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Asunto:NoticiasdelCeHu 1300/04 - Disputas sociales y procesos políticos en Am érica La tina ( Algranati, Seoane, Taddei )
Fecha:Jueves, 19 de Agosto, 2004  01:21:02 (-0300)
Autor:Centro Humboldt <humboldt @...............ar>

NCeHu 1300/04                                                                                                        
 Rumbo al VI Encuentro
 
La Geografía Política Regional, 'más allá de los noventa'
 
 

 
 
Disputas sociales y procesos políticos
en América Latina1

 

Clara Algranati, José Seoane y Emilio Taddei

Revista del OSAL 2004 (Buenos Aires: CLACSO) Nº 13, enero-abril 2004


 

El proceso abierto en Latinoamérica en los últimos años –ante el agotamiento del modelo neoliberal tal cual éste cristalizó trágicamente en la década del noventa en nuestra región– se expresa crecientemente en la intensificación de las disputas e iniciativas alrededor del rumbo que adoptará una transición cuyo resultado deviene incierto. En este sentido, la realidad sociopolítica de los diferentes países aparece signada, como lo señalamos en ocasiones anteriores, entre otras cuestiones, por:

 

• Una renovada protesta social –que a nivel regional ha crecido en los últimos años– y la acción de movimientos sociales y populares con características diferentes de aquellos que habían ocupado el centro de la escena en el pasado inmediato.

• Este proceso, en el marco de la crisis económica que atravesó a la mayor parte de la región (y no solamente a ella) y frente a los intentos de profundizar las políticas neoliberales, se tradujo en algunos casos en “levantamientos populares” (que concluyeron, las más de las veces, en derrumbes de gobiernos), en la constitución de “mayorías electorales” críticas al neoliberalismo e incluso en la reaparición de una discursividad política que se diferencia del mismo. En su diversidad, estos procesos señalan la creciente crisis de legitimidad que cuestiona a las formas culturales, económicas y políticas que sostuvieron la aplicación del neoliberalismo en el pasado.

• Por otra parte, la profundización de las políticas neoliberales ha tendido a la creciente militarización de las relaciones de dominio (neoliberalismo de guerra), ha debido avanzar en procesos de reestructuración de la voluminosa deuda externa en términos de sostener la gobernabilidad sistémica y ha promovido la reconfiguración radical y aún más regresiva de la geografía política, social y económica de la región como resultado de la aceleración de los llamados “tratados de libre comercio” y de las iniciativas de intervención y control militar que los acompañan.

 

Entendido así, este proceso tendrá en el año 2004 y en los siguientes el tiempo de solidificación y consolidación de sus tendencias más importantes. Es nuestra intención abordar el mismo desde el análisis de la conflictividad social y de la experimentación que caracteriza a los movimientos sociales. Desde esta perspectiva, en este caso nos concentraremos en lo acontecido a lo largo del primer cuatrimestre del año, esperando también que estas reflexiones sirvan a la lectura de las cronologías del conflicto social que se publican a continuación. En este sentido, en el presente artículo intentaremos reseñar un esbozo del mapa que presenta la conflictividad social para el presente período, los procesos de lucha desde la mirada de los sujetos sociales que los protagonizan y desde los contextos y horizontes políticos en que estos se inscriben, así como un breve señalamiento de la marcha de los acuerdos económicos, políticos y militares y de las resistencias y convergencias que estos despiertan.

 

Una aproximación al mapa de la conflictividad social

 

El análisis de la distribución cuantitativa de los hechos de conflicto social relevados por el OSAL en la elaboración de las cronologías nos permite una primera aproximación a las características que presenta la conflictividad social en los meses que van de enero a abril de 2004. Si bien para una comprensión detenida de los procesos a los que nos referimos, la misma debe ser complementada con una reflexión cualitativa sobre estos, en la elaboración de un primer mapa de la conflictividad social y de su evolución en la región debe considerarse que:

 

• La conflictividad social del primer cuatrimestre de 2004 resulta, en relación a la cantidad de protestas, de una magnitud similar a la relevada para los últimos cuatro meses de 2003 (+ 3%). Por otra parte, en el plazo de los últimos 2 años –a lo largo de los cuales los hechos de conflicto social se mantienen por encima de los 2.100 registros– la cantidad relevada para el presente cuatrimestre es menor a la registrada para iguales períodos de 2002 y 2003.

• Por otro lado, en comparación con el pasado cuatrimestre, pueden señalarse diferencias en relación a su distribución por país: mientras que por una parte la conflictividad se incrementa en Brasil, El Salvador, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras y Puerto Rico, por la otra desciende en Chile, Panamá, Uruguay, Guatemala, Bolivia y Argentina.

• Considerando la evolución de la conflictividad social en términos regionales, el área andina concentra la mayor cantidad de hechos de protesta (40,7%), resultado que arroja el relevamiento por cuarto cuatrimestre consecutivo, siendo que para similar período los mismos tienden a crecer en el sur del continente y disminuir en el norte.

