Inicio > Mis eListas > humboldt > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 2201 al 2220 
AsuntoAutor
1076/03 - Geograph Humboldt
1077/03 - Urbaniza Humboldt
1078/03 - Después Humboldt
1082/03 - El neoli Humboldt
1081/03 - About Sr Humboldt
1080/03 - Studying Humboldt
1079/03 - PROGRAMA Humboldt
1083/03 - II Confe humboldt
1084/03 - III TALL humboldt
1087/03 - Foro sob humboldt
249/03 - Dear Lati humboldt
Urbanización y Sis
1088/03 - Studying humboldt
1089/03 - Algo sob humboldt
1090/03 - Las etap Humboldt
1091/03 - INTEGRAC Humboldt
1092/03 - Octubre, Humboldt
1093/03 - El país Humboldt
1094/03 - Frente a Humboldt
1095/03 - "Goni" c Humboldt
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
Noticias del Cehu
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 2399     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:NoticiasdelCeHu 1078/03 - Después de la Dictadura
Fecha:Miercoles, 22 de Octubre, 2003  13:16:32 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

 
NCeHu 1078/03
 

 

Después de la Dictadura.

Veinte años de neoliberalismo y democracia formal en Argentina.

 

 

Autor: Jorge Osvaldo Morina (División Geografía-UNLu/CeHu)

 

 

Resumen:

 

En esta ponencia se realiza un análisis explicativo-interpretativo de las políticas públicas y privadas aplicadas en Argentina entre 1983 y 2002, en materia económica. Previamente, se presenta una escueta síntesis de la situación instalada en el país durante la dictadura  1976-1983. En otras palabras, se estudia la adaptación de la formación social nacional a la contrarreforma neoliberal de escala internacional. Se considera que, endeudamiento externo, reestructuración productiva, redefinición del Estado y distribución del ingreso, constituyen conceptos esenciales para comprender las transformaciones impuestas desde 1976, consolidadas desde 1983 y profundizadas a partir de 1989. El proceso de destrucción se agudiza en el inicio del siglo XXI, antes y después de la salida de la convertibilidad, con cada reformulación de las relaciones capital-trabajo.

 

 

 

I. Breves consideraciones introductorias.

La realidad socio-territorial argentina actual es, en gran medida, producto de la particular forma de acomodamiento de los grupos hegemónicos locales que, a través de distintas etapas históricas, han logrado subalternizar a vastos sectores populares en función de modelos de dominación liderados desde los “países centrales”. Consideramos vigente la lectura que hacía R. Puiggrós cuando señalaba que las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas (Puiggrós, 1974)[1][1].

El discurso y el accionar consecuente padecido en Argentina desde  la mitad de los años setenta se amparan en el neoliberalismo y, por lo tanto, debe entenderse a éste como un sistema de poder que crece y se consolida por determinadas medidas estatales y no sólo por principios de mercado. Como el libre mercado, el neoliberalismo es enemigo de la democracia, concentrando el poder en el ejecutivo y en personas no elegidas, muchas veces de países e instituciones extranjeras (Petras y Vieux, 1995). Sobre su aplicación en América Latina agregan: “La política neoliberal tiene una dinámica cíclica que impide la consecución tanto de la estabilidad política como de un crecimiento económico sostenido. Con el tiempo, la herencia institucional que conserva de las dictaduras, así como sus propias tradiciones políticas características y los métodos por los que impone su dominio, minan la estabilidad política. Al mismo tiempo, la continuidad en la aplicación del programa económico –la expansión de la pobreza y la agudización de las desigualdades- contribuye a la desestabilización política y alienta la oposición popular al modelo” (Petras; Vieux, 1995: 75-76).

