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Asunto:NoticiasdelCeHu 1186/05 - Estados Unidos - La otra cara del capitalismo salvaje (Alvin y Heidi Toffler)
Fecha:Jueves, 8 de Septiembre, 2005  09:53:35 (-0300)
Autor:Centro Humboldt <humboldt @...........ar>

NCeHu 1186/05

Rumbo al VII EnHu
 
 
Sobre el Estado y su......"ausencia"


Estados Unidos

La otra cara del capitalismo salvaje

Alvin y Heidi Toffler


 

LOS ANGELES /

Entre los críticos europeos, ya es de rutina llamar “capitalismo salvaje” al sistema norteamericano. A menudo, abonan su opinión con citas de los teóricos libremercadistas más radicales, virtualmente contrarios a toda intervención gubernamental en la economía. Por lo común, utilizan estos ataques para apoyar una mayor severidad en la regulación estatal del sector privado, justificada o no según las circunstancias. Lo que no se justifica es la ignorancia o las mentiras emanadas de imágenes inexactas de la economía norteamericana, difundidas por muchos intelectuales y elites del mundo entero.

El gasto público norteamericano

Cabe preguntarse, pues, hasta qué punto es “capitalista” el capitalismo norteamericano.

Todos los gobiernos moldean la economía por medio de sus políticas macroeconómicas y de innumerables disposiciones: legislación laboral, normas comerciales, etcétera. Pero también influye en ella el modo en que gastan los fondos públicos.

Quizá sorprenda a la mayoría de los observadores, incluidos muchos norteamericanos, saber que en una economía con más de 11 billones de dólares de PBI anual, los organismos de gobierno federales, estatales y locales gastan (y, por ende, distribuyen directa o indirectamente) alrededor de un tercio de ese monto. Cualquier institución que maneje semejante flujo anual de dinero difícilmente será impotente, aun en el país considerado el corazón del capitalismo.

Los gastos públicos no están sometidos a un planeamiento de controles centrales, pero no por ello dejan de tener un efecto enorme en la economía de Estados Unidos. Bajo el influjo de políticos y lobbistas, las regiones prosperan o decaen, los pueblos se desplazan, las viejas industrias declinan y brotan otras nuevas.

Tampoco es correcto suponer que Estados Unidos gasta menos en bienestar social que otras naciones occidentales. Como señaló el británico Timothy Garton Ash: “El programa Medicaid, por sí solo, gasta más en atender a 40 millones de norteamericanos pobres que nuestro preciado Servicio Nacional de Salud en cuidar de los 60 millones de habitantes que tiene el Reino Unido”. Y ésta es tan sólo una tajada del presupuesto sanitario. Si el sistema de salud de Estados Unidos afronta un colapso burocrático, no es porque el gobierno intervenga demasiado poco.

Texas y Florida quizá no se habrían expandido tanto sin las inversiones de fondos federales en la NASA y la industria espacial. El Pentágono gasta su dinero en todo el país, en forma directa o indirecta. Seattle podría no haber engendrado a Microsoft si no hubiese albergado ya a Boeing, que en 2003 obtuvo el 54 por ciento de sus ingresos del Tío Sam.

Estos ejemplos apenas si insinúan hasta qué punto el gobierno influye en la economía nacional. Los extranjeros cándidos, engañados por la prédica de Washington, tal vez no perciban la densa red de normas que rigen los negocios y la vida cotidiana de los norteamericanos. En 2002, el U.S. Federal Register, compendio de las reglas federales, sobrepasó las 75.000 páginas y seguía creciendo a razón de unas 4500 reglas nuevas por año. Sumemos a esto los códigos estatales y el sinnúmero de normas locales.

Salvo unos pocos anarquistas, todos los norteamericanos –hasta los libremercadistas más fanáticos– admiten la necesidad de cierta reglamentación en cualquier sociedad compleja. Pese a su constante retórica hostil, el Partido Republicano, orientado hacia los negocios, está tan dispuesto a dictar nuevas normas como el Partido Demócrata, más orientado hacia lo social.

Según un informe preparado para la Administración de Pequeñas Empresas, en 2000, las normas federales por sí solas impusieron un gasto adicional de 497.000 millones de dólares a las empresas norteamericanas, en desmedro de su competitividad, y de 346.000 millones a los consumidores y las agencias del gobierno. Hay otras estimaciones más altas.

Una regulación federal excesiva puede asfixiar a sectores empresariales enteros, y a menudo lo hace, imponiéndoles costos que sus mercados no pueden soportar. Pero en la guerra ideológica se presta poca atención a un sector enorme, aunque oculto, de la economía: el de los que podríamos llamar los “mercados obligatorios”. Son aquellos que deben su creación o prosperidad exclusivamente a la compra de ciertos productos o servicios por mandato legal. Parecen mercados libres, pero no lo son. Por ejemplo, en casi todo el país, la ley obliga al dueño de un auto a comprar un seguro de responsabilidad civil. Además, el auto debe tener controles de emanaciones, cinturones de seguridad y, si viaja en él un bebe, una silla especial.

Desde luego, también hay mercados obligatorios en otros países. La Unión Europea está muy ocupada en tender una red de normativas por encima de las nacionales, provinciales y locales. Pero no son sus economías, sino la norteamericana, la que, por rutina, se presenta falsamente ante el mundo como una tierra de nadie, sin reglas ni vigilancia.

Estados Unidos es la punta de lanza de la riqueza revolucionaria global. Su economía está cambiando cada vez más aceleradamente. Su diversidad y producción van en aumento; sumadas, requerirán normativas cada vez más complejas que cambien cada vez más rápido. Esto es igualmente cierto para cualquier país en transición desde la fase de las chimeneas y líneas de montaje hacia una economía avanzada, basada en el conocimiento. Estados Unidos, supuestamente la nación más capitalista del mundo, no es lo que la gente cree. Y en el futuro lo será todavía menos.

Entre otros libros, el autor de La tercera ola y su esposa publicaron juntos Guerra y antiguerra , en 1994.

(Traducción de Zoraida J. Valcárcel)


Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina; 7 de septiembre de 2005.