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Golpe de Estado con patrocinio de EU
La desestabilización de
Haití
Hoy está en juego un eventual arreglo para
compartir el poder entre los diversos grupos de oposición y los sublevados
apoyados por la CIA, que tienen vínculos con el narcotráfico procedente de
Colombia vía Haití hacia Florida. La protección de ese trasiego está considerada
en la formación de un nuevo narcogobierno que servirá a los intereses de
Estados Unidos.
El escenario sugiere que las estructuras
terroristas de la era Duvalier se han restaurado
Michel
Chossudovsky*
La Casa Blanca ha puesto en duda la capacidad del presidente
haitiano Jean Bertrand Aristide "de continuar gobernando su país". Según la
declaración oficial de Washington, emitida un día después de la partida de
Aristide para la República Dominicana, "su fracaso en adherirse a los principios
democráticos ha contribuido a la profunda polarización y violentos disturbios
que atestiguamos hoy en Haití... Sus propias acciones han puesto en duda su
capacidad de seguir gobernando el país. Lo instamos a examinar con cuidado su
posición, a aceptar su responsabilidad y a actuar conforme a los mejores
intereses del pueblo haitiano."
Ahora bien, ¿no deberíamos aplicar las mismas normas al
presidente George W. Bush, quien ha mentido al pueblo estadunidense, violado el
derecho internacional y organizado una guerra criminal con fundamento en un
pretexto fabricado?
La insurrección armada que contribuyó a derrocar a Aristide el
29 de febrero fue resultado de una operación militar y de inteligencia
cuidadosamente preparada.
El ejército paramilitar sublevado cruzó la frontera desde la
República Dominicana a principios de febrero. Constituye una unidad paramilitar
bien armada, entrenada y equipada, integrada por antiguos miembros del Frente
para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH, por sus siglas en francés),
formado por escuadrones de la muerte que participaron en matanzas de civiles y
asesinatos políticos durante el golpe militar de 1991, patrocinado por la CIA,
que condujo al derrocamiento del gobierno democráticamente electo del presidente
Jean Bertrand Aristide.
El autoproclamado Frente por la Liberación y la Reconstrucción
Nacional (FLRN) está encabezado por Guy Phillippe, antiguo miembro de las
fuerzas armadas haitianas y ex jefe de la policía, quien fue entrenado durante
los años posteriores al golpe de 1991 por las fuerzas especiales de Estados
Unidos en Ecuador, junto con una docena de otros oficiales del ejército
haitiano.
Los otros dos comandantes sublevados, asociados de Phillippe,
que encabezaron los ataques contra Gonaives y Cabo Haitiano, son Emmanuel
Constant, apodado Toto, y Jodel Chamblain, ambos ex tontons macoutes
y ex líderes del FRAPH.
En 1994 Emmanuel Constant condujo al escuadrón asesino del
FRAPH hacia la aldea de Rabouteau, en lo que más tarde se identificó como "la
masacre de Rabouteau":
FOTO AFP
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"Una de las
últimas de las infames masacres ocurrió en abril de 1994 en Rabouteau, ciudad
perdida ubicada en la costa, a 160 kilómetros de la capital, que tiene unos 6
mil habitantes, en su mayoría pescadores y recolectores de sal, pero tiene fama
de ser un bastión opositor en el que con frecuencia se ocultan los disidentes
políticos... El 18 de abril (de 1994), 100 soldados y unos 30 paramilitares
llegaron a Rabouteau para lo que los investigadores llamarían más tarde un
'ensayo con vestuario'. Sacaron a pobladores de sus hogares y les exigieron
revelar dónde se escondía Amiot Cubain Metayer, conocido partidario de
Aristide. Golpearon a muchos, obligaron a una mujer embarazada a abortar y a
otros los hicieron beber agua de drenajes abiertos. Los soldados torturaron a un
ciego de 65 años de edad hasta que vomitó sangre. Murió al día siguiente. Los
soldados regresaron antes del amanecer del 22 de abril. Saquearon hogares y
abatieron a personas a balazos en las calles y, cuando algunos residentes
huyeron hacia el mar, otros soldados les dispararon desde embarcaciones. Durante
días flotaron cuerpos a la deriva; algunos jamás fueron recobrados. El número de
víctimas fue de varias decenas. Cientos más huyeron del poblado, temiendo nuevas
represalias." (St. Petersburg Times, Florida, 1º de septiembre de
2002.)
Durante el gobierno militar (1991-1994), el FRAPH estuvo
(extraoficialmente) bajo la jurisdicción de las fuerzas armadas y recibía
órdenes del comandante en jefe, general Raoul Cedras. Según un informe de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el frente recibía apoyo de la
CIA.
Durante la dictadura militar el narcotráfico fue protegido por
la junta militar, que a su vez recibía apoyo de la agencia estadunidense. Los
líderes golpistas de 1991, entre ellos los comandantes paramilitares del FRAPH,
estaban en la nómina de la agencia. Emmanuel Constant, alias Toto,
confirmó al respecto, en una emisión de 60 Minutes de la CBS, en 1995,
que la CIA le pagaba unos 700 dólares al mes y que creó el FRAPH cuando estaba
en la nómina de la agencia. Según Constant, el FRAPH fue formado "con estímulo y
respaldo financiero de la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadunidense y
de la CIA".
