El debate tradicional sobre la industria se
caracteriza por una exposición del punto de vista del capital. De aquí que la
mayor parte de los discursos industriales se resuman en un pliego de reclamos
de subsidios públicos, exenciones impositivas, la manipulación de la moneda y
del crédito, y una exigencia de eliminar la legislación de protección del
trabajo e incrementar la tasa de explotación de la fuerza de
trabajo.
Los resultados de la industrialización
nacional, por parte del capital, han sido un estrepitoso fracaso. En los
últimos treinta años ha producido cinco bancarrotas, la última de las cuales,
la de 2001, produjo un retroceso del producto industrial medido en poder
adquisitivo internacional de casi el 80% (el PBI pasó de 280.000 millones a
90.000 millones de dólares). Los índices de pobreza alcanzan a la mitad de la
población; la infraestructura física, la educación y la salud se encuentran en
ruinas; la tasa de desocupación y subocupación es del orden del 25%, en una
nación que se caracteriza, sin embargo, por una baja densidad demográfica. La
tentativa del gobierno actual, de ‘reconstruir a la burguesía nacional’ es una
opaca repetición de los intentos de la dictadura militar de impulsar la
acumulación de capital mediante la creación de los ‘capitanes de la
industria’. Luego de treinta años de una política industrial del capital,
Argentina está hoy relativamente menos industrializada, una mayoría de la
industria se encuentra bajo el control del capital extranjero, la capacidad de
la burguesía nativa para competir en el mercado internacional ha retrocedido
–lo que sí es cierto es que el ingreso nacional se encuentra concentrado en
muchas menos manos que hace tres décadas y que las ganancias del capital baten
records históricos.
Vengo aquí a discutir la cuestión
industrial, no desde el punto de vista del capital sino desde el punto de
vista de la fuerza de trabajo. Esto significa un programa de fuerte desarrollo
de las fuerzas productivas del país, que ocupe a la totalidad de la mano de
obra, la califique, eleve las condiciones de vida de los trabajadores,
desarrolle los sistemas de salud y de educación. Para esto es necesario
concentrar en el poder público el ahorro nacional, que hoy se encuentra
aplicado casi por completo a la especulación financiera (el 55% del activo de
los bancos y casi el 70% del activo de las AFJPs se encuentra aplicado a la
especulación con la deuda pública). Lo que no va a la deuda pública va a la
especulación inmobiliaria, el principal negocio capitalista en el momento
actual, como lo demuestran las inversiones en Puerto Madero del principal
banco de la provincia de Salta, que al mismo tiempo es el agente financiero
del gobierno provincial.
El gobierno de la provincia, por su parte,
ha hipotecado el fondo de regalías petroleras para aplicarlo a negocios
turísticos que no incrementan el potencial industrial de la provincia sino que
son un canal perfecto para sacar la plata de la provincia y del
país.
La necesidad de concentrar el ahorro
nacional para desarrollar un plan de industrialización masiva del país plantea
la nacionalización de la banca y de las AFJPs, y la nacionalización de las
actividades que implican rentas extraordinarias, como el petróleo y el
comercio exterior. Denunciamos desde esta tribuna que, mientras de un lado hay
un ingreso masivo de capitales especulativos para comprar títulos públicos
indexados y realizar inversiones inmobiliarias o en el juego de azar, de otro
lado es más intenso que nunca el drenaje de capitales potenciales hacia el
exterior, bajo la forma de remesas de utilidades, intereses de la deuda,
ganancias y pagos de capital.
Argentina no puede soportar una política de
subsidios fiscales para los grandes grupos económicos, como el que, por
ejemplo, beneficia a la cadena de valor de la industria automotriz por 6.000
millones de pesos. Argentina no puede subsidiar a General Motors, Ford o
Techint sin continuar quebrando la salud, la seguridad y la educación. La
tentativa de desarrollar la competitividad internacional de la burguesía
argentina mediante el dumping fiscal respecto a otras naciones sólo puede
concluir en una nueva quiebra fiscal y con seguridad en el empobrecimiento
constante de nuestro pueblo.
En oposición a las exenciones fiscales y
los subsidios al capital, el Partido Obrero reclama la abolición del IVA y de
toda forma de impuesto que, como el IVA, implique una confiscación del
salario. El Estado debe ser mantenido con impuestos a las ganancias, a la
renta del suelo y a las grandes fortunas. El mantenimiento del aparato del
Estado debe ser drásticamente abaratado mediante el cese de los sobreprecios
en sus contrataciones (lo que requiere el control popular), mediante la
reconversión de la burocracia al trabajo productivo y la cancelación inmediata
de la deuda externa financiera, ya varias veces pagada por el pueblo y la
nación argentinos.
La industrialización de nuestra provincia
exige la realización de una reforma agraria que oponga a la desertificación
potencial de nuestro campo por parte de los pulpos sojeros, el poblamiento de
campesinos en cooperativas de producción combinadas y mixtas. Esta reforma
agraria será un poderoso mercado para la producción industrial. Es necesario
romper el entrelazamiento de negocios entre las camarillas estatales y los
pulpos privados, algo que se ha acentuado enormemente en los últimos años, en
particular en la provincia de Salta.
En oposición a la descalificación y a la
desvalorización de la fuerza de trabajo planteamos el salario mínimo igual al
costo de la canasta familiar, el respeto a la jornada laboral de ocho horas,
el cese de los regímenes de trabajo parcial o el encubrimiento de la relación
de dependencia bajo contratos tercerizados, o la depreciación del trabajo
juvenil con pasantías mal remuneradas; la formación profesional debe quedar a
cargo del empleador. El incremento del rendimiento de la economía nacional no
debe confundirse con la ganancia privada, con la cual frecuentemente entra en
contradicción insalvable, como lo demuestra la pesada carga de intereses y
capital que Argentina debe soportar por su endeudamiento. El incremento del
rendimiento económico debe ser el producto de la supresión de los gastos
parasitarios, de la racionalización de los procesos de financiamiento y
circulación de la producción, de la economía de escala, de la sincronización
de las diferentes ramas de la producción en conformidad con un plan económico
elaborado y discutido democráticamente. Un eje fundamental de la
industrialización argentina es la modernización del sistema ferroviario,
porque requiere la convergencia de distintas ramas de la industria. Oponemos
este planteo a las licitaciones ferroviarias en beneficio de grupos
financieros conocidos del poder que vienen acompañadas de subsidios
insoportables para el pueblo y que agravan la obsolescencia del sistema
ferroviario y perjudican el rendimiento económico de conjunto de
Argentina.
La privatización petrolera se opone a la
industrialización del país, como lo demuestra el simple hecho de que los
pulpos petroleros invierten en el exterior un porcentaje de hasta el 80% de
las ganancias que obtienen en el país. Han creado la escasez energética,
amenazando con que en tres años tengamos que importar el petróleo. A la
Argentina y a Salta se les abre la oportunidad extraordinaria de una
integración gasífero-petrolera con Bolivia, en la medida en que apoyemos las
movilizaciones del pueblo boliviano por la nacionalización de su principal
recurso energético. La enorme miseria que la privatización petrolera ha
provocado en Ecuador debe servir de lección.
En definitiva proponemos un nuevo modelo a
la discusión nacional: la industrialización bajo la iniciativa y el
protagonismo de los trabajadores.
Fuente: Prensa Obrera Nº 920, "CLAUDIO DEL PLA EN LA UNION
INDUSTRIAL", 6/10/05, Buenos
Aires.
1324/05 - Argentin
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