Un conjunto numeroso y creciente de empresas que entraron en quiebra o
cesación de pagos en los últimos dos o tres años se encuentran hoy ocupadas y
conducidas por cooperativas o meras sociedades de hecho de sus empleados y
obreros.
En algunos casos, la ocupación se produjo de facto, sin la anuencia de los
propietarios ni la autorización de un juez. Los casos más notorios fueron los de
Textil Brukman y Cerámica Zanón. En otros casos fue el propio juez interviniente
en el concurso o la quiebra quien dispuso el arrendamiento de las instalaciones
a cooperativas de trabajadores. Más recientemente se han dado casos de
expropiación por parte de gobiernos provinciales o municipales, para entregar
las fábricas luego a los trabajadores.
Hay actualmente alrededor de 120 empresas que se encuentran en la situación
de "recuperadas", aunque muchas de ellas no han logrado retomar su actividad
productiva. La gama de casos es diversa. Hay industrias textiles, alimenticias,
de electrodomésticos, clínicas y de otros sectores. También es diversa la
situación y la viabilidad de estas fábricas para seguir produciendo. Algunas
contaban inicialmente con materias primas y capital de trabajo, otras no pueden
despegar por carecer de ellos y, además, por no ser elegibles para recibir
financiamiento. Hay empresas que fueron víctimas de la inescrupulosidad de sus
dueños y existen otras que no pudieron hacer frente a un escenario que requería
de enorme capacidad competitiva para afrontar el impacto recesivo de los últimos
años.
En algunos casos el propio gobierno expropiante ha facilitado el dinero por
sí o presionando sobre la banca oficial. Se estima que el monto de fondos
públicos aplicados a empresas "recuperadas" es del orden de 60 millones de
pesos.
Es altamente probable que tanto el número de casos como las sumas aplicadas
continúen creciendo. El tratamiento oficial y judicial dado a las situaciones
anteriores induce a reclamar un tratamiento similar toda vez que una empresa
entra en falencia. El trauma doloroso de la pérdida de fuentes de trabajo lleva
naturalmente a intentar apoyos políticos y acciones oficiales. Son comunes las
tomas y las manifestaciones en la vía pública.
Los jueces no escapan de las presiones y buena parte de ellos dan curso a
soluciones que, aunque no sean sostenibles ni atiendan a una conveniencia
general, descomprimen las presiones inmediatas. Por estas mismas razones no se
penalizan los actos de usurpación. Luego del desalojo de Brukmann, prácticamente
no se ha empleado la fuerza pública para desocupar plantas tomadas.
Una de las condiciones para que el sistema capitalista funcione y permita el
aumento de la productividad y el progreso es que nuevos emprendimientos
sustituyan con ventaja a las empresas que ya han quedado obsoletas o que no son
competitivas por otras razones. Una adecuada ley de quiebras es la que permite
que en los casos en que la falencia no se debió a los medios físicos aplicados
sino a su mala gestión, los activos puedan ser adquiridos por nuevos y más
eficientes empresarios y retomen su actividad.
Con la misma idoneidad, el proceso concursal debe conducir al uso alternativo
de los edificios y al desguace de las maquinarias si éstas ya no tienen valor
alguno como empresa en marcha. Esta es la "destrucción creativa" que describió
Joseph Schumpeter en su teoría del desarrollo económico .
El salvataje de empresas que no son viables lleva a sostener malos empleos
sin perspectivas de progreso social o a una utilización ineficiente de los
fondos públicos o bien a tener que apelar a una "protección" que encarece los
bienes producidos. Es preferible aplicar fondos públicos a subsidiar el
desempleo o a tareas civiles de interés ciudadano. Al menos de esta manera no se
perpetuarán las pérdidas ni se impedirá el reemplazo de empresas improductivas
por nuevos productores más eficientes.
Estos salvatajes son aún menos recomendables en momentos en que nuestro
gobierno está enfrentando el desafío de salir del default y no logra proyectar
un superávit primario suficiente para proponer condiciones de pago aceptables
para los acreedores.
No se registran críticas de los acreedores ni de otros gobiernos por las
fuertes erogaciones en planes sociales que hoy tienden a paliar una grave
emergencia ocupacional y alimentaria, pero en cambio hay objeciones por los
gastos innecesarios o inconducentes que en algunos casos podrían estar detrás de
un rédito político.
La Justicia debe revisar urgentemente su actitud frente a las ocupaciones de
empresas. Los jueces deben aplicar criterios bien fundados tanto jurídica como
económicamente, antes de disponer la continuidad de las operaciones de empresas
quebradas y aparentemente inviables. En caso de que ello sea conveniente, deben
privilegiar la venta competitiva de los activos a empresarios solventes y
experimentados o bien a cooperativas de trabajadores, cuidando que estos grupos
no se transformen en privilegiados que gozan del favor estatal. Esto es lo más
conveniente para los propios trabajadores, para todos los contribuyentes y, por
lo tanto, también para el país.
Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina.
Editorial del 4 de marzo de 2004.