La Casa Blanca ha puesto en duda la capacidad del presidente haitiano Jean Bertrand Aristide "de continuar gobernando su país". Según la declaración oficial de Washington, emitida un día después de la partida de Aristide para la República Dominicana, "su fracaso en adherirse a los principios democráticos ha contribuido a la profunda polarización y violentos disturbios que atestiguamos hoy en Haití... Sus propias acciones han puesto en duda su capacidad de seguir gobernando el país. Lo instamos a examinar con cuidado su posición, a aceptar su responsabilidad y a actuar conforme a los mejores intereses del pueblo haitiano."

Ahora bien, ¿no deberíamos aplicar las mismas normas al presidente George W. Bush, quien ha mentido al pueblo estadunidense, violado el derecho internacional y organizado una guerra criminal con fundamento en un pretexto fabricado?

La insurrección armada que contribuyó a derrocar a Aristide el 29 de febrero fue resultado de una operación militar y de inteligencia cuidadosamente preparada.

El ejército paramilitar sublevado cruzó la frontera desde la República Dominicana a principios de febrero. Constituye una unidad paramilitar bien armada, entrenada y equipada, integrada por antiguos miembros del Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH, por sus siglas en francés), formado por escuadrones de la muerte que participaron en matanzas de civiles y asesinatos políticos durante el golpe militar de 1991, patrocinado por la CIA, que condujo al derrocamiento del gobierno democráticamente electo del presidente Jean Bertrand Aristide.

El autoproclamado Frente por la Liberación y la Reconstrucción Nacional (FLRN) está encabezado por Guy Phillippe, antiguo miembro de las fuerzas armadas haitianas y ex jefe de la policía, quien fue entrenado durante los años posteriores al golpe de 1991 por las fuerzas especiales de Estados Unidos en Ecuador, junto con una docena de otros oficiales del ejército haitiano.

Los otros dos comandantes sublevados, asociados de Phillippe, que encabezaron los ataques contra Gonaives y Cabo Haitiano, son Emmanuel Constant, apodado Toto, y Jodel Chamblain, ambos ex tontons macoutes y ex líderes del FRAPH.

En 1994 Emmanuel Constant condujo al escuadrón asesino del FRAPH hacia la aldea de Rabouteau, en lo que más tarde se identificó como "la masacre de Rabouteau":

FOTO AFP

Durante el gobierno militar (1991-1994), el FRAPH estuvo (extraoficialmente) bajo la jurisdicción de las fuerzas armadas y recibía órdenes del comandante en jefe, general Raoul Cedras. Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el frente recibía apoyo de la CIA.

Durante la dictadura militar el narcotráfico fue protegido por la junta militar, que a su vez recibía apoyo de la agencia estadunidense. Los líderes golpistas de 1991, entre ellos los comandantes paramilitares del FRAPH, estaban en la nómina de la agencia. Emmanuel Constant, alias Toto, confirmó al respecto, en una emisión de 60 Minutes de la CBS, en 1995, que la CIA le pagaba unos 700 dólares al mes y que creó el FRAPH cuando estaba en la nómina de la agencia. Según Constant, el FRAPH fue formado "con estímulo y respaldo financiero de la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadunidense y de la CIA".

La "oposición" civil

La llamada Convergencia Democrática (CD) es una agrupación de unas 200 organizaciones políticas, encabezada por Evans Paul, ex alcalde de Puerto Príncipe. Junto con el Grupo de 184 Organizaciones de la Sociedad Civil (G-184), la CD ha formado la llamada Plataforma Democrática de Organizaciones de la Sociedad Civll y Partidos Políticos de Oposición.

El Grupo de los 184 está encabezado por André (Andy) Apaid, ciudadano estadunidense de padres haitianos, nacido en Estados Unidos. Apaid es propietario de Alpha Industries, una de las principales maquiladoras de exportaciones de mano de obra barata establecidas durante la era de Duvalier. Sus fábricas, donde se labora en condiciones de explotación, producen textiles y ensamblan artículos electrónicos para firmas estadunidenses, entre ellas Sperry/Unisys, IBM, Remington y Honeywell. Es el mayor empleador industrial de Haití, con una fuerza laboral de unos 4 mil trabajadores. Los salarios que se pagan en las fábricas de Andy Apaid son tan bajos como 68 centavos de dólar por día. El actual salario mínimo en el país es de 1.50 dólares diarios. El Comité Nacional Laboral, con sede en EU, primera organización en revelar el escándalo de la maquiladora Kathie Lee Gifford, informó hace varios años que las fábricas de Apaid en la zona de libre comercio de Haití a menudo pagan menos del salario mínimo y que obligan a sus empleados a trabajar semanas de 78 horas.

