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Asunto:NoticiasdelCeHu 270/02 - Las retenciones generan equidad.
Fecha:Jueves, 30 de Mayo, 2002  19:30:41 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

 
----- Original Message -----
From: Humboldt
Sent: Thursday, May 30, 2002 6:53 PM
Subject: 270/02 - Las retenciones generan equidad.

270/02
"Las retenciones generan equidad"
 
Osvaldo Barsky
Director de la Maestría Agraria de FLACSO 
 

Desde la devaluación, la canasta básica de alimentos subió un 35,2%. Eso aumentó notablemente el número de argentinos por debajo de la línea de la pobreza. Como estos bienes absorben el 46% de los gastos en los hogares de menores ingresos, sólo en el mes de abril se agregaron casi 2 millones de pobres, porque los precios de los alimentos subieron un 17,7%. Lo más dramático es el fuerte incremento de la indigencia, es decir, de aquellos pobres que ya no pueden comprar ni siquiera esta canasta, situación en la que se encuentran ahora 6,5 millones de personas, un 17,8% de la población total. Es decir que hoy el tema del hambre es un dato de la vida cotidiana de una gran cantidad de compatriotas, hecho que nos avergüenza como sociedad, al tiempo que invita a reflexionar cómo es posible que ello suceda en un país que sigue siendo uno de los principales oferentes de alimentos a nivel mundial.

Estos productos suben por diversas razones, pero la principal tiene que ver con la alineación de los precios internos con los internacionales, en un momento en que el dólar ha subido 3.3 veces en relación al peso y en que los ingresos de los argentinos se encuentran estancados o en descenso como consecuencia de la creciente desocupación.

Así, por ejemplo, dada la dieta alimentaria nacional, las subas en el trigo, el maíz y los aceites impactan fuertemente. El trigo subió en el último año de 130 pesos la tonelada a 390, lo que ha impulsado el aumento de la harina y por ende del pan, las pastas y otros productos. La soja pasó de 138 pesos a 434 y el girasol de 149 a 450. Por ende los aceites se alinearon en este nivel. El maíz subió de 76 pesos a 220. Además de su consumo directo, el maíz y la soja se utilizan como base alimentaria de los pollos, impactando en sus precios. Son ejemplos que permiten entender el origen estructural de estos procesos, los que no pueden enfrentarse sola mente en el final de la cadena comercializadora, como pretenden hacerlo las asociaciones de consumidores o como lo difunden algunos comunicadores.

En estos niveles de precios el sector agropecuario, que incluye productores, proveedores de insumos y agentes de comercialización nacional e internacional, se apropian de beneficios extraordinarios. Los valores de los bienes exportables que genera el país se forman a partir de dos componentes: el precio internacional de los productos y el tipo de cambio. Actualmente los primeros se encuentran en un momento normal en los ciclos de alza y baja que suelen afectar a estos bienes en el mercado internacional. Y el tipo de cambio es, como sabemos, excepcionalmente alto en relación a los precios internos.

Para determinar la rentabilidad de los productores, es necesario cotejar estos valores con los costos. Los mismos varían en relación al tipo de insumos utilizados, dado el origen importado de algunos de ellos que se ven sometidos al mismo proceso de encarecimiento producido por la devaluación. Así, por ejemplo, el trigo y la soja utilizan mayor proporción de fertilizantes y agroquímicos importados que el maíz y el girasol. Pero de todos modos, los insumos han aumentado mucho menos que los triplicados precios de los productos. Por ejemplo el diésel, que constituye un gasto esencial, ha duplicado su precio. Pero, además, hay otros componentes de los costos que no han aumentado -salarios, peajes, electricidad, impuestos internos- o que han aumentado significativamente menos que los bienes agropecuarios.

La decisión de implantar impuestos a las exportaciones de origen agropecuario (llamados en Argentina retenciones) tiene entonces una base real de sustentación. De no hacerse, el sector agropecuario recibe una importante traslación de ingresos de parte de los consumidores. El drama es que cuando dichos consumidores son pobres o indigentes, ello implica subsidiar mayores ganancias de unos con el hambre o la afectación de los principales recursos de otros. Por cualquier lado que se analice esto significa una gran injusticia social.



Hacia un sistema flexible

¿Por qué el sector agropecuario a través de sus organizaciones corporativas resiste tan fuertemente la aplicación de las retenciones? Por un lado, está presente en la memoria de todos los actores la aplicación de elevadas retenciones (35 a 40%) en el gobierno peronista de 1973 y en el gobierno radical iniciado en 1984. En ambos casos, cuando los precios internacionales de los productos analizados descendieron fuertemente, los gobiernos respectivos mantuvieron elevadas tasas, lo que determinó precios tan bajos que generaron pérdidas a los productores, descendiendo fuertemente la producción. Es decir, las retenciones son identificadas con momentos de pérdidas. Pero, además, son visualizadas como impuestos cuya segura y rápida concreción los tornan imprescindibles para los gobiernos de turno, que luego, cuando los precios internacionales o el tipo de cambio se alteran en dirección contraria, se resisten a eliminarlos.

