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Asunto:NoticiasdelCeHu 388/05 - Informe de la situación energética argentina a marzo del 2005
Fecha:Miercoles, 30 de Marzo, 2005  09:22:57 (-0300)
Autor:Centro Humboldt <humboldt @...........ar>

NCeHu 388/05

 
INFORME DE LA SITUACION ENERGETICA ARGENTINA A MARZO DEL 2005
 
Gustavo A. Calleja
(INSTITUTO DE LA ENERGIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUNDACION ARTURO ILLIA)

'No temo tanto a quienes desde afuera nos quieren comprar,
como a los de adentro que nos quieren vender'
Hipólito Irigoyen.

'Un servicio público se instituye no de acuerdo con su
capacidad de autofinanciación, sino con la necesidad social
que lo reclama' '…el sistema de concesiones en materia de
servicios públicos ha resultado un fracaso; el interés privado
se ha sobrepuesto al interés social y nacional, y la
administración pública se ha visto enfrentada y jaqueada por
el concesionario'
Julio V. Canessa, primer Administrador General de Gas del
Estado - 1946.

Contexto económico

En un contexto económico donde predominan las malas noticias y a pesar de que a algunas de estas se las intenta hacer aparecer como éxitos –caso del canje, donde finalmente la quita fue mucho menor a la anunciada en Dubai, se blanquearon planes y megacanjes, incluyendo denuncias en trámite ante la justicia, se generan dudosas comisiones y se compromete a los argentinos a un esfuerzo fiscal muy difícil de sostener en el tiempo- las declaraciones del Ministro de Economía contrarias a las re-estatizaciones de empresas y a los aumentos de salarios, pero favorables a los incrementos de tarifas, clarifican el discurso oficial y lo hacen coherente con la realidad, donde, en el ámbito energético las actitudes gubernamentales indican un definido apoyo al mantenimiento del modelo neoliberal impuesto por Menem y puntualmente, en el caso de Bolivia, un marcado alineamiento con las políticas del Presidente Bush y con los intereses de las compañías petroleras integradas actuantes, en especial con Repsol-YPF.

Repsol-YPF y la Recolonización

Después del cambio del presidente de Repsol-YPF, a nadie le debe quedar duda de que la sociedad es la herramienta estratégica del Reino de España, por más que sus capitales sean privados y mayoritariamente españoles: con Aznar estaba Cortinas y con Rodríguez Zapatero está Brufau. Es lógico que éste último discuta con el presidente español los planes necesarios a la consecución de los intereses vitales del reino borbónico, especialmente sus proyectos de inversión y de generación de utilidades, y el acceso seguro a la provisión de hidrocarburos ante eventuales situaciones conflictivas. Pero no lo es que ni siquiera discuta, sino que le informe al presidente argentino sobre los mismos, porque la irrefutable conclusión que se extrae es aquella que nos retrotrae a nuestra antigua condición de colonia, que nos muestra que hemos perdido la soberanía, entendida como la capacidad de adoptar decisiones independientes a favor de los intereses del pueblo argentino. Obsérvese, por ejemplo, la diferencia con las situaciones y actitudes de los presidentes de Brasil y Venezuela en relación con sus empresas petroleras, puestas al servicio de los intereses estratégicos de sus países. Frente a la gravedad de este hecho es relativa la importancia de los anuncios de inversiones por parte de Repsol-YPF, ya reiterados en numerosas oportunidades y nunca realizados.

Las luchas del pueblo boliviano en pos de la recuperación de sus hidrocarburos

El dominio y la administración de una de sus principales riquezas remanentes se ha constituido en el centro del debate en la hermana Bolivia. Viene a la memoria la gesta de Yrigoyen, Alvear y Mosconi en contra de los trusts internacionales del petróleo, cuya primera etapa culminara exitosamente el 1º de agosto de 1929 con la apropiación por parte de YPF del mercado de los combustibles líquidos.