Tanto Convergencia Democrática como el G-184 tienen vínculos con el FLRN (antiguos escuadrones de la muerte del FRAPH), dirigido por Guy Philippe. Se sabe también que el FLRN recibe fondos de la comunidad empresarial haitiana. En otras palabras, no existe una división clara entre la oposición civil, que asegura ser no violenta, y los paramilitares del FLRN. Este último colabora con la llamada Plataforma Democrática.

El papel del Fondo Nacional para la Democracia (NED)

En Haití, esta "sociedad civil opositora" la financia la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que trabaja de común acuerdo con la CIA. La Plataforma Democrática es apoyada por el Instituto Republicano Internacional (IRI), brazo de la NED. El senador John McCain es presidente del consejo de directores del IRI.

El líder del G-184, Andy Apaid, estaba en contacto con el secretario de Estado Colin Powell en los días anteriores a la partida de Aristide hacia República Centroafricana, el 29 de febrero. Su organización aglutinadora de cúpulas empresariales y ONG religiosas, que también cuenta con apoyo del IRI, recibe importantes cantidades de dinero de la Unión Europea.

Vale la pena recordar que la NED (la cual supervisa al IRI), si bien no es formalmente parte de la CIA, desempeña una importante función de inteligencia dentro de la arena de partidos políticos civiles y ONG. Fue creada en 1983, cuando se acusaba a la CIA de sobornar a políticos y establecer organizaciones simuladas de la sociedad civil. De acuerdo con Allen Weisenstein, quien fue responsable de organizar la NED durante el gobierno de Ronald Reagan: "Mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA de manera encubierta hace 25 años".

La fundación canaliza fondos del Congreso a cuatro instituciones: el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés), el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) y el Centro Estadunidense para la Solidaridad Laboral Internacional (ACILS). Se dice que estos organismos están "singularmente calificados para brindar asistencia tecnica a los aspirantes a demócratas en todo el mundo".

En otras palabras, existe una división de tareas entre la CIA y la NED. Mientras la primera proporciona apoyo encubierto a grupos paramilitares sublevados y escuadrones de la muerte, la segunda y las cuatro organizaciones que la constituyen financian a partidos políticos "civiles" y organizaciones no gubernamentales con vistas a instaurar la "democracia" estilo estadunidense.

La NED constituye, por así decirlo, el "brazo civil" de la CIA. Las intervenciones de ambas organizaciones en diferentes partes del mundo siguen una pauta consistente.

La NED aportó fondos a las organizaciones de la "sociedad civil" de Venezuela que emprendieron un intento golpista contra el presidente Hugo Chávez. En ese país fue la Coordinadora Democrática la que recibió el apoyo de ese organismo; en Haití se trata de la Convergencia Democrática y el G-184.

De manera similar, en la antigua Yugoslavia la CIA canalizó desde 1995 el apoyo al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), grupo paramilitar involucrado en ataques terroristas contra la policía y el ejército. Entre tanto, la NED, por conducto del Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE, por sus siglas en inglés), respaldaba a la coalición opositora DOS en Serbia y Montenegro. Más específicamente financiaba al G-17, grupo de economistas de oposición, responsable de formular (en enlace con el Fondo Monetario Internacional) la plataforma de reformas de "libre mercado" del DOS para la elección presidencial de 2000, que condujo a la caída de Slobodan Milosevic.

La amarga "medicina económica" del FMI

El FMI y el Banco Mundial son jugadores claves en el proceso de desestabilización económica y política. Si bien se llevan a cabo bajo los auspicios de un organismo intergubernamental, las reformas del FMI tienden a apoyar los objetivos estratégicos y de política exterior estadunidenses.

Con base en el llamado consenso de Washington, las medidas de austeridad y restructuración del FMI contribuyen, con su impacto devastador, a desencadenar las disputas sociales y étnicas. Las reformas del Fondo a menudo han precipitado la caída de gobiernos electos. En casos extremos de dislocación económica y social, la amarga medicina del FMI ha contribuido a la desestabilización de países enteros, como ocurrió en Somalia, Ruanda y Yugoslavia.

El programa del FMI es un instrumento consistente de dislocación económica. Sus reformas contribuyen a modificar y recortar las instituciones del Estado con drásticas medidas de austeridad, puestas en práctica junto con otras formas de intervención e interferencia política, aun actividades encubiertas en apoyo a grupos paramilitares y partidos políticos opositores.

