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Asunto:NoticiasdelCeHu 475/02 - Cómo hacer el "Shock Redistributivo"
Fecha:Jueves, 29 de Agosto, 2002  01:22:46 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

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NCeHu 475/02

COMO HACER EL “SHOCK REDISTRIBUTIVO”.

                                                                                   Claudio Katz[1]

Con 19 millones de pobres y 8 millones de indigentes resulta completamente inútil discutir cualquier programa económico, que no resuelva inmediatamente el drama de las familias que escarban la basura para alimentarse. Esta tragedia exige descartar todas las propuestas que no expliquen -concretamente y ya mismo- cómo se termina con el genocidio social. La solución comienza por la recomposición de los ingresos populares a través de un real seguro de desempleo y un incremento generalizado de los salarios.

Frente al ascenso de los precios (34 % minoristas y 97% mayoristas desde principio de año) el seguro no puede ser inferior a 600 pesos, el salario mínimo no puede situarse por debajo de 750 pesos y la jubilación básica tiene que superar los 550 pesos. Estas cifras constituyen un punto de partida, ya que ninguna de ellas alcanza para cubrir el costo de la canasta familiar. Una mejora salarial del 30% debe ser generalizada y no puede reducirse al insignificante aumento de 100 pesos, que el gobierno decretó para una limitada franja del sector privado y que además, el 43% de las empresas incumplió. El seguro permitiría comer, pero no brindará trabajo al 44 % de la población desocupada y subempleada. Por eso hay que reducir también la jornada laboral y distribuir las horas disponibles entre el conjunto de los asalariados.

Las grandes empresas están en condiciones de afrontar el incremento salarial. Algunas se han beneficiado con la pesificación, la devaluación o la inflación y otras, acumularon cuantiosas ganancias durante la última década. Para financiar el aumento de los empleados públicos, solventar el seguro y otorgar créditos a las pequeñas empresas se requiere recaudar fondos con distintos impuestos progresivos.

            LA FINANCIACIÓN INMEDIATA DEL “SHOCK”.

La CTA ya realizó numerosos cálculos que ilustran como elevar los ingresos populares eliminando el sistema privado de jubilaciones, introduciendo gravámenes a la renta financiera e incrementando los impuestos a la riqueza. Pero estas estimaciones ya resultan insuficientes frente a la irrupción de 5 millones de nuevos pobres, luego de la devaluación. La inestabilidad cambiaria dificulta un cálculo preciso de la suma requerida para revertir esta descomunal pauperización, pero se puede identificar claramente a los sectores que deberían ser prioritariamente gravados.

En primer lugar, los grupos empresarios preceptores de la renta petrolera (6000 millones de dólares el año 2000), que pagan ínfimas regalías por la depredación de las reservas, mientras mantienen monopólicamente elevado el precio local del crudo y usufructúan de las exportaciones sin invertir en la exploración de nuevos pozos. En segundo término, los exportadores de granos que multiplicaron sus ganancias con la devaluación y el reciente aumento del precio internacional de los cereales (1000 millones de dólares adicionales el año que viene) y que embolsan lucros fraudulentos a través de la subfacturación de las ventas externas (900 millones de dólares en el primer cuatrimestre). En tercer lugar, los capitalistas que detentan cuantiosos bienes en el país y enormes activos en el exterior (más de 100.000 millones de dólares). En cuatro lugar, los industriales que continúan recibiendo subsidios (reintegro de exportaciones, planes de competitividad, remanentes de la promoción industrial por unos 1000 millones de dólares), en medio de la generalizada desindustrialización.

Con el dinero recaudado en estas áreas resulta posible comenzar a detener la catástrofe de hambre, mendicidad y deserción escolar que afecta a siete de cada diez niños. Pero aunque este “shock redistributivo” constituye hoy una necesidad de vida o muerte, su implementación enfrenta dos obstáculos centrales: el FMI y la deuda externa.

            EL IMPEDIMENTO DEL FMI.

Sin romper las negociaciones con el Fondo no hay forma de introducir una mejora del ingreso popular. Los auditores del FMI ya no emiten solo instrucciones desde Washington verificando su cumplimiento con misiones trimestrales. Ahora se han instalado directamente en las oficinas del Ministerio de Economía para inspeccionar cotidianamente las cuentas del estado. Elaboran decretos de poda salarial, vetan leyes, cuantifican el ajuste fiscal de las provincias, establecen niveles recesivos de expansión monetaria, definen el incremento de las tarifas y dictan a los legisladores y jueces cuáles son las medidas que deben modificar (próximamente, la prorroga del CER y las ejecuciones bancarias o el freno de los amparos a los pequeños ahorristas). Bajo semejante custodia de los acreedores, la instrumentación del “shock” resulta inconcebible.