La crisis actual, no por esperada es menos grave, donde el presidente Mesa se ha convertido en un manipulador de plebiscitos y representante de las petroleras asentadas en su país que, casualmente, son casi las mismas que actúan en el nuestro: Repsol-YPF. TOTAL, BP, y Petrobras; las citadas, además de su accionar hiperlucrativo y depredatorio, son organismos estratégicos de sus respectivos Estados. El centro de la discusión es el tratamiento de los artículos de la Ley de Hidrocarburos referidos a la propiedad integral del subsuelo y a las regalías; los sectores populares y defensores del uso de sus hidrocarburos en beneficios de su postergado pueblo, pretenden la renacionalización efectiva de los yacimientos, la explotación por parte de un solo concesionario -YPFB- la priorización del uso del petróleo y el gas en el desarrollo industrial y social del mercado interno y una exportación controlada. Las petroleras persiguen conservar el carácter de concesionarios de explotación que ilícitamente les otorgó Sanchez de Losada, que les permite disponer a su voluntad de las reservas y de la producción; precios, exportaciones y libre disposición de las divisas incluidos. No está de más recordar que las regalías actuales alcanzan en Bolivia al 18 % y la pretensión es llevarlas -directa o indirectamente- al 50%, mientras que en Argentina la Ley las establece en el 12 % y en realidad, las petroleras liquidan el 8 ó 9 %, ante la pasividad de la Secretaría de Energía.

Actuando concordantemente con Estados Unidos, Argentina y Brasil han manifestado su apoyo a la posición del presidente Mesa. Es lógico que el presidente Lula da Silva lo haga por Petrobras, a quien solamente le interesan los intereses de Brasil, pero no es aceptable que el gobierno argentino actúe en pos de los intereses petroleros, de los cuales, los más importantes, corresponden a Repsol-YPF, e incluso que nuestra Embajada, en abierta violación a las normas de no ingerencia en los asuntos internos de otros estados, manifieste públicamente su desaliento porque los sectores progresistas no hayan firmado el Pacto de Gobernabilidad propuesto por el ejecutivo de Bolivia. No cabe otra conducta que el apoyo irrestricto a los legítimos reclamos del pueblo boliviano.

La provisión de gas boliviano por el refaccionado gasoducto de Tarija es de, aproximadamente, 6.500.000 m3 por día, mientras que dos gasoductos de exportación ubicados en la zona -el Atacama y el NorAndino- permiten exportar a Chile casi 5.000.000 de m3 diarios. Es decir que, si en cumplimiento de las Leyes de Hidrocarburos y del Marco Regulatorio del Gas en Argentina, se suspendieran las exportaciones a Chile, las necesidades de exportación disminuirían sensiblemente. Tengamos presente que no son los países quienes comercian sino las grandes petroleras, ubicadas en algunos casos, en los dos lados del mostrador (Repsol-YPF de Argentina y Repsol Andina de Bolivia, por ejemplo). Si Argentina utilizara el gas que se exporta a precio internacional y lo inyectara en la red troncal nacional a precio local obviamente más bajo (a pesar de los Decretos Nº 180 y 181 de 2004), habría un menor traslado de costos hacia los usuarios, ya que las necesidades de importar a valor internacional se reducirían al mínimo. Además de la falacia de sostener que el gas importado de Bolivia no interfiere con las exportaciones a Chile, queda en evidencia que las autoridades nacionales privilegian los negocios de las petroleras en detrimento de los intereses de los argentinos, tanto los actuales como los de las generaciones futuras.