Es más: después de una guerra civil, un cambio de régimen o una "emergencia nacional", con frecuencia se aplican las reformas llamadas de "recuperación de emergencia" y "posteriores a un conflicto", bajo la dirección del FMI. En Haití se han aplicado de manera consistente reformas de "libre mercado" patrocinadas por el Fondo desde la era duvalierista y a todo lo largo de los gobiernos subsecuentes. El golpe militar de 1991, que se produjo ocho meses después del ascenso de Aristide a la presidencia, tuvo en parte el propósito de revertir las reformas progresistas del régimen y reinstalar la agenda política neoliberal de la era de Duvalier. Un ex funcionario del Banco Mundial, Marc Bazin, fue designado primer ministro por la junta militar en junio de 1992. De hecho, fue el Departamento de Estado el que procuró ese nombramiento.

Bazin tenía antecedentes de trabajo para el consenso de Washington. En 1983 había sido nombrado ministro de Finanzas en el régimen de Duvalier y fue recomendado para esa cartera por el FMI. Considerado "favorito" de Washington, se postuló contra Aristide en las elecciones presidenciales de 1990.

Marc Bazin fue llamado por la junta militar en 1992 para formar un gobierno "de consenso". Vale la pena mencionar que precisamente durante su gestión como primer ministro se desataron las matanzas políticas y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los escuadrones de la muerte del FRAPH con apoyo de la CIA, que condujeron a la muerte de más de 4 mil civiles. Unas 300 mil personas se volvieron refugiados internos, "miles más huyeron al otro lado de la frontera, a República Dominicana, y más de 60 mil escaparon por mar" (declaración de Dina Paul Parks, director ejecutivo de la Coalición Nacional por los Derechos Haitianos ante el Comité Judicial del Senado estadunidense, el 1° de octubre de 2002). Entre tanto, la CIA lanzó una campaña de descrédito en la que se representaba a Aristide como "mentalmente inestable".

La intervención militar estadunidense de 1994

Buter Métayer, uno de los líderes del frente de resistencia antiaristide, rodeado de opositores armados, habla con la prensa el 11 de febrero de 2004 FOTO AFP

Mientras se enviaba al exilio a la junta militar, el retorno al régimen constitucional requería cumplimiento con los dictados del FMI, lo cual cancelaba la posibilidad de una alternativa progresista a la agenda neoliberal. Además, las tropas estadunidenses permanecieron hasta 1999. Las fuerzas armadas haitianas fueron desbandadas y el Departamento de Estado contrató a la compañía de mercenarios DynCorp para que prestara "asesoría técnica" en la restructuración de la policía nacional haitiana.

DynCorp siempre había funcionado como fachada de las operaciones encubiertas del Pentágono y la CIA. Bajo asesoría de esa empresa, ex tonton macoutes y ex oficiales del ejército participantes en el golpe de Estado de 1991 fueron incorporados a la policía.

En octubre de 1994, Aristide regresó del exilio y fue reintegrado a la presidencia hasta el fin de su mandato, en 1996. Integró a reformadores de "libre mercado" a su gabinete, y adoptó una nueva oleada de letales políticas macroeconómicas dentro de Plan de Recuperación Económica de Emergencia (PREE), que buscaba "lograr una rápida estabilización macroeconómica, restaurar la administración pública y atender las necesidades más urgentes", según el FMI.

La restauración del gobierno constitucional había sido negociada a puerta cerrada con los acreedores externos de Haití. Antes de la reinstalación de Aristide en la presidencia, el nuevo gobierno fue obligado a negociar los atrasos con esos acreedores. De hecho, los nuevos créditos otorgados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FMI se utilizaron para cumplir las obligaciones de Haití con los acreedores internacionales. El dinero fresco se empleó en pagar viejas deudas, lo cual condujo a una creciente deuda externa.

Coincidiendo en términos generales con el gobierno militar, el producto nacional bruto (PNB) se redujo en 30 por ciento entre 1992 y 1994. Con un ingreso per cápita de 250 dólares anuales, Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo. El Banco Mundial estima el desempleo en 60 por ciento. (Un reporte del Congreso de Estados Unidos lo ubicó en 80 por ciento en 2000.)

