El Estado
argentino aún no ha salido del default del 2001 y ya tiene por delante un
nuevo panorama de insolvencia económico-financiera. Esta perspectiva
marca los límites de la “recuperación” capitalista que se abrió a partir
de la gigantesca devaluación del peso.
Reactivación devaluada
El default y la devaluación
del peso provocaron dos fenómenos fundamentales: el primero, la licuación de
las deudas de la gran burguesía nacional; el segundo, el desplome del salario
y las jubilaciones. El último informe latinoamericano del BBVA (febrero 2004)
reconoce que “Argentina financia su recuperación económica mediante el elevado
superávit en la cuenta corriente y la mayor disponibilidad de fondos de las
empresas por la caída en el salario real”. No es el consumo interno -como
sostiene el oficialismo- la base de la reactivación, sino la licuación de las
deudas y la renta extraordinaria que recibe la exportación como consecuencia
de la devaluación, la cual se vio reforzada por el aumento de los precios
internacionales. Como resultado de esa devaluación el valor de las
exportaciones representa el 25% del PBI, cuando antes de la devaluación apenas
arañaba el 10%.
El llamado
“crecimiento” se mide en pesos devaluados porque, en dólares, el valor de la
producción argentina ronda los 140.000 millones de dólares –la mitad del valor
del PBI (en dólares) en el 2001, ya en plena crisis–. Se estima que cuando en
el 2008 ó 2009 se alcance el nivel del PBI de 1998 en pesos, éste aún sería un
40% más bajo en dólares. De esta manera, la participación de la Argentina en
la economía mundial se ha achicado de manera brutal y no tiene perspectivas de
recuperarse porque el mantenimiento del peso devaluado es la base para seguir
exportando.
Un PBI de 140.000
millones de dólares es un poderoso límite para el ingreso de inversiones “de
riesgo” por la falta de un adecuado mercado de consumo, salvo para los
pequeños nichos de exportación vinculados al petróleo, el gas, la pesca y la
minería. Por este motivo, la salida de capitales no se ha detenido. El
superávit comercial, del orden de los 15.000 millones de dólares anuales,
sigue financiando la salida de capitales (más de 25.000 millones de dólares
desde el estallido de la crisis de 2001). El gran capital utiliza los
rendimientos que obtiene en la Argentina para “valorizarlos” en otros países
(los casos más flagrantes son Repsol, Tenaris-Techint y los pulpos
mineros).
Esta fuga de
capitales podría acentuarse, no sólo en la Argentina sino en toda América
Latina, si EE.UU. aumenta la tasa de interés internacional para financiar su
abultado déficit fiscal, una posiblidad que algunos sitúan para mitad de año y
otros para después de las elecciones presidenciales norteamericanas.
La
brutal caída del salario, sin embargo, determina que ciertos servicios se
desplacen a la Argentina para aprovechar la mano de obra barata y la
legislación flexibilizadora menemista preservada por el kirchnerismo. Un claro
ejemplo son los “call centers” de las telefónicas internacionales: “los
teleoperadores locales cobran sueldos tres veces más bajos de los que las
firmas suelen pagar a sus empleados en otros países” (Clarín, 8/3). Ese
desplazamiento implica una salida neta de capitales porque la remisión de las
utilidades supera a la ridícula inversión de
instalación.
El gobierno alienta
esta salida de capitales porque mantiene subvaluado al peso y con ello a los
salarios. Un dólar que bajara de los 3 pesos anularía todo el proceso
reactivador, que se basa en el peso devaluado.
Algo de esto, o sea
una revaluación del peso, ya está pasando, como se ve en el fuerte aumento de
las importaciones. En algunas ramas, la sustitución de importaciones alcanzó
un techo (no hay nuevas inversiones). Un 20% de las importaciones son bienes
de consumo durables (autos, artefactos para el hogar), cifra que treparía al
25% si las computadoras y los teléfonos celulares no se registraran en las
estadísticas oficiales como bienes de capital.
Insolvencia fiscal
El gobierno y los diarios
destacan, regularmente, el enorme crecimiento de la recaudación de impuestos.
