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Asunto:NoticiasdelCeHu 720/05 - El sistema nacional de áreas protegidas
Fecha:Miercoles, 1 de Junio, 2005  08:53:11 (-0300)
Autor:Centro Humboldt <humboldt @...........ar>

NCeHu 720/05
 

EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

CONSECUENCIAS DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL AMBIENTE EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994

 

Marcelo Alberto López Alfonsín1

Adriana Norma Martínez2

 

Sumario:

Los antecedentes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Argentino se remontan a 1903. En 1980, la sanción de la Ley 22.351 consolida un sistema federal. El Estado Nacional ejerce dominio y jurisdicción sobre las áreas protegidas pertenecientes al sistema.

La mayoría de los parques nacionales creados por vía legislativa desde 1934 hasta sancionarse la ley orgánica fueron consagrados en esta categoría sobre una base territorial correspondiente al concepto de "establecimientos de utilidad nacional" (artículo 67 inciso 27 de nuestra Constitución, hoy 75, inciso 30).

La reforma constitucional de 1994 introdujo una novedad trascendente: consagró el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios.

El constituyente de 1994 incorporó una cláusula ambiental específica, modificando cualitativamente la relación competencial ambiental Nación-Provincias en nuestro sistema federal.

El Congreso Nacional sancionó normas de "presupuestos mínimos de protección ambiental" (así: Ley Nº 25.675 – Política Ambiental), que importan modificar paradigmas clásicos de conservación de la naturaleza.

Debe repensarse el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ante los nuevos mandatos constitucionales, fundamentalmente respecto a la relación Nación-Provincias y una eventual nueva legislación de "presupuestos mínimos", partiendo de una adecuada relación entre la base normativa y la ordenación territorial.

La ley 25.675 establece lineamientos de política ambiental nacional, sienta principios y detalla instrumentos. La ordenación territorial ocupa un lugar destacado.

El enfoque propuesto atiende a la naturaleza interdisciplinaria del ambiente y características del instrumento ordenación territorial, por considerarlas indispensables para que un sistema jurídico-institucional de protección del medio natural sea eficaz y eficiente.

 

    1. I. INTRODUCCIÓN.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene antecedentes en la República Argentina que se remontan al año 1903. La primera ley que crea el Parque Nacional Nahuel Huapi fue sancionada en el año 1934, el que constituyó así el primer Parque Nacional de Latinoamérica y la mayor área protegida para la conservación de la naturaleza resguardada por el Estado nacional. Recién en el año 1980, con la sanción de la Ley Nº 22.351, se consolida un sistema federal a cargo de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Es importante señalar que sobre las áreas protegidas pertenecientes a este sistema el Estado nacional ejerce dominio y jurisdicción (artículo 1ro. de la Ley Nº 22.351). La gran mayoría de los parques nacionales creados por vía legislativa desde el año 1934 hasta la sanción de la ley orgánica antes referida fueron consagrados en esta categoría sobre una base territorial que correspondía al concepto de "establecimientos de utilidad nacional" en los términos de la anterior artículo 67 inciso 29 de nuestra Constitución Nacional. Vale decir, que dichas áreas protegidas se asentaban mayoritariamente en territorios nacionales. A partir del año 1980 las nuevas áreas protegidas sometidas al régimen establecido por la Ley Nº 22.351 que se fueron incorporando a lo largo de estos años obligaron al Estado nacional a una difícil relación con las provincias por la resistencia de las mismas a ceder jurisdicción sobre las áreas. Así, muchos de los parques nacionales que integran el sistema no están consolidados jurídicamente como áreas protegidas debido a la falta de alguno de los dos requisitos establecidos por el artículo 1ro. de la Ley Nº 22.351.

La reforma constitucional del año 1994 introdujo una novedad trascendente en este punto al consagrar el dominio originario de los recursos naturales existentes en los territorios de cada provincia a éstas (artículo 124 de la Constitución Nacional). Asimismo, el constituyente de 1994 incorporó una cláusula ambiental específica (artículo 41 de la Constitución Nacional) que implicó un cambio cualitativo en la relación competencial Nación-Provincias dentro de nuestro sistema federal en esta materia. De esta manera, el Congreso de la Nación ha sancionado normas de presupuestos mínimos de protección ambiental (p. ej. la Ley Nº 25.675 – Política Ambiental o Ley General del Ambiente) que importan cambios cualitativos en los paradigmas clásicos de conservación de la naturaleza.