Después de tres años de régimen militar y decadencia económica, no se produjo la "recuperación económica de emergencia" que se preveía en el acuerdo con el FMI. De hecho ocurrió lo contrario: la "estabilización" impuesta por el Fondo dentro del programa de "recuperación" requirió de mayores recortes en los casi inexistentes programas del sector social. Se lanzó un programa de reforma del servicio civil, que consistía en reducir el tamaño de dicho servicio y despedir a los burócratas "sobrantes". El paquete del FMI-BM fue en parte causante de la parálisis de los servicios públicos que condujo con el tiempo al colapso de todo el sistema estatal. En un país en el que prácticamente no existían servicios de salud y educación, el FMI exigió poner en la calle a maestros y trabajadores de salud "sobrantes" para cumplir sus metas de déficit presupuestal.

Las iniciativas de política exterior de Washington se coordinaron con la aplicación de la letal medicina económica del Fondo. El país había sido literalmente empujado al borde del desastre social y económico.

El destino de la agricultura haitiana

Más de 75 por ciento de la población de Haití se dedica a la agricultura, produciendo tanto alimentos para el mercado interno como cierto número de cultivos para exportación. Ya en la era de Duvalier se había socavado la economía de los campesinos; con la adopción de las reformas comerciales patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial, el sistema agrícola se derrumbó. Al levantarse las barreras comerciales, el mercado local se abrió a los cultivos estadunidenses remanentes de arroz, azúcar y maíz, entre otros, importados a precios de dumping, lo cual condujo a la destrucción de toda la economía campesina. Gonalves, que alguna vez fue el granero de Haití, con extensos arrozales, fue precipitado a la bancarrota:

En pocos años Haití, pequeña nación empobrecida del Caribe, se había vuelto el cuarto importador mundial de arroz estadunidense, detrás de Japón, México y Canadá.

Segunda oleada de reformas del FMI

Las elecciones presidenciales se programaron para el 23 de noviembre de 2000. Ese año el gobierno de William Clinton había aplicado un embargo a la ayuda para el desarrollo de Haití. Apenas dos semanas antes de las elecciones, el gobierno saliente firmó una carta de intención con el FMI. La sincronización fue perfecta: el acuerdo virtualmente canceló desde el principio cualquier desviación de la agenda neoliberal.

El ministro de Finanzas había enviado el 14 de diciembre al Parlamento el presupuesto reformado. El apoyo de los donantes estaba condicionado a la aprobación de la Legislatura. Si bien Aristide había prometido elevar el salario mínimo y emprender programas de construcción de escuelas y de alfabetización, el nuevo gobierno tenía las manos atadas. Todas las decisiones importantes relativas a presupuesto, administración pública, inversión pública, privatización, comercio y política monetaria estaban tomadas. Formaron parte del acuerdo alcanzado con el FMI el 6 de noviembre anterior.

Ese año el FMI impuso la aplicación del "precio flexible de los combustibles", que de inmediato disparó una espiral inflacionaria. La moneda se devaluó. Los precios del petróleo se incrementaron en 130 por ciento en enero-febrero de 2003, lo cual contribuyó a aumentar el resentimiento popular contra el gobierno de Aristide, que había apoyado la instauración de las reformas económicas.

El alza de precios del combustible contribuyó a un incremento de 40 por ciento en el índice de precios al consumidor (IPC) en 2002-2003. A su vez, el FMI había exigido, pese a la dramática carestía de la vida, congelar los salarios como forma de "controlar presiones inflacionarias". De hecho el Fondo había presionado al gobierno para que redujera los salarios del sector público (inclusive los de maestros y trabajadores de la salud). También había demandado la derogación del salario mínimo obligatorio, de unos 25 centavos de dólar por hora. La "flexibilidad del mercado laboral", que significaba salarios por debajo del mínimo, contribuiría, según el organismo, a atraer inversionistas extranjeros. El salario mínimo diario era de tres dólares en 1994, y decayó a 1.50-1.75 (dependiendo de la tasa de cambio gourde-dólar) en 2004.

Con retorcida lógica, los abismalmente bajos salarios haitianos, que han formado parte del marco de "mano de obra barata" aplicado por el FMI y el BM desde el decenio de 1980, se ven como una forma de mejorar el nivel de vida. En otras palabras, las condiciones de explotación en la industria maquiladora (en un mercado laboral fuera de cualquier reglamentación) y las de trabajo forzado en las plantaciones agrícolas del país son consideradas por el Fondo como una clave para lograr la prosperidad económica, porque "atraen inversión extranjera".

El país está metido en la camisa de fuerza de una creciente deuda externa. Como amarga ironía, las medidas de austeridad respaldadas por FMI-BM en los sectores sociales se impusieron a un país que tiene 1.2 médicos por cada 10 mil habitantes y en el que la mayoría de la población es analfabeta. Los servicios sociales del Estado, virtualmente inexistentes en el periodo duvalierista, se han derrumbado.