 

Finalmente, sobre la comparación entre el primer cuatrimestre de 2004 y el inmediatamente anterior en relación a los sujetos sociales que protagonizan estas luchas, puede señalarse tanto un crecimiento de aquéllas impulsadas por los movimientos de origen rural (que refiere, aunque no únicamente, a los conflictos en el campo brasileño y particularmente a la iniciativa de ocupación de tierras del MST en demanda de la reforma agraria) como una pequeña disminución de las promovidas por los asalariados en su conjunto que contrasta con un incremento de las acciones de los trabajadores de la educación y la salud públicas. Movimientos indígenas y campesinos y trabajadores del sector público se destacan así en la línea de la confrontación social que recorre la región latinoamericana, aunque este señalamiento está lejos de agotar la diversidad de los sujetos sociales que protagonizan la misma. En este sentido vale señalar también el crecimiento de las protestas multisectoriales motivadas por cuestionamientos de carácter político general, así como aquellas convocadas contra los tratados de libre comercio (particularmente el ALCA) y la guerra en Irak, y también las acciones impulsadas por movimientos territoriales urbanos (pobladores, sin techo, desocupados, entre otros) y aquellas dirigidas a cuestionar autoridades locales y provinciales (Perú, Bolivia y Argentina). Intentaremos abordar estas experiencias en el marco de las tres regiones (Cono Sur, Andina y Norte) en las que puede subdividirse América Latina.

 

Movimientos sociales y los “nuevos gobiernos” del Cono Sur

 

En esta región sur del continente pueden distinguirse, con bastante claridad, dos bloques de países. Uno de ellos, integrado por Argentina, Brasil y Paraguay, donde recientes cambios de gobiernos, precedidos por “batallas” sociales significativas como en Argentina pero también por una más larga y firme construcción de movimientos sociales como en la experiencia brasileña, o por conflictos y una movilización campesina importante como en Paraguay, alumbran algunas esperanzas de cambio respecto de las políticas imperantes en la década pasada.

 

Por otra parte, en un segundo bloque podemos ubicar a Uruguay, donde el desgastado gobierno neoliberal de Batlle –a meses de unas elecciones presidenciales que alientan el triunfo de la coalición opositora impulsada por el Frente Amplio– busca acelerar privatizaciones socialmente resistidas e intensificar su alineamiento con las políticas promovidas por el gobierno de EE.UU. También en dicho agrupamiento puede incluirse a Chile, que siendo el país con menor protesta social del Cono Sur, se ubica regionalmente como vocero privilegiado del “libre comercio”2, la “lucha contra el terrorismo” y el voto de condena a Cuba en la ONU, propagandizando internacionalmente su modelo aparentemente exitoso de “gobernabilidad”.

 

Volviendo al primero de los bloques mencionados, el de los “nuevos gobiernos”, la asunción presidencial de Kirchner en mayo de 2003 –que parece cerrar, en cierta medida, la crisis del régimen político abierta por la profundidad del cuestionamiento al neoliberalismo y la dinámica social a partir de 2001– tiene en común con el triunfo de Lula en Brasil el hecho de ser gobiernos que llegan al Estado con el mandato popular de poner fin a las políticas neoliberales. Esta situación ha producido una discursividad gubernamental “anti-neoliberal” de la que son muestras, por ejemplo, los discursos de los presidentes de Argentina y Paraguay en la reciente Cumbre de Monterrey, donde este último afirma incluso que “...sin una distribución de la riqueza no se podrá administrar la democracia en América Latina”. Sin embargo, estos gobiernos han alcanzado el poder a través de coaliciones electorales heterogéneas (en el caso de Brasil con la inclusión hasta del Partido Liberal) o bien a través de sectores políticos tradicionales (como el caso del Partido Justicialista en la Argentina) así como bajo la importante influencia de sectores económicos que promovieron y defienden políticas neoliberales acordes al rol que se postula para la región en las negociaciones que tienen lugar en diferentes instancias internacionales.

 

Este nuevo contexto político-social atraviesa la dinámica de los movimientos sociales y signa, en gran medida, los conflictos que los mismos protagonizan así como el campo de fuerzas y disputas alrededor de los rumbos efectivos de las políticas gubernamentales (sobre ello, ver los artículos de Aníbal Quijano y Atilio Boron en el presente número del OSAL). En este sentido, y en el marco del crecimiento que experimenta la conflictividad social en la región para este primer cuatrimestre de 2004, vale señalar algunas de estas experiencias.

En Paraguay y Brasil se incrementan los conflictos protagonizados por los movimientos campesinos. En el primero de estos países una parte importante de los mismos se orientan contra el “modelo sojero”, produciéndose importantes niveles de confrontación luego de que en febrero dos campesinos fueran muertos (y diez heridos) por la policía ecológica y rural. En este país, así como también en Argentina (y en menor medida en Brasil por las limitaciones legales que existían hasta hace muy poco) el área cultivada de soja transgénica –que exige el uso de herbicidas de alto impacto ecológico– creció a ritmos acelerados en los últimos años profundizando los procesos de concentración de la tierra y ocasionando daños irreversibles en los suelos. En el marco de este proceso de conflicto en Paraguay, bautizado como “la guerra de la soja”, el 16 de marzo las organizaciones campesinas convocan a una jornada nacional de lucha “Contra el modelo sojero y agrotóxico, por la vida, la soberanía y contra el ALCA”, realizando 17 cortes de ruta en varios departamentos del país (ver artículo de Marielle Palau y Regina Kretschmer en este número). Por otro lado, las crecientes demandas y ocupaciones de tierra fructifican el 29 de marzo cuando el presidente paraguayo legaliza una ocupación beneficiando a 5 mil familias. En abril los campesinos sin tierra ocupan nuevos terrenos, fundamentalmente en la región de San Pedro, ante lo que diferentes agrupamientos empresarios3 acusan al gobierno de incitar las invasiones. El gobierno, que pide la mediación de la Iglesia Católica, concluye al fin del mes ordenando el desalojo de los campesinos.

