El derrumbe del gobierno encabezado por Lula avanza a pasos
agigantados. Luego de un discurso reciente en que Lula pidió “perdón” por la
corrupción de su gobierno, el 72% de los entrevistados por los encuestadores
de opinión respondieron que no le creían. Nuevas declaraciones ante la
comisión investigadora del Congreso han puesto de manifiesto que las
campañas electorales del PT fueron financiadas de un modo ilegal y que esto
ocurre desde, por lo menos, 1989. De cualquier modo, lo que se conoce es un
fragmento de la realidad, en especial cuando se tiene en cuenta que el
ministro de Gestión Estratégica, Luiz Gushinken, está fuertemente
cuestionado por su manejo de los fondos de pensiones que tienen
participación estatal, como los del Banco do Brasil, la minera Vale do Río
Doce o la petrolera Petrobras. El presidente del Banco Central, Luiz
Meirelles, ex presidente del Bank of Boston, que pertenece al partido
opositor PSDB, no se encuentra preso por evasión fiscal solamente porque se
le ha dado una suerte de inmunidad ministerial. La experiencia de
colaboración de clases del petismo, que en nuestras tierras han apoyado
todos los partidos de izquierda, concluye en un completo desastre e incluso
a una velocidad sorprendente. La formación del ‘frente amplio’ que llevó a
Lula a la presidencia le costó al PT, se acaba de saber, la ‘generosa’ suma
de cuatro millones de dólares –el monto que le pidió el partido Liberal de
su vicepresidente Alençar, un empresario derechista de la industria textil,
para ‘financiar’ su propia campaña electoral. La política de la ‘unidad que
suma’ implica una enorme suma, sí, pero de dinero.
El contenido político de la
crisis
La corrupción, sin embargo, no define el carácter de la
crisis, en especial porque del lado opositor al gobierno de Lula hay un
número mayor de corruptos que en el oficialismo. La corruptela del círculo
dirigente del PT es un método de gobierno; la de sus adversarios es, además,
un modo de vida.
La crisis política en curso fue desencadenada como
consecuencia de la paralización de la llamada reforma ministerial que Lula
debía haber implementado hacia marzo pasado para incorporar nuevos partidos
y sectores al gobierno y conformar de ese modo una mayoría legislativa
estable. El PT no solamente había llegado al gobierno en el marco de un
frente burgués sino que no podía gobernar sin la ampliación creciente de su
frente con la burguesía, es decir sin producir el vaciamiento político
completo del gobierno. La clase capitalista no se conformaba con la política
fondomonetarista y antiobrera del gobierno encabezado por el PT; reclamaba
además el control institucional del gobierno y el fin de cualquier
pretensión de autonomía política por parte del aparato dirigente del PT. En
definitiva, se había puesto en marcha un operativo para condicionar la
tentativa de reelección de Lula en 2006.
Un columnista de la Folha de São Paulo
caracterizó descarnadamente, en aquel momento (20/3), la crisis de poder
que creó el parate de la reforma ministerial. Calificó al fracaso de la
reforma como, nada menos, que “una amenaza a la economía”, lo que equivalía
a cuestionar, como insuficiente, el cumplimiento a rajatablas del programa
fondomonetarista. Denunció “una indecisión del presidente Luiz Inácio Lula
da Silva en relación a asuntos políticos” y reveló que “la llamada elite
quedó asustada con el cajoneo de la reforma ministerial amplia, con la cual
Lula aumentaría el espacio de los aliados (PMDB, PP) en el gobierno,
reorganizaría su base inestable de apoyo en el congreso, sellaría acuerdos
para su reelección y resolvería problemas puntuales de gestión”. Aquí
tenemos caracterizado el contenido político de la crisis que se procura
oscurecer con la avalancha de denuncias de corrupción. No es casual que ya
estallada la crisis el mismo columnista recomendara la “itamarización” de
Lula, en alusión al presidente Itamar Franco, que se hizo cargo del
gobierno, en 1994 ( NdR: año 92 ), luego de la destitución por corrupción del presidente
Collor de Melo, y que designó a Fernando Enrique Cardoso, primero como
canciller y luego como ministro de Economía, allanándole el camino para que
se convirtiera en presidente en la elección siguiente. En resumen, las
denuncias de corrupción son una continuación por otros medios de la política
de copamiento del gobierno de Lula por parte de la burguesía, que se había
desarrollado desde el comienzo de su mandato con el total acuerdo de la
camarilla dirigente del PT. La crisis política es la consecuencia del parate
sufrido por este copamiento, o sea por el intento de esa camarilla de
conservar un mínimo margen de autonomía para pilotear la reelección de Lula
–una autonomía, claro, defendida a base de coimas.