Por otra parte, carece de sentido presentar esta iniciativa a los hombres del Fondo, que promueven mayores reducciones del gasto social para que el estado destine los excedentes fiscales al pago de la deuda externa. Pretender demostrarle al FMI la conveniencia del “shock” para los acreedores –explicando que la eventual reactivación mejorarían las posibilidades de pago- es absurdo. Los banqueros no esperan consejos, sino cobrar lo máximo posible en el menor plazo.

Mientras persista la negociación con el FMI la propuesta redistributiva será una ilusión y perderá credibilidad si se disimula el obstáculo insalvable que representan los acreedores. No alcanza con explicar cómo se financiaría la recomposición del ingreso popular. También hay que reconocer que la Argentina se encuentra acorralada por banqueros que no se conmueven frente a ningún mensaje humanitario. La disyuntiva es nítida: o se terminan las negociaciones con el Fondo o se renuncia al “shock redistributivo”.

            EL IMPEDIMENTO DE LA DEUDA.

El ingreso popular tampoco puede mejorar si continúa el pago de la deuda. El actual default no es completo, ya que afecta los compromisos con los acreedores privados externos (32% del total) y con los acreedores internos cuyos títulos fueron pesificados (41%). Pero los vencimientos con los organismos internacionales (26%) que no logran posponerse se abonan con reservas, a un costo de 1260 millones de dólares en los últimos dos meses. Mientras se mantengan estos pagos o se acepten las condiciones de su prórroga, no habrá fondos para los hambrientos y los desocupados. Aquí también el dilema es desconocer el pago de la hipoteca o abandonar el programa del “shock”. No se puede cumplir con Dios y con el Diablo.

Dada la magnitud alcanzada por la deuda (164% del PBI) no hay “quita”, perdón o renegociación que permita atenuar la carga del pasivo. Esas medidas ni siquiera generarían el alivio circunstancial que produjo el “Plan Brady” o la ficción de respiro que siguió al “Megacanje”. Tampoco un nuevo veredicto del conocido carácter fraudulento de la deuda (esta vez del Tribunal de La Haya) ablandará a los artífices del fraude.

El desangre que provoca el pago de la deuda ha desmentido todas las fantasías de reducir el pasivo con tratativas o amortizarlo con privatizaciones. Pero también es errónea la caracterización de la hipoteca como un “problema menor” en comparación con la fuga de capitales, que postulan algunos economistas del FRENAPO. Ambos drenajes son complementarios y no contrapuestos. Qué los grandes grupos capitalistas locales mantengan depositados en el exterior una suma equivalente al endeudamiento, sólo confirma que comparten con sus socios banqueros la responsabilidad del vaciamiento del país. Ambos sectores son igualmente acreedores del estado y por eso Fortabat, Macri, Rocca y Perez Companc reclaman los mismos ajustes que el FMI.

El “shock redistributivo” plantea una confrontación tanto con los banqueros como con los grandes empresarios argentinos, ya que sólo podrá sostenerse con impuestos progresivos y con la cesación del pago de la deuda. No depende de una u otra acción, sino de ambas y por eso, suspender los pagos de intereses para canalizar el ahorro hacia los capitalistas locales sería tan nefasto como transferir los subsidios que reciben estos grupos hacia los banqueros. Por cualquiera de estas dos vías el “shock” fracasaría.

Pero el desconocimiento de la hipoteca tiene mayor gravitación política, porque forma parte de una lucha mundial contra el despojo financiero que sufren los países periféricos. Es una reivindicación que unifica la acción solidaria de todos los pueblos afectados por la opresión imperialista.

Las condiciones para luchar por el no pago de la deuda son actualmente más favorables en Latinoamérica que a fines de los 90, porque ya es evidente que la crisis es regional y no exclusivamente argentina. Uruguay se encuentra al borde de añadir un corralito al plan de privatizaciones, despidos y liquidación de la banca pública que ha puesto en práctica el FMI. La amenaza de default persiste en Brasil a pesar del compromiso de ajuste públicamente proclamado por todos los candidatos a suceder a FH Cardoso. El deterioro de los bancos paraguayos es muy severo, mientras que Perú soporta fuertes salidas de capital, Ecuador no arranca con la dolarización y todas las economías de la región han perdido su status de países privilegiados para la inversión.