 

En el caso brasileño los Trabajadores Rurales Sin Tierra son el movimiento social más activo del período. Realizan diferentes acciones, según las particularidades regionales, que confluyen en las jornadas llamadas “Abril Vermelho” (abril rojo), donde el MST efectúa 150 ocupaciones de tierras, cortes de carreteras, ocupaciones en predios linderos a vías ferroviarias y de oficinas del Instituto Nacional por la Reforma Agraria (INRA). A lo largo de este mes estas protestas expresan la convergencia de diferentes organizaciones sociales –locales y nacionales– del país para exigir coordinadamente la agilización del Plan de Reforma Agraria acordado con el gobierno el pasado año (ver las reflexiones de João Pedro Stédile en este número). A partir de estas dinámicas se reabren debates jurídicos y mediáticos sobre el carácter de la reforma agraria, la productividad o improductividad de las tierras y la legalidad de las acciones desarrolladas por el movimiento campesino, en el medio de los cuales el presidente Lula manifiesta que no resolverá bajo presión.

 

Por otra parte, en Argentina se destacan las protestas de los trabajadores del sector público, especialmente en el ámbito de la salud, contra los despidos y la reducción salarial, así como docentes de numerosas provincias del país y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) protagonizan diferentes protestas en reclamo de aumento salarial. En este caso también en Uruguay hay numerosas protestas de trabajadores de la salud pública y privada que unifican sus luchas, y en Brasil diferentes sectores de la administración pública realizan huelgas por aumento salarial. La acción de los trabajadores del sector privado se destaca también en Argentina, coincidentemente con el crecimiento que experimenta la economía en los primeros meses del año. Reaparecen así los conflictos por recomposición salarial de los trabajadores bancarios y de asalariados de distintas ramas del transporte tanto de pasajeros como de carga. Un ejemplo interesante es la huelga con piquetes de l@s trabajador@s del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires contra la instalación de máquinas expendedoras de boletos y por una jornada de 6 horas por trabajo insalubre, donde la empresa termina cediendo a las demandas. Dicha huelga también señala cómo se agudizan los enfrentamientos entre las “burocracias sindicales” más tradicionales e incipientes recomposiciones organizativas de los trabajadores en comisiones internas de base, o bien entre diferentes centrales sindicales. Por último es también importante señalar las huelgas realizadas por los trabajadores petroleros en el sur del país y los de una de las empresas telefónicas (TELECOM). En el resto de la región se destaca el conflicto de los trabajadores portuarios despedidos en Chile. Sin embargo, para fines del cuatrimestre “la crisis energética” en Argentina instala en el debate mediático la demanda de las empresas del sector por aumento de tarifas –una de las condiciones expresada por el FMI para la renegociación de la deuda externa.

 

Un último rasgo que quisiéramos remarcar son las experiencias de los movimientos sociales de construir puntos de acción convergentes o coordinaciones sostenidas en espacios organizativos amplios para manifestarse contra las políticas económicas, tales como la “Coordinadora de los Movimientos Sociales” en Brasil y las jornadas de marzo en Paraguay contra la consolidación del modelo agro-exportador que experimenta la región. También se expanden las coordinaciones y campañas amplias y unitarias para combatir la implantación del ALCA (ver el artículo de Gonzalo Berrón y Rafael Freire en este OSAL), así como sobre el pago de la deuda externa y la criminalización de la protesta. En este sentido son también notables las iniciativas de los diferentes movimientos sociales de la región para aumentar sus lazos y debates, multiplicar sus encuentros organizativos y realizar asambleas nacionales y regionales, que fructifican en la construcción de planes de acción para el año 2004 y la creciente referencia a las formas en las que el “libre comercio” (que aparece tanto en las negociaciones del ALCA como con la Unión Europea), la militarización regional y las negociaciones con el FMI operan de forma articulada condicionando la posibilidad de salidas efectivas al neoliberalismo. Si bien estos gobiernos se han dado instancias de diálogo con algunas de estas campañas y coordinaciones y han impulsado una nueva orientación en las negociaciones comerciales a nivel regional e internacional (ver artículo de Jaime Estay en este número), hasta el momento se oponen a realizar las consultas populares vinculantes que sobre estas cuestiones constituyen una de las demandas centrales de los movimientos en la actualidad.