La "oposición" civil
La llamada Convergencia Democrática (CD) es una agrupación de
unas 200 organizaciones políticas, encabezada por Evans Paul, ex alcalde de
Puerto Príncipe. Junto con el Grupo de 184 Organizaciones de la Sociedad Civil
(G-184), la CD ha formado la llamada Plataforma Democrática de Organizaciones de
la Sociedad Civll y Partidos Políticos de Oposición.
El Grupo de los 184 está encabezado por André (Andy)
Apaid, ciudadano estadunidense de padres haitianos, nacido en Estados Unidos.
Apaid es propietario de Alpha Industries, una de las principales maquiladoras de
exportaciones de mano de obra barata establecidas durante la era de Duvalier.
Sus fábricas, donde se labora en condiciones de explotación, producen textiles y
ensamblan artículos electrónicos para firmas estadunidenses, entre ellas
Sperry/Unisys, IBM, Remington y Honeywell. Es el mayor empleador industrial de
Haití, con una fuerza laboral de unos 4 mil trabajadores. Los salarios que se
pagan en las fábricas de Andy Apaid son tan bajos como 68 centavos de
dólar por día. El actual salario mínimo en el país es de 1.50 dólares diarios.
El Comité Nacional Laboral, con sede en EU, primera organización en revelar el
escándalo de la maquiladora Kathie Lee Gifford, informó hace varios años que las
fábricas de Apaid en la zona de libre comercio de Haití a menudo pagan menos del
salario mínimo y que obligan a sus empleados a trabajar semanas de 78
horas.
Tanto Convergencia Democrática como el G-184 tienen vínculos
con el FLRN (antiguos escuadrones de la muerte del FRAPH), dirigido por Guy
Philippe. Se sabe también que el FLRN recibe fondos de la comunidad empresarial
haitiana. En otras palabras, no existe una división clara entre la oposición
civil, que asegura ser no violenta, y los paramilitares del FLRN. Este último
colabora con la llamada Plataforma Democrática.
El papel del Fondo Nacional para la Democracia
(NED)
En Haití, esta "sociedad civil opositora" la financia la
Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que
trabaja de común acuerdo con la CIA. La Plataforma Democrática es apoyada por el
Instituto Republicano Internacional (IRI), brazo de la NED. El senador John
McCain es presidente del consejo de directores del IRI.
El líder del G-184, Andy Apaid, estaba en contacto con
el secretario de Estado Colin Powell en los días anteriores a la partida de
Aristide hacia República Centroafricana, el 29 de febrero. Su organización
aglutinadora de cúpulas empresariales y ONG religiosas, que también cuenta con
apoyo del IRI, recibe importantes cantidades de dinero de la Unión
Europea.
Vale la pena recordar que la NED (la cual supervisa al IRI), si
bien no es formalmente parte de la CIA, desempeña una importante función de
inteligencia dentro de la arena de partidos políticos civiles y ONG. Fue creada
en 1983, cuando se acusaba a la CIA de sobornar a políticos y establecer
organizaciones simuladas de la sociedad civil. De acuerdo con Allen Weisenstein,
quien fue responsable de organizar la NED durante el gobierno de Ronald Reagan:
"Mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA de manera encubierta hace 25
años".
La fundación canaliza fondos del Congreso a cuatro
instituciones: el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto
Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés),
el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) y el Centro Estadunidense
para la Solidaridad Laboral Internacional (ACILS). Se dice que estos organismos
están "singularmente calificados para brindar asistencia tecnica a los
aspirantes a demócratas en todo el mundo".
En otras palabras, existe una división de tareas entre la CIA y
la NED. Mientras la primera proporciona apoyo encubierto a grupos paramilitares
sublevados y escuadrones de la muerte, la segunda y las cuatro organizaciones
que la constituyen financian a partidos políticos "civiles" y organizaciones no
gubernamentales con vistas a instaurar la "democracia" estilo
estadunidense.
La NED constituye, por así decirlo, el "brazo civil" de la CIA.
Las intervenciones de ambas organizaciones en diferentes partes del mundo siguen
una pauta consistente.
La NED aportó fondos a las organizaciones de la "sociedad
civil" de Venezuela que emprendieron un intento golpista contra el presidente
Hugo Chávez. En ese país fue la Coordinadora Democrática la que recibió el apoyo
de ese organismo; en Haití se trata de la Convergencia Democrática y el
G-184.
De manera similar, en la antigua Yugoslavia la CIA canalizó
desde 1995 el apoyo al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), grupo paramilitar
involucrado en ataques terroristas contra la policía y el ejército. Entre tanto,
la NED, por conducto del Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE, por
sus siglas en inglés), respaldaba a la coalición opositora DOS en Serbia y
Montenegro. Más específicamente financiaba al G-17, grupo de economistas de
oposición, responsable de formular (en enlace con el Fondo Monetario
Internacional) la plataforma de reformas de "libre mercado" del DOS para la
elección presidencial de 2000, que condujo a la caída de Slobodan
Milosevic.