La actual crisis latinoamericana supera lo ocurrido durante la “década perdida” y los colapsos financieros de los 90, porque el nivel de empobrecimiento, desempleo y degradación social no tiene precedente desde la gran depresión del 30. El alcance de este desmoronamiento es también mayor al que sacudió al Sudeste Asiático de 1997-98, porque la vulnerabilidad financiera y comercial de América Latina es superior a esa región. Por otra parte, mientras que el impacto del temblor asiático quedó limitado por el crecimiento norteamericano, la coyuntura actual está dominada por un freno económico más global y sincronizado.

            CUATRO TERRENOS DE REORGANIZACIÓN PRODUCTIVA.

Aunque los ingresos populares pueden comenzar a mejorar inmediatamente con la recaudación de impuestos progresivos y el corte de la sumisión al FMI, este incremento del poder adquisitivo no se estabilizará con medidas exclusivamente redistributivas. Para sostenerlo hay que introducir transformaciones radicales en la organización social de la producción, que afectan la propiedad capitalistas en por lo menos cuatro terrenos.

Primero hay que nacionalizar sin ninguna indemnización el sistema financiero. Frente al vaciamiento de las entidades y la presión de los acreedores para extranjerizar sus restos, cualquier mejora del ingreso popular quedará inmediatamente licuada si los capitalistas manejan los bancos. La secuencia de fuga del capital, disparada del dólar e hiperinflación pulverizaría en pocas semanas el aumento salarial y el seguro de desempleo. Sólo la propiedad pública del estratégico sector bancario permitiría contrarrestar esta previsible reacción de los grandes capitalistas.

La nacionalización es también indispensable para comenzar a implementar alguna solución popular al drama del corralito. Si los bancos continúan negándose a devolver el dinero expropiado, sólo el manejo estatal directo de las entidades permitiría instrumentar mecanismos de paulatino reembolso del dinero confiscado. La aplicación del “shock redistributivo” requiere el sostén de los pequeños ahorristas y la mayor satisfacción posible de sus legítimos reclamos. En la acción común con todos los expropiados se podría desenmascarar a los banqueros como C. Héller, que mientras elogian el “shock” pretenden imponerle a los pequeños ahorristas bonos compulsivos, opcionales o depósitos reprogramados que convalidan la confiscación.

En segundo lugar, el “shock” quedará neutralizado si las empresas privatizadas continúan manejando los servicios públicos, porque el ingreso popular no puede mejorar en una economía con tarifas en ascenso y prestaciones en picada. La reestatización sin indemnización y bajo una nueva gestión popular es la única salida frente a compañías que buscan preservar sus ganancias deteriorando los servicios y lucrando con nuevas prebendas del estado (como la exención de multas e impuestos). Cuánto más se demore la recuperación estatal de estas empresas, mayor será el peligro de vaciamiento de las compañías menos rentables. En ciertos sectores (como el petróleo) la reestatización es una necesidad para financiar el “shock” y en otras ramas (como los ferrocarriles) resulta indispensable para reconstituir el nivel de empleo.

En tercer lugar, la redistribución de ingresos no podrá consolidarse sin una reactivación basada en la reindustrialización. Pero suponer que la mejora del consumo inducirá espontáneamente un efecto multiplicador de la inversión es una ingenuidad, porque mientras los capitalistas detenten la propiedad de los recursos siempre tendrán la opción de ahorrar o fugar capital. La reindustrialización dependerá principalmente de la inversión y el crédito públicos, porque en las condiciones de colapso actual la probabilidad de inversiones privadas externas o internas es mínima.

Pero el “shock” tampoco podrá afianzarse si los fondos públicos se destinan a los empresarios, que no aspiran a mejorar los ingresos populares sino a reducir sus costos salariales. Los recursos que genere el aumento del consumo deben canalizarse productivamente hacia los trabajadores de las empresas recuperadas, las cooperativas genuinas y las pequeñas o medianas empresas que respeten el pago de impuestos y las regulaciones laborales.

Finalmente, hay que prever que el “shock” tenderá a diluirse si la futura política cambiaria no está sostenida en el manejo soberano de las reservas, el control de cambios y el monopolio estatal del comercio exterior. Mientras 20 grupos exportadores manipulen a su antojo la liquidación de divisas socavando la cotización del dólar, el poder adquisitivo no podrá recuperarse. Se requiere el manejo estatal planificado del superávit comercial para regular selectivamente la adquisición de los insumos importados. También es imprescindible el control público del excedente agrícola, para garantizar la alimentación popular en un país que nutre con sus exportaciones de granos a 300 millones de personas.

NEOLIBERALISMO E IMPERIALISMO.

