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Argentina
LA CRISIS
ENERGETICA LOS OLIGOPOLIOS CONTRA LA
INTEGRACION REGIONAL
Falsedades y verdades a medias. Ese es el escenario sobre el que se
desarrolla la trama profunda de la crisis energética argentina y sus
implicancias sobre el proceso de integración entre los países sudamericanos. Lo
cierto es que detrás de bambalinas aparecen los verdaderos protagonistas y sus
intereses: las grandes corporaciones petroleras y su voracidad a la hora de
contabilizar ganancias.
Víctor Ego Ducrot (APM) 29/04/2004
Primero algunos datos. Un reciente informe de
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
demuestra que cuatro grupos multinacionales
controlan el 85 por ciento de la extracción de
gas: Repsol, Total,
Petrobras y Panamerican. Repsol
tiene participación en Transportadora de Gas
del Norte (TGN) y Petrobras en Transportadora
de Gas del Sur (TGS).
La consolidación de esa cadena cruza las fronteras. El
gasoducto de 30 kilómetros que une Tarija (Bolivia) y Campos Durán (Argentina)
es recuperado por Repsol, empresa que extrae gas en ambos países. La acordada
importación argentina de gas boliviano es así más una operación intraempresa que
un intercambio comercial regional.
Repsol es asimismo una de las principales exportadoras de
gas hacia las usinas térmicas chilenas, y las principales extractoras (nótese
que no corresponde llamarlas productoras) y distribuidoras de gas participan de
otros eslabones en los sectores petrolero y eléctrico, y viceversa. En materia
energética Argentina se encuentra entonces frente a un verdadero
oligopolio transnacional.
La investigación de la FLACSO revela que el sector gasífero
fue eximido del régimen de retenciones (impuestos) a las exportaciones y que
además goza del irracional privilegio de no estar obligado a liquidar en el país
el 70 por ciento de los ingresos que obtiene por ventas en el exterior. Este
dato es de suma importancia toda vez que las aplicadas restricciones al consumo
interno de gas, provocadas por el oligopolio, se 'explican' por el aumento
relativo de las exportaciones. En el período 1998-2003 la producción se
expandió el 36 por ciento pero las exportaciones aumentaron 12
veces.
También pudo constatarse que las empresas
que conforman este oligopolio no expandieron las redes de distribución para el
consumo interno en los términos que estaban obligadas, y que
concentraron sus inversiones en el desarrollo de los gasoductos
operativos para el negocio exportador. Se construyeron
siete ductos hacia Chile, uno a Brasil y
otro a Uruguay, mientras que el kilometraje
añadido a la red para el transporte interno tendió a cero.
Este comportamiento empresario, que contó hasta ahora con la
complicidad del Estado privatizador porque éste no cumplió con ninguna de sus
obligaciones de contralor, concluyó además en un incremento de la injusticia
distributiva, al derivar otra vez recursos hacia las capas más ricas de la
sociedad argentina. Más del 35 por ciento de la población no tiene
acceso a la provisión de gas natural y se ve obligado a
consumir gas envasado. Según datos oficiales, el gas envasado se
encuentra entre los productos que mayores aumentos de precio registró en la
última década.
Hasta ahora, ni las empresas ni el Estado pudieron dar otra
explicación razonable sobre por qué el país entró en crisis energética y no
puedo cumplir sus compromisos regionales, que no sea aquella que surge del
informe de FLACSO: en primer lugar porque el oligopolio del sector se concentró
en el negocio de la exportación, con márgenes de incremento en sus operaciones
nunca registrado en ese mercado y con prebendas impositivas y financieras que no
existen en los países desarrolladas y sólo conocen antecedentes en las economías
coloniales de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Pero hay más. Porque el desabastecimiento energético opera
como una herramienta de chantaje político por parte de las corporaciones y de
sus principales abogados, los gobiernos del Grupo de los Siete (G-7) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que bregan para que sus empresas recuperen los
márgenes de beneficios históricos registrados a partir de la privatización del
sector.
Hace dos semanas la corporaciones energéticas actuantes en
Argentina admitieron ante la prensa local que si el gobierno concede un 'aumento
de tarifas razonable', ellas podrían solucionar la llamada crisis. Esta semana,
de paso por Buenos Aires, el subsecretario del Tesoro estadounidense, John
Taylor, se interesó en la cuestión energética y en un encuentro con empresarios
del sector avaló en forma el reclamo de aumentos tarifarios.
