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Asunto:NoticiasdelCeHu 266/02 - El Mito del Gasto Público
Fecha:Jueves, 30 de Mayo, 2002  14:35:44 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

ECONOMIA: EL DEBATE SOBRE EL FINANCIAMIENTO AL ESTADO EN LOS 90

El mito del gasto público

 

No hubo despilfarro: el déficit fiscal fue causado por el recorte de ingresos y no por un exceso de gasto, muestran nuevas cifras oficiales.                                       

 

   Ismael Bermúdez.

 

 

El Ministerio de Economía dio a conocer un informe sobre la evolución del gasto público total (Nación, provincias y municipios) en los últimos 21 años, de 1980 al 2001. El trabajo -que se encuentra en www.mecon.gov.ar-es muy importante porque pulveriza varios mitos que se han instalado en la Argentina y en la comunidad financiera internacional.

La fábula más importante es la que dice que en los ‘90 hubo una "explosión del gasto público" y que ese despilfarro, concentrado en las provincias o en la seguridad social, explica, en gran medida, los recurrentes déficits fiscales y la crisis presente.

Para sostener esa tesis, los teóricos de la "explosión del gasto público" recurren a una manipulación burda: comparan las cifras del gasto en precios corrientes. Pero es sabido que así como no se pueden comparar peras con manzanas, tampoco se pueden igualar los pesos de 1991 (entonces australes) con los de 1994, 1998 o 2001 porque el valor del peso fue variando por el componente inflacionario. Este principio elemental parece no haber sido aún comprendido por destacados economistas.

Otra manipulación es el año de base que se toma para las comparaciones. Es sabido que los períodos de alta inflación o directamente hiperinflacionarios, ayudan a licuar el gasto público. Por ejemplo, en 1989 y 1990 hubo una fuerte reducción del gasto público. Esto se debió a que en pesos "inflados" el PBI fue creciendo, aunque la economía retrocedió, mientras los gastos del Estado se achicaron porque se siguieron pagando en pesos devaluados o con gran retraso respecto de la inflación. El año 1991, con una inflación del 84%, todavía refleja esta situación por lo que constituye un año de base relativamente baja en términos de gasto público, a tal punto que en pesos constantes es inferior al de 1985, 1986, 1987 y 1988, años de relativa estabilidad.

De las cifras oficiales surge que efectivamente el gasto total, incluido los intereses de la deuda, entre 1991 y 2001 aumentó en 45.000 millones de pesos. Sin los intereses, el aumento fue de 35.000 millones de pesos. Pero ese incremento surge de comparar el gasto de 1991 con el del 2001 a precios corrientes cuando es sabido que en ese lapso la inflación fue del 50%.

Si se considera el gasto a precios constantes -excluyendo el componente inflacionario- el gasto subió en 28.800 millones. Y sin los intereses, el aumento fue de 18.700 millones.

Pero aún así, lo correcto es comparar la evolución del gasto con relación al tamaño de la economía y tomar en cuenta el crecimiento vegetativo de la población. Para hablar de un exceso del gasto lo que habría que determinar es si el gasto público aumentó más que el crecimiento del PBI y el aumento de la población.

Pues bien, a lo largo de la década del 90, y partiendo de un año base relativamente bajo, el gasto público primario (sin intereses) como porcentaje del PBI se mantuvo casi constante en torno a los 29 o 30% del PBI. Si a esto se le agrega el crecimiento de la población (14% en la década), el gasto público primario por habitante tuvo una reducción significativa.

Lo que sí hubo fue un aumento del gasto de las provincias y una reducción del nacional. Pero en gran medida esto obedeció a que la Nación transfirió a las provincias los gastos de educación y de salud y hubo cambios en la coparticipación de los impuestos.

En cambio, el gasto público total consolidado aumentó 4,28 puntos del PBI: del 31,04% en 1991 al 35,32 en el 2001. Este aumento se explica casi por entero por los servicios de la deuda que pasaron de representar el 1,99% del PBI en 1991 al 5,33% en el 2001. Solo en el 2001 los intereses de la deuda pública representaron la friolera de 14.323 millones de pesos o dólares, equivalente a todo el déficit fiscal consolidado.