Es necesario, pues, repensar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas a la luz de los nuevos mandatos constitucionales, fundamentalmente en lo que hace a la relación Nación-Provincias y a una eventual normativa de presupuestos mínimos sobre esta cuestión, al igual que modernas categorías de conservación que se adecuen a los mandatos constitucionales establecidos por el poder constituyente derivado o reformador.

 
    1. II. METODOLOGIA DESARROLLADA:

Por lo tanto, para llegar a ese último punto, iremos de lo general a lo particular, comenzando por el análisis del proceso de constitucionalización del ambiente introducido en la reforma constitucional del año 1994, para pasar luego a la descripción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tanto a nivel nacional como con distintas perspectivas comparadas, para llegar al fin al planteo de la necesidad o no de una reforma legislativa.

Una vez llegado a este punto, analizaremos la naturaleza jurídica del instituto de las áreas naturales protegidas, a la luz de los paradigmas impuestos por el convencional constituyente en el año 1994, donde se sitúa el problema que proponemos analizar.

 

III. PLANTEO DEL PROBLEMA:

a) ¿Qué cambios implicó la constitucionalización del ambiente y la provincialización del dominio de los recursos naturales en la relación de competencias entre la Nación y las Provincias?

b) ¿Qué significó el mandato constitucional de sancionar normas de presupuestos mínimos en materia ambiental con relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

c) ¿Se ha conformado una nueva naturaleza jurídica para el instituto de las áreas protegidas de conformidad con el artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional?

d) ¿Qué consecuencias tiene la respuesta afirmativa a la pregunta anterior en cuanto a la necesidad de una reforma legislativa a la ley orgánica de Parques Nacionales?

 

IV. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION:

Creemos conveniente aclarar que a lo largo de la presente investigación realizaremos permanentes idas y venidas desde el derecho constitucional al derecho ambiental y viceversa, por lo tanto, evidentemente nos movemos en el campo del derecho público.

Durante la primera parte, de la investigación, al estudiar e proceso de constitucionalización del ambiente, utilizaremos la metodología del estudio de las fuentes en dicho proceso, tanto en el derecho internacional, en el derecho constitucional comparado, en el derecho público provincial argentino, y en el tradicional régimen jurídico de los recursos naturales.

Luego pasaremos al análisis del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, utilizando para ello la metodología propia del derecho comparado, al analizar los sistemas propios de los Estados Unidos de Norteamérica, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda y de España, entre otros.

Volveremos al ámbito del derecho constitucional, para mostrar la naturaleza jurídica del instituto de las áreas protegidas y sus particularidades.

Luego, cuando analicemos la reforma constitucional de 1994 estaremos nuevamente en el ámbito del derecho constitucional argentino. Pero inmediatamente pasaremos al derecho constitucional comparado, cuando estudiemos el régimen competencial en este tema en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y España, entre otros.

 

V.. LOS PLANTEOS TEORICOS A ANALIZAR:

Primero. Planteo introductorio: a) Realizar un análisis de las distintas fuentes del proceso de constitucionalización del ambiente del año 1994.

b) Estudiar los distintos sistemas de recepción del ambiente en las diferentes ramas del ordenamiento jurídico interno.

c) Analizar las implicancias que el proceso de constitucionalización originó en las diferentes ramas del derecho.

Segundo. Analizar ambos elementos, es decir las fuentes y su recepción, en el derecho constitucional comparado, en particular en el caso de España.

Tercero. Analizar el problema en el derecho interno argentino, en particular a partir del desarrollo legislativo infraconstitucional de la categoría de "los presupuestos mínimos de protección ambiental".

Cuarto. Trazar una semblanza del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en particular de su régimen legal.

Quinto. Analizar los sistemas de Áreas Protegidas de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y España.

Sexto. Describir la naturaleza jurídica del instituto de las Áreas Protegidas como "establecimiento de utilidad nacional" en los términos del anterior artículo 67 inciso 29 de nuestra Constitución Nacional.

Séptimo. Realizar un análisis valorativo del instituto bajo estudio, en particular de los cambios producidos en su naturaleza jurídica producto de la modificación introducida en el año 1994 en el actual artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional.

Octavo. Comparar los resultados de dicho análisis con el Sistema de Áreas Protegidas Español: describir similitudes y diferencias a partir de un marco de competencias diferenciado.

Noveno. Elaborar un modelo de Red Federal de Áreas Protegidas, conjugando los mandatos constitucionales con los nuevos paradigmas de conservación de la naturaleza, a partir del régimen de competencias Nación-Provincias que surge de la reforma del año 1994 en esta materia.