Para este funcionario, la cuestión energética forma parte
del mismo paquete de reclamos. En ese paquete se privilegia el reiterado pedido
de un mayor superávit fiscal destinado al pago de la deuda y sobre todo al
arreglo con los bonistas privados (acreedores en conjunto de unos 82 mil
millones de dólares). El mismo día, aunque desde Washington, el FMI apoyó los
dichos de Taylor.
En ese marco, el gobierno de Buenos Aires se vio obligado a
sellar un acuerdo con Bolivia -suscripto por los presidentes Néstor Kirchner y
Carlos Mesa- para comprar cuatro millones de metros cúbicos de gas a un precio
que llega al doble de lo que pagan las distribuidoras y las industrias en el
mercado local. El gas proveniente de Bolivia debe ser destinado a la provisión
interna, puesto que Bolivia se negó a que sea usado para ser revendido a Chile,
en atención de la tirante y peligrosa relación existente entre La Paz y Santiago
en torno a los reclamos de salida al mar por parte del país del
Altiplano.
Moraleja de está fábula de intereses y presiones
corporativas y hegemónicas: El oligopolio energético argentino sigue gozando del
negocio exportador, libre de impuestos y sólo liquidando en el país el 30 por
ciento de sus ingresos. Escondidas tras el eufemismo de comercio internacional,
las empresas siguen haciendo negocios internos -ya vimos el papel de Repsol en
el caso boliviano argentino- y el consumidor local deberá pagar más por lo
mismo, mientras los grupos multinacionales aumentan sus presiones para obtener
aumentos tarifarios.
Para colmo de males, el telón de fondo de esta fábula
aparece decorado con el debilitamiento del proceso de integración regional:
cortocircuito andino porque Argentina achica sus exportaciones de gas a Chile,
país cuyo consumo depende de las mismas, recalentamiento de las diferencias
chileno-bolivianas y apropiación y control por parte de las corporaciones
multinacionales del proceso de construcción de unidad sudamericana, proceso este
que debería surgir de un acuerdo estratégico entre estados y sociedades en torno
a un programa compartido de desarrollo e independencia.
Son las corporaciones energéticas las que lucran con el gas
de Bolivia, una de las mayores reservas gasíferas de la región, y no su pueblo
ni siquiera su Estado. Allí opera la empresa Repsol, que paga canones de miseria
por la explotación del recurso y que hubiese sido una de las beneficiarias de
prosperar el proyecto de exportación hacia Chile con destino final en Estados
Unidos, el que levantó a las sociedad boliviana hasta forzar la renuncia del
entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada.
Como parte del reciente acuerdo de importación de gas
boliviano, el gobierno argentino se comprometió a controlar que el mismo no sea
revendido a Chile. Es probable que 'ese' gas no cruce la cordillera de los Andes
pero puede ser que el mismo le permita a las firmas del oligopolio liberar
'otra' masa de combustible que sí viaje hacia el país vecino, cumpliendo así lo
que las empresas no lograron concretar cuando, y a costa de cientos de muertos,
el pueblo de Bolivia se sublevó contra Sánchez de Losada: proveer al mercado de
Estados Unidos con el gas más barato del mundo.
Podríamos afirmar que las corporaciones van tejiendo su
propio Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) a la vez que no
olvidan de aprovechar las coyunturas para la concreción de buenos negocios
inmediatos, como es el caso del grupo Techint que acaba de conseguir por parte
del gobierno argentino una contratación directa -sin mediar licitación- por 793
millones de dólares, para la construcción de un nuevo gasoducto.
En medio de ese escenario preocupante sólo surgió un señal
positiva, cuando el gobierno venezolano que encabeza Hugo Chávez ofreció a
Buenos Aires un intercambio del fuel oil por alimentos y otros productos locales
como forma de cooperación regional.
Ese acuerdo fue suscripto pero molestó a los intereses
corporativos, que no tardaron en señalar que el combustible venezolano, alto en
azufre, no guardaba los parámetros de calidad requeridos. La respuesta de
Caracas apeló a un criterio de realismo: demostró que, en todo caso, con una
mezcla apropiada, el fuel oil venezolano puede ayudar a resolver la crisis que,
como demostró el informe de FLACSO, es un invento de esas mismas corporaciones
oligopólicas y beneficiarias del proceso de privatizaciones que arrasó con las
economías y sociedades de nuestros países.
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