La disolución del gobierno y del
PT
En Brasil se desarrolla una crisis política que enfrenta a
dos polos de la burguesía. Es probable que en el polo opositor se encuentre
algún sector partidario de revisar la política económica, ‘a la Duhalde’
(reestructuración de la deuda), pero por el momento es un frente único para
controlar las elecciones de 2006. A medida que la crisis política gana
nuevas alturas las apuestas se modifican en audacia. La posibilidad de la
reelección de Lula está definitivamente cuestionada –a lo sumo existe la
intención de incorporar a un sector de la dirección del PT a un gobierno de
coalición posterior a las elecciones. En el Congreso se ha formado un comité
de vigilancia para monitorear la crisis; el gobierno de Lula se ha
convertido en provisional, con libertad vigilada. La alternativa de un
juicio político está contenida por el temor a movilizaciones populares o a
precipitar una crisis financiera. Aunque un relevo, a término, de Lula
significaría un golpe final a la moral de las masas que lo siguieron, la
burguesía obra con prudencia para evitar un estallido eventual de la ira
popular.
En este cuadro, el PT parece encaminarse a una disolución.
Hay un operativo de renuncias con esta intención, por ejemplo del ex
gobernador de Brasilia y ex ministro de Lula, Cristovam Buarque. Pero
incluso la izquierda del PT, que ha sido cómplice de todas las fechorías
políticas del gobierno, también parece licuarse. Un texto de Valter Pomar,
líder de esta izquierda capituladora, sólo ofrece la alternativa de producir
un recambio en las elecciones internas del PT previstas para septiembre y en
una reunión con Lula (Linha Aberta, 8/8). El PT es una creación
oportunista construida en torno a la figura de Lula, no en torno a un
programa y a cuadros formados por ese programa, por eso su colapso parece la
alternativa más probable. Es remota la posibilidad de que reaccione en esta
crisis con un vigoroso planteo de lucha contra la burguesía que está
organizando el fin del gobierno de Lula y contra el aparato proimperialista
del PT. Sólo si la crisis deriva en una intervención de las masas podría
darse la posibilidad improbable que un sector del PT se ponga a la cabeza de
una salida anticapitalista a la presente crisis.
La burguesía, sin embargo, mide sus pasos. Mientras advierte
contra la tentación que podría estar circulando en el PT de “implosionar la
política económica y tener una recaída chavista, movilizando al MST, a la
CUT, etc. contra el fantasioso golpe de las elites” (Folha, 9/7), no
esconde su preocupación por “el fin del PT (que) sería ruinoso para
Brasil... (porque) es un amortiguador social que no puede ser sustituido de
un día para otro” (14/8). Como puede apreciarse, sólo la falta de un colapso
económico del tipo argentino de 2001 se interpone entre la crisis actual y
una situación revolucionaria.
Una miopía colosal
La reacción frente a la crisis por parte de la izquierda que
se encuentra fuera del PT es una verdadera calamidad. El PSTU ha presentado
un recurso ante la fiscalía del Estado para que investigue la corrupción
gubernamental en la perspectiva de producir un juicio político contra Lula.