La amarga "medicina económica" del FMI
El FMI y el Banco Mundial son jugadores claves en el proceso de
desestabilización económica y política. Si bien se llevan a cabo bajo los
auspicios de un organismo intergubernamental, las reformas del FMI tienden a
apoyar los objetivos estratégicos y de política exterior estadunidenses.
Con base en el llamado consenso de Washington, las
medidas de austeridad y restructuración del FMI contribuyen, con su impacto
devastador, a desencadenar las disputas sociales y étnicas. Las reformas del
Fondo a menudo han precipitado la caída de gobiernos electos. En casos extremos
de dislocación económica y social, la amarga medicina del FMI ha contribuido a
la desestabilización de países enteros, como ocurrió en Somalia, Ruanda y
Yugoslavia.
El programa del FMI es un instrumento consistente de
dislocación económica. Sus reformas contribuyen a modificar y recortar las
instituciones del Estado con drásticas medidas de austeridad, puestas en
práctica junto con otras formas de intervención e interferencia política, aun
actividades encubiertas en apoyo a grupos paramilitares y partidos políticos
opositores.
Es más: después de una guerra civil, un cambio de
régimen o una "emergencia nacional", con frecuencia se aplican las reformas
llamadas de "recuperación de emergencia" y "posteriores a un conflicto", bajo la
dirección del FMI. En Haití se han aplicado de manera consistente reformas de
"libre mercado" patrocinadas por el Fondo desde la era duvalierista y a todo lo
largo de los gobiernos subsecuentes. El golpe militar de 1991, que se produjo
ocho meses después del ascenso de Aristide a la presidencia, tuvo en parte el
propósito de revertir las reformas progresistas del régimen y reinstalar la
agenda política neoliberal de la era de Duvalier. Un ex funcionario del Banco
Mundial, Marc Bazin, fue designado primer ministro por la junta militar en junio
de 1992. De hecho, fue el Departamento de Estado el que procuró ese
nombramiento.
Bazin tenía antecedentes de trabajo para el consenso de
Washington. En 1983 había sido nombrado ministro de Finanzas en el régimen
de Duvalier y fue recomendado para esa cartera por el FMI. Considerado
"favorito" de Washington, se postuló contra Aristide en las elecciones
presidenciales de 1990.
Marc Bazin fue llamado por la junta militar en 1992 para formar
un gobierno "de consenso". Vale la pena mencionar que precisamente durante su
gestión como primer ministro se desataron las matanzas políticas y las
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los escuadrones de la muerte del
FRAPH con apoyo de la CIA, que condujeron a la muerte de más de 4 mil civiles.
Unas 300 mil personas se volvieron refugiados internos, "miles más huyeron al
otro lado de la frontera, a República Dominicana, y más de 60 mil escaparon por
mar" (declaración de Dina Paul Parks, director ejecutivo de la Coalición
Nacional por los Derechos Haitianos ante el Comité Judicial del Senado
estadunidense, el 1° de octubre de 2002). Entre tanto, la CIA lanzó una campaña
de descrédito en la que se representaba a Aristide como "mentalmente
inestable".
La intervención militar estadunidense de 1994
Buter Métayer, uno de los líderes del frente de
resistencia antiaristide, rodeado de opositores armados, habla con
la prensa el 11 de febrero de 2004 FOTO
AFP
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Después de tres
años de régimen militar, EU intervino en 1994, enviando a Haití 20 mil soldados
de ocupación y "mantenedores de la paz". Esta intervención militar no pretendía
restaurar la democracia, sino al contrario: se realizó para prevenir una
insurrección popular contra la junta militar y sus cohortes neoliberales. En
otras palabras, buscaba asegurar la continuidad política.
Mientras se enviaba al exilio a la junta militar, el retorno al
régimen constitucional requería cumplimiento con los dictados del FMI, lo cual
cancelaba la posibilidad de una alternativa progresista a la agenda neoliberal.
Además, las tropas estadunidenses permanecieron hasta 1999. Las fuerzas armadas
haitianas fueron desbandadas y el Departamento de Estado contrató a la compañía
de mercenarios DynCorp para que prestara "asesoría técnica" en la
restructuración de la policía nacional haitiana.
DynCorp siempre había funcionado como fachada de las
operaciones encubiertas del Pentágono y la CIA. Bajo asesoría de esa empresa, ex
tonton macoutes y ex oficiales del ejército participantes en el golpe de
Estado de 1991 fueron incorporados a la policía.
En octubre de 1994, Aristide regresó del exilio y fue
reintegrado a la presidencia hasta el fin de su mandato, en 1996. Integró a
reformadores de "libre mercado" a su gabinete, y adoptó una nueva oleada de
letales políticas macroeconómicas dentro de Plan de Recuperación Económica de
Emergencia (PREE), que buscaba "lograr una rápida estabilización macroeconómica,
restaurar la administración pública y atender las necesidades más urgentes",
según el FMI.
