VULNERABILIDAD FISCAL

Para la organización, cuando el Programa de Ajuste Estructural se empezó a aplicar –con el decreto supremo 21060 y el paquete de reformas que le siguió–, uno de los objetivos fue la estabilidad económica para lo cual el Estado debería alcanzar la disciplina fiscal. Hoy, la crisis fiscal persiste, cuyo principal síntoma es el elevado y creciente déficit que hasta la gestión pasada llegó al 9 %.

Esto pasó, explica el documento, "porque la propia orientación de las políticas de ajuste ahondó la vulnerabilidad creciente del erario nacional al haber entregado el patrimonio público a manos del capital transnacional, destruyendo la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo nacional".

Al haber dejado de percibir ingresos de las empresas estatales, el Estado buscó financiamiento en una política impositiva, que recayó en los magros bolsillos de los trabajadores y no en los sectores que se apropian del excedente económico. Ese recambio en el orden de importancia de los ingresos estatales no significó, sin embargo, un aumento de los mismos.

"Mientras en el periodo anterior a la imposición del modelo neoliberal la presión tributaria alcanzaba al 5,6 % del Producto Interno Bruto como promedio anual, en los últimos años llegó a 14,2 % del PIB. El grueso de la recaudación está compuesto por un 77 % de ingresos provenientes de impuestos aplicados al consumo", indica el informe.

Una de las partidas menos favorecidas por el modelo en los 19 años, fue la del gasto público. Si bien el área social recibió un incremento, a fines de los 90, pasando de 6 % a poco más del 12 % del PIB, el aumento se debió al incremento de los impuestos a la gente que saltaron del 6,7 % al 13,9 % del PIB. Es decir que las prestaciones sociales fueron financiadas con los impuestos de la población".

Frente a la crisis, Carlos Mesa anunció un plan de reducción de gastos corrientes y de austeridad. El Cedla analizó sus términos y concluyó que esas medidas son insuficientes para impactar en la reducción del déficit fiscal, porque fueron proyectadas sobre datos inflados y "porque no se consideran medidas para disminuir el pago por servicio de la deuda pública ni las transferencias por concepto de pensiones y jubilaciones, variables que realmente pesan en el déficit".

VULNERABILIDAD PRODUCTIVA

En otro ámbito económico, a partir de las políticas de ajuste, el modelo no coadyuvó al desarrollo la industria, por lo que se mantuvo su escasa participación en la economía nacional: 17 % del PIB. Y su aporte a las exportaciones desde los años 80 hasta hoy, permanece en apenas 15 %.

Esta orientación supuso, apunta el Cedla, una "reestructuración productiva que cambió tanto las formas de organización del trabajo, como las relaciones laborales y el perfil de la fuerza de trabajo".

A partir de una investigación realizada en seis grupos diferenciados de empresas manufactureras en el país, la organización identificó que el 95 % del total de unidades económicas de la industria mantiene a menos de 10 personas ocupadas. Las unidades empresariales han caído de 36 % a 26 % a fines del 90. Y las unidades semiempresariales y familiares que sumaban un 61 % a fines de los 80, en los últimos años constituían cerca del 73 %.

En el tránsito de las empresas por el ajuste, la transformación de las relaciones laborales adquiere notoriedad porque cada vez más deriva en la flexibilidad y pérdida de los derechos laborales en general. "El sector de la industria no sólo lleva el impacto de una política que no está interesada en fortalecer el aparato productivo, sino que se convierte en generador de un tipo de empleo precario, sin beneficios ni seguridad social", señala el documento del Cedla.

Para la presente gestión, el Plan Mesa plantea la medida del "Compro Boliviano" como la más importante para reactivar la economía. Al respecto el Cedla sostiene que se trata de una medida limitada porque se contradice: "según el plan, las compras estatales de productos nacionales alcanzarían a 600 millones de dólares, pero según el Presupuesto General de la Nación llegará a sólo 206 millones de dólares en este año".

INDÍGENAS Y CAMPESINOS: LOS MÁS VULNERABLES

El panorama en el área rural es todavía más dramático, advierte el Cedla. En varios estudios realizados se constata que las políticas de ajuste desmantelaron el aparato productivo agrícola de las zonas tradicionales de la región andina.

Los efectos de la apertura comercial en el campo se manifestaron a través de "un primer ajuste descendente de precios internos puesto que éstos eran más elevados que los internacionales. La segunda etapa dio lugar al incremento de las importaciones de productos agrícolas y la tercera develó la crisis del subsector a causa del deterioro sostenido de los ingresos".

El documento proporciona datos sobre las importaciones: durante la vigencia del modelo sólo el valor anual de los productos agrícolas sustitutivos de la producción nacional, se multiplicó de 1 millón de dólares a 10 millones en el año 2001.

De aquí se habría saltado a la cuarta etapa cuando una parte de los productores tuvo que aplicar la estrategia de combinar actividades prediales y extra-prediales para salir de la insolvencia agrícola. Fue entonces que muchos abandonaron la actividad y las comunidades, migraron a centros urbanos como El Alto, Santa Cruz y Tarija. A este proceso, el Cedla llama descampesinización. "Según información del censo, la población rural cayó desde el 58 % en 1976, a 42 % en 1992 y a 37 % en el 2001.

VULNERABILIDAD EN EL EMPLEO

Si la economía siguió esas tendencias, el empleo no tuvo mejor suerte. "La década de los 90 se inició con un desempleo abierto del 7,2 %. Si bien entre 1994 y 1997, hubo una mejora a 3,1 %, la crisis volvió con fuerza al finalizar la década con un 8,5 %, y para este año, se prevé el 13,9 % de desempleo abierto en las ciudades o más de 360 mil personas desocupadas".

Según proyecciones del Cedla, la economía sólo podrá generar 41 mil nuevas fuentes de empleo. El comercio creará 19 mil empleos; la industria manufacturera 13 mil y el transporte 8 mil. Por otro lado, el Estado sólo interviene en la creación de empleo con medidas paliativas como el Plan Nacional de Empleos de Emergencia (Plane) que opera como fuente de ingresos suplementarios para familias de desocupados en periodos cortos y con salarios bajísimos.

Frente a este panorama, "el Gobierno insiste en apostar a las exportaciones, del gas por ejemplo, en lugar de fortalecer el aparato interno para reactivar el empleo y la economía", concluye la evaluación.

Fuente: www.econoticiasbolivia.com .