Los intentos por imponer un régimen de acumulación de marcada concentración y extranjerización de la economía, con fuerte regresividad en la distribución de los ingresos, habían sido resistidos por importantes movimientos sociales rurales y urbanos, junto a la CGT de los Argentinos, al finalizar los años sesenta. Las disputas arreciaron desde 1973, quedando claro que el modelo de injusticia social y endeudamiento externo que se pretendía instalar, sólo podría consumarse a través de un planificado genocidio organizado por autores intelectuales internos y externos que desde entonces hasta hoy ocupan el centro de la escena, y ejecutado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La última dictadura del siglo XX se propuso explícitamente “refundar” el país. Entre sus objetivos (a la postre cambios resultantes) estuvieron la alteración de la estructura productiva, de la estructura de clases, de los liderazgos y de las alianzas que habían sustentado niveles ampliados de participación política y económica y de movilidad social ascendente. Se promovió un nuevo proyecto dominante, pasando de una economía productiva hacia una especulativa, trasladando el eje de la economía del sector industrial al financiero, conmoviendo la estructura de relaciones intersectoriales característica de la industrialización sustitutiva (Basualdo, 2001).

Las reformas del período 1976-1983 redujeron la autonomía relativa del Estado, lo desvincularon de las tareas de asignación de recursos y de distribución de ingresos propias del Estado de bienestar, y lo orientaron hacia el reforzamiento de la centralización del capital y la concentración del capital y del ingreso. La liberalización comercial y financiera y el endeudamiento externo promovieron la transferencia de recursos hacia determinadas fracciones del capital, consagrando un nuevo patrón de acumulación y un bloque de poder con capacidad de orientar un proyecto de país en un marco de inserción internacional ultradependiente.

Entre las variables que definen las tendencias de la etapa podemos consignar: la caída del PBI, el fuerte proceso inflacionario medido por los precios al consumidor, la drástica reducción de la participación asalariada en el ingreso y el descenso de los salarios reales[2][2]. Decenas de miles de detenciones, asesinatos, torturas, desapariciones, fueron implementadas por el gobierno de facto para minar la resistencia a la imposición del nuevo régimen social de acumulación. Esta violenta imposición implicó una compulsiva transferencia de ingresos desde los asalariados hacia la cúpula empresarial más concentrada. Sólo entre 1976-1980 esa transferencia alcanzó los U$S 52.000 millones.

En los siguientes apartados se analizan políticas aplicadas o permitidas por el Estado, desde la restauración de las instituciones de la democracia formal hasta la finalización del año 2002, más algunas de sus dramáticas consecuencias. Estas, pueden denominarse objetivos alcanzados, desde la óptica de quienes han conducido los “destinos” del país con la intención de continuar la obra siniestra de la dictadura.

 

II. El período 1983-1989.

Cuando la funcionalidad de las dictaduras de América Latina tiende a su agotamiento, desde la mirada de sus propios impulsores externos e internos, van regresando los gobiernos constitucionales. Mientras los militares retornan a sus cuarteles (manteniendo en ciertos casos una fuerte presencia), los conglomerados empresarios que los financiaron y sustentaron toman el centro de la escena, a cara descubierta (Morina; Velázquez, 2001). Con ellos, se afianza el discurso y la difusión de las ideas de ciertas “fundaciones” de notoria contribución a la destrucción nacional. Es el caso de la Fundación Mediterránea, instalada en Córdoba en 1977 bajo la dirección de D. F. Cavallo, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), creada en 1964, o del CEMA, aparecido en 1979 (Basualdo, 2001).

Los acreedores externos y el capital concentrado interno (conformado desde entonces por los conglomerados extranjeros y los grupos económicos locales) pasan a controlar el proceso económico con base en la sobreexplotación de los trabajadores y una fuerte subordinación del Estado a sus intereses. “El proceso de acumulación que lideran se sustenta en la valorización financiera y, por lo tanto, ya no está condicionado por el consumo de los sectores populares ni las fronteras nacionales, impulsando la disolución del capital industrial local que establecía alianzas de diversa índole con los asalariados en la búsqueda de lograr el desarrollo industrial” (Basualdo, 2001: 39).