La restauración del gobierno constitucional había sido
negociada a puerta cerrada con los acreedores externos de Haití. Antes de la
reinstalación de Aristide en la presidencia, el nuevo gobierno fue obligado a
negociar los atrasos con esos acreedores. De hecho, los nuevos créditos
otorgados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
FMI se utilizaron para cumplir las obligaciones de Haití con los acreedores
internacionales. El dinero fresco se empleó en pagar viejas deudas, lo cual
condujo a una creciente deuda externa.
Coincidiendo en términos generales con el gobierno militar, el
producto nacional bruto (PNB) se redujo en 30 por ciento entre 1992 y 1994. Con
un ingreso per cápita de 250 dólares anuales, Haití es el país más pobre del
hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo. El Banco Mundial estima
el desempleo en 60 por ciento. (Un reporte del Congreso de Estados Unidos lo
ubicó en 80 por ciento en 2000.)
Después de tres años de régimen militar y decadencia económica,
no se produjo la "recuperación económica de emergencia" que se preveía en el
acuerdo con el FMI. De hecho ocurrió lo contrario: la "estabilización" impuesta
por el Fondo dentro del programa de "recuperación" requirió de mayores recortes
en los casi inexistentes programas del sector social. Se lanzó un programa de
reforma del servicio civil, que consistía en reducir el tamaño de dicho servicio
y despedir a los burócratas "sobrantes". El paquete del FMI-BM fue en parte
causante de la parálisis de los servicios públicos que condujo con el tiempo al
colapso de todo el sistema estatal. En un país en el que prácticamente no
existían servicios de salud y educación, el FMI exigió poner en la calle a
maestros y trabajadores de salud "sobrantes" para cumplir sus metas de déficit
presupuestal.
Las iniciativas de política exterior de Washington se
coordinaron con la aplicación de la letal medicina económica del Fondo. El país
había sido literalmente empujado al borde del desastre social y
económico.
El destino de la agricultura haitiana
Más de 75 por ciento de la población de Haití se dedica a la
agricultura, produciendo tanto alimentos para el mercado interno como cierto
número de cultivos para exportación. Ya en la era de Duvalier se había socavado
la economía de los campesinos; con la adopción de las reformas comerciales
patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial, el sistema agrícola se derrumbó. Al
levantarse las barreras comerciales, el mercado local se abrió a los cultivos
estadunidenses remanentes de arroz, azúcar y maíz, entre otros, importados a
precios de dumping, lo cual condujo a la destrucción de toda la economía
campesina. Gonalves, que alguna vez fue el granero de Haití, con extensos
arrozales, fue precipitado a la bancarrota:
En pocos años Haití, pequeña nación empobrecida del Caribe, se
había vuelto el cuarto importador mundial de arroz estadunidense, detrás de
Japón, México y Canadá.
Segunda oleada de reformas del FMI
Las elecciones presidenciales se programaron para el 23 de
noviembre de 2000. Ese año el gobierno de William Clinton había aplicado un
embargo a la ayuda para el desarrollo de Haití. Apenas dos semanas antes de las
elecciones, el gobierno saliente firmó una carta de intención con el FMI. La
sincronización fue perfecta: el acuerdo virtualmente canceló desde el principio
cualquier desviación de la agenda neoliberal.
El ministro de Finanzas había enviado el 14 de diciembre al
Parlamento el presupuesto reformado. El apoyo de los donantes estaba
condicionado a la aprobación de la Legislatura. Si bien Aristide había prometido
elevar el salario mínimo y emprender programas de construcción de escuelas y de
alfabetización, el nuevo gobierno tenía las manos atadas. Todas las decisiones
importantes relativas a presupuesto, administración pública, inversión pública,
privatización, comercio y política monetaria estaban tomadas. Formaron parte del
acuerdo alcanzado con el FMI el 6 de noviembre anterior.
Ese año el FMI impuso la aplicación del "precio flexible de los
combustibles", que de inmediato disparó una espiral inflacionaria. La moneda se
devaluó. Los precios del petróleo se incrementaron en 130 por ciento en
enero-febrero de 2003, lo cual contribuyó a aumentar el resentimiento popular
contra el gobierno de Aristide, que había apoyado la instauración de las
reformas económicas.
El alza de precios del combustible contribuyó a un incremento
de 40 por ciento en el índice de precios al consumidor (IPC) en 2002-2003. A su
vez, el FMI había exigido, pese a la dramática carestía de la vida, congelar los
salarios como forma de "controlar presiones inflacionarias". De hecho el Fondo
había presionado al gobierno para que redujera los salarios del sector público
(inclusive los de maestros y trabajadores de la salud). También había demandado
la derogación del salario mínimo obligatorio, de unos 25 centavos de dólar por
hora. La "flexibilidad del mercado laboral", que significaba salarios por debajo
del mínimo, contribuiría, según el organismo, a atraer inversionistas
extranjeros. El salario mínimo diario era de tres dólares en 1994, y decayó a
1.50-1.75 (dependiendo de la tasa de cambio gourde-dólar) en 2004.