Si el arranque del “shock redistributivo” exige la ruptura con el FMI y su sostenimiento requiere la reorganización social de la producción es porque el éxito de esta iniciativa impone la adopción de medidas antiliberales, antiimperialistas y anticapitalistas.

Esta combinación deriva del carácter de la debacle argentina, que en primer lugar obedece al “modelo”. El efecto devastador de las políticas aplicadas en la última década es ignorado por los neoliberales más ortodoxos, que explican la crisis por el descalabro fiscal, la convertibilidad o las adversidades externas. En las vertientes derechistas más aggiornadas se atribuye el colapso a las “políticas erróneas del FMI” y los sociólogos vulgares achacan el desplome al desánimo, el pesimismo o la autoflagelación de los argentinos. Las tres variantes exculpan de la catástrofe a la política económica de exclusión, privatizaciones y apertura comercial.

Pero interpretar que la crisis proviene exclusivamente del neoliberalismo y se corrige solamente con la redistribución de los ingresos implica ignorar que en el capitalismo periférico contemporáneo, los modelos de acumulación impulsados por el consumo brillan por su ausencia. En las regiones subdesarrolladas los experimentos “fordistas” tienden a extinguirse, porque las políticas de reactivación keyenesianas subsisten como patrimonio exclusivo de Estados Unidos, Europa y Japón.

Suponer, por otra parte, que la Argentina podría retornar a la situación de los años 40 y 50, cuándo la voluminosa renta agraria nutría la mejora del consumo y cierta redistribución progresiva del ingreso, es poco realista. La presencia económica del país en el mercado mundial ha retrocedido drásticamente desde esa época y la clase dominante se ha divorciado de un programa de acumulación nacional. Intentar otros proyectos, reproduciendo por ejemplo los modelos periféricos de mayor crecimiento reciente –como Chile, las “maquilas”, o el Sudeste Asiático- equivale a renunciar al “shock redistributivo”, porque estos regímenes se basaron en la reducción inicial de los salarios y la precarización del empleo.

El neoliberalismo ha generado una escalada de colapsos económicos en la periferia. Pero estas crisis no son el producto exclusivo del “modelo”, sino también el efecto de la creciente dependencia, es decir del sistemático drenaje de recursos de los países subdesarrollados hacia los centros imperialistas. Por esta razón la crisis argentina no es una “excepción”, sino que forma parte de la secuencia de conmociones que desde la mitad de los 90 ha sacudido a México, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Rusia, Ecuador, Brasil y Turquía.

Como el salto registrado en la mundialización acentuó la polarización de la acumulación y el consiguiente ahogo de las economías subdesarrolladas, las crisis tienden a derivar en catástrofes sociales en todas las naciones dependientes. Por esta razón la debacle argentina presenta una dimensión mayúscula en comparación a lo ocurrido en Estados Unidos, Europa o Japón. Es un producto específico de la opresión imperialista y no la simple expresión de la “crisis mundial”. Por eso no puede resolverse solamente con medidas redistributivas, sino que requiere la adopción de acciones antiimperialistas. Pero existe, además, un tercer terreno de explicación del desplome argentino que comienza a ser visto a nivel popular como el verdadero origen del desastre actual: el sistema capitalista.

                        CAPITALISMO O SOCIALISMO.

El régimen social capitalista habitualmente sostenido en la explotación de los trabajadores se ha convertido en la crisis en una máquina de fabricar pobres y en un mecanismo de expropiación de pequeños ahorristas.

Resulta inútil disimular esta realidad afirmando que en la Argentina no rige el “verdadero capitalismo” sino tan solo su variante “mafiosa”, porque la corrupción no es un invento nacional. Está presente en los gobernantes sobornados de Africa, en los fraudes corporativos de Asia y en los maquillajes contables de Estados Unidos. Esta diversidad de estafas deriva del ansia de lucro que guía al capital y por eso los ejercicios comparativos de corrupción nacionales aportan muy poco a la comprensión de la crisis.

Quiénes habitualmente elogian al capitalismo de las naciones centrales tienden a olvidarse que las tres cuartas partes restantes del mundo están también regidas por el mismo sistema social. Al lamentarse por el destino que nos tocó a los argentinos, estos admiradores del capitalismo ajeno desconocen que ningún pueblo elige libremente su modelo de acumulación. Si esta opción fuera posible, nadie aceptaría situarse en Africa y todos optarían por convertirse en Suiza, lo que obviamente no es factible porque en el mercado mundial no hay lugar para muchas economías como la Suiza.