Marco Regulatorio del GLP

El caso de Gas Licuado de Petróleo, especialmente en sus envases menores -las garrafas- adquiere connotaciones sociales de gravedad que parten de su carácter de bien sustituto del gas natural por redes; consecuentemente, tienen relación con las ilegales exportaciones de éste último, con el precio ocho veces más elevado que el gas natural y, esencialmente, en que el 40 % de los compatriotas -en su mayoría los menos favorecidos socialmente- no acceden al mismo. La reciente sanción parlamentaria del Marco Regulatorio del GLP, a pesar del hecho positivo que importó conservar la propiedad de los envases en poder de los usuarios, significa mantener por parte del gobierno el criterio de considerara a los combustibles como simples bienes comerciales - commodities- incluso en este caso que afecta a los desposeídos. El rechazo a considerarlo un servicio público con la consiguiente potestad estatal de fijar sus precios en todos las etapas de su ciclo económico, la referencia a la fijación de un precio basado en el internacional desechando el criterio del costo interno e incluso a un parámetro comparativo fundado en los valores del gas natural por redes, el no reconocimiento de las asociaciones de usuarios y trabajadores en las tareas de control en sintonía con las disposiciones constitucionales de los Arts. 41, 42 y 14 bis, la no limitación a la actuación de las grandes empresas oligopólicas en el mercado minorista, la ausencia de facilidades para la gestión de cooperativas, empresas estatales provinciales y municipales y consorcios vecinales, son los aspectos merecedores de las críticas más severas.

ENARSA y la falta de definiciones

Por decantación, llegamos a apreciar la vigencia de los problemas que nos genera la ausencia de una petrolera pública, tal como lo era YPF. Dado que gobierno nacional no transfiere a la nueva empresa todas aquellas áreas mal habidas que se encuentran en poder de los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos (más del 90 % de las mismas), la dimensión de ENARSA es irrelevante en el mundo del petróleo. El oficialismo no quiere entender que sin áreas en explotación no se recuperan ni el poder energético ni las rentas que generan los hidrocarburos; si YPF pudo derrotar a los trusts internacionales fue porque los presidentes radicales -e incluso los anteriores- además de su voluntad política, le entregaron áreas. Al mismo tiempo, es posible comprobar como se van cumpliendo los malos vaticinios formulados en los debates sobre su creación. A pesar de graves denuncias periodísticas y legislativas, nadie conoce con exactitud qué se ha firmado con China y si ello implica algún tipo de adjudicación directa, ni si la empresa ha solicitado a la Secretaría de Energía las autorizaciones para concretar su carácter de permisionario y concesionario de la Ley Nº 17.319, ni si ha aprobado su reglamento de contrataciones, ni cuales son las causas las cuales no se la responsabiliza de la ejecución de las inversiones incluidas en el Plan Energético Nacional, ni se le adjudica la administración de los fideicomisos recientemente creados.

Renegociaciones de contratos - Audiencias públicas

En los inicios de la actual gestión presidencial y ante la decisión de revisar los contratos de las privatizadas, hicimos saber a las autoridades energéticas nuestra inquietud por la exclusión de aquellos considerados como no regulados, entre los que se encontraban todas las concesiones de explotación y permisos de exploración de la Ley de Hidrocarburos, los correspondientes a las generadoras eléctricas y los derivados de la Ley de Privatización de YPF SA, incluida la venta de su capital social. Al mismo tiempo, manifestamos el beneplácito por la contratación como asesores de técnicos capacitados e independientes -FLACSO- y la incorporación de representantes de los usuarios que, final y lamentablemente, fueron excluidos; tampoco se revisaron los convenios no regulados. Señalamos también que, cuanto menos, el sector energético vinculado a la prestación de los servicios públicos esenciales debía ser reestructurado en su totalidad; nada justifica el mantenimiento el Mercado Mayorista Eléctrico y sus extrañas reglas de funcionamiento y menos aún la existencia de monopolios regionales gasíferos y la consideración de los generadores eléctricos dentro de la categoría de servicio de interés público.

En estos dos últimos años se han producido importantes incrementos en las tarifas eléctricas y de gas natural, con exclusión de las destinadas a los usuarios residenciales pero que afectaron en mayor medida a las Pymes; su repercusión en los aumentos de precios es indudable. Recientemente la UNIREN ha convocado a audiencias públicas a efectos de discutir los acuerdos alcanzados, que se realizarán en la órbita de los Entes Reguladores. Estos organismos, no han sido reorganizados y siguen funcionando con los mismos defectos que arrastran desde su creación; en otras palabras, al ser dependientes del Poder Ejecutivo carecen de independencia de criterio por lo que las decisiones que finalmente adopten luego de concretadas las audiencias públicas no serán, previsiblemente, contrarias a los acuerdos previos entre la UNIREN y las empresas. La negativa a facilitar a las asociaciones defensoras de los usuarios y consumidores el acceso a datos básicos para discutir fundadamente los aumentos acordados, fundada en el erróneo criterio de reconocer a las empresas concesionarias o licenciatarias la confidencialidad contable y operativa, y la ausencia de dictámenes previos por parte de la SIGEN y de la AGN, otorga a los resultados de las audiencias una final esperado y criticable: se volverán a otorgar incrementos tarifarios sin conocer los reales costos de producción alegados por las privatizadas y se habrá perdido la oportunidad de reestructurar los sistemas eléctrico y gasífero.