Con retorcida lógica, los abismalmente bajos salarios
haitianos, que han formado parte del marco de "mano de obra barata" aplicado por
el FMI y el BM desde el decenio de 1980, se ven como una forma de mejorar el
nivel de vida. En otras palabras, las condiciones de explotación en la industria
maquiladora (en un mercado laboral fuera de cualquier reglamentación) y las de
trabajo forzado en las plantaciones agrícolas del país son consideradas por el
Fondo como una clave para lograr la prosperidad económica, porque "atraen
inversión extranjera".
El país está metido en la camisa de fuerza de una creciente
deuda externa. Como amarga ironía, las medidas de austeridad respaldadas por
FMI-BM en los sectores sociales se impusieron a un país que tiene 1.2 médicos
por cada 10 mil habitantes y en el que la mayoría de la población es analfabeta.
Los servicios sociales del Estado, virtualmente inexistentes en el periodo
duvalierista, se han derrumbado.
El resultado de las gestiones del FMI ha sido una caída aún
mayor del poder de compra, que también había afectado a los sectores de menores
ingresos. Entre tanto, las tasas de interés se han disparado. En el norte y este
del país, las alzas de precio del combustible han conducido a una virtual
parálisis del transporte y de los servicios públicos, inclusive agua potable y
electricidad.
Mientras el país está al borde de una catástrofe humanitaria,
el colapso de la economía provocado por el FMI ha servido para elevar la
popularidad de la Plataforma Democrática, la cual acusó a Aristide de "malos
manejos económicos". Inútil decir que los líderes de la Plataforma, entre ellos
Andy Apaid -propietario de fábricas explotadoras- son los principales
protagonistas de la economía de bajos salarios.
Aplicación del modelo de Kosovo
En febrero de 2003, Washington anunció la designación de James
Foley como embajador en Haití. Foley había sido vocero del Departamento de
Estado en el gobierno de Clinton, durante la guerra de Kosovo. Antes había
tenido un cargo en la sede de la OTAN en Bruselas. En anticipación a la
operación apoyada por la CIA, fue transferido a Puerto Príncipe en septiembre de
2003, proveniente de un prestigiado puesto diplomático en Ginebra, donde era
delegado suplente de la misión a la oficina europea de Naciones Unidas. Vale la
pena recordar la participación del embajador Foley en apoyo al Ejército de
Liberación de Kosovo (ELK) en 1999.
Se ha documentado ampliamente que el ELK era financiado por
dinero del narcotráfico y apoyado por la CIA. En meses anteriores a la invasión
realizada por la OTAN en 1999, y en los posteriores, el ELK participó en
asesinatos políticos y matanzas de civiles. Después de la invasión y ocupación
de Kosovo, fue transformado en la Fuerza de Protección de Kosovo (FPK), bajo el
patrocinio de la ONU.
En vez de desarmarla para prevenir matanzas de civiles, se
concedió estatuto político legítimo a una organización vinculada con el crimen
organizado y con el tráfico de drogas en los Balcanes.
En la época de la guerra de Kosovo, el actual embajador en
Haití estaba a cargo de los informes del Departamento de Estado y trabajaba en
estrecha colaboración con su contraparte de la OTAN en Bruselas, Jamie Shea.
Escasos dos meses antes del lanzamiento de la guerra, el 24 de marzo de 1999,
James Foley había convocado a la "transformación" del ELK en una organización
política respetable: "Queremos desarrollar una buena relación con ellos (el ELK)
a medida que se transforman en una organización orientada a la política...
Creemos que contamos con mucha asesoría y apoyo que podemos darles si se
convierten precisamente en el actor político que deseamos... Si podemos
ayudarlos y quieren que los ayudemos en ese proceso de transformación, me parece
que es algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo..." (Citado en el New
York Times, 02/02/1999).
Como secuela de la invasión se instauró un autoproclamado
gobierno kosovar, compuesto por el ELK y el Movimiento de Unión Democrática,
coalición de cinco partidos de oposición a la Liga Democrática de Rugova. Además
del cargo de primer ministro, el ELK controlaba los ministerios de finanzas,
orden público y defensa. La posición del Departamento de Estado, según se
expresa en la declaración de Foley, era que "no se permitiría (al ELK) continuar
como fuerza militar, pero tendría oportunidad de avanzar en su procuración de un
autogobierno dentro de un contexto diferente", lo cual significaba la creación
de una narcodemocracia de facto bajo protección de la OTAN.
Con relación al tráfico de drogas, Kosovo y Albania ocupan
posición similar a la de Haití: constituyen un "punto de confluencia" en el
tránsito de narcóticos provenientes de la Media Luna Dorada a través de Irán y
Turquía hacia Europa occidental. A la vez que cuenta con el apoyo de la CIA, del
Bundes Nachrichten Dienst (BND) de Alemania y de la OTAN, el ELK tiene vínculos
con la mafia albanesa y con sindicatos del crimen involucrados en el
narcotráfico.
¿Es éste el modelo para Haití, formulado en 1999 por el actual
embajador estadunidense en ese país, James Foley?
