NCeHu
1390/04
Más allá de las fábulas,
la GEOGRAFIA :
el NORTE de la
CORRUPCION
Corrupción
El
dinero sucio se lava más y mejor en el Norte
Miren Gutiérrez (*) Inter Press Service (IPS), agosto 2004
Roma.-
En el ambiente de las altas finanzas, las siglas en inglés
PEP ("politically exposed person") se utilizan para definir a líderes
políticos o funcionarios de gran exposición pública. Manejar sus cuentas
es un negocio grande, pero peligroso.
El Banco Riggs, con sede en Washington, debió
pagar una multa de 25 millones de dólares por administrar de modo indebido
activos de PEP y cuentas bancarias de extranjeros con dinero de origen
cuestionable.
La estadounidense Red de
Control de Delitos Financieros estima que por año se lavan en el mundo
1,5 billones de dólares, la mayor parte en
instituciones de los países
ricos, y no en los paraísos fiscales o la banca offshore
(extraterritorial) del Caribe o el Pacífico.
Las operaciones de lavado
son, en esencia, la introducción en el sistema financiero legal de dinero
obtenido en delitos como narcotráfico, tráfico de armas o cobro de
sobornos, entre otros.
Las transacciones del
Riggs fueron expuestas en julio por un subcomité de investigaciones
permanente del Senado de Estados Unidos, según el cual el banco tenía como
clientes favoritos al dictador Teodoro Obiang
Nguema, del país petrolero Guinea Ecuatorial, y al ex
dictador chileno Augusto
Pinochet (1973-1990).
Este mes, la Comisión de
Valores y de Bolsas de Estados Unidos comenzó a investigar a cinco
compañías petroleras de ese país (incluida la gigante ExxonMobil) que
depositaron millones de dólares en cuentas de Obiang Nguema, sus
familiares y colaboradores. ExxonMobil negó cualquier acción ilegal.
Según la investigación del
Senado, esas cuentas con más de 700 millones de dólares estuvieron
abiertas entre 1995 e inicios de este año.
“El Riggs estaba
claramente advertido de las preocupaciones sobre la corrupción en Guinea
Ecuatorial”, afirma el reporte del Senado.
En el caso de Pinochet, la
evidencia obtenida por el subcomité indica que “entre 1994 y 2002 el Banco
Riggs abrió al menos seis cuentas y emitió varios certificados de depósito
para Augusto Pinochet… mientras éste estaba bajo arresto domiciliario en
Gran Bretaña. Los depósitos agregados a sus cuentas fueron de cuatro a
ocho millones de dólares de una vez”.
Según el diario londinense
The Observer, Pinochet percibía un salario anual de 16.000 dólares en
1997, como comandante en jefe del ejército de su país, cargo que reservó
para sí cuando la democracia fue restaurada en Chile, en 1990.
Hasta ahora el general
sólo había sido investigado por la justicia por las graves violaciones de
derechos humanos cometidas por su régimen.
El colapso del Banco de Crédito y Comercio
Internacional (BCCI), en 1991, es considerado el fraude
bancario más grande de la historia, pues involucró miles de millones de
dólares.
Aunque su casa matriz
estaba en Luxemburgo, era administrado desde Londres. Pero el proceso de liquidación
involucró a tribunales de muchos países.
En 2001, la británica
Cámara de los Lores autorizó el inicio del juicio contra sus responsables.
El banquero Agha Hasan
Abedi fundó el BCCI con una intrincada estructura diseñada para eludir
controles en más de 70 países en los que llegó a operar.
Los propietarios y
ejecutivos del BCCI han sido acusados de delitos que incluyen lavado de
dinero, sobornos, financiación de terrorismo y tráfico de armas y de
drogas.
Los depositantes legítimos
de la institución perdieron millones de dólares cuando ésta cerró sus
puertas al hacerse pública su insolvencia. En su momento de mayor
esplendor, llegó a contar con activos por 20.000 millones de dólares.
Los liquidadores, que han
recuperado 75 por ciento de los depósitos perdidos, culpan al Banco de
Inglaterra de haber hecho muy poco pese a conocer las “debilidades” del
BCCI.
Los problemas del banco
databan de 1985. Tres años después, una de sus colaterales fue cerrada en
Tampa, sur de Estados Unidos, tras una acusación de lavado de dinero.
La reconstrucción de lo
ocurrido y los testimonios de los gerentes documenta su sistemático
respaldo a depósitos de bancos centrales de países en desarrollo, sus
favores a los PEP y su renuencia a adoptar controles.
“Si bien los paraísos fiscales están metidos hasta
el cuello en el lavado de dinero, es erróneo creer que la mayor parte del
dinero sucio es lavado allí y en países en desarrollo, una impresión
cultivada por los gobiernos de las naciones centrales para culpar a otros
de lo que pasa en su propia casa”, dijo el editor de
Offshore Alert, David Marchant, una publicación de investigación con sede
en Miami.