En diciembre de 1983 comienza una nueva etapa de la democracia formal, con el gobierno de la U.C.R., encabezado por Alfonsín. El diagnóstico predominante en el partido en el gobierno reconocía las enormes restricciones derivadas del endeudamiento externo, pero los discursos y documentos oficiales parecían ignorar los profundos cambios estructurales impuestos a partir del genocidio.

La primera gestión económica del gobierno radical intentó compatibilizar expansión de las actividades con redistribución del ingreso, sin afectar las nuevas condiciones estructurales que sustentaban la centralización del capital. Se aspiraba a una renegociación con los organismos internacionales  y los acreedores externos que permitiera reducir los pagos por intereses, mientras en el frente interno se creía (o se decía creer) poder controlar la inflación y redefinir el poder sindical. Estos objetivos declarados no se alcanzaron y se siguió afrontando los servicios de la deuda externa, en buena medida con divisas obtenidas de las exportaciones agropecuarias pampeanas. Pero el proceso expansivo de este sector se extendió hasta la campaña 1984-1985, recuperándose recién en 1988. La inflación, que había superado el 400 % en 1983, se acercó al 700 % en 1984 y apuntaba a rebasar el 1000 % en 1985.

En aquel contexto, se puso en marcha un plan de ajuste denominado “Austral”, que desplazó a la redistribución del ingreso como objetivo central y jerarquizó el pago de la deuda externa, la estabilización y una salida exportadora que revitalizara la formación de capital. Esta fue mucho menor a la proyectada y uno de los factores del agotamiento del plan, poniendo de manifiesto la imposibilidad de materializar un planteo exportador cuando la economía se centra en la valorización financiera. Esta valorización se contrapone tanto con la producción exportadora como con aquella destinada al mercado interno (Basualdo, 1992).

Algunos rasgos salientes del “Plan Austral” fueron: congelamiento de precios de bienes y servicios, vigentes al 13 de junio de 1985; congelamiento de salarios; establecimiento de un nuevo signo monetario[3][3]. Algunos anexos se orientaban a: la reactivación económica; pagos externos; aumento de la recaudación fiscal y reducción del gasto público. Sencillos de plantear y difíciles de concretar, estos objetivos mostraban algunas aristas muy contradictorias.

Las producciones regionales extrapampeanas, que sufrían la recesión antes del “Austral”, se estancaron más aún, con una política dirigida al ajuste del consumo interno y mejorando la situación de los bienes exportables, independientemente de los efectos logrados. Esto fue más grave en estratos de pequeños productores de distintas regiones, en su mayoría volcados al mercado interno.

La relación entre funcionarios y otros personajes del partido en el gobierno, con los referentes y propietarios de grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros, fue adquiriendo gran trascendencia económica. Estas vinculaciones hicieron posible que ese tipo de capitalistas resultaran privilegiados, manteniendo ventajas logradas durande la dictadura (promoción industrial, transferencia de su deuda externa al Estado, compras del Estado, etc.), y sumando otras asociadas a la nueva etapa (diversos incentivos a las exportaciones, avales estatales, etc.) (Basualdo, 2001).

Desde 1987, los diagnósticos oficiales cambian notoriamente, en consonancia con las recomendaciones de los organismos “multilaterales”. La propuesta gubernamental consistía en reestructurar el Estado, especialmente mediante la privatización de las empresas públicas, y dinamizar una nueva apertura importadora. Estas ideas tenían fuertes “coincidencias” con los acreedores externos, fracción del bloque dominante que se consideraba postergada y sugería “reformas estructurales”. Al comenzar 1988, el gobierno presenta un plan de privatizaciones que es rechazado en el Congreso Nacional por la oposición peronista[4][4].