Para evitar recaer nuevamente en los errores cometidos históricamente, el Gobierno y las organizaciones agropecuarias, las agroindustrias y las cadenas de comercialización deben sentarse a negociar un sistema flexible que parta de los siguientes puntos:

· Cuando la combinación de precios internacionales y tipo de cambio determinan altos precios internos que afectan seriamente a los consumidores beneficiando en forma extraordinaria a los otros sectores, deben aplicarse retenciones. Las mismas, además, son actualmente imprescindibles para el financiamiento del Estado que debe destinar parte importante de lo recaudado a subsidiar a los desocupados y sectores indigentes.

· Las retenciones no deben ser aplicadas mecánicamente, diferenciando solamente entre productos producidos en el agro pampeano con los de las economías regionales, como se hace actualmente, aplicando tasas del 20 y el 10% respectivamente.
Ello no obedece a un estudio de la evolución del costo de los insumos en relación a los nuevos precios. Así, en el caso de las frutas, un elevado costo determinado por los salarios no ha sufrido alteraciones y nada indica que sus restantes costos expliquen una menor afectación impositiva. 

· La Secretaría de Agricultura está en condiciones técnicas de realizar un seguimiento permanente de las variables que determinan globalmente los precios y la rentabilidad de los productores y sugerir ajustes que permitan realizar mejores equilibrios entre la forma en que son afectados los consumidores y la rentabilidad de los productores que permita mantener adecuados niveles de inversión en el sector agropecuario.

· Las organizaciones agrarias, en lugar de enfrentar frontalmente al Gobierno, deberían colaborar en la búsqueda de encontrar adecuados acuerdos en este tema, al tiempo de encarar con propuestas constructivas el enfrentar los restantes problemas que hoy afectan a parte de los productores agropecuarios: la falta de un sistema de crédito para quienes carecen de suficiente capital propio, controlar que los acuerdos entre las compañías proveedoras de insumos con los productores no impliquen traslados de excesivos excedentes hacia los primeros, supervisar los procesos de comercialización para proteger a los productores,
garantizar combustible a precios adecuados, apoyar agresivas políticas de captación de mercados externos, etc. Una actitud de este tipo daría legitimidad social al sector agropecuario para impedir que su rentabilidad sea afectada cuando se alteren tendencias en las variables macroeconómicas analizadas.

Los dirigentes agrarios deberían aprender todas las lecciones de la historia y no transformar un aspecto de política económica en una consigna dogmáticamente enarbolada. Deberían recordar que en la historia de las últimas cuatro décadas, los dos momentos de más bajos precios a los productores agropecuarios fueron los de implantación de elevadas retenciones en el gobierno de 1973 y el período iniciado en 1976 cuando se aplicó la política de Martínez de Hoz, que eliminó las retenciones agropecuarias pero su famosa "tablita" provocó un gran atraso cambiario que determinó bajos precios agrícolas, pérdidas y endeudamiento de los productores.

A su vez, los gobernantes deberían extraer lecciones de cuando aplicaron mecánicamente estos impuestos sin realizar estudios adecuados de rentabilidad agropecuaria.

La reciente convocatoria de la Iglesia argentina a los distintos sectores sociales para acordar lleva implícita la demanda de ofrecer. El brutal fraccionamiento y enfrentamiento de la sociedad nacional provoca el efecto contrario. Nadie quiere ceder y, cuando se presentan coyunturas como las actuales, todos tratan de maximizar sus ingresos. El problema es que ahora ello se hace en forma directa sobre el hambre y la pobreza de vastos sectores sociales. Si no se toma conciencia de la gravedad de la situación, la respuesta social puede arrasar con lo que queda de las instituciones argentinas y determinar imprevisibles senderos políticos y sociales, en cuyo caso un sector que ha realizado tan extraordinarios avances en las últimas décadas como el agropecuario corre el riesgo de su profunda deslegitimación social con severas consecuencias para su futuro económico y social.
Aquí es donde los dirigentes agrarios deben demostrar su capacidad para construir un acuerdo social superador que trascienda la inmediatez de las posiciones sectoriales que llevan al desgarramiento social y la destrucción de la nación. También debe exigirse al Estado firmeza en sus decisiones y capacidad técnica específica para generar políticas afinadas en temas de tanta trascendencia económica y social.
Fuente: Clarín, 28 de mayo de 2002. Opinión (enviado por FLACSO).