 

En este contexto, estos “nuevos gobiernos” –especialmente el de Argentina– han tenido algunos otros “gestos” hacia el movimiento social. Se subraya en este sentido la política seguida por el presidente Kirchner en materia de los derechos humanos conculcados por la pasada dictadura militar. Sin embargo, esta política, aún limitada para el movimiento de derechos humanos, se combina, en estos meses, con el endurecimiento de la legislación penal así como con la continuidad de la judicialización de la protesta social. Esta profundización de las políticas represivas, bajo el estímulo de miedos e inseguridades colectivas, constituye especialmente una de las demandas de sectores políticos y económicos conservadores en toda la región.

 

En este sentido, en Argentina, a partir del caso de un secuestro seguido de muerte –que singularmente toma estado público simultáneamente al acto oficial para transformar un emblemático centro clandestino de detención en museo de la memoria– se construye una operación de prensa “contra la inseguridad” que interpela a amplios sectores sociales a manifestarse en las calles y funciona como contracara fascistizante de una sociedad injusta que quiere dejar de serlo profundizando las libertades democráticas. A comienzos de abril, con el peso de una opinión pública estimulada por los medios masivos de comunicación y algunas redes sociales de la derecha política, se impone como prioridad social la resolución del tema de la “inseguridad” que conlleva tanto la acelerada aprobación de reformas legislativas penales más duras como la agilización de la depuración de las principales fuerzas policiales que aparecen profundamente asociadas al delito. En este sentido vale mencionar el asesinato en la ciudad de Rosario de la dirigente sindical Sandra Cabrera, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR-CTA), luego de que denunciara a la policía local. También en Brasil y Paraguay los intentos de criminalizar y reprimir a los movimientos campesinos dejan un trágico saldo de muertes: a las ya referidas en el caso paraguayo, cabe agregar el asesinato de un dirigente de la Organización de Lucha del Campo (OLC) en Brasil.

 

En este cuadro, la promoción de la militarización regional toma cuerpo en la realización en Paraguay del seminario regional “Respuestas Cívico-militares al terrorismo” auspiciado por el departamento de defensa de EE.UU., así como, por ejemplo, en la aprobación parlamentaria de la ley sobre el ingreso de tropas extranjeras para operativos conjuntos en Argentina, y los anuncios en Brasil sobre la organización de una fuerza militar común con Argentina para integrar la intervención militar internacional promovida por la ONU en Haití.

 

Los diferentes escenarios de las disputas sociales en el área andina

 

En los países que integran el área andina, como señalamos anteriormente, se concentra una significativa proporción de los conflictos relevados para toda la región latinoamericana a lo largo del último año. La experiencia de los movimientos indígenas y campesinos (principalmente en Ecuador y Bolivia pero también en Perú y Colombia), las protestas impulsadas por los trabajadores del sector público frente a las políticas de ajuste neoliberal, la polarización política que atraviesa al proceso venezolano y las confrontaciones que despiertan el rumbo del gobierno emergido de las “jornadas de octubre” en Bolivia, las resistencias frente a los acuerdos de “liberalización comercial” y la creciente intervención militar promovida por EE.UU., los procesos de convergencia y el cuestionamiento a gobiernos que ostentan niveles de apoyo social cada vez más reducidos (Perú y Ecuador), caracterizan a grandes trazos la realidad de estos países. En cierta medida, los procesos que reseñamos para entender la compleja matriz de la actual “transición latinoamericana” parecen adoptar una singular intensidad en el período reciente y particularmente a lo largo de este primer cuatrimestre del año 2004. Y en este sentido, el análisis sobre las configuraciones que signan la acción de los movimientos sociales debe partir de los diferentes escenarios sociopolíticos que estos plantean.

 

En primer lugar, aquél donde el desarrollo de las políticas públicas adopta un sesgo contrario al recetario “neoliberal” en un contexto de creciente movilización y confrontación societal. Tal es el caso del proceso venezolano, particularmente con la radicalización de los proyectos sociales de cambio que resulta del ciclo de golpe de estado, lock-out patronal y paro petrolero impulsado por la oposición al gobierno del presidente Chávez, y que tras su fracaso parece orientar a ésta en la búsqueda de la revocatoria del mandato presidencial previsto por la nueva Constitución venezolana (ver artículo de Edgardo Lander en este número). La dinámica del conflicto y de los movimientos sociales se inscribe así en la creciente polarización político-social entre los proyectos “bolivariano” y “liberal”, siendo que, en el incremento de la protesta durante este primer cuatrimestre de 2004, el centro de la confrontación está puesto en el proceso de validación de las firmas recolectadas por la oposición hacia fines del pasado año para convocar al referéndum revocatorio4. En este proceso la confrontación callejera asume una intensidad mayor entre fines de febrero y principios de marzo en relación a la resolución que debía adoptar el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto de las firmas presentadas por la oposición. Si bien la revalidación de las firmas necesarias para dicha convocatoria (fines de mayo) plantea un horizonte de resolución electoral de la confrontación social en el futuro inmediato, las pasadas críticas de la oposición al CNE, la reiterada búsqueda de una intervención militar (interna o externa), y las afirmaciones de diferentes miembros de la actual administración norteamericana, plantean serios interrogantes sobre el desarrollo de la misma.

