El 8, 9 y
10 de octubre
luchadoras de todo el país nos encontraremos en el XX Encuentro Nacional de
Mujeres, en Mar del Plata, una ciudad militarizada y ocupada por las fuerzas
de seguridad y los servicios secretos porque el “nacionalista” Kirchner va a
recibir en noviembre a Bush, el carnicero de Irak. Mardel es la capital
nacional de la desocupación, donde las patronales pesqueras se enriquecen
con la explotación a mansalva de sus trabajadores flexibilizados. La ciudad
donde las mafias policiales asesinan impunemente a las mujeres que
sobreviven ejerciendo la prostitución.
El Encuentro tendrá lugar en el marco de
un gobierno que hace campaña electoral diciendo que garantiza la
anticoncepción gratuita, mientras en el país cada cinco minutos una
adolescente se hace madre. De un gobierno que pregona los derechos
reproductivos, pero que tiene un pacto inviolable con la Iglesia, en un país
donde la primera causa de muerte materna es el aborto
clandestino.
El Encuentro se realizará en el medio de
una campaña electoral en la que gobierno y oposición –más allá de sus
fricciones de capilla– celebra a coro que la economía crezca un 8,8% anual y
que las estimaciones prometan un superávit fiscal de 20.000 millones de
pesos en 2005. Pero ni nosotras ni nuestras familias nos beneficiamos con el
crecimiento de la economía. La brecha social –la diferencia entre lo que
reciben los más ricos y lo que reciben los más pobres– es ya de 38,2 veces,
la mitad del país gana menos de 400 pesos, hay 14 millones de pobres y casi
cuatro millones de desocupados o subocupados, que changuearon algunas horas
semanales. En este cuadro, las mujeres somos las más pobres entre los
pobres: seis de cada 10, exactamente; y el 16,6% de nosotras vive en la
indigencia, con un ingreso promedio de 221 pesos, lo que cubre sólo el 58%
de la canasta básica (380 pesos mensuales). De eso no hablan ni Cristina
Kirchner, ni Chiche Duhalde, ni Elisa Carrió, ni ningún candidato patronal.
Ese es el verdadero pacto.
El gobierno se jacta de que creció el
empleo –un crecimiento, por otra parte, en plena desaceleración–, pero
oculta que es un empleo basura, con salarios de hambre, que condena a los
trabajadores a la pauperización masiva. Entre ellos, a los 800.000 Jefas y
Jefes que trabajan en el Estado el 50 ó 60% de la jornada convencional por
150 pesos. Según el Indec, los “nuevos empleos” reciben un salario de 400
pesos promedio, si son en blanco, y 200 pesos si son en negro, y la mitad de
los trabajadores está en negro. Las mujeres tenemos los empleos más
precarios y los salarios más bajos, porque somos la variable de ajuste de
los patrones. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 34% y,
entre los universitarios, de 45,9%. Pero sí vamos primeras en el ránking de
la desocupación y en la depreciación del salario: desde la devaluación, y a
pesar de la inflación, la pérdida real del salario femenino es del 32,4%.
Las mujeres somos mayoría en los planes sociales pero, según el ministro
Tomada, el 63% de los desocupados que obtuvieron empleo son
varones.
Mientras la canasta familiar ronda los
800 pesos, el gobierno acusa de terroristas a los trabajadores que luchan
por el salario. Mientras se dan de baja 150.000 planes sociales, el gobierno
amenaza con represión al movimiento piquetero. En tanto, los empresarios se
refriegan las manos porque los costos laborales bajaron un 35%: éste es el
único secreto de la recuperación económica del kirchnerismo.
La miseria salarial es la que permite que
la burguesía mantenga su “competitividad” en los mercados internacionales.
Como señala La Nación, si en el país hay dos millones de trabajadores
que cobran 200 pesos mensuales con jornadas de 8 horas y más, ¿cómo aumentar
los planes sociales?, ¿quiénes aceptarían trabajar en esas condiciones?
Quieren forzarnos a trabajar por salarios de indigencia, quieren usarnos
como ariete contra la lucha salarial de los trabajadores
ocupados.