Para la CIA y el Departamento de Estado, el FLRN y Guy
Phillippe son a Haití lo que el ELK y Hashim Thaci son para Kosovo. En otras
palabras, el designio de Washington es el "cambio de régimen": derrocar al
gobierno de Lavalas e instalar un gobierno títere de Estados Unidos, integrado
por la Plataforma Democrática y el autoproclamado Frente para la Liberación y la
Reconstrucción Nacional (FLRN), cuyos líderes son ex terroristas de los
tonton macoutes y el FRAPH. Estos últimos pretenden integrar un "gobierno
de unidad nacional" junto con los líderes de Convergencia Democrática y el Grupo
de las 184 Organizaciones de la Sociedad Civil encabezado por Andy Apaid.
De manera más específica, el FLRN, encabezado por Guy Phillippe, se propone
reconstruir las fuerzas armadas haitianas que fueron desbandadas en 1995. Es
decir, lo que está en juego es un eventual arreglo para compartir el poder entre
los diversos grupos de oposición y los sublevados apoyados por la CIA, que
tienen vínculos con el narcotráfico procedente de Colombia vía Haití hacia
Florida. La protección de este trasiego está considerada en la formación de un
nuevo narcogobierno que servirá a los intereses estadunidenses.
Puede que se evalúe un desarme simulado de los sublevados bajo
supervisión internacional, como ocurrió con el ELK en Kosovo en 2000. Los "ex
terroristas" podrían ser integrados entonces a la policía civil, así como a la
tarea de reconstruir el ejército haitiano bajo supervisión de Estados
Unidos.
Lo que este escenario sugiere es que las estructuras
terroristas de la era Duvalier se han restaurado. Ya está en marcha un programa
de matanzas de civiles y asesinatos políticos, dirigido contra los partidarios
de Lavalas. En otras palabras, si Washington en verdad estuviera motivado por
consideraciones humanitarias, ¿por qué, entonces, financia y apoya a los
escuadrones de la muerte del FRAPH? Su objetivo no es prevenir matanzas de
civiles: conforme al modelo de previas operaciones orquestadas por la CIA
(Guatemala, Indonesia, El Salvador), se ha soltado a los escurones de la muerte
para asesinar a partidarios de Aristide seleccionados.
El negocio del narcotráfico
El presidente Jean Bertrand Aristide antes
de partir a la Cumbre de las Américas el 12 de enero de 2004
FOTO AFP
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Mientras la
verdadera economía ha sido llevada a la bancarrota por las reformas del FMI, el
negocio del narcotráfico continúa floreciendo. Para la agencia antidrogas
estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), Haití sigue siendo, según lo
declarado en una audiencia de la Cámara de Representantes el 13 de abril de
2000, "el principal punto de envío de drogas para toda la región del Caribe, que
manda enormes cargamentos de co-caína de Colombia hacia Estados Unidos". Se
estima que por Haití pasa 14 por ciento de la cocaína que entra a Estados
Unidos, la cual representa miles de millones de dólares de ingresos para el
crimen organizado y las instituciones financieras estadunidenses, que lavan
enormes cantidades de dinero sucio. El valor del negocio global de
narcóticos se estima en 500 mil millones de dólares.
Mucho de este negocio de envío tiene como destino Miami, que
también constituye un paraíso para el reciclaje de dinero sucio en inversiones
de buena fe, por ejemplo en bienes raíces y otras actividades conexas.
La evidencia confirma que la CIA protegía este negocio durante
la era Duvalier, así como durante la dictadura militar (1991-1994). En 1987 el
senador John Kerry, como presidente del subcomité sobre narcóticos, terrorismo y
operaciones internacionales del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, recibió
el encargo de realizar una investigación a fondo, la cual se enfocó en los nexos
entre la CIA y el narcotráfico, inclusive el lavado de dinero de las
drogas para financiar sublevaciones armadas. El reporte Kerry, publicado en
1989, si bien centraba su atención en el financiamiento a los contras
nicaragüenses, incluía una sección sobre Haití: "Kerry había recopilado
información detallada sobre el tráfico de drogas realizado por los gobernantes
militares de Haití, la cual condujo a que se presentaran cargos formales contra
el teniente coronel Jean Paul en Miami, en 1998. La acusación puso en vergüenza
a los militares haitianos, en especial porque Paul se negó a rendirse a las
autoridades estadunidenses. En noviembre de 1989, el coronel Paul fue hallado
muerto después de haber consumido un regalo de buena voluntad tradicional en
Haití: un tazón de sopa de calabaza (...) El Senado estadunidense también
escuchó testimonios en 1988 de que el entonces ministro del Exterior, el general
William Regala, y su oficial de enlace de la CIA protegían y supervisaban
embarques de cocaína. El testimonio también sostenía que el entonces comandante
militar haitiano, el general Henry Namphy, aceptaba sobornos de traficantes
colombianos a cambio de concederles derechos de desembarco a mediados del
decenio de 1980. En 1989 otro golpe militar llevó al poder al teniente general
Prosper Avril... De acuerdo con un testigo ante el subcomité del senador Kerry,
Avril es de hecho un protagonista importante en el papel de Haití como punto de
tránsito para el comercio de cocaína." (Paul DeRienzo, "Haiti's Nightmare: The
Cocaine Coup & the CIA Connection", Global Research, abril de
1994.)