La suspensión del pago de intereses de la deuda externa, en mayo de 1988 (se reanudaron en 1990), incomodó a los acreedores externos y, desde la presidencia de EEUU, el FMI y el Banco Mundial, se restó apoyo al gobierno de la UCR, estrechándose los contactos con los representantes y/o miembros del bloque dominante, para renegociar las pautas de distribución de excedentes entre grupos económicos y acreedores externos. Una nueva reestructuración de las relaciones capital-trabajo, constituyó la “idea fuerza” para concurrir al objetivo de profundizar el modelo de injusticia social.

Los conglomerados empresarios que durante la dictadura agigantaron su poder  sobre la base de pesados eslabones de una larga cadena de prebendas, no estaban dispuestos a resignarlo. Así, en connivencia con el Partido Justicialista, la banca acreedora y los organismos multilaterales de control y financiamiento, impulsaron desde comienzos de 1989, una más profunda transnacionalización, basada en la explotación intensiva de los “recursos naturales” (encabezados por el agro y los hidrocarburos). A la industria oligopólica se le asignó el papel de sumarse al proceso de privatización y acentuar su orientación hacia mercados externos. En ese esquema, la población interna fue relegada al rol de consumidora marginal y reserva laboral barata.

Los bancos extranjeros inician la “corrida” bancaria de febrero de 1989, desatando la crisis hiperinflacionaria. Se trató de una crisis atípica, mucho más allá de la pugna distributiva característica de la etapa de sustitución de importaciones. Si bien expresó la pugna dentro de los sectores dominantes del patrón de acumulación, resultó evidente que un nuevo punto de equilibrio entre el capital concentrado interno y los acreedores externos, exigía no sólo redefinir el carácter del Estado sino también la distribución del ingreso, y más aún, la relación capital-trabajo. Se comienza a instalar un nuevo y acentuado disciplinamiento del conjunto social y del sistema político (Basualdo, 2001).

La medición de la pobreza por ingresos de la EPH, en la onda de octubre de 1989, a cuatro meses de la asunción de Menem, mostraba los efectos de la persistencia de la hiperinflación. En Capital y Gran Buenos Aires, se registró un 38,3 % de hogares pobres, abarcando al 47,4 % de las personas (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1997: 62).

Para finalizar este apartado, puede decirse que algunos indicadores del primer período constitucional posterior a la dictadura (completado por el PJ desde el 08/07/89), confirman el desaliento de infundadas ilusiones y la regresividad [5][5].

 

III. Otra década infame: 1989-1999.

En julio de 1989 asumió el gobierno de Menem, para aplicar el proyecto antes mencionado. El proceso inflacionario trató de enfrentarse con sucesivos planes de estabilización (Bunge y Born, Bonex, Erman I, etc.), incluyendo políticas de ajuste cada vez más severas y antipopulares. La continuidad de una fuerte inflación, con picos importantes a comienzos de 1990 y de 1991, y las dificultades para conformar a las distintas fracciones del bloque dominante, fueron determinando tantos fracasos como planes se aplicaron. Desde los primeros meses de gobierno se impuso la legislación de emergencia que posibilitó al Poder Ejecutivo operar libremente en la transformación del Estado (ley de Reforma del Estado), iniciándose la venta de los activos estatales.

En abril de 1991, con D. F. Cavallo en el Ministerio de Economía, se aplicó el plan de convertibilidad. Entre otras características incluyó: anclaje nominal de la tasa de cambio; liberalización del comercio exterior; libertad de precios; desindexación de salarios; políticas presupuestaria y monetaria restrictivas. Esta forma de continuar con el ajuste estructural, obedecía a una articulación cada vez más subordinada a las decisiones de los acreedores externos y sus socios “nacionales”. Años después de su puesta en marcha, el “plan”  mostraba algunas consecuencias nefastas: reactivación sectorial desigual e inarmónica[6][6], desempleo creciente[7][7] y fuertes cambios en la tendencia de la balanza comercial [8][8].

