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Asunto:NoticiasdelCeHu 1282/03 - El otro "porteñazo"
Fecha:Sabado, 20 de Diciembre, 2003  01:18:52 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

Fiesta

NCeHu 1282/03

1982 - 2003
El otro "porteñazo", dos décadas después

Pablo Rieznik

 

El levantamiento popular que tumbó a De la Rúa cerró también una etapa política de dos largas décadas, cuyo punto de partida fue otro enorme "porteñazo". Fue el 30 de marzo de 1982, cuando miles de trabajadores y la juventud coparon el centro de la Capital Federal, enfrentaron la represión y batallaron en las calles aledañas a la Plaza de Mayo, acompañando una huelga general de la CGT. Era el fin del régimen impuesto el 24 de marzo de 1976, que también tenía lugar en el contexto de una enorme bancarrota económica-financiera. El mayor antecedente, con toda seguridad, del colapso que se produciría veinte años más tarde.

En jaque por sus propias contradicciones y por las tendencias a la revuelta popular, la dictadura se lanzó inmediatamente a la invasión de las Malvinas. Por eso mismo, el 30 de marzo de 1982 debe ser rescatado como una de las grandes gestas de la lucha popular. La versión de que la dictadura se cayó como consecuencia de su propia descomposición, sin que los trabajadores y el pueblo atinaran a enfrentarla, es una suerte de "historia oficial".

 

Así nació la "democracia"

Los partidos populares de la burguesía habían sido cómplices del golpe que instaló a Videla en 1976. El PJ, la UCR y también el Partido Socialista colaboraron con el régimen desde el aparato estatal y con la designación de intendentes; pretendían usufructuar la prometida "institucionalización" de la dictadura. Tampoco eludieron recalar en algunas embajadas. Condenaban los "excesos" del genocidio y se presentaban como una suerte de reserva moral de la república.

El derrumbe del régimen fascistoide revivió al cadáver político de la democracia. Los demócratas salieron a reunir multitudes para celebrar su retorno. Para esta tarea contaron con la colaboración decisiva de la (reconvertida) izquierda "setentista".

La Juventud Peronista y los Montoneros se encolumnaron detrás de la dirección reaccionaria y clerical del peronismo. Otros, ex-guerilleros y clasistas, recalaron en las trincheras del Partido Intransigente. Trabajaron por el "tránsito ordenado" de la dictadura a la "democracia". Así, el régimen militar subsistió durante más de un año luego del porteñazo del ‘82 y del tiro de gracia que significó la aventura de Malvinas.

A la fiesta de la época no faltó nadie. Los futuros componentes de Izquierda Unida brindaban por la "revolución democrática". El ex MAS, con Luis Zamora, se presentaba como el socialismo de los Felipe González y Mitterrand. El PC convocaba actos masivos para votar al candidato derechista del PJ, Italo Luder.

La emergencia del Partido Obrero y sus candidatos en 1983 fue la única referencia política extraña a esta borrachera democratizante. Es decir, al embellecimiento de un operativo cuyo propósito era evitar el derrocamiento de la dictadura por la acción de las masas y arrastrarlas detrás de una salida electoral que preservara las bases sociales y políticas del propio régimen de criminales uniformados. Rodríguez Saá, Duhalde y Kirchner no fueron los primeros usurpadores políticos en las dos últimas décadas de derrumbe capitalista. La usurpación ha sido la regla; la legitimidad político-electoral, una rara excepción.

 

El agotamiento inevitable

Precisamente porque no alteró sino que preservó los fundamentos sociales del régimen de los explotadores, la democracia radical-peronista se caracteriza por su contenido histórico reaccionario, y por la misma razón se fue hundiendo sin prisa ni pausa en el pantano de las propias contradicciones capitalistas. Es posible que la historia, como se ha dicho, progrese con "bárbara lentitud"; en todo caso, el Argentinazo maduró a fuego lento. Desde las manifestaciones populares contra los Puntos Finales y Obediencias Debidas en la década de los ‘80, hasta los levantamientos obreros y populares contra el peronismo encabezado por Menem. Desde las movilizaciones de principios de los ‘90 contra las privatizaciones, hasta el Santiagueñazo del ‘93 y los salteñazos y cutralcazos.

El Argentinazo del 2001 es el resultado de todo este desarrollo histórico. Lo cual explica que el signo político de las masas populares que ocupan las plazas y calles del país sea tan diferente al de las masas que recuperaron las calles veinte años atrás. Ahora, el pueblo enfrenta a esos mismos partidos populares de la burguesía que se proclamaron definitivamente triunfantes en el ‘82. La decadencia histórica de la UCR y el PJ, que arrastran entre ambos un siglo y medio de existencia, ha llegado al estadio de una descomposición terminal. La consigna popular "nunca volverán", referida a los militares, ha dado paso a otra: "sin radicales y sin peronistas vamos a vivir mejor".

En el ‘80, Alfonsín justificó la política de compromiso de todos los partidos capitalistas con la dictadura moribunda, con la afirmación de que no estábamos frente "a ninguna Revolución Francesa"; que no había habido una "toma de la Bastilla", ni mucho menos del Palacio de Invierno. Las contradicciones de todos esos compromisos, en primer lugar con el FMI, los acreedores internacionales y la gran burguesía nacional, derrumban a los demócratas. Por otro lado, madura una revolución en los piqueteros, las asambleas populares, los sindicatos en lucha, las fábricas ocupadas.

 

Argentina piquetera

El Argentinazo ha sido la parte visible de todo un desarrollo de la lucha de clases. Es el resultado de una experiencia colectiva de mucho tiempo. Quienes no supieron prever este resultado quedaron deslumbrados por la sorpresa e incapacitados para explicarlo. De aquí salió la especie del "espontaneísmo", que no explica nada.

Dos décadas de "democracia" muestran que para "que se vayan todos" es necesaria una alteración política del régimen y una mutación social de conjunto: la destrucción de la maquinaria estatal de los estafadores "democráticos" y la gestión político-social de los trabajadores.


Fuente: Prensa Obrera 830, del 18 de diciembre de 2003.