Dice que “por ahora” no está de acuerdo con ese juicio porque la juventud y
los trabajadores “creen” todavía en Lula, pero que es necesario
“concientizarlos de que él es el responsable de la corrupción” y que “es
necesario mostrar a ese sector del pueblo brasileño de que Lula es su
enemigo” (Opinião Socialista Nº 227). Este planteo
coloca al PSTU a remolque de la ofensiva del polo capitalista de copamiento
del gobierno y de su eventual vaciamiento y destitución. Desarma
políticamente a las masas que votaron por Lula al reforzar la demagogia de
la conspiración golpista del Congreso.
La otra fracción de izquierda que está fuera del PT es otra
variante de la posición del PSTU: ha comenzado una recolección de firmas
para que se convoque a un referéndum que destituya a Lula y anticipe las
próximas elecciones. El PSOL aspira a un rédito electoral de la crisis y
para colmo cree que va a lograrlo. Ninguna de estas dos fracciones de la
izquierda ha conseguido remontar la retórica de la corrupción; el contenido
político de la crisis simplemente lo ignoran.
La izquierda brasileña en su conjunto no ha conseguido
caracterizar a la crisis política actual, o a la etapa actual de una crisis
política de alcance más general, como un enfrentamiento entre dos polos de
la burguesía, un clásico en la historia política mundial. Estamos ante un
enfrentamiento entre nuestro enemigo y el enemigo de nuestro enemigo; el PT
y Lula son en este escenario, a pesar suyo ¡claro!, los enemigos de nuestros
enemigos. Una intervención independiente de las masas sólo puede ser
preparada, organizada e impulsada señalando el camino para derrotar a
nuestro enemigo, la derecha parlamentaria y el golpismo, por medio de la
movilización popular y por medio de una delimitación total y completa del
aparato dirigente del PT y del gobierno burgués de Lula. Entre Kornilov y
Kerensky; entre Sanjurjo y Azaña; entre Videla e Isabelita –no somos
neutrales. El responsable principal de la crisis actual es, por supuesto, el
aparato del PT y Lula; los democratizantes han sido siempre los responsables
de todos los desastres. Esto no exime que el desastre propiamente dicho lo
representa una victoria de la derecha y la desmoralización del
pueblo.
Contra la derecha sin apoyar a Lula, planteamos: 1) castigo
a todos los corruptos, tanto del PT como del Congreso; 2) expulsión de los
corruptos y del aparato pro FMI del PT; 3) que el PT rompa con la burguesía,
expulse a los ministros capitalistas y pro FMI del gobierno y rompa con el
imperialismo; 4) disolución del Congreso proimperialista, corrupto y
golpista y convocatoria de una asamblea constituyente soberana que se haga
cargo del poder político de Brasil; 5) que la CUT y el MST convoquen a una
huelga general hasta imponer estas reivindicaciones políticas.
Los yanquis
Un capítulo final pero no menos importante es el
imperialismo yanqui y la crisis. El secretario del Tesoro, Snow, estuvo en
Brasil para apoyar a Lula. Pero al mismo tiempo un comité internacional
manejado por Bush, que preside Cardoso, acaba de pronunciarse por una
campaña para aislar a Chávez. El imperialismo yanqui quiere preservar la
política económica de Lula, pero participa activamente en la preparación de
un giro en la situación política latinoamericana para acabar con Chávez. El
gobierno Bush interviene en la crisis brasileña en calidad de árbitro. Mide
las posibilidades y riesgos de cada bando. Lo que es incuestionable, sin
embargo, es que al imperialismo no le alcanza con el papel de Petrobras y de
Lula contra la revolución boliviana. En la crisis política brasileña está en
juego un realineamiento de fuerzas contra las masas a escala de América
Latina.
Fuente: Prensa Obrera, Nº 913, Buenos Aires,
18/8/05.
1130/05 - El derru
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