La marcha que anualmente se realiza el 2 de octubre para conmemorar la matanza de 1968 en Tlatelolco y exigir justicia y castigo contra los responsables, derivó ayer en la demanda concreta de que se encarcele ya al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, considerado el principal responsable de los hechos.

'Emplazamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que cumpla con su obligación histórica emitiendo las órdenes de aprehensión contra Luis Echeverría y demás criminales', fue la demanda que realizó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y que se escuchó en el Zócalo capitalino, tras una movilización que reunió a miles de jóvenes, trabajadores e integrantes de organizaciones sociales.

Esa manifestación provocó uno de las mayores operativos de seguridad que se hayan visto en la ciudad de México. Más de 8 mil elementos policiacos, incluso vestidos de civil, resguardaron edificios públicos y comercios, para impedir que se repitieran los hechos violentos del año pasado.

La marcha inició en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y recorrió las calles del centro capitalino sin que se presentaran mayores incidentes. Sólo al final, cuando los contingentes ya habían llegado a la plancha del Zócalo se registraron dos hechos de violencia y varias denuncias de jóvenes detenidos por su aspecto o por ser sospechosos de portar explosivos.

Al frente de la marcha caminaron Raúl Alvarez Garín, Raúl Jardón, Jesús Martín del Campo, Enrique Avila, Fausto Trejo y Eduardo Cervantes, entre otros ex integrantes del movimiento estudiantil del 68. Tras ellos, miles de jóvenes que portaban enormes mantas pidiendo alto a la impunidad, coreando que el 2 de octubre 'no se olvida' y que México no debe ser refugio de genocidas.

'Los crímenes de lesa humanidad no se olvidan. Tlatelolco', rezaba una gran cartulina, mientras otras pedían cárcel para Echeverría. Unas cuantas más hacían referencia a problemas concretos de los contingentes en marcha. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo rechazaron diversas reformas al sistema de enseñanza agrícola.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de los jóvenes asesinados en Tlatelolco hace 36 años, David Roura, del Comité 68, dio a conocer el pronunciamiento oficial de los ex integrantes del movimiento estudiantil.

En el documento demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplir con su obligación histórica emitiendo las ordenes de aprehensión contra Luis Echeverría y demás criminales, para que México no sea 'refugio de genocidas'.

La Suprema Corte actual tiene la obligación histórica de diferenciarse de aquellas cortes cómplices de la impunidad en la historia reciente del país. De no ser así, la credibilidad y la gobernabilidad se verán amenazadas, ya que la sociedad en su conjunto exige el castigo de los culpables del genocidio del 2 de octubre del 68, del 10 de junio del 71 y de los cientos de desaparecidos durante la guerra sucia.

Si México, advirtieron, no asume sus responsabilidades y considera que el delito de genocidio ha prescrito, aparecerá en el ámbito internacional como un refugio seguro para genocidas como Pinochet, Videla, Kissinger, Fujimori y otros.

Estamos en un punto en la historia del país en el que no se puede seguir ignorando el reclamo puntual de las madres del Comité Eureka. No se puede admitir jurídica y moralmente que los casos de El Charco, El Bosque, Acteal o Aguas Blancas queden impunes o en castigos a funcionarios menores, destacaron.

En la respuesta que den los órganos de justicia a todos estos casos de impunidad estará la suerte de la democracia de este país, puntualizaron.

Previamente consideraron que 'la vida política nacional se desenvuelve en un extraño ambiente de procesos judiciales oscuros e inconclusos, que están marcados por una política vacilante y parcial, que pone en entredicho la vigencia de la legalidad y el estado de derecho. Perspectiva que es extremadamente grave'.

Dijeron que es ampliamente reconocido que el presidencialismo y la figura de Vicente Fox están en crisis y severamente cuestionados. Lo mismo sucede con los legisladores en lo personal y las cámaras como colectivos. Si a esto se añade una crisis en el sistema de justicia del país, simplemente no quedaría ninguna referencia política a la que se le pudiera conceder un mínimo de legitimidad. Por tal razón, el Comité del 68 considera que es su obligación hacer todo lo posible por evitar una perspectiva caótica que daría pie a soluciones de violencia.

Asimismo, refirieron que es preocupante registrar rasgos que apuntan a la impunidad en casos judiciales como Amigos de Fox, Pemexgate, Fobaproa y a la injusticia en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, además de aquellos que tienen un carácter histórico, como las matanzas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, y las desapariciones y asesinatos cometidos durante la llamada guerra sucia.