 

Explicaciones

¿Si el gasto público primario no aumentó y las deficitarias y no deficitarias empresas públicas fueron privatizadas, por qué creció el déficit fiscal?

El tema hay que mirarlo por el lado de los ingresos, algo que no hacen los teóricos de la "explosión del gasto". Bajo la primera gestión de Domingo Cavallo, reforzada luego por Roque Fernández, a partir de 1994 se redujeron los aportes patronales a la seguridad social, mientras se puso en marcha una reforma previsional que implicaba un elevado costo fiscal de transición por un período de 15 años porque los aportes personales de los afiliados a las AFJP pasaban del Estado a los privados.

Entre 1994 y el 2001 por esos dos conceptos el Estado dejó de recaudar unos 70.000 millones de pesos: 30.000 millones fueron a las AFJP y otros 40.000 millones a las empresas por la reducción de las alícuotas de las cargas sociales.

En parte eso fue compensado por el aumento de 3 puntos en el IVA (del 18 al 21%) dispuesto en 1995 y a partir de 1996 por subas de impuestos (combustibles, aportes de autónomos), una reforma impositiva (1999) que creó nuevos impuestos (a los intereses, ganancia mínima presunta) y otra reforma en el 2000. Pero las subas de impuestos contrajeron aún más la economía, sin cubrir el bache fiscal.

Así, en mayo del 2000, se redujeron los sueldos mayores a 1.000 pesos de los empleados públicos. En abril del 2001, Cavallo creó el impuesto a las cuentas corrientes con una alícuota del 1,2% y extendió el IVA a nuevas actividades. Luego se redujeron el 13% las jubilaciones y sueldos públicos de más de 500 pesos.

Aún así, en ningún momento, con relación al tamaño de la economía, el Tesoro recuperó con los nuevos impuestos o subas de alícuotas, la pérdida de ingresos derivada de la rebaja de los aportes y la reforma previsional.

Pero, además, entre 1991 y 1995, Cavallo incrementó los impuestos al consumo (el IVA saltó del 13% al 21%), lo que además de su regresividad, son muy elásticosmeables a los cambios en la actividad económica: su recaudación se desploma en períodos de recesión. Primero el Tequila y luego la recesión iniciada en 1998 castigaron la recaudación impositiva.

Los baches fiscales originados por la resignación de impuestos se cubrieron con deuda, potenciados por la carga de los intereses. Los intereses de la deuda pública entre 1991 y 2001 sumaron 82.717 millones de dólares. Casi todo el incremento de la deuda se explica por esta carga de intereses. Los intereses, aparte, aumentaron por varias razones:

En su primera gestión, Cavallo consolidó la deuda con los jubilados y proveedores con bonos públicos a 10 y 16 años, que recién comenzaban a cancelarse, tanto los intereses como el capital, a partir del séptimo año. Esos intereses tenían una tasa fija (Libor) del 4%. Así, Cavallo transfirió para 1997 en adelante una sobrecarga que, para cancelarla, su sucesor Roque Fernández tuvo que endeudarse a una tasa mayor, del orden del 10%, porque en el interín pegó un salto la tasa de interés internacional.

A partir de febrero de 1994 la tasa de interés internacional sufrió varias subas. Saltó del 3% a más del 6% hasta mediados del 2000, para bajar después y ubicarse ahora en torno al 2% anual.

Por la crisis del Tequila (1995), del sudeste asiático (1997), Rusia (1998) y Brasil (1999), la tasa de interés para los emergentes, entre ellos la Argentina, aumentó más aún por el llamado "riesgo-país".

A partir de 1997 se hicieron varias operaciones de canje que alargaron los vencimientos de la deuda. Los nuevos bonos se colocaron a una tasa de interés superior a la de los rescatados, en especial con el "megacanje", lo que obligó al pago de mayores intereses. Como los déficits fiscales se financiaron con préstamos y bonos, la deuda creció en volumen, realimentada por el crecimiento de los intereses.

La insistencia en sostener que hubo una "explosión del gasto" no resiste las cifras reales. Su objetivo es, más bien, ocultar el peso del servicio de la deuda, las reducciones de impuestos y el costo de la reforma previsional.