Un conjunto numeroso y creciente de empresas que entraron en quiebra o cesación de pagos en los últimos dos o tres años se encuentran hoy ocupadas y conducidas por cooperativas o meras sociedades de hecho de sus empleados y obreros.

En algunos casos, la ocupación se produjo de facto, sin la anuencia de los propietarios ni la autorización de un juez. Los casos más notorios fueron los de Textil Brukman y Cerámica Zanón. En otros casos fue el propio juez interviniente en el concurso o la quiebra quien dispuso el arrendamiento de las instalaciones a cooperativas de trabajadores. Más recientemente se han dado casos de expropiación por parte de gobiernos provinciales o municipales, para entregar las fábricas luego a los trabajadores.

Hay actualmente alrededor de 120 empresas que se encuentran en la situación de "recuperadas", aunque muchas de ellas no han logrado retomar su actividad productiva. La gama de casos es diversa. Hay industrias textiles, alimenticias, de electrodomésticos, clínicas y de otros sectores. También es diversa la situación y la viabilidad de estas fábricas para seguir produciendo. Algunas contaban inicialmente con materias primas y capital de trabajo, otras no pueden despegar por carecer de ellos y, además, por no ser elegibles para recibir financiamiento. Hay empresas que fueron víctimas de la inescrupulosidad de sus dueños y existen otras que no pudieron hacer frente a un escenario que requería de enorme capacidad competitiva para afrontar el impacto recesivo de los últimos años.

En algunos casos el propio gobierno expropiante ha facilitado el dinero por sí o presionando sobre la banca oficial. Se estima que el monto de fondos públicos aplicados a empresas "recuperadas" es del orden de 60 millones de pesos.

Es altamente probable que tanto el número de casos como las sumas aplicadas continúen creciendo. El tratamiento oficial y judicial dado a las situaciones anteriores induce a reclamar un tratamiento similar toda vez que una empresa entra en falencia. El trauma doloroso de la pérdida de fuentes de trabajo lleva naturalmente a intentar apoyos políticos y acciones oficiales. Son comunes las tomas y las manifestaciones en la vía pública.

Los jueces no escapan de las presiones y buena parte de ellos dan curso a soluciones que, aunque no sean sostenibles ni atiendan a una conveniencia general, descomprimen las presiones inmediatas. Por estas mismas razones no se penalizan los actos de usurpación. Luego del desalojo de Brukmann, prácticamente no se ha empleado la fuerza pública para desocupar plantas tomadas.

Una de las condiciones para que el sistema capitalista funcione y permita el aumento de la productividad y el progreso es que nuevos emprendimientos sustituyan con ventaja a las empresas que ya han quedado obsoletas o que no son competitivas por otras razones. Una adecuada ley de quiebras es la que permite que en los casos en que la falencia no se debió a los medios físicos aplicados sino a su mala gestión, los activos puedan ser adquiridos por nuevos y más eficientes empresarios y retomen su actividad.

Con la misma idoneidad, el proceso concursal debe conducir al uso alternativo de los edificios y al desguace de las maquinarias si éstas ya no tienen valor alguno como empresa en marcha. Esta es la "destrucción creativa" que describió Joseph Schumpeter en su teoría del desarrollo económico .

El salvataje de empresas que no son viables lleva a sostener malos empleos sin perspectivas de progreso social o a una utilización ineficiente de los fondos públicos o bien a tener que apelar a una "protección" que encarece los bienes producidos. Es preferible aplicar fondos públicos a subsidiar el desempleo o a tareas civiles de interés ciudadano. Al menos de esta manera no se perpetuarán las pérdidas ni se impedirá el reemplazo de empresas improductivas por nuevos productores más eficientes.

Estos salvatajes son aún menos recomendables en momentos en que nuestro gobierno está enfrentando el desafío de salir del default y no logra proyectar un superávit primario suficiente para proponer condiciones de pago aceptables para los acreedores.

No se registran críticas de los acreedores ni de otros gobiernos por las fuertes erogaciones en planes sociales que hoy tienden a paliar una grave emergencia ocupacional y alimentaria, pero en cambio hay objeciones por los gastos innecesarios o inconducentes que en algunos casos podrían estar detrás de un rédito político.

La Justicia debe revisar urgentemente su actitud frente a las ocupaciones de empresas. Los jueces deben aplicar criterios bien fundados tanto jurídica como económicamente, antes de disponer la continuidad de las operaciones de empresas quebradas y aparentemente inviables. En caso de que ello sea conveniente, deben privilegiar la venta competitiva de los activos a empresarios solventes y experimentados o bien a cooperativas de trabajadores, cuidando que estos grupos no se transformen en privilegiados que gozan del favor estatal. Esto es lo más conveniente para los propios trabajadores, para todos los contribuyentes y, por lo tanto, también para el país.

Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina. Editorial del 4 de marzo de 2004.