De acuerdo con los integrantes del Comité 68, todos estos procesos judiciales no se han llevado a cabo con pulcritud y transparencia. Las soluciones oscuras e incomprensibles que se han dado no satisfacen a nadie. Aunque no lo fueran, parecen marrullerías y chicanadas.

Frente a esta situación advirtieron que existe 'el riesgo de caer en un descrédito absoluto y de verdadero colapso en el sistema de justicia del país, porque desde muy diversos espacios de poder se actúa con parcialidad, ilegalmente, con prepotencia y arrogancia, para obstruir e impedir la acción de la justicia'.

Refirieron que en los casos que han sido canalizados a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, 'el problema no es que los acusados y sus defensores recurran a marrullerías y falsedades, el problema es que desde el Poder Ejecutivo, por medio de la PGR y también desde el Poder Judicial, se brindan a los acusados espacios y facilidades para evadir la acción de la justicia'.

Ante los manifestantes negaron que los archivos oficiales de la matanza de Tlatelolco, 10 de junio y la guerra sucia se hayan abierto totalmente, en particular los de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sumado a ello, subrayaron que no se han proporcionado los datos que puntualmente se han requerido a la Secretaría de Gobernación.

Sobre la matanza del jueves de Corpus, advirtieron que si la SCJN no atrae la acusación penal y determina que los ilícitos cometidos no prescribieron, dejará la decisión en manos 'de un tribunal de menor jerarquía que puede prestarse a encubrir una acción ilegal bajo diversos detalles propios del proceso judicial, y entonces podríamos considerar que su proceder es una muestra de que está cediendo ante presiones, resistencias y demás medidas políticas oficiales de obstrucción a los juicios'.

Por ello, 'la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación, primero, de atraer el caso y asumir con toda responsabilidad la decisión que corresponda. Exigimos una resolución que sea consecuente con las leyes y tratados internacionales firmados por México', concluyeron.

La SSP desplegó 8 mil agentes de seguridad; muchos vestían de civil. Sólo incidentes menores durante la marcha; 11 detenidos y 4 lesionados

Grupos de estudiantes también realizaron acciones de seguridad y resguardaron edificios y negocios que fueron agredidos durante las manifestaciones del año pasado

Once detenidos y cuatro lesionados fue el saldo de los incidentes que ocurrieron en torno a la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968, a pesar de los 8 mil elementos que desplazó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP). Muchos agentes cumplieron sus funciones vestidos de civil.

Pese a estos reportes, durante el desarrollo de la marcha, desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, no hubo incidentes graves, enfrentamientos entre supuestos estudiantes ni destrucción de algún objeto o comercio.

Los contingentes no sólo fueron vigilados por los miles de elementos policiacos, sino también por grupos de estudiantes que se encargaron de realizar vallas en los sitios donde el año pasado hubo incidentes, como fue el caso de la Torre del Caballito.

El subsecretario de la SSP, Gabriel Regino, negó que hubiera enviado a policías vestidos de civil, y aseguró que sólo comisionó a 110 'empleados administrativos' para realizar funciones de 'indicadores' (personas que se encargan de comunicar al centro de mando cualquier incidente) sin embargo, centenares de elementos vistieron camisetas de color blanco y vigilaron la movilización desde la misma Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hasta la Plaza de la Constitución.

Según el subsecretario, el accionar del personal de la SSP fue legal, aunque realizaron detenciones sin portar uniforme, como ocurrió en pleno Zócalo con el fotógrafo del diario La Prensa, Jaime Llera.

Los elementos de la SSP se apostaron a lo largo de las aceras de Manuel González, Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Madero.

Hicieron una segunda fila detrás de los policías que sí vestían uniforme y en algunos casos se dedicaron a fotografiar o filmar a los manifestantes a bordo de motocicletas sin placas.

El operativo no sólo abarcó las zonas cercanas a la Plaza de las Tres Culturas, también se instaló vigilancia en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás y así fue como se logró detener, cerca de las tres y media de la tarde, a tres jóvenes que portaban petardos, latas de pintura y thínner en el cruce de Saturno y Flores Magón, en la colonia Guerrero.

En esta acción fue aprehendido Alejandro Caballero González, de 21 años, quien tenía en su poder 8 petardos y fue puesto a disposición de la quinta agencia bis del Ministerio Público; en tanto que Daniel Trejo Hernández, de 18 años, fue remitido al juez cívico de la séptima agencia. El tercer sujeto no fue identificado.