Jack Burn, quien era consejero especial de Kerry, apunta a la
complicidad de oficiales estadunidenses en una declaración de 1996 al comité
selecto del Senado sobre inteligencia en materia de narcotráfico y de la guerra
de los contras: "En Haití... nuestras fuentes de inteligencia en el
ejército haitiano han entregado sus instalaciones a los traficantes de drogas.
En vez de presionar a los corruptos líderes militares, los defendemos. Nos
apretamos la nariz y miramos al otro lado mientras ellos y sus amigos criminales
de Estados Unidos distribuían cocaína en Miami, Filadelfia y Nueva York."
Haití no sólo permanece en el centro del tráfico de drogas,
sino que éste ha crecido marcadamente del decenio de 1980 a la fecha. La actual
crisis tiene relación con el papel del país en el narcotráfico. Washington
quiere un gobierno haitiano obediente que proteja las rutas del narcotráfico que
van de Colombia a Florida a través de Haití.
El flujo de narcodólares -el cual sigue siendo la
principal fuente de divisas para el país- se utiliza para el pago de la
creciente deuda externa, y por consiguiente sirve también a los intereses de los
acreedores internacionales. En este aspecto, la liberalización del mercado de
divisas extranjeras impuesta por el FMI ha abierto (pese al compromiso formal de
las autoridades de combatir el narcotráfico) una avenida conveniente para el
lavado de narcodólares en el sistema bancario doméstico. Este flujo,
junto con las remesas que envían de buena fe los haitianos residentes en el
exterior, se deposita en el sistema bancario comercial y se convierte en moneda
local. El dinero extranjero procedente de esos influjos puede entonces ser
reciclado hacia al Tesoro, donde se utiliza para cumplir las obligaciones del
servicio de la deuda.
Haití, sin embargo, recibe un porcentaje muy pequeño del
ingreso total de divisas extranjeras producto de este lucrativo contrabando. La
mayoría de las ganancias va hacia los intermediarios criminales del narcotráfico
al mayoreo y al menudeo, a las agencias de inteligencia que lo protegen y a las
instituciones bancarias y financieras en las que se lava el dinero
procedente de esta actividad criminal.
Los narcodólares se canalizan también a cuentas
bancarias privadas en numerosos paraísos fiscales (controlados por los
grandes bancos e instituciones financieras occidentales). También se invierten
en cierto número de instrumentos financieros, como fondos de ahorro de
trabajadores y transacciones en el mercado de valores. Los principales bancos y
casas de bolsa de Wall Street y europeos lavan miles de millones de
dólares del narcotráfico. Además, la expansión de la reserva federal
estadunidense, denominada en dólares, incluida la impresión de miles de millones
de dólares en billetes para propósitos de narcotransacciones, constituye
una ganancia para la Reserva Federal y las instituciones bancarias privadas que
la forman, de las cuales la más importante es el Banco de la Reserva Federal de
Nueva York.
En otras palabras, el establishment financiero de Wall
Street, que desempeña un papel tras bambalinas en la formulación de la política
exterior estadunidense, tiene un velado interés por retener el control del
narcotráfico haitiano mientras se instala una narcodemocracia confiable
en Puerto Príncipe que pueda proteger con efectividad las rutas de envío de
droga.
Debe hacerse notar que desde el advenimiento del euro como
divisa global, una porción significativa del negocio de narcóticos se realiza en
euros y no en dólares. Sin embargo, el tráfico de cocaína en América Latina, que
comprende el envío a través de Haití, se realiza en su mayor parte en
dólares.
Manipulación de los medios
En las semanas anteriores al golpe de Estado, los medios han
enfocado su atención sobre las "bandas armadas" y "hordas" partidarias de
Aristide, sin ofrecer información para entender el papel de los sublevados del
FLRN.
Silencio ensordecedor: ni una palabra se mencionó en las
declaraciones oficiales y las resoluciones de la ONU respecto de la naturaleza
del FLRN. No debe sorprender: el embajador estadunidense en Naciones Unidas (el
que se sienta en el Consejo de Seguridad), John Negroponte, tuvo un papel clave
en los escuadrones de la muerte financiados por la CIA en Honduras en el decenio
de 1980, cuando era embajador en ese país.
Los alzados del FLRN son una fuerza extremadamente bien
equipada y entrenada. El pueblo haitiano sabe quiénes son. Son ex tonton
macoutes de la era duvalierista y ex asesinos del FRAPH. Los medios
occidentales guardan silencio al respecto, y culpan de la violencia al
presidente Aristide. Y aun cuando llegan a reconocer que el Ejército de
Liberación está formado por escuadrones de la muerte, no examinan las
principales implicaciones de esa declaración ni mencionan que esos escuadrones
son creación de la CIA y de la Agencia de Inteligencia del Ejército
estadunidense.