En Nueva York y en Londres se lava más dinero que en
cualquier otro lugar del mundo, afirmó Marchant
entrevistado por IPS mediante correo electrónico.
“Asimismo, mucho del dinero lavado en países pobres
lo es en bancos que son filiales, subsidiarias o socias
de bancos en los grandes países, como Estados Unidos y Gran
Bretaña”, abundó.
“Londres, Nueva York, Tokio, París, Francfort y, por
supuesto, Suiza, tienen sus propios y lucrativos negocios parafiscales. Y
muchos delincuentes prefieren transacciones con los grandes centros, donde
el enorme volumen de dinero cambiando de manos cubre sus
huellas”, decía en 2002 un informe de la cadena británica
de noticias BBC.
“Los 1.600 millones de dólares robados a Nigeria por la
familia del ex dictador Sani Abacha (1993-1998) no se hallaron
en islas del Caribe o del
Pacífico, sino en prestigios bancos de Gran Bretaña y
Suiza”, añadía la investigación.
“Y el dinero desviado por Raúl Salinas, hermano del ex
presidente mexicano Carlos Salinas (1988-1994), terminó en el que era
entonces el grupo bancario más grande del mundo,
Citibank”, afirmaba.
Una investigación del
Senado estadounidense de 1999 concluyó sin hallar evidencias de que el
Citibank hubiera cooperado a
sabiendas con Salinas, cuyos
negocios turbios le dejaron una fortuna de 100
millones de dólares. Pero el banco no aplicó los
procedimientos que hubieran evitado el ingreso de dinero sucio, advertía
el reporte.
Raúl Salinas fue acusado de canalizar dinero
de sobornos y venta de drogas fuera de México
utilizando subsidiarias del Citigroup en Suiza y Gran Bretaña, entre
1992 y 1994. En 1995 fue arrestado y sentenciado a 50 años de prisión por
la muerte de un alto dirigente de su propia colectividad política, el
entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional.
Asif Ali Zardari, esposo
de la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto (1988-1990 y
1993-1996), el presidente de Gabón, Omar Bongo (en el poder desde 1967) y
los hijos de Sani Abacha, Mohammed e Ibrahim, fueron otros PEP citados en
el informedel Senado estadounidense, en 1999.
Ese mismo año, el
Banco de Nueva York fue
investigado por el origen de miles de millones de dólares traspasados
desde cuentas en Rusia hacia
Londres y Nueva York.
Un artículo del diario The
New York Times aseguraba que “miles de
millones de dólares han sido canalizados a través del Banco de Nueva York
el año pasado en lo que se cree una enorme operación de lavado de dinero
del crimen organizado ruso”.
En febrero de 2000, una ex
ejecutiva del banco neoyorquino en Londres, Lucy Edwards, y su esposo,
Peter Berlin, se declararon culpables del cargo de lavado de dinero y
admitieron haber aceptado 1,8 millones de dólares para armar un mecanismo
de introducción de dinero ruso a la institución.
La Reserva Federal del
estado de Nueva York sancionó al banco por deficiencias en sus prácticas
contra el lavado de dinero, una medida sin ninguna multa en dinero y que
“está muy lejos de una orden firme que los reguladores podrían imponer”,
opinó el New York Times.
“Según mi experiencia, las mayores instituciones financieras
lo son en parte por su voluntad de hacer negocios y aceptar dinero de
cualquiera, si creen que
pueden obtener beneficios”, dijo Marchant, quien ha
investigado el lavado de dinero en el Caribe.
“Cuanto más grande es el banco, más grande es el problema
del lavado de dinero, y de ninguna manera puede llevarse a cabo sin
conocimiento”, dijo.
La lista de países y
territorios que no cooperan con las acciones para frenar este delito,
elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
sólo incluye a países pobres como Islas Cook,
Indonesia, Birmania, Naurú, Nigeria y Filipinas.
Hay un vínculo sospechoso
entre las medidas del GAFI y una armonización impositiva global liderada
por la OCDE, en gran medida diseñada para ayudar a los países más grandes
a recaudar más impuestos, dijo Marchant.
Cincuenta y nueve de los 100 mayores empresas
contratistas del gobierno estadounidense tienen alguna subsidiaria
incorporada en un paraíso fiscal, según un informe de una
oficina de investigaciones del Congreso legislativo estadounidense,
publicado en febrero.
La quebrada Enron, por
ejemplo, incorporó cientos de subsidiarias en las islas Caimán, pero no
tenía siquiera una oficina instalada allí.
“Estas subsidiarias
permitieron a Enron esconder
miles de millones de dólares cuando la firma era litigada por sus
accionistas e investigada por posibles prácticas contables fraudulentas”,
según una carta de enero de 2002 de la organización de consumidores Public
Citizen dirigida al entonces secretario (ministro) del Tesoro de Estados
Unidos, Paul O’Neill.