 

Por otro lado, el proceso abierto en Bolivia tras el “levantamiento popular” de octubre pasado abre paso a una gestión gubernamental que bajo los compromisos que sellan dichas jornadas (referéndum sobre la política energética, recuperación social de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente) se ve atravesada por un conjunto complejo de disputas y confrontaciones. En el marco de un pequeño descenso de la conflictividad social respecto del último cuatrimestre del pasado año (-13%), diferentes movimientos y organizaciones realizan numerosas acciones de protesta por reivindicaciones específicas. Entre ellas se destacan las ocupaciones de tierra del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) y las movilizaciones “cocaleras” (tanto en el Chapare como en los Yungas), así como también los maestros, los trabajadores de la salud y la comunidad universitaria (particularmente los estudiantes) que exigen aumentos salariales y presupuestarios: una muestra de las demandas sociales que estuvieron presentes en la condensación del conflicto que signó el “octubre boliviano” y que en algunos casos parecen obtener parciales conquistas. En el terreno de la política gubernamental, el incremento de los recursos fiscales en consonancia con los planteos del FMI, y la resolución de la política energética, concentran la atención y las disputas que tienen lugar tanto en las calles (diferentes manifestaciones multisectoriales exigiendo la nacionalización del petróleo y el gas) y en las presiones de los lobbies económicos, como a nivel parlamentario y gubernamental con diferentes renovaciones ministeriales. Así abril concluye con la aprobación de un impuesto sobre las transacciones financieras, la propuesta oficial de una nueva legislación sobre hidrocarburos y la convocatoria al referéndum sobre la política energética para julio próximo, sobre las que parecen concentrarse las disputas hacia adelante.

 

En segundo lugar, y por distintas razones, el área andina se convierte en uno de los escenarios de atención de la estrategia diplomática, económica y militar del gobierno norteamericano. Señalamos ya brevemente en relación a ello lo acontecido en Venezuela. Pero por otra parte, culminada la negociación del acuerdo de “libre comercio” con Centroamérica y en el marco de la orientación marcada por el llamado ALCA de dos pisos, la iniciativa norteamericana se concentra también en la apertura formal de negociaciones con la región andina, y especialmente con los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú, que se manifiestan deseosos de avanzar en ese sentido. A lo largo de todo el cuatrimestre se realizan así diferentes reuniones intergubernamentales –formales e informales– en esta dirección. De cara a este proceso, cobran impulso tanto las convergencias sociales a nivel regional como las campañas contra dicho acuerdo a nivel nacional. En el primero de los casos, a principios de marzo, y en el marco de las jornadas preparatorias del Foro Social Américas, se realiza en Quito un encuentro andino de coordinación; en marzo un amplio arco de organizaciones de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia envía una carta al Congreso de EE.UU. rechazando el TLC; a principios de abril las 16 centrales sindicales de la región manifiestan su adhesión e impulso a un plan de lucha regional sobre ello y, finalmente, tiene lugar hacia fines de abril, con epicentro en Bogotá, Colombia, la primera Jornada Andina de movilización contra estos acuerdos. A nivel nacional este proceso se expresa –especialmente en Ecuador, Colombia y Bolivia– en movilizaciones de rechazo a las negociaciones y en la creciente incorporación de esta demanda a los pliegos reivindicativos de los diferentes movimientos y de las convocatorias unitarias que estos forjan a nivel nacional (ver artículo de Pablo Solón en este número).

 

Por otra parte, el control y presencia militar norteamericana que acompaña al “libre comercio” se profundiza en la región bajo las proclamas de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En este sentido, el gobierno de Toledo en Perú autoriza el ingreso de tropas de dicho país para ejercicios antinarcóticos en la región amazónica. Sin embargo, la operación regional más significativa durante este cuatrimestre, promovida por el Comando Sur de las FF.AA. norteamericanas, persigue el fortalecimiento del control militar de la línea fronteriza de Colombia con Ecuador y Panamá. Dan cuenta de ello, durante el mes de abril, los diferentes operativos de rastrillaje de posibles columnas de las FARC en la frontera norte ecuatoriana y la puesta en marcha por el presidente colombiano del llamado “Plan Patriota”, que persigue el despliegue de 15 mil hombres en el sur de dicho país5. En el marco de este proceso el gobierno de Bush pide autorización al Congreso para duplicar el número de sus tropas en Colombia.

 

Finalmente, en relación con las políticas represivas resulta por demás preocupante la reiterada y cada vez más significativa intervención de fuerzas militares en el conflicto social (en este caso en las movilizaciones indígenas en Cotopaxi, Ecuador; en Ilave, sur del Perú; y en la huelga petrolera en Colombia), a lo que deben sumarse, durante el primer semestre, sendos rumores y denuncias de preparativos de golpes de estado en Bolivia y Ecuador. Por último, respecto de la criminalización de la protesta, vale también señalar los atentados a dirigentes sociales (por ejemplo al presidente de la CONAIE Leonidas Iza) así como el reforzamiento de las legislaciones represivas (la aprobación parlamentaria de 5 de los 18 artículos del estatuto antiterrorista impulsado por el gobierno colombiano) y las iniciativas de reclutamiento ciudadano en organizaciones de apoyo a las fuerzas de seguridad (en este caso, en Perú y Colombia).

