibilidad, por sus condiciones ambientales, por connotaciones socio-culturales, etc.

[37] Zonas que, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos o sectores urbanos de características diferenciales, son objeto de regulación integral en materia de uso, ocupación y subdivisión del suelo y plástica urbana.

[38] Promulgada el 30 de diciembre de 1998, declara de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios.

[39] La ONU sugiere esos lineamientos.

[40] Localizada a la vera del lago regulador Soldati, un emplazamiento con graves problemas de contaminación ambiental.

[41] Se entiende por Impacto Ambiental a cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia,  directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales

[42] Esta Ley tiene como objeto: establecer el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras;  preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora;  proteger la fauna y flora urbanas no perjudiciales;  racionalizar el uso de materiales y energía en el desarrollo del hábitat; lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad;  mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua; regular toda otra actividad que se considere necesaria para el logro de los objetivos ambientales.

[43] Proyecto 200401948 que propone crear el Programa de Planeamiento y Gestión participativa para el asentamiento conocido como Costanera Sur Rodrigo Bueno, a fin de su urbanización (Proyecto del año 2004).

[44] Con menos del 10% de esa superficie podría desarrollarse un emprendimiento residencial acorde a la necesidad de esa población.

[45] El convenio urbanístico puede tener como objeto, adquisiciones fiduciarias de inmuebles, constitución de Consorcios de desarrollo urbano, englobamientos para desarrollos urbanos, baldíos aptos para recalificación ambiental, estructuras o edificios inconclusos, desarrollos que garanticen la conservación de inmuebles de interés patrimonial artístico, arquitectónico, histórico o paisajístico, edificios de conventillos, inquilinatos, casas de pensión u hoteles que no reúnan condiciones sanitarias adecuadas a los efectos de su saneamiento y toda otra acción, obra o programa  que desarrolle actividades productivas o posibilite acciones de renovación urbana, con el objeto de: solucionar problemas emergentes de viviendas vetustas o insalubres, servicios públicos inadecuados u obsoletos y, en general, la supresión de toda condición contraria a los intereses de salubridad, seguridad y comodidades públicas;  prevenir del deterioro o la ruina de edificios o áreas, servicios e infraestructura, su conservación y rehabilitación; demoler y limpiar edificios o áreas irrecuperables y su nuevo desarrollo; restituir a las áreas degradadas por falta de mantenimiento o por una construcción desordenada, de una estructura y de una arquitectura más racionales; recuperar, restaurar, sanear y salvaguardar áreas conservables por razones históricas, estéticas o paisajísticas; modificar parcelamientos defectuosos, que impidan o dificultan una adecuada edificación; crear, ampliar y conservar espacios verdes y para esparcimiento; corregir deficiencias en la estructura funcional de determinadas áreas, provocadas por el inadecuado uso del suelo, la congestión del tránsito, saturación de densidad poblacional, alto grado de cohabitación, deterioro ambiental y de condiciones de habitabilidad o la falta de servicios o equipamiento; crear y mantener un adecuado equilibrio dinámico y funcional entre las áreas de la ciudad, entre ésta y los municipios integrantes del área metropolitana, y entre ambos y la estructura urbano - regional de la Nación en su conjunto; promover la participación de los sectores representativos de la población así como de los habitantes de las áreas implicadas, en la preparación, discusión y ejecución de los planes y programas y proyectos de renovación urbana; desarrollar económicamente áreas degradadas mediante la radicación de actividades productivas.


Ponencia presentada en el Séptimo Encuentro Internacional Humboldt. Villa de Merlo, San Luis - Argentina. 19 al 23 de setiembre de 2005.