Por eso Lavagna y Kirchner les han
prometido a los empresarios terminar con el plan Jefes (1,5 millón de
personas) y sustituirlos por un seguro al desocupado y el Plan Familias, un
plan de esclavitud de la mujer que cuentan con el beneplácito de la Iglesia
y la oposición. El Plan Familias, exclusivo para madres con más de tres
hijos en estado de desnutrición, hoy alcanza a 230.000 mujeres. Se les
exige, para cobrarlo, que permanezcan en su casa para responder a las
inspecciones y presentar la libreta de vacunación y de escolarización de sus
hijos. Intentan convertirnos a las luchadoras de los comedores populares y
los cortes de ruta en presas en nuestro propio hogar por 200 pesos
mensuales, sometidas al monitoreo del gobierno. Se proponen culpabilizarnos
por la desnutrición y la deserción escolar de nuestros hijos, cuando sólo en
la provincia de Buenos Aires han desertado 100.000 chicos de la EGB y otros
tantos de la enseñanza media, cifras que casualmente coinciden con las de
Unicef sobre el número de chicos que trabajan sólo en la provincia de Buenos
Aires. Se proponen culpabilizarnos cuando ya hay una generación completa de
niños menores de seis años de menor estatura que la media histórica,
producto de la desnutrición de sus madres. Condenan a nuestros hijos a no
tener ningún futuro. “Esta es la primera generación de jóvenes que va a
estar peor que sus padres”, ha dicho livianamente el ministro de Educación,
Filmus. Nosotras no aceptamos vivir en la desesperación.
Algunos candidatos “preocupados” por la
pobreza, proponen como alternativa la “redistribución” del ingreso sin tocar
ninguno de los privilegios del capital. El “ingreso mínimo ciudadano” de la
CTA o de Carrió ni siquiera alcanza a cubrir la canasta familiar y no dice
ni pío de aumento salarial. Su programa es achicar la brecha entre pobres e
indigentes, en una verdadera “redistribución de la pobreza” que no afecte en
nada los superbeneficios capitalistas. Por eso sus defensores están en la
vereda de enfrente de los trabajadores del Garrahan, que reclaman un salario
de 1.800 pesos, igual a la canasta familiar; por eso han firmado la “paz
social” con Solá, traicionando la lucha docente.
Nosotras impugnamos la idea de que la
desocupación y la pobreza “han llegado para quedarse”, como si fueran un
fenómeno de la naturaleza. Sabemos que son consecuencia fatal de una
política económica proimperialista, que desvió hasta el 60% de los fondos
fiduciarios destinados a la obra pública –o sea, a generar empleo– al pago
de la deuda. Después del acuerdo con el FMI y los bonistas ya ni sabemos
cuánto debemos, porque la deuda se ajusta por inflación: cada punto de
inflación que hace más inalcanzable la canasta familiar forra las cuentas de
los acreedores externos. Es imposible salir de la miseria si no se rompe con
el FMI, si no se desconoce la deuda externa, si el país no recupera los
recursos naturales.
Exigimos un salario mínimo y móvil igual
a la canasta familiar, la universalización y el aumento de los planes y el
derecho de las organizaciones de desocupados a discutirlo en paritarias, una
jubilación del 82% móvil y un seguro al parado similar a la
jubilación.
Repudiamos la represión contra el derecho
a manifestarse del movimiento piquetero y contra los trabajadores en huelga.
Afirmamos que es Kirchner quien pacta con la patota bonaerense, porque tiene
a esos intendentes en sus listas de candidatos, porque ha amparado a Duhalde
y a Solá para que no sean acusados en el juicio por la masacre del Puente
Pueyrredón.
Llamamos a las compañeras a organizar una
presencia masiva de luchadoras en Mar del Plata. El XX Encuentro de Mujeres
va a ser una gran asamblea donde podremos compartir y potenciar nuestras
experiencias de lucha, donde podremos discutir un programa que nos permita
avanzar, junto a la clase obrera, en el camino de reorganizar el país sobre
otras bases sociales.