 

En tercer y último lugar quisiéramos analizar brevemente la configuración que adopta la acción de los movimientos sociales particularmente en Ecuador y Perú, donde gobiernos inspirados en la aplicación de las políticas neoliberales (y en las orientaciones estratégicas de EE.UU.) parecen convivir, en una situación de precaria estabilidad, con una cada vez más escasa popularidad (ver artículo de Ana María Larrea en este número). En el caso ecuatoriano, y en el marco de diferentes conflictos impulsados por trabajadores del sector público por salarios y frente a las iniciativas privatizadoras, la confrontación social contra las políticas gubernamentales encuentra a mediados de febrero su mayor intensidad alrededor de las movilizaciones por “la soberanía y la dignidad del pueblo” y contra las negociaciones del TLC, el ALCA y las privatizaciones de reservas petroleras, empresas eléctricas y de telecomunicaciones que tienen en la región de Cotopaxi su máxima expresión y que convocan y articulan la acción de distintos movimientos y organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y sociales. Por otro lado, en Perú la conflictividad se intensifica a lo largo del mes de abril, aunque sin la coordinación reseñada en el caso anterior, alrededor del paro por tiempo indeterminado promovido por la Federación Médica Peruana, la importante movilización que sectores de las organizaciones cocaleras realizan a Lima, y las protestas de los pobladores indígenas del municipio de Ilave que, en una extendida serie de conflictos, culmina trágicamente con el linchamiento del cuestionado alcalde que hecha luz sobre un proceso más amplio de cuestionamiento a autoridades locales que tiene lugar especialmente en el sur de dicho país.

 

Por último, en el caso colombiano, y prolongando de alguna manera las protestas docentes de los primeros meses del año, la declaración de huelga por tiempo indeterminado de los trabajadores de ECOPETROL ante la política gubernamental de privatización de la empresa y los pozos petroleros en la tercera semana de abril abre un proceso de confrontación que enfrenta la respuesta represiva del gobierno y parece despertar una más amplia solidaridad social. En paralelo, también en dicho mes, se realiza el primer encuentro de la emergente Gran Coalición Democrática (que agrupa a todas las centrales sindicales y otras organizaciones sociales junto a un arco de fuerzas políticas desde la izquierda hasta el partido liberal), que resulta en un plan de acción común para derrotar el paquete legislativo que impulsa el gobierno, el TLC con EE.UU., el ALCA y la reelección que persigue el presidente Uribe.

 

Planes estratégicos y resistencias populares en Mesoamérica

 

La geografía política de la región mesoamericana y del Caribe aparece signada por la profundización de políticas ya reseñadas por el OSAL, en particular por el dinamismo que experimenta la reconfiguración de la hegemonía norteamericana en la región. La acelerada conclusión de los tratados de libre comercio, la creciente influencia militar y la agudización de los procesos de criminalización de la protesta y de control social resultan los vectores privilegiados de este proceso, a los que se suma también la interminable sucesión de paquetes de ajuste fiscal exigidos por los organismos internacionales.

 

Estos hechos resultan de significativa importancia para comprender la reconfiguración en curso de la hegemonía norteamericana, de sus estrategias de dominación regional y de los impactos políticos, económicos y sociales que las mismas encierran. La observación y análisis de las resistencias sociales que ya están despertando estas politicas son de una importancia decisiva para entender las dinámicas contrahegemónicas que probablemente se manifestarán en los próximos años contra los efectos de un proceso que busca consolidar un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales de Mesoamérica y el Caribe. Por otra parte, la reestructuración de la deuda completada por algunos países de la región guarda una importancia significativa en el período, ya que tiene como consecuencia inmediata la tentativa de implementación de nuevos ajustes fiscales y la emergencia de protestas que cuestionan dichas medidas. La huelga general multisectorial de enero en República Dominicana contra la política económica del presidente Mejía resulta en ese sentido el conflicto más significativo.

 

Es importante también señalar las elecciones presidenciales y los recambios de los equipos gobernantes que tienen lugar en diversos países, como la asunción en Guatemala a mediados de enero del presidente Oscar Berger, representante de sectores empresariales electo en diciembre de 2003 por la Gran Alianza Nacional (GANA). En El Salvador las tentativas de cambio del rumbo neoliberal de la política económica encarnadas por el candidato del FMLN, Shafik Handal, se ven frustradas con la elección por el 57% de los votos de Elías Saca, del oficialista ARENA, quien sucederá al presidente neoliberal Flores. En el mismo sentido cabe consignar la elección a inicios de mayo del opositor Martín Torrijos como nuevo presidente de Panamá con el 47% de los votos. Por último, y fuera del período analizado, vale señalar la elección presidencial en República Dominicana en la que resultó triunfador el opositor Leonel Fernández (Partido de la Liberación Dominicana, con el 57% de los votos). Estos dos últimos triunfos electorales de fuerzas de oposición parecen expresar, junto a los intensos conflictos que tuvieron lugar en los últimos meses en dichos países, la pérdida de legitimidad de la “gobernabilidad neoliberal” y las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad a un cambio de rumbo en la política económica.