El resultado de las gestiones del FMI ha sido una caída aún mayor del poder de compra, que también había afectado a los sectores de menores ingresos. Entre tanto, las tasas de interés se han disparado. En el norte y este del país, las alzas de precio del combustible han conducido a una virtual parálisis del transporte y de los servicios públicos, inclusive agua potable y electricidad.

Mientras el país está al borde de una catástrofe humanitaria, el colapso de la economía provocado por el FMI ha servido para elevar la popularidad de la Plataforma Democrática, la cual acusó a Aristide de "malos manejos económicos". Inútil decir que los líderes de la Plataforma, entre ellos Andy Apaid -propietario de fábricas explotadoras- son los principales protagonistas de la economía de bajos salarios.

Aplicación del modelo de Kosovo

En febrero de 2003, Washington anunció la designación de James Foley como embajador en Haití. Foley había sido vocero del Departamento de Estado en el gobierno de Clinton, durante la guerra de Kosovo. Antes había tenido un cargo en la sede de la OTAN en Bruselas. En anticipación a la operación apoyada por la CIA, fue transferido a Puerto Príncipe en septiembre de 2003, proveniente de un prestigiado puesto diplomático en Ginebra, donde era delegado suplente de la misión a la oficina europea de Naciones Unidas. Vale la pena recordar la participación del embajador Foley en apoyo al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) en 1999.

Se ha documentado ampliamente que el ELK era financiado por dinero del narcotráfico y apoyado por la CIA. En meses anteriores a la invasión realizada por la OTAN en 1999, y en los posteriores, el ELK participó en asesinatos políticos y matanzas de civiles. Después de la invasión y ocupación de Kosovo, fue transformado en la Fuerza de Protección de Kosovo (FPK), bajo el patrocinio de la ONU.

En vez de desarmarla para prevenir matanzas de civiles, se concedió estatuto político legítimo a una organización vinculada con el crimen organizado y con el tráfico de drogas en los Balcanes.

En la época de la guerra de Kosovo, el actual embajador en Haití estaba a cargo de los informes del Departamento de Estado y trabajaba en estrecha colaboración con su contraparte de la OTAN en Bruselas, Jamie Shea. Escasos dos meses antes del lanzamiento de la guerra, el 24 de marzo de 1999, James Foley había convocado a la "transformación" del ELK en una organización política respetable: "Queremos desarrollar una buena relación con ellos (el ELK) a medida que se transforman en una organización orientada a la política... Creemos que contamos con mucha asesoría y apoyo que podemos darles si se convierten precisamente en el actor político que deseamos... Si podemos ayudarlos y quieren que los ayudemos en ese proceso de transformación, me parece que es algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo..." (Citado en el New York Times, 02/02/1999).

Como secuela de la invasión se instauró un autoproclamado gobierno kosovar, compuesto por el ELK y el Movimiento de Unión Democrática, coalición de cinco partidos de oposición a la Liga Democrática de Rugova. Además del cargo de primer ministro, el ELK controlaba los ministerios de finanzas, orden público y defensa. La posición del Departamento de Estado, según se expresa en la declaración de Foley, era que "no se permitiría (al ELK) continuar como fuerza militar, pero tendría oportunidad de avanzar en su procuración de un autogobierno dentro de un contexto diferente", lo cual significaba la creación de una narcodemocracia de facto bajo protección de la OTAN.

Con relación al tráfico de drogas, Kosovo y Albania ocupan posición similar a la de Haití: constituyen un "punto de confluencia" en el tránsito de narcóticos provenientes de la Media Luna Dorada a través de Irán y Turquía hacia Europa occidental. A la vez que cuenta con el apoyo de la CIA, del Bundes Nachrichten Dienst (BND) de Alemania y de la OTAN, el ELK tiene vínculos con la mafia albanesa y con sindicatos del crimen involucrados en el narcotráfico.

¿Es éste el modelo para Haití, formulado en 1999 por el actual embajador estadunidense en ese país, James Foley?