El Encuentro Nacional por la Soberanía Energética

Distintas organizaciones sociales han participado en la creación del Encuentro Nacional de la Soberanía Energética. Los objetivos principales son la recuperación del dominio de los recursos naturales por parte del Estado Nacional y la consiguiente recuperación de su renta. Ello permitirá su explotación con sentido racional, contemplando las necesidades de las generaciones futuras y la prestación de los servicios esenciales en donde se apliquen los criterios de accesibilidad y permanencia para todos los argentinos, sin importar su nivel de ingresos ni su lugar de residencia.

En el documento básico y en relación a la situación actual, las organizaciones manifiestan que 'Las luchas realizadas hasta ahora no alcanzan para rebatir esas políticas nefastas; debemos alcanzar otro escalón en intensidad y organización y recuperar para el Estado Nacional la propiedad de los recursos energéticos, así como un nuevo modelo superador, de gestión democrática y con control popular en la dirección de las empresas de servicios públicos'. De este convencimiento parte la propuesta de nacionalizar los recursos naturales, democratizar la gestión de las empresas públicas que se recuperen, revisar las concesiones energéticas incluyendo las hidrocarburíferas, racionalizar, generalizar y socializar el concepto de servicio público y avanzar en la integración energética latinoamericana.

Dentro de las instituciones que participan, se encuentran algunas que actúan en consonancia con las decisiones de un Poder Ejecutivo jugado a mantener el neoliberalismo energético, circunstancia que habilita a preguntarse cual es el real objetivo de participación.

Aumento de precios de los combustibles líquidos

Según publicaciones de Repsol-YPF correspondientes al año 2003 (Informe Anual 2003) su costo total internacional -del que Argentina es una parte más que importante- alcanza a U$S/barril 6,10, compuesto de 1,46 de exploración, 2,92 de desarrollo y 1,72 de extracción). Como en nuestro país prácticamente no se explora, restándole los 1,46 correspondientes, el costo total queda reducido a U$S/barril 4,64. Como actualmente el gobierno regula el precio de ingreso a refinerías mediante las retenciones móviles, los aproximadamente 48/55 U$S/barril de la cotización internacional del crudo WTI se transforman en 32 U$S/barril. El margen porcentual entre el costo total de U$S/barril 4,64 y el valor de ingreso a industria alcanza al 589 %. Este margen había sido consensuado entre las productoras y las refinadoras y avalado por el Poder Ejecutivo en el 2002; de allí en más, el actual gobierno lo ha tolerado sin observaciones.

Rigen en Argentina leyes no respetadas, en especial, por las petroleras, que ponen por encima de las leyes de la Nación a las del mercado, para peor, oligopólico. Esto es lo que han hecho con la Ley de Convertibilidad Nº 23.918 dictada en abril de 1991 y ratificada por la vigente Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, que estableció la prohibición de aumentar los precios en base a relacionarlos con valores o índices de cualquier naturaleza. Todas las empresas actuantes en el sector petrolero aplican la libertad de precios que les otorgaran tres simples decretos desreguladores de 1989 e invocan como justificativos de sus incrementos las variaciones en el precio internacional del petróleo.

La postura de Shell y Esso se emparentan porque no son productoras y, consecuentemente, deben comprar el petróleo crudo a las extractoras que se lo venden al precio internacional localmente ajustado o, caso contrario, deben importarlo. En consecuencia, no son formadoras de precio. Recordemos que siete consorcios extraen el 90 % del petróleo, y dentro de ellos, Repsol-YPF llega al 42 % (sólo en los consocios que encabeza) y Petrobras alcanza al 18,5 % en las mismas condiciones consorciales.