 

Como señalamos anteriormente, en el período tratado, diversos países de la región (Honduras, Nicaragua, República Dominicana) concluyen acuerdos de renegociación y reestructuración de sus deudas externas. El desbloqueo de créditos internacionales aparece asociado en todos los casos a renovadas exigencias de “modernización del sector público”, ajuste fiscal y privatizaciones. Como respuesta a esta situación se registra un aumento de la conflictividad de los trabajadores del sector público en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico y República Dominicana con protestas asociadas a la lucha contra las privatizaciones, contra los despidos y las rebajas salariales y por incrementos en los haberes.

 

La Coordinadora por la Unidad y la Lucha de República Dominicana lleva adelante una huelga general de 48 horas los días 28 y 29 de enero contra la política económica del gobierno y contra la firma del TLC con EE.UU. La medida de fuerza a favor del aumento salarial y por el congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad, entre otros, consigue una importante adhesión en el sector público, de transporte y comercial. El gobierno responde con una brutal represión que deja como saldo al menos 6 muertos y 450 personas heridas y/o detenidas.

 

En Honduras el año se inicia con las protestas de las enfermeras profesionales por nuevas contrataciones y reajuste salarial, y el reclamo de los docentes, que realizan masivas movilizaciones exigiendo respeto a los salarios y la renuncia del ministro de Educación. Frente al incumplimiento de aumento salarial anunciado por el presidente Bolaños, en Nicaragua, los docentes de este país, nucleados en la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), desarrollan a mediados de marzo jornadas de protesta de alcance nacional, y logran obtener una promesa de pago por parte del Ejecutivo. También en Guatemala los docentes contratados realizan manifestaciones exigiendo al nuevo presidente la efectivización en sus puestos.

 

Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social realizan diferentes acciones durante febrero y marzo, reclamando el cumplimiento de los acuerdos que siguieron a la huelga médica de 2003. En el marco de este proceso la policía reprime violentamente una jornada de protesta en marzo que logra la adhesión de otros sectores sociales. En Puerto Rico cabe señalar la paralización de actividades y manifestaciones de trabajadores de empresas estatales contra las privatizaciones (electricidad, telefónica).

 

En México, sectores del magisterio nucleados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desarrollan un ciclo de conflictos por aumento salarial desde enero, que se articulará con demandas por una democratización efectiva del sindicato de la educación (SNTE). Estas acciones convergerán en marzo con una multitudinaria manifestación en México DF convocada por el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular contra la tentativa gubernamental de modificar los regímenes educativo, energético, laboral, de seguridad social y previsional. La lucha de los trabajadores del seguro social contra la reforma del régimen de jubilaciones dará lugar a mediados de abril a la manifestación multisectorial más importante del período convocada por la UNT, FSM y El Barzón, entre otras organizaciones.

 

Las protestas y acciones de coordinación de campesinos e indígenas mesoamericanos guardan también un lugar destacado en el escenario de los conflictos. Estos se articulan en torno a dos reivindicaciones fundamentales: el acceso a la tierra y el rechazo a las negociaciones de los TLCs. En México, el incumplimiento del gobierno del Acuerdo Nacional para el Campo convenido luego de las importantes manifestaciones de 2003 exigiendo la revisión del capítulo agrícola del TLCAN impulsa a las organizaciones agrupadas en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y a la coalición “El Campo no aguanta más” y el Consejo Agrario Permanente a realizar movilizaciones locales y foros de debate, respectivamente.

 

En Guatemala, campesinos e indígenas se movilizan hacia la capital para exigir al nuevo presidente la puesta en marcha de la reforma agraria y manifestar su rechazo al TLC entre Centroamérica y EE.UU. En Nicaragua, campesinos de Matagalpa se movilizan en abril en una marcha a la capital reclamando la entrega de tierras, y los ex trabajadores agrícolas de bananeras afectados por el pesticida Nemagón marchan hacia Managua exigiendo el respaldo del gobierno en su demanda contra varias transnacionales norteamericanas.

 

Las manifestaciones y procesos de convergencia popular –en las que se destaca la participación de movimientos campesinos– contra los procesos de liberalización comercial parecen ser uno de los ejes más dinámicos en la convergencia de las organizaciones de la sociedad civil mesoamericana que se oponen a la globalización neoliberal. Sin embargo, estas acciones aún se revelan limitadas para impedir la efectiva conclusión del CAFTA y para poner freno a la creciente represión (diferentes agresiones y desalojos de comunidades zapatistas en Chiapas, continuación del Plan Antimaras en El Salvador) y militarización en los países (lanzamiento del Plan Nuevos Horizontes en Honduras).

 

En relación a esta última cuestión, sin dudas el dato más significativo y preocupante resulta el desenlace provisorio de la crisis haitiana, signada por el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide y la intervención militar internacional en Haití –promovida en el Consejo de Seguridad de la ONU por EE.UU. y Francia (ver artículo de Gerard Pierre-Charles en este número).