Para la CIA y el Departamento de Estado, el FLRN y Guy Phillippe son a Haití lo que el ELK y Hashim Thaci son para Kosovo. En otras palabras, el designio de Washington es el "cambio de régimen": derrocar al gobierno de Lavalas e instalar un gobierno títere de Estados Unidos, integrado por la Plataforma Democrática y el autoproclamado Frente para la Liberación y la Reconstrucción Nacional (FLRN), cuyos líderes son ex terroristas de los tonton macoutes y el FRAPH. Estos últimos pretenden integrar un "gobierno de unidad nacional" junto con los líderes de Convergencia Democrática y el Grupo de las 184 Organizaciones de la Sociedad Civil encabezado por Andy Apaid. De manera más específica, el FLRN, encabezado por Guy Phillippe, se propone reconstruir las fuerzas armadas haitianas que fueron desbandadas en 1995. Es decir, lo que está en juego es un eventual arreglo para compartir el poder entre los diversos grupos de oposición y los sublevados apoyados por la CIA, que tienen vínculos con el narcotráfico procedente de Colombia vía Haití hacia Florida. La protección de este trasiego está considerada en la formación de un nuevo narcogobierno que servirá a los intereses estadunidenses.

Puede que se evalúe un desarme simulado de los sublevados bajo supervisión internacional, como ocurrió con el ELK en Kosovo en 2000. Los "ex terroristas" podrían ser integrados entonces a la policía civil, así como a la tarea de reconstruir el ejército haitiano bajo supervisión de Estados Unidos.

Lo que este escenario sugiere es que las estructuras terroristas de la era Duvalier se han restaurado. Ya está en marcha un programa de matanzas de civiles y asesinatos políticos, dirigido contra los partidarios de Lavalas. En otras palabras, si Washington en verdad estuviera motivado por consideraciones humanitarias, ¿por qué, entonces, financia y apoya a los escuadrones de la muerte del FRAPH? Su objetivo no es prevenir matanzas de civiles: conforme al modelo de previas operaciones orquestadas por la CIA (Guatemala, Indonesia, El Salvador), se ha soltado a los escurones de la muerte para asesinar a partidarios de Aristide seleccionados.

El negocio del narcotráfico

El presidente Jean Bertrand Aristide antes de partir a la Cumbre de las Américas el 12 de enero de 2004 FOTO AFP

Mucho de este negocio de envío tiene como destino Miami, que también constituye un paraíso para el reciclaje de dinero sucio en inversiones de buena fe, por ejemplo en bienes raíces y otras actividades conexas.

La evidencia confirma que la CIA protegía este negocio durante la era Duvalier, así como durante la dictadura militar (1991-1994). En 1987 el senador John Kerry, como presidente del subcomité sobre narcóticos, terrorismo y operaciones internacionales del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, recibió el encargo de realizar una investigación a fondo, la cual se enfocó en los nexos entre la CIA y el narcotráfico, inclusive el lavado de dinero de las drogas para financiar sublevaciones armadas. El reporte Kerry, publicado en 1989, si bien centraba su atención en el financiamiento a los contras nicaragüenses, incluía una sección sobre Haití: "Kerry había recopilado información detallada sobre el tráfico de drogas realizado por los gobernantes militares de Haití, la cual condujo a que se presentaran cargos formales contra el teniente coronel Jean Paul en Miami, en 1998. La acusación puso en vergüenza a los militares haitianos, en especial porque Paul se negó a rendirse a las autoridades estadunidenses. En noviembre de 1989, el coronel Paul fue hallado muerto después de haber consumido un regalo de buena voluntad tradicional en Haití: un tazón de sopa de calabaza (...) El Senado estadunidense también escuchó testimonios en 1988 de que el entonces ministro del Exterior, el general William Regala, y su oficial de enlace de la CIA protegían y supervisaban embarques de cocaína. El testimonio también sostenía que el entonces comandante militar haitiano, el general Henry Namphy, aceptaba sobornos de traficantes colombianos a cambio de concederles derechos de desembarco a mediados del decenio de 1980. En 1989 otro golpe militar llevó al poder al teniente general Prosper Avril... De acuerdo con un testigo ante el subcomité del senador Kerry, Avril es de hecho un protagonista importante en el papel de Haití como punto de tránsito para el comercio de cocaína." (Paul DeRienzo, "Haiti's Nightmare: The Cocaine Coup & the CIA Connection", Global Research, abril de 1994.)

Jack Burn, quien era consejero especial de Kerry, apunta a la complicidad de oficiales estadunidenses en una declaración de 1996 al comité selecto del Senado sobre inteligencia en materia de narcotráfico y de la guerra de los contras: "En Haití... nuestras fuentes de inteligencia en el ejército haitiano han entregado sus instalaciones a los traficantes de drogas. En vez de presionar a los corruptos líderes militares, los defendemos. Nos apretamos la nariz y miramos al otro lado mientras ellos y sus amigos criminales de Estados Unidos distribuían cocaína en Miami, Filadelfia y Nueva York."