 

VI. HIPÓTESIS.

a) Si el proceso de constitucionalización del ambiente tuvo como fuente el derecho internacional, el derecho constitucional comparado – en particular, la constitución del Reino de España de 1978 -, el derecho público provincial, y diversas normas vinculadas con el régimen jurídico de los recursos naturales, la recepción de dicho proceso en las distintas ramas del derecho tuvo distintas consecuencias. Desde la perspectiva constitucional, el régimen competencial se vio sustancialmente modificado por la incorporación de la categoría de los denominados "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental" , categoría tomada primordialmente del derecho constitucional español, con un régimen competencial diferente al federalismo histórico argentino.

b) Si el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como modelo de conservación de la naturaleza, tuvo como principal antecedente el establecido por Estados Unidos de Norteamérica, a través del Nacional Parks Service (NPS) entre otros modelos de organización territorial de tipo federal, la naturaleza jurídica de las áreas protegidas sufrió una mutación a partir del nuevo artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional en lo referido a los "establecimientos públicos de utilidad nacional" y a la consagración del reconocimiento originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias.

c) Demostrada las dos hipótesis anteriores corresponde elaborar una propuesta de modificación legislativa de la ley orgánica de Parques Nacionales Nº 22.351 incorporando los paradigmas y los mandatos constitucionales introducidos en la reforma constitucional del año 1994. En particular trataremos de elaborar la propuesta de una Red Federal de Áreas Protegidas - que siguiendo el modelo español – recepcione el nuevo modelo de relación Nación-Provincias en materia ambiental dentro de los esquemas propios de nuestro sistema federal.

 

VII. RESULTADOS A EXPONER:

  1. 1. Obtener un análisis acabado de la incorporación de la cuestión ambiental a la problemática jurídica en general y al derecho constitucional en particular.

  2. 2. Observar las fuentes normativas que el proceso de constitucionalización del ambiente tuvo en cuenta, y su recepción por las distintas ramas del derecho.

  3. 3. Describir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en particular su régimen legal.

  4. 4. Analizar los diferentes sistemas comparados sobre el tema bajo estudio.

  5. 5. Analizar la evolución de la naturaleza jurídica del instituto de las áreas protegidas antes y después de la reforma constitucional del año 1994.

  6. 6. Alcanzar así una visión global del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como medio para cumplir con el paradigma de la conservación de la naturaleza.

En suma, proponer un nuevo sistema de gestión de dichas áreas basado en la construcción de una Red Federal de Areas Protegidas que cumpla con el mandato constitucional de 1994 en materia de competencias ambientales en el sistema federal argentino.

 

VIII. LAS NUEVAS CATEGORIAS DE CONVERVACION DE LA NATURALEZA: LA FIGURA DEL "TERRRITORIO INDIGENA PROTEGIDO"

Se analiza la cuestión desde un enfoque multicultural, centrando el objeto en la nueva cláusula del artículo 75, inciso 17 de nuestra Ley Fundamental, que reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos", y sus consecuencias en las políticas públicas derivadas de este nuevo mandato.

Nuestra Constitución Nacional, - texto de 1853/60- plasmó la siguiente norma, en el sector de atribuciones del Congreso de la Nación: "Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo" .

Era patente el anacronismo del precepto. Por ello la reforma constitucional introduce la norma que establece como atribuciones del Congreso, además: "Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten", atribuciones que pueden ejercer concurrentemente las provincias.

Ejemplo destacable de recepción del actual mandato constitucional, siguiendo la línea hermeneutica de la "fuerza normativa" de las normas de la Ley Fundamental, es el tratamiento de la cuestión en la política de conservación de la naturaleza seguida por la Administración de Parques Nacionales de Argentina desde principios del año 2000. En mayo de 2000 tuvo lugar en San Martín de los Andes (Neuquén) el taller "Territorio indígena protegido" de que participaron representantes de la APN y la Confederación Mapuche Neuquina. Sus resultados superaron las expectativas de ambas partes y permitieron la adopción de tres principios rectores en relación con la temática particular: "territorio", "comanejo", y "vínculo entre diversidad cultural y biológica".

 

    1. IX. A MODO DE COLOFON:

El sistema nacional de áreas protegidas debe imperiosamente adaptarse a estos nuevos mandatos constitucionales, que implican una visión más moderna del federalismo ambiental por una parte, y una más progresista visión cultural que supone un resguardo genuino de la diversidad cultural y natural.

Es imprescindible, pues, un "aggiornamiento" legislativo que acompañe una necesaria política de Estado, a fin de implementar adecuadamente el imperativo ético de la sustentabilidadd, para las presentes y futuras generaciones.