El New York Times ha reconocido que la sociedad civil
"no violenta" colabora de hecho con los escuadrones "acusados de matar a miles",
pero lo describe como un hecho "accidental". No se proporciona contexto
histórico. Todo lo que se nos dice de los líderes de esos escuadrones es que han
establecido una "alianza" con los chicos buenos "no violentos" que pertenecen a
la "oposición política", y que todo se hace en nombre de una causa buena y
valiosa, que es derrocar al presidente electo y "restaurar la
democracia".
Nada hay de espontáneo o "accidental" en los ataques de los
grupos armados ni en la "alianza" entre el líder de los escuadrones de la
muerte, Guy Phillippe, y Andy Apaid, propietario de las principales
maquiladoras explotadoras del país y líder del G-184.
Wilson Cervilus, de ocho años de edad, observa el
incendio que causó un pelotón de rebeldes el 11 de febrero de
2004 FOTO AFP
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La rebelión armada
formó parte de una operación militar y de inteligencia cuidadosamente preparada.
Las fuerzas armadas de República Dominicana han detectado campos de
entrenamiento guerrillero cerca de la frontera noreste con Haití.
Tanto los grupos armados como sus contrapartes civiles "no
violentas" participaron en la conjura para derrocar al presidente. André Apaid
estuvo en contacto con Colin Powell en las semanas anteriores al golpe; Guy
Phillippe y Toto Emmanuel Constant tienen nexos con la CIA; hay indicios
de que Phillippe y el líder político del Frente de Resistencia Revolucionaria
Artibonita, Winter Etienne, estuvieron ligados con oficiales
estadunidenses.
Aun cuando EU declaró en repetidas ocasiones que sostendría a
un gobierno constitucional, el remplazo de Aristide por un individuo más
obediente siempre ha formado parte de la agenda del gobierno de Bush.
El 20 de febrero, el embajador John Foley convocó a una reunión
a cuatro militares expertos del Comando Sur estadunidense, con sede en Miami.
Oficialmente su mandato era "evaluar amenazas a la embajada y a su personal". Ya
hay fuerzas especiales de EU en Haití. Washington había anunciado que tres
navíos estadunidenses "estaban en preparación para ir a Haití como medida
precautoria". El Salpan está equipado con aviones de combate Harrier de
despegue vertical y helicópteros de ataque. Los otros dos son el Oak Hill
y el Trenton. Unos 2 mil 200 marines de la Unidad Expedicionaria
24, de Campo Lejeune, Carolina del Norte, podrían ser enviados a Haití en
cuestión de horas, según Washington. Sin embargo, con la partida del presidente
Aristide, Washington no tiene intención de desarmar al ejército paramilitar
sublevado, que ahora debe formar parte de la "transición". En otras palabras, el
gobierno de Bush no actuará para prevenir matanzas y asesinatos políticos de
partidarios de Lavalas y de Aristide.
Inútil decir que los medios occidentales no han analizado para
nada los antecedentes históricos de la crisis haitiana. No se ha mencionado el
papel desempeñado por la CIA. La llamada "comunidad internacional", que afirma
estar comprometida con la gobernabilidad y la democracia, ha cerrado los ojos
ante la matanza de civiles por un ejército paramilitar patrocinado por EU. Los
"líderes rebeldes", que eran comandantes de los escuadrones de la muerte del
FRAPH en la década de 1990, son ahora presentados en los medios estadunidenses
como voceros opositores de buena fe. Entre tanto se culpa al depuesto presidente
de haber "empeorado la situación social y económica". Esa situación es
atribuible en gran medida a las devastadoras reformas impuestas por el FMI del
decenio de 1980 en adelante. Funcionarios de alto nivel de los gobiernos de
André Prevail y de Aristide fueron obedientes a los dictados del Fondo. Pese a
esa obediencia, Aristide estaba fue puesto en la lista negra y satanizado por
Washington.
La militarización del Caribe
Washington busca reinstalar a Haití como colonia estadunidense
con todas las apariencias de una democracia en funciones. El objetivo es imponer
un régimen títere en Puerto Príncipe y establecer una presencia militar
permanente de Estados Unidos en Haití. El objetivo final del gobierno de EU es
militarizar la zona del Caribe.
La isla de La Española es puerta de entrada a la región,
ubicada estratégicamente entre Cuba, al noroeste, y Venezuela, al sur. La
militarización de la isla, con el establecimiento de bases estadunidenses, no
sólo pretende ejercer presión política sobre Cuba y Venezuela. También tiene el
propósito de proteger el multimilonario tráfico de las drogas producidas en
Colombia, Perú y Bolivia a través de Haití.
La militarización del Caribe es, en ciertos aspectos, similar a
la impuesta por Washington en la región andina de Sudamérica dentro del Plan
Colombia, rebautizado como Iniciativa Andina. Este último constituye la base
para la militarización de los yacimientos de petróleo y gas, así como de las
rutas de gasoductos y corredores de transporte. Y también protege el
narcotráfico.
Traducción: Jorge Anaya
(* ) Este artículo comenzó a escribirse en los
días anteriores a la salida del presidente Jean Bertrand Aristide de Haití, y se
completó con posterioridad a ella.
Fuente: diario La Jornada, de México D.F.,
México; 6 de marzo de 2004.