Tanto la actitud del Presidente de convocar al boicot contra los productos de la Shell, como las expresiones favorables de algunas organizaciones populares, de empresarios y de consumidores que actúan en consonancia con la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Competencia, no resuelven, en los hechos, los problemas creados por la privatización del sector petrolero.

Además, como de las 900 estaciones Shell, 700 están concesionadas a pequeños comerciantes, que ocupan a 8.000 empleados, los más perjudicado serán éstos; además, el daño que puede ocasionarse a una corporación multinacional de esa envergadura es insignificante. La pelea la debe dar el Poder Ejecutivo llevando ante las instancias administrativas y judiciales a los máximos responsables de las empresas que han incrementado sus precios alegando la vigencia de aumentos en los valores externos y, si tal conducta obliga a incluir a los productores -Repsol-YPF y Petrobras incluidos- es la oportunidad para que el Poder Ejecutivo demuestre en los hechos su voluntad de cambiar el modelo neoliberal.

El planteo contra la Shell permite captar apoyos populares. No es una empresa que despierte adhesiones sino todo lo contrario. No la quisieron Winston Churchill ni Franklin Delano Roosevelt por las simpatías hitlerianas de sus principales accionistas; la SEC de Nueva York-equivalente a nuestra CNV- la tiene en jaque por la sobreestimación fraudulenta de sus reservas; los vecinos de Magdalena llevan varios años esperando que repare los daños ecológicos que causó el accidente de un barco de su pertenencia; ha financiado revoluciones y apoyado dictaduras sangrientas en varios lugares del mundo; en Argentina desde la década del treinta y hasta la desregulación justicialista de 1989 -conjuntamente con la Esso- se ha acomodado en la franja de refinación y comercialización, especializándose en el 'abrepuertismo' y en obtención de márgenes de beneficios lo más elevados posibles; sus inversiones de riesgo han sido muy pocas y sin éxito, dentro de las normas de la Ley de Contratos de Riesgo y del Plan Houston. Fue la principal impulsora de la desregulación, recordándose su colaboración en la confección del llamado Petroplan durante la gestión del Ministro Terragno en 1987, como también en la preparación de los decretos desreguladores de 1989 Nº 1.055, Nº 1.212 y Nº 1589.

Apenas asumido el Presidente Kirchner, conjuntamente con la Esso, Repsol-YPF y Petrobras, obtuvieron del ejecutivo una prórroga de cuatro años para poner en orden sus refinerías, en cuanto a la elaboración de combustibles dentro de parámetros aceptables -ya vigentes- para la salud humana y el medio ambiente. Su actual presidente es un enemigo declarado del GNC; ha utilizado para ellos erróneas afirmaciones sobre las cargas tributarias que afectan a los combustibles y olvidándose que las normas del mercado le aconsejan competir bajando sus precios. Desde abril de 1991 la empresa no ha indexado los salarios de sus trabajadores, ni aceptado aumentos de locaciones basados en cualquier referencia externa indexatoria, pero si ha aumentado los precios de sus combustibles en relación al aumento de los valores internacionales del petróleo y, cuando éste ha disminuido, ha alegado la necesidad de 'emparejarlos' con los vigentes en ciudades del primer mundo que pertenecen a países netamente importadores y que tienen un nivel de ingreso por cabeza cinco o seis veces mayor al argentino. Con la facilidad de trasladarlo a precios, ha aceptado la indexación en el precio del crudo que efectuaban los productores locales, cuando lo lógico hubiese sido denunciarlos ante las Secretarías de Defensa de la Competencia y de Energía, e incluso ante la Justicia.

