EL AUMENTO DE $100 NO COMPENSA LA PERDIDA DEL

SALARIO REAL NI REVIERTE LA CAIDA DEL CONSUMO

Por Ernesto Kritz [1]

Después de una década de autonomía de los interlocutores sociales –pero también de debilitamiento de la negociación colectiva- el Estado parece retomar la práctica de intervenir en la fijación de los salarios privados.  Como muchas veces en los años ochenta, se propone ahora un aumento general de suma fija -presumiblemente $100- para compensar la pérdida del salario real post-devaluación.

El examen de esta decisión de política tiene dos ejes:  por un lado, el de la conveniencia o inconveniencia de una intervención pública y de carácter general en el mercado de trabajo;  por el otro lado, el del alcance e implicaciones sociales y económicas de la medida misma.

El primer punto retrotrae la discusión al estado previo a la década del noventa, aunque       en un contexto de mucha mayor dispersión salarial y de productividad de la mano de obra, como consecuencia de las reformas económicas y del mercado de trabajo durante la convertibilidad.  Esto aboga en favor de una negociación que de cuenta de esas disparidades y también, desde luego, de las muy distintas posibilidades económicas y financieras de las empresas en la situación de crisis.  Pero es igualmente cierto que, con un desempleo que bordea el 23%, la capacidad de negociación de los asalariados es virtualmente nula, por lo que no puede esperarse aumentos generalizados de los salarios privados por la vía del mercado.   Hay, por consiguiente, una colisión entre la adecuación de las instituciones laborales y el equilibrio de la negociación en la coyuntura.    

La respuesta, sin embargo, no depende únicamente de la solidez de la argumentación sino de los condicionantes y resultados posibles.  De allí la pertinencia de precisar las implicaciones de la intervención.  Las preguntas son tres:  ¿cuál es el alcance de la medida? ¿en cuánto modifica la tendencia declinante del salario? ¿qué impacto tiene sobre el consumo de los hogares?

            La cuestión inicial es, tal vez, la más importante desde la perspectiva de las instituciones que regulan el funcionamiento del mercado de trabajo.  La población que puede ser cubierta por una intervención como la que se discute -es decir, los asalariados privados registrados de los sectores no agrícolas- llega a unos 3.3 millones de personas.  Esto representa el 23% del mercado laboral y el 30% del total de los ocupados.  Este es el alcance máximo posible de la medida.  Es muy probable que una proporción de las empresas, en especial pymes, no pueda cumplir, por lo que difícilmente el alcance efectivo supere un quinto de la población activa y un cuarto de los ocupados.  Quedan afuera –además de los empleados públicos- los asalariados no registrados, los empleados del servicio doméstico, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores rurales y los trabajadores familiares.  Juntos, constituyen la mayoría de la población activa: son 9 millones de personas.

Aún si se incluyera a los empleados públicos de todas las jurisdicciones, la cobertura sería inferior al 40% de la fuerza laboral.  Pero dada la segmentación de los sectores privado y público, la política salarial de este último no determina la del primero.

Esto tiene una significación muy importante: el Estado no tiene –y tampoco las corporaciones gremiales- la capacidad para imponer una centralización salarial.  Esta centralización fue el eje de la política laboral y del compromiso social corporativo en las cinco décadas anteriores a la convertibilidad.   Se trata, por lo tanto, de un cambio que trasciende la crisis e incluso la debilidad administrativa del Estado y que sólo en menor medida puede atribuirse al desempleo;  el grueso de la cesantía se origina fuera del sector  privado formal.  Es la segmentación del mercado la que impone la quiebra del modelo de centralización salarial.

En el corto plazo, un aumento de suma fija de $100 no compensa la pérdida de salario real.  Al momento de la devaluación, el salario bruto promedio de los asalariados privados registrados era de $938.  A fines de mayo, con el índice de precios del INDEC (las mediciones privadas arrojan variaciones más altas) y sin considerar reducciones salariales (30% de las empresas reportaron haberlas hecho), ese promedio cayó a $ 745 en términos reales.  Con una hipótesis de inflación en los próximos dos meses de 3%, cuando se cobre el aumento (es decir, a comienzos de agosto), el salario real estará en $702.  La pérdida acumulada desde enero sumará $960, o sea el equivalente a un mes de trabajo.  Esta es la medida del impuesto inflacionario pagado por los trabajadores privados formales.  Los $100 devolverán el 10% de esa pérdida y el salario real de agosto estará 19% por debajo del nivel pre-devaluación.

Para los poco más de 750.000 trabajadores que ganan menos de $300, el salario promedio que en enero era de $224, a fines de mayo había caído en términos reales a $178.  Con el aumento propuesto, tendrán una ganancia con relación a enero de $54, pero la pérdida acumulada desde la devaluación habrá sumado $229.

 El efecto sobre la demanda agregada será muy limitado. En enero la masa devengada de  remuneraciones del sector privado formal fue de $3.274 millones.  Como resultado de la caída de la ocupación (que, de acuerdo a la encuesta mensual del Ministerio de Trabajo alcanzó a 5.6% en los principales centros urbanos); sin considerar los ajustes en salarios nominales habidos en el período; asumiendo adicionalmente que la ocupación se estabilizará y que todas las empresas pagarán el aumento de $100, puede esperarse que la masa bruta mensual de remuneraciones privadas se incremente en $330 millones.  Pero si, como calcula el gobierno, el efecto directo del alza salarial sobre los precios al consumidor es de 2.5%, debe también esperarse una caída en igual proporción en el poder adquisitivo de la mayoría de trabajadores no incluidos en la medida.  Esa caída puede estimarse en algo más de $104 millones para el mes de agosto.  Esto implica que el efecto neto total sobre el ingreso de los hogares será de unos $225 millones.  Esta cifra equivale al 1% del consumo privado de un mes.

No parece este el camino para reparar el costo social y económico de haber devaluado en una situación de alto desempleo.