Haití no sólo permanece en el centro del tráfico de drogas, sino que éste ha crecido marcadamente del decenio de 1980 a la fecha. La actual crisis tiene relación con el papel del país en el narcotráfico. Washington quiere un gobierno haitiano obediente que proteja las rutas del narcotráfico que van de Colombia a Florida a través de Haití.

El flujo de narcodólares -el cual sigue siendo la principal fuente de divisas para el país- se utiliza para el pago de la creciente deuda externa, y por consiguiente sirve también a los intereses de los acreedores internacionales. En este aspecto, la liberalización del mercado de divisas extranjeras impuesta por el FMI ha abierto (pese al compromiso formal de las autoridades de combatir el narcotráfico) una avenida conveniente para el lavado de narcodólares en el sistema bancario doméstico. Este flujo, junto con las remesas que envían de buena fe los haitianos residentes en el exterior, se deposita en el sistema bancario comercial y se convierte en moneda local. El dinero extranjero procedente de esos influjos puede entonces ser reciclado hacia al Tesoro, donde se utiliza para cumplir las obligaciones del servicio de la deuda.

Haití, sin embargo, recibe un porcentaje muy pequeño del ingreso total de divisas extranjeras producto de este lucrativo contrabando. La mayoría de las ganancias va hacia los intermediarios criminales del narcotráfico al mayoreo y al menudeo, a las agencias de inteligencia que lo protegen y a las instituciones bancarias y financieras en las que se lava el dinero procedente de esta actividad criminal.

Los narcodólares se canalizan también a cuentas bancarias privadas en numerosos paraísos fiscales (controlados por los grandes bancos e instituciones financieras occidentales). También se invierten en cierto número de instrumentos financieros, como fondos de ahorro de trabajadores y transacciones en el mercado de valores. Los principales bancos y casas de bolsa de Wall Street y europeos lavan miles de millones de dólares del narcotráfico. Además, la expansión de la reserva federal estadunidense, denominada en dólares, incluida la impresión de miles de millones de dólares en billetes para propósitos de narcotransacciones, constituye una ganancia para la Reserva Federal y las instituciones bancarias privadas que la forman, de las cuales la más importante es el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

En otras palabras, el establishment financiero de Wall Street, que desempeña un papel tras bambalinas en la formulación de la política exterior estadunidense, tiene un velado interés por retener el control del narcotráfico haitiano mientras se instala una narcodemocracia confiable en Puerto Príncipe que pueda proteger con efectividad las rutas de envío de droga.

Debe hacerse notar que desde el advenimiento del euro como divisa global, una porción significativa del negocio de narcóticos se realiza en euros y no en dólares. Sin embargo, el tráfico de cocaína en América Latina, que comprende el envío a través de Haití, se realiza en su mayor parte en dólares.

Manipulación de los medios

En las semanas anteriores al golpe de Estado, los medios han enfocado su atención sobre las "bandas armadas" y "hordas" partidarias de Aristide, sin ofrecer información para entender el papel de los sublevados del FLRN.

Silencio ensordecedor: ni una palabra se mencionó en las declaraciones oficiales y las resoluciones de la ONU respecto de la naturaleza del FLRN. No debe sorprender: el embajador estadunidense en Naciones Unidas (el que se sienta en el Consejo de Seguridad), John Negroponte, tuvo un papel clave en los escuadrones de la muerte financiados por la CIA en Honduras en el decenio de 1980, cuando era embajador en ese país.

Los alzados del FLRN son una fuerza extremadamente bien equipada y entrenada. El pueblo haitiano sabe quiénes son. Son ex tonton macoutes de la era duvalierista y ex asesinos del FRAPH. Los medios occidentales guardan silencio al respecto, y culpan de la violencia al presidente Aristide. Y aun cuando llegan a reconocer que el Ejército de Liberación está formado por escuadrones de la muerte, no examinan las principales implicaciones de esa declaración ni mencionan que esos escuadrones son creación de la CIA y de la Agencia de Inteligencia del Ejército estadunidense.

El New York Times ha reconocido que la sociedad civil "no violenta" colabora de hecho con los escuadrones "acusados de matar a miles", pero lo describe como un hecho "accidental". No se proporciona contexto histórico. Todo lo que se nos dice de los líderes de esos escuadrones es que han establecido una "alianza" con los chicos buenos "no violentos" que pertenecen a la "oposición política", y que todo se hace en nombre de una causa buena y valiosa, que es derrocar al presidente electo y "restaurar la democracia".