Los incidentes en los que hubo el mayor número de detenidos y lesionados ocurrieron después de las seis de la tarde, cuando la mayor parte de los contingentes ya habían ingresado a la plaza y comenzaba el mitin político.

La gresca se debió a que la SSP no puso policías a vigilar las zonas aledañas al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Supuestamente el agrupamiento Corredor Alameda, bajo las órdenes del primer superintendente José Barrón, fue destinado a vigilar la calle de Seminario, pero sin explicación abandonaron el punto y se concentraron en la calle de 5 de Febrero.

Esa situación fue aprovechada por un grupo de jóvenes -en su mayoría vestidos de negro y con el cabello pintado- para despojar de mercancía a cientos de comerciantes semifijos que a diario se colocan en la calle Seminario.

De inmediato los vendedores se defendieron y se armó la gresca, lo que obligó a que policías vestidos de civil y uniformados intervinieran para detener el enfrentamiento, situación en la cual fue detenido el fotógrafo Jaime Llera por dos elementos de la SSP que laboraban sin uniforme.

Llera fue obligado a subir a una ambulancia de la Cruz Roja porque supuestamente estaba lesionado. Minutos después fue liberado en la calle de Palma.

Tras la riña, el subsecretario Gabriel Regino dijo lamentar el incidente, que sucedió al finalizar la marcha.

Respecto a los policías vestidos de civil indicó que los 'indicadores' son legales, porque 'es personal administrativo y, según dijo, utilizó a '80 elementos del sexo masculino y del grupo femenil 30'. Sin embargo, desde la calle de Iturbide y hasta la calle de López se colocó una larga valla de mujeres policías sin uniforme.

Exigieron justicia y defendieron la educación pública. Caminatas para recordar el 68 en varias entidades del país

Cerca de mil personas, entre estudiantes y miembros de organizaciones sociales de Guerrero, marcharon este sábado por las principales calles de Chilpancingo para recordar la matanza de Tlatelolco en 1968, donde perecieron cientos de jóvenes.

En Cancún, Quintana Roo, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al menos doscientos estudiantes recordaron los hechos del 2 de octubre. Mientras, unos 2 mil maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Pinotepa Nacional, Oaxaca, marcharon para exigir la derogación de las reformas a la ley de jubilaciones y pensiones, además de recordar los sucesos del 68.

El contingente de Guerrero, compuesto por cerca de mil personas, marchó de la carretera México-Chilpancingo hasta el zócalo Primer Congreso de Anáhuac; ahí, Genaro Robles Jaimes y Sergio Moctezuma Alonso, integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria de Guerrero (FEUG), manifestaron la solidaridad de la organización con los cientos de jóvenes y padres de familia que se encontraban en ese entonces en la Plaza de las Tres Culturas y que fueron atacados por militares y elementos policiacos.

Asimismo gritaron consignas en contra de la privatización de la educación y respaldaron el apoyo a los más de 700 normalistas que se oponen a presentar un examen de oposición para la obtención de una plaza de trabajo.

Medio centenar de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y de las normales Rural Mactumactza e Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, durante su manifestación, gritaron consignas en contra de los gobierno federal y de Pablo Salazar Mendiguchía. Los jóvenes recorrieron varias calles y avenidas desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales hasta el centro de la ciudad, donde durante 15 minutos bloquearon dos de las principales arterias, provocando un caos vial. Asimismo demandaron educación pública y gratuita.

Cerca de 100 personas recordaron los sucesos del 2 de octubre con un recorrido por las calles de Cancún, Quintana Roo. Con una enorme manta con la efigie del Che Guevara y una paloma atravesada por una espada, como símbolo de la ruptura de la paz, la caravana concluyó en la Plaza de la Reforma, a un costado de la estatua de Benito Juárez, donde los jóvenes criticaron a los gobiernos represores de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría y compararon a Vicente Fox con los priístas por su autoritarismo.

Unos 2 mil maestros de la sección 22 del SNTE de la región de la costa, en Oaxaca, marcharon en Pinotepa Nacional para exigir la derogación de las reformas a la ley de jubilaciones y pensiones, también recordaron los sucesos del 2 de octubre.

La manifestación concluyó con un mitin en el zócalo de esa ciudad, los oradores rechazaron las reformas neoliberales del gobierno de Vicente Fox y la propuesta del régimen de pensiones y recordaron la matanza de estudiantes.