Tiene el Gobierno Nacional otras herramientas legales factibles de ser aplicadas. La Ley de Emergencia Pública (Art. 13) le otorga la facultad de regular los precios a fin de proteger a los usuarios y consumidores de eventuales distorsiones o maniobras oligopólicas. La Ley de Abastecimiento Nº 20.680, cuya vigencia se obtiene mediante el dictado de un simple decreto, lo faculta a establecer precios e intervenir a las empresas. Obviamente, un gobierno creyente de las teorías del mercado ni siquiera las menciona. La Leyes de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y de Defensa de la Competencia Nº 25.156, aunque más inocuas, también resultan de aplicación. Para las productoras cuenta con la Ley de Hidrocarburos, que bajo pena de nulidad absoluta, según sus términos, prohíbe la acumulación de más de cinco áreas, las prórrogas otorgadas por fuera de las condiciones que ella establece y el acceso a la categoría de concesionario mediante reconversiones de contratos.

La continuación de la crisis y el incumplimiento del Plan Energético anunciado en el 2004

El Plan Energético 2004 que incluía un horizonte de corto y mediano plazo se debate en el campo de los incumplimientos. El gran gasoducto del NEA, a pesar de la Ley de promoción sancionada el año próximo pasado y conocida como Ley Techint, está paralizado y a la espera que se resuelva el conflicto boliviano; así lo han decidido las compañías más interesadas Techint, Repsol-YPF y Petrobras. La ampliación de los Gasoductos del Norte y del Sur -que también concretará Techint- recién están en sus comienzos y se duda que puedan contribuir a paliar los faltantes ya iniciados en febrero pasado. La nueva usina termoeléctrica que debía funcionar en el invierno que se aproxima está pendiente de definición en cuanto a si serán una o dos y también en lo referido a sui emplazamiento definitivo. La hidraulicidad es baja en la región del Comahue, en Salto Grande y en Yacyretá. La demanda de gas natural ha ido en aumento. El PURE produjo efectos inversos a los esperados y será actualizado a la brevedad, dentro de los limitados parámetros en que lo ha definido, ya que solamente abarca la conservación y olvida la sustitución y el desarrollo de las nuevas fuentes.

El sistema eléctrico funcionará dentro de límites muy precisos y los cortes de gas serán mayores que los del 2004. Con la lógica que aplica el PE los cortes serán aplicados quienes paguen menos, descartándose las consideraciones sociales de cualquier tipo. Seguramente, con la finalidad de no dañar los negocios de las refinerías -que figuran como consumidores industriales- no serán obligadas a no utilizar gas natural y en preservación de los intereses de las exportadoras, los envíos a Chile sólo serán afectados verbalmente.

Conclusión

Consecuentemente, las declaraciones de funcionarios señalando que carecen de legislación adecuada para salir del sistema energético neoliberal no son aceptables. Sólo se requiere que el Poder Ejecutivo adopte en la práctica las posturas políticas que sostiene verbalmente, haciendo uso de las normas vigentes en defensa de los consumidores y de los recursos estratégicos de pertenencia común. Tiene incluso, obligaciones constitucionales. En el área energética no caben más las posiciones duales ni el doble discurso. La no revisión de los contratos surgidos de los Decretos Desreguladores de 1989 que beneficiaban a los concesionarios y permisionarios de la Ley Nº 17.319 y de los generadores eléctricos a los que se califica como no regulados, el 'premio' del aumento del 270 % en dólares al precio del gas en boca de pozo y su redolarización, otorgado luego de los cierres de válvulas denunciados por el Presidente en los Estados Unidos, el permiso por cuatro años más otorgados a las refinadoras para que puedan seguir produciendo combustibles altamente perjudiciales para la salud, la premeditada ignorancia a reconocer la existencia de la Acción de Oro en YPF SA, el mantener vigentes los decretos desreguladores y otros relacionados que permiten la vigencia del precio internacional del crudo como referente en las transacciones internas, el reiterar la propiedad de los yacimientos como de propiedad provincial, etc. no nos permiten ser optimistas sobre la ruptura de las políticas implementadas por Carlos Menem y continuadas por todos sus sucesores.



 Gustavo A. Calleja es presidente del Instituto de la Energía y la Infraestructura de la Fundación Arturo Illía.

Fuente: www.argenpress.info , 29 de marzo de 2005.

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