Nada hay de espontáneo o "accidental" en los ataques de los grupos armados ni en la "alianza" entre el líder de los escuadrones de la muerte, Guy Phillippe, y Andy Apaid, propietario de las principales maquiladoras explotadoras del país y líder del G-184.

Wilson Cervilus, de ocho años de edad, observa el incendio que causó un pelotón de rebeldes el 11 de febrero de 2004 FOTO AFP

Tanto los grupos armados como sus contrapartes civiles "no violentas" participaron en la conjura para derrocar al presidente. André Apaid estuvo en contacto con Colin Powell en las semanas anteriores al golpe; Guy Phillippe y Toto Emmanuel Constant tienen nexos con la CIA; hay indicios de que Phillippe y el líder político del Frente de Resistencia Revolucionaria Artibonita, Winter Etienne, estuvieron ligados con oficiales estadunidenses.

Aun cuando EU declaró en repetidas ocasiones que sostendría a un gobierno constitucional, el remplazo de Aristide por un individuo más obediente siempre ha formado parte de la agenda del gobierno de Bush.

El 20 de febrero, el embajador John Foley convocó a una reunión a cuatro militares expertos del Comando Sur estadunidense, con sede en Miami. Oficialmente su mandato era "evaluar amenazas a la embajada y a su personal". Ya hay fuerzas especiales de EU en Haití. Washington había anunciado que tres navíos estadunidenses "estaban en preparación para ir a Haití como medida precautoria". El Salpan está equipado con aviones de combate Harrier de despegue vertical y helicópteros de ataque. Los otros dos son el Oak Hill y el Trenton. Unos 2 mil 200 marines de la Unidad Expedicionaria 24, de Campo Lejeune, Carolina del Norte, podrían ser enviados a Haití en cuestión de horas, según Washington. Sin embargo, con la partida del presidente Aristide, Washington no tiene intención de desarmar al ejército paramilitar sublevado, que ahora debe formar parte de la "transición". En otras palabras, el gobierno de Bush no actuará para prevenir matanzas y asesinatos políticos de partidarios de Lavalas y de Aristide.

Inútil decir que los medios occidentales no han analizado para nada los antecedentes históricos de la crisis haitiana. No se ha mencionado el papel desempeñado por la CIA. La llamada "comunidad internacional", que afirma estar comprometida con la gobernabilidad y la democracia, ha cerrado los ojos ante la matanza de civiles por un ejército paramilitar patrocinado por EU. Los "líderes rebeldes", que eran comandantes de los escuadrones de la muerte del FRAPH en la década de 1990, son ahora presentados en los medios estadunidenses como voceros opositores de buena fe. Entre tanto se culpa al depuesto presidente de haber "empeorado la situación social y económica". Esa situación es atribuible en gran medida a las devastadoras reformas impuestas por el FMI del decenio de 1980 en adelante. Funcionarios de alto nivel de los gobiernos de André Prevail y de Aristide fueron obedientes a los dictados del Fondo. Pese a esa obediencia, Aristide estaba fue puesto en la lista negra y satanizado por Washington.

La militarización del Caribe

Washington busca reinstalar a Haití como colonia estadunidense con todas las apariencias de una democracia en funciones. El objetivo es imponer un régimen títere en Puerto Príncipe y establecer una presencia militar permanente de Estados Unidos en Haití. El objetivo final del gobierno de EU es militarizar la zona del Caribe.

La isla de La Española es puerta de entrada a la región, ubicada estratégicamente entre Cuba, al noroeste, y Venezuela, al sur. La militarización de la isla, con el establecimiento de bases estadunidenses, no sólo pretende ejercer presión política sobre Cuba y Venezuela. También tiene el propósito de proteger el multimilonario tráfico de las drogas producidas en Colombia, Perú y Bolivia a través de Haití.

La militarización del Caribe es, en ciertos aspectos, similar a la impuesta por Washington en la región andina de Sudamérica dentro del Plan Colombia, rebautizado como Iniciativa Andina. Este último constituye la base para la militarización de los yacimientos de petróleo y gas, así como de las rutas de gasoductos y corredores de transporte. Y también protege el narcotráfico.

(* ) Este artículo comenzó a escribirse en los días anteriores a la salida del presidente Jean Bertrand Aristide de Haití, y se completó con posterioridad a ella.

Fuente: diario La Jornada, de México D.F., México; 6 de marzo de 2004.