Conviene expresar que la evolución del desempleo fue un objetivo alcanzado por el proyecto capitalista. Dicho de otro modo, estuvo indisolublemente asociada con el plan de convertibilidad. La citada triplicación de la tasa entre 1991 y 1995 no puede atribuirse a causas exógenas al modelo, sino que solamente puede comprenderse y explicarse como resultado inseparable de éste, principalmente por las siguientes cuestiones:

a)      La “Reforma del Estado” no incluyó el menor interés oficial ni de los grupos empresarios favorecidos, por la reinserción de la masa laboral despedida o retirada;

b)      La apertura externa esencialmente importadora;

c)      Tasas cada vez más altas para los créditos, imposibilitando el financiamiento de las PyMES.

Buscando la eufemística categoría de “mercado emergente”, se concretaron reformas de mercado (apertura, desregulación) y reestructuraciones del Estado (privatizaciones, “racionalización”, “equilibrio” de las cuentas públicas), entre otras exigencias de los capitales internacionales.

Por un lado, el Decreto 2284/91, de desregulación de las actividades económicas, incluyó capítulos específicos destinados a diversos circuitos productivos característicos de áreas extrapampeanas, como así también, a producciones de presencia esencialmente pampeana. Se dispuso entonces, la reestructuración o disolución de entes reguladores que históricamente habían ejercido controles sobre esas actividades.

La desaparición o limitación en las funciones de esos entes, institucionalizó “la entrega de los mercados regionales a los monopolios intermediarios, abandonándose definitivamente su regulación social. Liberar la producción de cultivos intensivos y eliminar los entes reguladores, es colocar a los productores anarquizados frente a compradores concentrados con capacidad financiera para imponer sus precios. No sólo se favorece la caída de esos precios sino que se entregan mercados agropecuarios a consorcios empresariales, con efectos desestructurantes en las economías regionales” (Lozano; Feletti, 1996: 10).

El gobierno nacional, proclive al cotidiano ejercicio de un discurso plagado de cinismo y descaro (una de las características comunes con los equipos de gobierno que lo sucedieron hasta el corriente año de 2003), llegó a sustentar el mencionado decreto haciendo referencia al “costo argentino” y a la promoción de la “justicia social”. En los hechos, los agentes de mayor poder ampliaron sus grados de libertad, al tiempo que numerosos productores perdían sus tierras y miles de asalariados rurales y urbanos eran despedidos o suspendidos.

El programa de desregulación toma un rol protagónico en las políticas de corto y largo plazo, denotando profundas asimetrías en torno a las áreas y sectores involucrados. En sentido contrario al discurso oficial, transfiere a las empresas más concentradas la capacidad de regular el funcionamiento de los mercados, como en el caso del petróleo, la siderurgia, la provisión de servicios públicos, etc. (Mancebo, 1998).

Otro eje de la política económica con graves consecuencias sociales fue la privatización, reestructuración o cierre de empresas estatales productoras de bienes o servicios. El objetivo declarado de las privatizaciones era compensar desequilibrios fiscales y reducir la deuda externa. Sin embargo, implicaron un nuevo ciclo de endeudamiento externo liderado por el capital concentrado privado y una profundización de la concentración y centralización económica de los grupos conformados y/o consolidados durante la dictadura (1976/83), que entraron al proceso de privatización asociados con subsidiarias extranjeras en un marco regulatorio casi inexistente. Esta modalidad de entrega del patrimonio social acumulado a través de muchas décadas y el esfuerzo de varias generaciones, tuvo el objetivo no declarado de otorgar a los beneficiarios todas las condiciones necesarias para la obtención de verdaderas rentas de privilegio[9][9].

Ya en 1994, es decir un lustro después del inicio del gobierno de Menem, casi el 40% de las utilidades totales de las 20 firmas con mayor masa de utilidad se obtuvo en sectores monopólicos o duopólicos de servicios públicos privatizados. Otro 45% se obtuvo en actividades oligopólicas de explotación de recursos naturales no renovables (gas y petróleo) (Gaggero, 1995). En 1995, tomando las 200 empresas más grandes del país en cuanto a facturación, las de servicios públicos privatizados representaban el 19% de ese total, con 22,7% de las ventas y 38,2% de la masa de ganancias. Para ellas, la rentabilidad era de 10,4%, casi cinco veces más que la tasa promedio de la industria. El sector petrolero, con el 7,5% de las 200 firmas, tuvo el 12,9% de las ventas y el 30,5% de la masa de ganancias. Se verifica que la llamada “élite económica” obtiene sus rentas de los privilegios concedidos por el Estado en mercados no expuestos a la competencia (Azpiazu, 1997).

