La negociación del default se ha centrado, hasta ahora, en la porción de deuda declarada como tal. En efecto, debe recordarse que el gobierno argentino declaró en default sólo una parte de su deuda externa (formada básicamente por bonos), mientras que sigue pagando normalmente a los organismos financieros internacionales y a algunos acreedores privados (que poseen deuda garantizada u otras). Esta diferencia de trato a distintos acreedores se enfrenta al hecho objetivo, muchas veces planteado por el propio ministro de Economía, de que todos los pagos salen, y saldrán, de un "bolsillo único": los recursos del Tesoro.

La restricción presupuestaria se ve acotada por las dimensiones del producto local, dado que se deben atender otras demandas, como el alivio de la pobreza y la inversión para asegurar el crecimiento futuro; éste, por otro lado, es la única variable que permitirá pagar la deuda en el largo plazo. Esos límites provocan que la negociación con los tenedores de bonos en default resulte más difícil, porque una gran parte de los recursos potencialmente disponibles para el pago de la deuda están ya comprometidos en los pagos a la deuda "normal". De aquí se deduce directamente que debe ampliarse el ámbito de la negociación de la deuda a una masa más amplia de compromisos.

Una parte de la deuda normal está comprometida con los organismos financieros internacionales. Ella no puede ser objeto de quita por diferentes razones, pero sí podría extenderse mediante plazos más largos de pago que liberen al país de una parte de sus compromisos actuales, para destinarlos a los pagos del arreglo del default. Este punto es de interés común del gobierno argentino y de los acreedores que no cobran, y no afecta en términos reales a esos acreedores oficiales.

Por otro lado, debería evaluarse la posibilidad de incorporar al default o, en su defecto, a la quita programada, a una parte de la actual deuda normal con los acreedores privados. En especial, deberían ser agregados los llamados préstamos garantizados, que se originaron en deuda previa; de ese modo, el aumento de la masa negociada permitiría reducir el monto de la quita propuesta. En este sentido, conviene recordar que la renuncia voluntaria de las AFJP a la tenencia de préstamos garantizados ya logró que una parte de éstos volviese a entrar en el default, criterio que podría extenderse al resto de esa fracción.

La segunda cuestión clave se refiere a los plazos de pago y las tasas de interés a convenir para resolver la deuda en default. La quita está aceptada en términos generales, aunque resta negociar su magnitud definitiva. En cambio, no hay demasiadas menciones a plazos y tasas de interés. Cuanto más largo sea el plazo y menor la tasa, menor será la presión sobre las cuentas locales para atender los pagos. La fuerte caída de la tasa de interés en los mercados mundiales ofrece una condición excepcional para negociar valores bajos que alivien los compromisos.

Basta recordar que en 2001 se llegaron a reconocer tasas del orden del 15% mientras que los Boden, por ejemplo, pagan cifras del 2% anual. Aplicada al total de la deuda (150.000 millones de dólares) la diferencia entre una y otra equivale a 19.500 millones de dólares anuales en pago de intereses que son, por sí solos, más del 10% del producto potencial de la Argentina.

La quita debe estar relacionada con los plazos de pago y las tasas de interés que se definan en la negociación, dos variables decisivas en el tema.

Finalmente, se puede tener en cuenta que una parte de la deuda en default está colocada entre inversores alemanes, italianos y japoneses, cuyos gobiernos podrían intervenir para aliviar la situación de sus ciudadanos y facilitar al mismo tiempo la situación argentina. Esos gobiernos, de manera voluntaria, podrían comprar los bonos argentinos que tienen sus inversores locales, con una quita a establecer en función de las condiciones de sus mercados y de la dimensión de cada tenedor; así, ellos podrían convertirse en acreedores de la Argentina, a la que podrían ofrecer una financiación más acorde con las posibilidades de nuestro país. La dimensión objetiva de los mercados financieros de esas naciones permite afirmar que se trata de una operación mínima para ellas, aunque decisiva para nosotros. Esta posibilidad ya se está debatiendo en Italia, donde hay algunos proyectos de ley para comprar esos bonos (aunque no con las consecuencias mencionadas aquí) y podría consolidarse en una negociación entre Estados.

El autor es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, director del Centro de Estudios sobre la Situación y Perspectivas de la Argentina y miembro del Grupo Fénix.

Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina; 2 de marzo de 2004.