El consorcio italiano de
alimentos Parmalat, que quebró
en 2003, utilizó tres subsidiarias en islas Caimán para alterar sus
activos, según fiscales de Italia.
La compañía de inversiones
y consultora J.P. Morgan Chase estima que unos
650.000 millones de dólares en ganancias obtenidas por empresas
estadounidenses en el exterior durante décadas jamás fueron declaradas ni
pagaron impuestos dentro del país.
Las medidas contra el
lavado de dinero parecen no tener efecto disuasorio en algunos casos.
El “Reporte sobre banca
corresponsal: un portal para el lavado de dinero”, realizado por el
subcomité permanente de investigaciones del Senado de Estados Unidos en
2001, señala que los bancos de ese país, “a través de cuentas
corresponsales que otorgan a bancos extranjeros, se han convertido en
conductos del dinero hacia el sistema financiero estadounidense”.
La banca corresponsal
permite a una institución de un país mover fondos, efectuar operaciones de
cambios de moneda u otras transacciones financieras en otro país a través
de un segundo banco con sede allí, actividades todas sujetas a muy pocos
controles hasta la publicación del informe.
Muchos de los más grandes
bancos internacionales ubicados en los principales centros financieros
sirven como corresponsales para miles de bancos de países más pequeños.
“Las cuentas corresponsales en bancos de Estados
Unidos dan a propietarios y clientes de bancos extranjeros con escasas
regulaciones, administraciones dudosas y a veces corruptos acceso directo
al sistema financiero estadounidense y libertad para mover dinero dentro
del país y en todo el mundo”, afirmaba el reporte.
Entre los bancos
corresponsales de ese país con controles débiles se encontraban Security Bank NA, de Miami, The Bank
of New York, Bank of
America, Amtrade
Bank, también de Miami, Citibank, First Union y Harris Bank International.
Según estimaciones del
Departamento de Defensa de Estados Unidos, los ataques terroristas del 11
de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington requirieron a sus
perpetradores menos de un millón de dólares.
Las sumas utilizadas en
actividades terroristas son pequeñas comparadas con los montos del lavado
de dinero, y se suelen utilizar recursos legítimos para financiarlas.
La polémica Ley Patriota
estadounidense, promulgada poco después del 11 de septiembre, en octubre
de 2001, y muy criticada por recortar las libertades individuales, presta
especial atención a los PEP y a “altas figuras políticas extranjeras”.
La ley se detiene
especialmente en los bancos corresponsales y requiere revisión de las
cuentas asociadas con PEP, en especial sobre el origen de sus depósitos.
Una de las aplicaciones
más conocidas de la ley fue contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), acusado
de desviar unos 100 millones de dólares de fondos públicos mientras era
gobernante.
Fiscales estadounidenses
acusaron en 2003 a Alemán y sus socios de mantener más de 800.000 dólares
en el Terrabank de Miami, y decenas de millones en bancos panameños.
Alemán fue condenado en
diciembre del año pasado en su país a 20 años de penitenciaría.
Los investigadores de
Estados Unidos volvieron entonces su atención a las cuentas de bancos
extranjeros de otros dos ex presidentes latinoamericanos que abandonaron
sus respectivos países apenas concluyeron sus mandatos: Gustavo Noboa (2000-2003), de Ecuador, y
Alfonso Portillo (2000-2004),
de Guatemala.
También están bajo
investigación en Estados Unidos funcionarios y banqueros de República
Dominicana implicados en la quiebra del Banco
Intercontinental, conocido como Baninter, en 2003.
El gobierno dominicano
presentó un litigio en tribunales de Miami contra el banquero Luis Alvarez Renta, como parte de un
esfuerzo para recuperar más de 2.000 millones de dólares esfumados
del Baninter.
Según la demanda, Alvarez
Renta y tres sociedades extranjeras que controlaba drenaron millones de
dólares de Baninter utilizando bancos en Miami. El banquero negó haber
cometido delito alguno.
El gobierno litigante
asegura que Alvarez Renta ocultó el dinero robado en BankAtlantic, el International Bank of Miami y el
Hamilton Bank, de Florida, y que existía un patrón
sospechoso de operaciones entre Baninter y las instituciones de Miami, en
especial muchos préstamos sin garantías a sociedades con sede en Estados
Unidos.
Ninguno de los tres bancos
implicados ha efectuado comentarios sobre el caso.
“Uno podría pensar que
tras los últimos escándalos de corrupción con depósitos de
latinoamericanos en bancos de Estados Unidos, Europa y el Caribe, los
banqueros han aprendido la lección”, sostuvo el columnista Andrés
Oppenheimer en el diario The Herald Tribune, comentando el caso Riggs.
Obviamente, no lo han hecho.
(*)
Miren Gutiérrez es editora
jefa de IPS y escribe una
columna mensual sobre corrupción en Offshore
Alert. |