Sólo ahora, cuando todavía no se han apagado los sangrientos disturbios en Haití y las convulsiones en Venezuela están al borde de otro punto de ebullición, el mundo comienza a percatarse de lo que pasa en América latina. Hay excepciones, pero el contrapunto entre, por un lado, la representación política inscripta en la idea del Estado de Derecho y, por otro, las rebeliones, entendidas por quienes las practican como el método principal de acceso al poder, no decrece y amenaza con cobrar nuevas víctimas.

Este escenario no deriva solamente del escaso interés de los Estados Unidos por constituir en América latina una comunidad de naciones democráticas, sino también de un conjunto de factores internos que no aceptan la legitimidad de lo que hemos llamado una "democracia de medios". Si el camino para llegar al gobierno en una democracia debe estar acotado por la ley, ¿cómo hacer compatible dicha idea con la acción directa de aquellos que quieren apropiarse del espacio público para hacer valer sus reivindicaciones? Este es, en suma, el poder de la calle.

En nuestro país este contrapunto tiene especial relieve, por dos motivos. Primero, porque está muy presente en nuestra memoria el lacerante derrocamiento de Fernando de la Rúa. Segundo, porque en el diseño de nuestra política -a partir de la asunción de Kirchner y de la emergencia hegemónica del justicialismo- late un conflicto entre el poder del Gobierno y el poder de la calle. Esta situación deriva, en parte, de la declinación de la oposición legal (UCR, ARI, Recrear, etc.), que no atina aún a encontrar el papel que le cabe desempeñar.

Se explican estas dudas. En algún momento, la oposición llegará (hay un dualismo inherente a la dinámica de la democracia que nos conducirá a ello); pero el problema reside en elucidar si esa tendencia cobrará cuerpo en el sistema de partidos o en un conjunto de movimientos sociales (piqueteros, sindicalistas como Hugo Moyano, dedicados a controlar rutas y canales de abastecimiento, o grupos clientelísticos que, en determinada ocasión, decidan presionar para obtener mayores favores).

Lo más probable es que ambos actores, los partidos y los movimientos sociales, actúen en forma paralela. No obstante, en una democracia adquieren significado predominante aquellos capaces de determinar el conflicto más importante. Hoy, por ejemplo, los piqueteros no gozan del apoyo mayoritario en las encuestas; tampoco los sindicalistas que imponen su diktat a través de la prepotencia. Sin embargo, el hecho de esta caída en las preferencias del público no invalida ni su presencia ni su potencial para poner al Gobierno ante el dilema de la negociación permanente o la restauración lisa y llana del orden.

De aquí la importancia crucial que adquiere la configuración actual del justicialismo. Luego de la experiencia electoral del año pasado, el Partido Justicialista reúne en su seno tres atributos: la amnesia con respecto al pasado inmediato, como si la deuda no la hubiesen producido miembros del mismo partido; una retórica de autonomía nacional frente a la rapiña externa teñida de pragmatismo (el discurso del Presidente en el Congreso, el lunes, es un modelo en este género), y, por fin, un conjunto de agrupamientos internos, ya organizados o en vías de formación, de los cuales depende la gobernabilidad.

El Partido Justicialista es hoy una coalición de gobernantes. El poder de la calle es, en cambio, una manifestación laxa de un nuevo tipo de oposición. Para sobrevivir electoralmente, el justicialismo depende de los resultados de las políticas públicas (sobre todo, en el campo económico) y del clientelismo. El poder de la calle, por su parte, depende de la administración de planes sociales y de otro tipo de apoyos que los manifestantes puedan recibir para pasar de la acción contestataria al comportamiento moderado. Paradójicamente, el círculo se cierra porque tanto unos como otros -el poder del Gobierno y el de la calle- dependen del combustible financiero que emana de las arcas del Estado.

El clientelismo y la "contención" (palabra hoy de moda) de los piqueteros cuestan dinero. Pero no se trata del dinero que se invierte según el modelo de un Estado social de Derecho, con seguro universal de desocupación según períodos limitados de tiempo, sino del dinero propio de un Estado populista con sus redes clientelísticas bien aceitadas tanto en el plano nacional como en los órdenes provincial y municipal.

El gran desafío que se le plantea al gobierno de Kirchner, más allá del omnipresente tema del default, consiste, precisamente, en poner en marcha el pasaje entre uno y otro tipo de Estado. Esta, como dijimos en una nota anterior con relación a la coparticipación federal, es también otra de las leyes fundamentales que el país exige. Basta de clientelismo. Esa tradición no puede seguir reproduciéndose, so pena de seguir fabricando unos bloqueos institucionales que abarcan el país entero, desde los municipios del Gran Buenos Aires (algunos, pese a todo, razonablemente administrados) hasta los turbios establos públicos de Santiago del Estero.

Queda, pues, pendiente una tarea mayor. Si, aparentemente, la economía se ha reactivado y la penuria fiscal se ha recuperado en el corto plazo, con la reforma del Estado -concebida de acuerdo con una visión universal del bien común de la República- se ha hecho poco y nada. Su formato, mejor financiado sin duda, sigue igual. ¿No habrá llegado el momento de inspirar una ética reformista que permita aplicar una parte de nuestro abundante superávit fiscal a esta impostergable tarea? Se pueden crear fondos anticíclicos para capear mejor el aguacero cuando se desatan tormentas externas, y también se pueden establecer fondos de reconstrucción pública que, de una vez por todas, echen las bases de una democracia de mejor calidad pública.

Tal vez en este difícil emprendimiento radique una de las posibilidades más fecundas para los partidos de oposición (sobre todo para aquellos que no tienen compromisos adquiridos con la administración inmediata del Estado, en sus tres niveles). No es sencillo hacerlo: requiere sistematización de los datos, una concepción global de lo que se quiere hacer y una ascética, para no dejarse captar por la vieja estrategia peronista de incorporar en su seno a un variopinto grupo de antiguos opositores. Esta actitud no sólo responde a un regeneracionismo de viejo cuño, aferrado con convicción a los principios. Responde, asimismo, a la necesidad de contar en el país con un capital humano de reserva .

La dignidad del Estado no se recupera con meras palabras: se construye, paso a paso, levantando instituciones. Si esa mediación no logra establecerse, el contrapunto entre el poder del Gobierno y el poder de la calle, ambos alimentados por el clientelismo, seguirá haciendo de las suyas. Y no quiero pensar qué ocurriría si el gran amortiguador de este esquema -el ciclo económico favorable que viene del exterior- pierde el vigor que ha demostrado tener hasta el momento.

Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina; 4 de febrero de 2004.