La Administración de Parques Nacionales de la Argentina, desde hace varias décadas, ha venido impulsando la necesidad de contar con una Red Nacional de

Areas Protegidas. A fines de la década del ochenta esta funcionó con la participación de las provincias que integran la república, a través de reuniones periódicas a las que se convocaban a representantes y técnicos de distintas instituciones responsables del manejo y administración de las distintas áreas protegidas, nacionales, provinciales y municipales. Dichas reuniones se realizaron gracias a que parte de su financiamiento provenía de fondos aportados por la FAO. A su vez, la Argentina formaba parte de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres.

Durante la década del noventa, el espíritu de la Red Nacional se mantuvo,siendo coordinador nacional por este país el Presidente de la APN. Hacia fines de ese período, ya habían surgido ciertas dificultades institucionales de carácter económico que dificultaron la posibilidad de realizar reuniones periódicas entre sus integrantes.

No obstante durante la gestión que se desempeñó durante esa década, Dentro de las Prioridades para la Acción en los Próximos Cinco Años que figuran en el documento: "Las Areas Naturales Protegidas de la Argentina"-Administración de Parques Nacionales, 1998, se destaca que la prioridad argentina era institucionalizar el "Sistema Nacional de Areas

NaturalesProtegidas", que era disperso y con una composición desigual: un sistema federal relativamente fuerte y consolidado, administrado por la Administración de Parques Nacionales (APN), y veintitrés sistemas provinciales débiles, la mayoría de ellos carentes de financiamiento y administrados por instancias gubernamentales con misiones institucionales disímiles.

Frente a esa realidad se proponían una serie de acciones entre las cuales se destacan:

- Fortalecer el rol vertebrador de la APN en el sistema a crearse.

- Lograr en el marco de la "Estrategia Nacional de Biodiversidad" el producto "Estrategia Nacional de Areas Protegidas".

- Fomentar el manejo efectivo de las áreas protegidas, tanto públicascomo privadas o comunitarias e impulsar la institucionalización de los subsistemas provinciales.

- Fomentar estrategias bioregionales de implementación de corredores ecológicos, que aseguren la conectividad entre áreas protegidas.

- Mejorar la cantidad, calidad y flujo de información sobre las áreas protegidas y la biodiversidad del país, a través de bases de datos y sistemas de información geográficos.

En el año 2004, se vislumbró la idea de insertar el desarrollo y funcionamiento del Sistema Federal de Areas Protegidas (SiFAP) dentro del COFEMA, Consejo Federal para el Medio Ambiente, constituido porrepresentantes de todas las provincias de la Argentina que se reúnen periódicamente para tratar temas vinculados con la problemática medioambiental del país.

Esta alternativa permite aprovechar las reuniones propias del COFEMA para tratar los temas relativos al funcionamiento del SiFAP. Se elaboró un marco estatutario del Sistema Federal de Areas Protegidas en el que se fijan entre otros puntos sus objetivos que son los siguientes:

* Definir estrategias y políticas regionales, interprovinciales, nacionales e internacionales (transfronterizas) de conservación de la biodiversidad in situ, y de los recursos culturales, integrando este componente temático a las políticas y planes de desarrollo sustentable local y regional

* Planificar los sistemas zonales o regionales de áreas protegidas aescala biorregional ampliando, rediseñando, multiplicando y asegurando su conectividad, en los casos de amenaza a la biodiversidad y el equilibrio ecológico, debidos a procesos extendidos de conversión de hábitat, fragmentación de áreas naturales y deterioro de ecosistemas

* Promover la acción cooperativa entre las partes miembro del sistema. Promover instancias de discusión e intercambio de información entre sus integrantes.

* Elaborar planes de manejo marco para mejorar y homogeneizar la gestión de las áreas protegidas del sistema (planes operativos, capacitación, legislación, planes de desarrollo, uso de recursos, etc.) conel fin de su inmediata implementación.

* Facilitar la actualización y capacitación de sus recursos humanos.

* Apoyar la gestión y canalización de financiamiento para las áreas protegidas, según prioridades que se acuerden.

* Desarrollar un sistema de evaluación común de la situación de conservación, gestión y representatividad de las áreas protegidas.

* Gestionar y fomentar el apoyo técnico para el desarrollo de las áreas protegidas.

* Gestionar financiamiento para actividades de interés para el sistema.

Hacemos votos para el éxito de esta iniciativa, a fin de consolidar un federalismo auténticamente sustentable.


1 Mag. Universidad Nacional de Luján – Universidad de Buenos Aires. mlopezalfonsin@yahoo.com.ar

2 Mag. anmart@sinectis.com.ar