19 años de aplicación de las políticas
neoliberales han dejado como saldo el empeoramiento de las condiciones de vida,
económicas y sociales de los bolivianos. Los datos son elocuentes
La Paz, agosto 27,
2004).-
"En 19 años, el país se hizo más vulnerable
en lo fiscal, en lo productivo y en el empleo". Pese a los pésimos resultados,
el Gobierno de Carlos Mesa mantiene la misma orientación en la política
económica, la que no apunta a superar los problemas estructurales que afectan la
vida de la gente, sostiene un documento de evaluación del Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla),
una organización no gubernamental.
VULNERABILIDAD
FISCAL
Para la organización, cuando el Programa de Ajuste
Estructural se empezó a aplicar –con el decreto supremo
21060 y el paquete de reformas que le siguió–, uno de los objetivos fue
la estabilidad económica para lo cual el Estado debería alcanzar la disciplina
fiscal. Hoy, la crisis fiscal persiste, cuyo principal síntoma es el elevado y
creciente déficit que hasta la gestión pasada llegó al 9 %.
Esto pasó, explica el documento, "porque la propia orientación de las políticas de ajuste ahondó
la vulnerabilidad creciente del erario nacional al haber entregado el patrimonio
público a manos del capital transnacional, destruyendo la capacidad del Estado
para impulsar el desarrollo nacional".
Al haber dejado de percibir ingresos de las empresas
estatales, el Estado buscó financiamiento en una política impositiva, que recayó
en los magros bolsillos de los trabajadores y no en los
sectores que se apropian del excedente
económico. Ese recambio en el orden de importancia de los
ingresos estatales no significó, sin embargo, un aumento de los
mismos.
"Mientras en el periodo anterior a la imposición del
modelo neoliberal la presión tributaria alcanzaba al 5,6 % del Producto Interno
Bruto como promedio anual, en los últimos años llegó a 14,2 % del PIB. El grueso
de la recaudación está compuesto por un 77 % de ingresos provenientes de
impuestos aplicados al consumo", indica el informe.
Una de las partidas menos favorecidas por el modelo en los 19
años, fue la del gasto público. Si bien el área social recibió un incremento, a
fines de los 90, pasando de 6 % a poco más del 12 % del PIB, el aumento se debió
al incremento de los impuestos a la gente que saltaron
del 6,7 % al 13,9 % del PIB. Es decir que las prestaciones sociales fueron financiadas con los impuestos de
la población".
Frente a la crisis, Carlos Mesa anunció un plan de reducción de
gastos corrientes y de austeridad. El Cedla analizó sus términos y concluyó que
esas medidas son insuficientes para impactar en la reducción del déficit fiscal,
porque fueron proyectadas sobre datos inflados y "porque no se
consideran medidas para disminuir el pago por servicio de la deuda pública ni
las transferencias por concepto de pensiones y jubilaciones, variables que
realmente pesan en el déficit".
VULNERABILIDAD
PRODUCTIVA
En otro ámbito económico, a partir de las políticas de
ajuste, el modelo no coadyuvó al desarrollo la industria, por lo que se mantuvo
su escasa participación en la economía nacional: 17 % del PIB. Y su aporte a las
exportaciones desde los años 80 hasta hoy, permanece en apenas 15
%.
Esta orientación supuso, apunta el Cedla, una "reestructuración productiva que cambió tanto las formas de
organización del trabajo, como las relaciones laborales y el perfil de la fuerza
de trabajo".
A partir de una investigación realizada en seis grupos
diferenciados de empresas manufactureras en el país, la organización identificó
que el 95 % del total de unidades económicas de la industria
mantiene a menos de 10 personas ocupadas. Las unidades empresariales han caído de 36 % a 26 % a fines del
90. Y las unidades semiempresariales y familiares que sumaban un 61 % a fines de
los 80, en los últimos años constituían cerca del 73 %.
En el tránsito de las empresas por el ajuste, la
transformación de las relaciones laborales adquiere notoriedad porque cada vez
más deriva en la flexibilidad y pérdida de los derechos laborales en
general. "El sector de la industria no sólo lleva el impacto de
una política que no está interesada en fortalecer el aparato productivo, sino
que se convierte en generador de un tipo de empleo precario, sin beneficios ni
seguridad social", señala el documento del Cedla.
Para la presente gestión, el Plan Mesa plantea
la medida del "Compro Boliviano" como la más importante para
reactivar la economía. Al respecto el Cedla sostiene que se trata de una medida
limitada porque se contradice: "según el plan, las compras estatales de
productos nacionales alcanzarían a 600 millones de dólares, pero según el
Presupuesto General de la Nación llegará a sólo 206 millones de dólares en este
año".
INDÍGENAS Y CAMPESINOS: LOS MÁS
VULNERABLES
El panorama en el área rural es todavía más
dramático, advierte el Cedla. En varios estudios realizados se constata
que las políticas de ajuste desmantelaron el aparato
productivo agrícola de las zonas tradicionales de la región
andina.
Los efectos de la apertura comercial en el campo se
manifestaron a través de "un primer ajuste descendente de precios internos
puesto que éstos eran más elevados que los internacionales. La segunda etapa dio
lugar al incremento de las importaciones de productos agrícolas y la tercera
develó la crisis del subsector a causa del deterioro sostenido de los
ingresos".
El documento proporciona datos sobre las importaciones:
durante la vigencia del modelo sólo el valor anual de los productos agrícolas
sustitutivos de la producción nacional, se multiplicó de 1 millón de dólares a 10 millones en el año
2001.
De aquí se habría saltado a la cuarta etapa cuando una
parte de los productores tuvo que aplicar la estrategia de combinar actividades
prediales y extra-prediales para salir de la insolvencia agrícola. Fue entonces
que muchos abandonaron la actividad y las comunidades, migraron a centros
urbanos como El Alto, Santa Cruz y Tarija. A este proceso, el Cedla llama
descampesinización. "Según información del censo, la población
rural cayó desde el 58 % en 1976, a 42 % en 1992 y a 37 % en el
2001.
VULNERABILIDAD EN EL
EMPLEO
Si la economía siguió esas tendencias, el empleo no tuvo mejor
suerte. "La década de los 90 se inició con un desempleo abierto del 7,2
%. Si bien entre 1994 y 1997, hubo una mejora a 3,1 %, la crisis volvió con
fuerza al finalizar la década con un 8,5 %, y para este año, se prevé el 13,9 %
de desempleo abierto en las ciudades o más de 360 mil personas
desocupadas".
Según proyecciones del Cedla, la economía sólo podrá generar 41
mil nuevas fuentes de empleo. El comercio creará 19 mil empleos; la industria
manufacturera 13 mil y el transporte 8 mil. Por otro lado, el Estado sólo
interviene en la creación de empleo con medidas paliativas como el Plan
Nacional de Empleos de Emergencia (Plane) que opera como fuente
de ingresos suplementarios para familias de desocupados en periodos cortos y con
salarios bajísimos.
Frente a este panorama, "el Gobierno insiste en apostar
a las exportaciones, del gas por ejemplo, en lugar de
fortalecer el aparato interno para reactivar el empleo y la economía",
concluye la evaluación.
Fuente: www.econoticiasbolivia.com
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