 

En el mes de marzo, organizaciones dominicanas, hondureñas y salvadoreñas llevan a cabo manifestaciones en sus respectivos países exigiendo el regreso de las tropas de Irak. En marzo se realiza el Tercer Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo para debatir contra la mercantilización de la biodiversidad, la militarización, el libre comercio y las represas. En Honduras el Bloque Popular inicia una recolección de firmas para exigir la no ratificación parlamentaria del CAFTA. En El Salvador, la Red Sinti Techan y la Unidad Ecológica Salvadoreña organizan sendas concentraciones contra el ALCA y el CAFTA. Por último cabe consignar la manifestación de carácter nacional en la capital guatemalteca en repudio al TLC México-Guatemala y al Plan Puebla Panamá (PPP).

 

Entre las múltiples negociaciones comerciales (Panamá-EE.UU., República Dominicana-EE.UU., Centroamérica-Canadá) que se inician y/o continúan en el cuatrimestre, el dato más destacado del afianzamiento de los planes hegemónicos imperiales en la región es la finalización en enero de las negociaciones entre Costa Rica y EE.UU. que allanan la participación de este país en el CAFTA (ver artículo de Carlos Aguilar en este OSAL). Por otra parte, el “relanzamiento” del PPP promovido por el presidente Fox es respaldado en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (presidentes de Centroamérica y México), realizada en Nicaragua. Por último, la firme voluntad del gobierno de Bush por lograr el apoyo de los gobiernos de la región a sus planes hemisféricos incidió en el adelantamiento de la Cumbre de las Américas (prevista en Buenos Aires para 2005), que tuvo lugar en la ciudad de Monterrey, México, a mediados de enero. Al cabo de la reunión, la aprobación de la Declaración de Nuevo León no logró ocultar las discrepancias entre la agenda de Washington centrada en la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el ALCA, y la que mantienen algunos gobiernos latinoamericanos (Argentina, Brasil y Venezuela).

 

Conclusiones

 

Hemos intentando dar cuenta hasta aquí de los rumbos por los que transita y las características que adopta el proceso de disputa social y política abierto con la crisis del modelo neoliberal forjado en la década de los noventa. Como hemos señalado, este proceso no resulta homogéneo y se expresa diferenciadamente en las regiones analizadas e incluso al interior de las mismas.

 

La evolución de la región norte –Mesoamérica y Caribe– en el cuatrimestre parece evidenciar una notoria consolidación de los procesos de liberalización comercial, que constituyen la piedra angular de los planes estratégicos de Washington. La convulsionada situación política en gran parte de la región andina es una manifestación de las fuertes tensiones sociales resultantes de los intentos de profundizar estos “nuevos” recetarios neoliberales que se traduce en la dificultad de estabilización de los regímenes políticos que impulsan estas políticas. El creciente descrédito popular de los gobiernos de Perú y de Ecuador podría desembocar, en un futuro próximo, en crisis políticas como las que ya se expresaron en Argentina (2001) y Bolivia (2003).

 

Por otra parte, el escenario abierto con el “octubre boliviano”, lejos de resolverse, parece también proyectar en el horizonte del país andino nuevas confrontaciones y posibles cambios. En el caso de Venezuela la batalla en torno al referéndum revocatorio presidencial para el próximo agosto cobrará sin lugar a dudas una dimensión regional. El desenlace de este proceso será fundamental en Latinoamérica frente a las aspiraciones hegemónicas de la Casa Blanca de impedir la consolidación de procesos políticos democrático-populares que cuestionen el modelo neoliberal. En la región sur los movimientos sociales enfrentan el gran desafío de aprovechar los intersticios abiertos con la pérdida de legitimidad del neoliberalismo para disputar el rumbo de los procesos en curso, manteniendo y profundizando su autonomía en relación a los gobiernos.

 

Más allá de las particularidades que presentan los procesos a nivel subregional, la generalización del libre comercio aparece en todos los países (con excepción del caso venezolano) como un eje privilegiado por las élites políticas y económicas para refundar el orden neoliberal y su legitimidad. Frente a esta tendencia los procesos de convergencia regional de los diferentes movimientos sociales que a escala nacional impugnan el modelo económico hegemónico y la mundialización neoliberal, guardan –como lo señala la cronología contra el “libre comercio” y la militarización que publicamos en este número– una importancia decisiva. La Conferencia Internacional de la Vía Campesina que se realizará en junio en San Pablo, Brasil, el Foro Social de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay) a finales del mismo mes, y la celebración del primer Foro Social Américas (Quito, Ecuador) en julio, aparecen así como nuevas oportunidades en este camino.

 

Notas

1 Para la elaboración del presente artículo se consideraron las cronologías del conflicto social y los informes elaborados sobre las mismas preparados por los integrantes del Equipo del OSAL. Agradecemos a ell@s y especialmente a Ivana Brighenti por sus sugerencias y observaciones así como por su dedicación en la revisión del texto.

2 Este país lidera en el Cono Sur las negociaciones y firmas de acuerdos de libre comercio en el último período.

3 En particular la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas y la Unión de Gremios de la Producción.

4 Casi el 50% de los conflictos relevados por el OSAL para el primer cuatrimestre de 2004 corresponden a esta disputa.

5 En el mismo sentido puede mencionarse la visita del Jefe del Comando Sur a la región en febrero, y en marzo tanto la reunión de mandos militares y policiales ecuatorianos, panameños y colombianos en Ecuador como la visita del presidente Lucio Gutiérrez a Colombia.


Fuente: www.imprecor.org.br .