Pero se trata de un aumento en pesos desvalorizados (no se toma en cuenta la
inflación ni la devaluación). Según Economía, la recaudación nacional y
provincial en el 2003 fue de 87.000 millones de pesos, un 55% superior a los
56.000 millones recaudados en 2001. Pero, entre el 2001 y el 2003, la
inflación minorista y mayorista promedio superó el 75%. En términos reales, la
recaudación sigue siendo, entonces, más baja que la del 2001, a pesar de que
en 2001 no había retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque sólo
había regido medio año. Por eso, el gobierno no ha podido reducir ni el
impuesto al cheque ni las retenciones, a pesar de que se comprometió a
hacerlo.
El superávit fiscal,
previo al pago de los intereses de la deuda, no obedece a la mayor recaudación
sino al congelamiento de los sueldos de los estatales y los docentes, las
jubilaciones y los planes sociales.
El
superávit fiscal se basa por entero en la “devaluación” del salario público y
de las jubilaciones, lo que esclarece la función de la política
colaboracionista de la burocracia de ATE, Ctera y la CTA. Nunca ha sido tan
directa la vinculación de la baja del salario y las jubilaciones con el pago
de los intereses de la deuda.
Cesación de pagos
La deuda pública, incluyendo
las provincias, es de 200.000 millones de dólares. De este total, se
encuentran en default 105.000 millones de dólares.
A partir de 2005,
los vencimientos de la deuda que no está en default suman unos 6.000 millones
de dólares anuales. Se trata de unos 18.000 millones de pesos, un 50% más alto
que el actual superávit (para pagar intereses) de 12.500 millones de pesos.
Para cubrir esta enorme diferencia el gobierno quiere volver a colocar deuda
en las Afjp (500 millones de dólares). (Esto desmiente la propaganda oficial
de que “ahora” las Afjp invierten en infraestructura. En el programa
financiero anunciado por el gobierno hasta el... 2014, el 65% de los aportes
de los trabajadores que recaudan las Afjp se colocan en títulos públicos, como
durante el menemismo.)
Aun con una quita
sustancial, el pago de la deuda que no está en default impediría pagar la que
sí lo está. La que se está pagando se encuentra en manos de los
bancos.
La
burguesía bodenista, para poder cobrar, necesita, en primer lugar, que se
conserven congeladas las jubilaciones, los sueldos públicos y el gasto social,
y “depurar” los planes Jefes; con la inflación, el congelamiento se convierte
en mayor reducción de salarios. Esta burguesía bodenista quiere que se
mantenga el privilegio de cobro que hoy tienen los Boden y los propios
organismos financieros imperialistas y se niega a que se forme un paquete
único de la deuda nueva y la vieja sobre la base de un superávit fiscal
superior, del orden del 4%. Es que una nivelación de los rendimientos y
cotizaciones de los bonos viejos y nuevos significaría una caída de los
nuevos, lo cual descapitalizaría a los bancos “nacionales y populares” que
tienen sus activos inflados con esos bonos.
Cuando el gobierno dice que va a privilegiar la deuda interna sobre la
externa, no se refiere al gasto social, a las jubilaciones o los planes
sociales, sino a los... Boden que tienen los bancos. Lavagna admitió que el
mayor superávit fiscal de este año, respecto al previsto, lo destinará a un
mayor pago de la deuda doméstica y no a formar un “fondo” de reserva para
pagar la deuda en default con el exterior, ni tampoco para incrementar el
gasto público en inversiones públicas o aumentos para los estatales o
jubilados.
Para asegurar el
pago de la deuda el gobierno necesita reformar la coparticipación federal y
aprobar una reforma previsional. La primera para sustraerles recursos a las
provincias a favor del Tesoro Nacional y la segunda para reducir las
jubilaciones futuras de manera que haya, en ambos casos, un mayor sobrante
para “honrar” la deuda.
La
suerte de este gobierno depende de la cotización de los Boden/Bogar. En esto
consiste la bancarrota potencial del régimen
actual.
Fuente: Semanario Prensa
Obrera, nº 841; 11 de marzo de
2004.
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