Reconocer que el capitalismo es la causa del desastre actual permite bregar por una alternativa. Pero cuándo no se postula la opción socialista queda un vacío de propuestas y florece el escepticismo en torno a la existencia de algún sistema que permita superar la actual debacle. A menos que se imagine la existencia de un tercer tipo de régimen social -jamás concebido a nivel teórico- quiénes se declaran anticapitalistas deberían pronunciarse también por el socialismo.

En el caso argentino existe una razón adicional para asumir esta perspectiva socialista: el elevado grado de transnacionalización de las clases dominantes. Especialmente los economistas de la CTA sostienen que la estrecha asociación de los empresarios locales con sus socios extranjeros ha erosionado por completo la existencia de la “burguesía nacional”. Pero si esta extinción ya es tan definitiva: ¿Qué sentido tiene mantener en pie un proyecto capitalista?

Erigir “otro capitalismo”, nacional o regional en ausencia del sujeto protagónico de ese sistema exigiría crear desde el estado una nueva clase dominante, promoviendo la desigualdad social. Y este objetivo se ubica en abierta oposición al proyecto del “shock redistributivo”.

Adoptar o no la perspectiva socialista tiene implicancias inmediatas, por ejemplo frente al problema de las fábricas abandonadas por sus dueños y recuperadas por los trabajadores. ¿Hay que avanzar allí en la dinámica anticapitalista de control obrero, expropiación y creación de un sector industrial autogestionado directamente por los trabajadores? ¿O por el contrario, hay que apuntalar el ahogo financiero y comercial de estos emprendimientos para preparar su devolución a los viejos o a nuevos empresarios?

La elección consecuente del primer camino depende de la asunción explícita de un proyecto socialista. Y como este proceso no será obra de una vanguardia esclarecida, sino del conjunto de la población movilizada, corresponde hablar del socialismo hoy en día, cuando por ejemplo se discute el “shock redistributivo” o el  no pago de la deuda.

                        EL SENDERO DEL “SHOCK”.

¿Cómo se pone en marcha concretamente el “shock” redistributivo” ? ¿Por dónde se empieza ? ¿A quién se lo exige? ¿Cuáles son lo sujetos sociales que lo implementarían ?

Las respuestas a estos interrogantes aparecerán en el curso de la lucha. Pero ya se puede anticipar que los enemigos de esta reivindicación popular son los políticos de la clase dominante, que se alternan en el poder desde hace décadas. Reclamarle el “shock” a Duhalde es tan inútil como esperarlo de Rodríguez Saa, De la Sota o Terragno. Y esta convicción está presente entre los manifestantes que proclaman la necesidad de “que se vayan todos”.

Los principales artífices de la recomposición del ingreso popular serán las propias víctimas del ajuste, es decir los trabajadores, los desocupados y los vecinos, que resisten desde hace años los atropellos capitalistas. Estos sectores han transformado sus agrupamientos desde la rebelión de diciembre pasado, mediante la consolidación o formación de nuevas organizaciones piqueteras, barriales, sindicales y juveniles.

En estas instancias de estructuración de la lucha colectiva se procesa actualmente el debate de los caminos para lograr la recuperación del salario, el empleo y los ahorros. En las asambleas de estos organismos madura el programa efectivo del “shock” y allí se vá definiendo cómo romper con el Fondo, cómo cesar el pago de la deuda y cómo reorganizar socialmente la producción. Pero el programa económico alternativo está cobrando cuerpo más definidamente desde que comenzó delinearse una propuesta política que cada día reúne más adhesiones: convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana que ponga en marcha la reorganización del país.

Esta Constituyente no es solo la respuesta al fraude electoral que está montando el gobierno para asegurar “que se queden todos”. Es también el instrumento para iniciar el “shock redistributivo”, mediante la adopción de las decisiones claves que exige este programa en el terreno del endeudamiento, las relaciones con el FMI, la nacionalizaciones de los bancos y la reestatizaciones de las compañías privatizadas.

En una Constituyente limitada a resolver la caducidad de los mandatos o la renovación de la Corte Suprema, no tendría cabida la discusión de la mejora del ingreso popular. Pero en una Asamblea soberana y autorizada a definir el temario que realmente interesa a la mayoría de la población se podrían votar las medidas necesarias para recuperar el salario, las jubilaciones y el empleo.

El sendero de la lucha por el “shock redistributivo” se está despejando. Ya se puede percibir por dónde empiezan las conquistas de un proceso, que podría abrir el camino de la emancipación social.

                                                                        28 de agosto de 2002                                                                                                                        claudiok@arnet.com.ar

                                                            www.eltabloid.com/claudiokatz

                                                                         

  

 

        

 



[1]Miembro de los Economistas de Izquierda (EDI). Economista, profesor de la UBA e investigador del CONICET.