Esa tendencia se profundiza en 1997: 24 empresas privatizadas y 36 asociadas a la privatización, dentro de las mayores 200 del país, registran un 38,8% (36.771,1 millones de pesos) de las ventas y el 89,6% (3.959,2 millones de pesos) de las utilidades. Las restantes 140, no asociadas a la privatización, explican un 61,2% (58.070,2 millones de pesos) de las ventas y el 10,4% (460,9 millones) de las utilidades (FLACSO, 1998). Recordemos que eran tiempos del “uno a uno”.

El proceso de privatización provocó también una importante expulsión de mano de obra en las empresas estatales y en la administración pública. Las empresas del Estado (petrolera, acerías, servicios públicos, etc.) constituian en muchos asentamientos urbanos, la única alternativa de inserción laboral para su población activa[10][10]. ¿Cómo no explicarse las razones de las manifestaciones populares o estallidos sociales  que han llegado a representar verdaderas “puebladas”?[11][11]. “[...] La población, por medio de cortes de ruta, revueltas populares, expresa su descontento y oposición a la política económica de ajuste [...] Se opone a los despidos masivos, a las reducciones de sueldos, a la caída del consumo; a la quiebra de pequeñas y medianas empresas y comercios ligados a las actividades centrales; al cobro de mayores tasas por parte de las empresas de servicios privatizadas; a los gobiernos provinciales clientelísticos y corruptos, asociados con los intereses de los grupos hegemónicos locales (las privatizaciones son una fuente privilegiada de generación de recursos ilegales para tergiversar las decisiones a partir del soborno)” (Manzanal, 2000: 441).

En el caso específico de los ramales ferroviarios, su privatización o desmantelamiento, trajo aparejadas consecuencias desestructurantes para vastas áreas y buena parte de sus poblaciones. Las funciones sociales, o el transporte de cargas de pequeños productores no se tuvieron en cuenta. Los ramales considerados rentables quedaron bajo el control de sus principales usuarios, consagrando verdaderos monopolios privados. Es el caso de las ex líneas Roca y Mitre. Por su parte, los concesionarios de los trenes urbanos de pasajeros trabajaron sin riesgo empresario, con ganancias garantizadas por subsidios estatales (en 1998, $ 300 millones).

Otro rasgo fundamental del plan económico denominado “convertibilidad”, fue la apertura esencialmente importadora. El grado de apertura de la economía (Exportaciones + Importaciones/PBI) fue de aproximadamente 19,2% en 1996, sólo tres puntos más que en 1973, todavía durante la industrialización sustitutiva, a pesar de las liberalizaciones comerciales de 1976-1983 y desde 1989 en adelante. La relación exportaciones/ PBI casi no ha variado, siendo de 9,6% en 1973 y de 9,8% en 1996. Esto es que, el crecimiento de la apertura se explica por el aumento de las importaciones. Asistimos en la década de 1990, a la continuación de la política comercial externa de la dictadura, acelerada y asimétrica, pero mucho más profunda. Su intensidad se conjugó con la apreciación cambiaria y con fuertes desigualdades entre sectores protegidos y no protegidos (Mancebo,1998).

En suma, la apertura externa, la desregulación interna y el fuerte apoyo  del Estado a los capitales concentrados y su retirada de funciones trascendentes (diluyendo el efecto de integración geoeconómica que producía el sector público en energía y transportes), impulsaron un perfil productivo social y territorialmente excluyente.

El continuo crecimiento de la deuda externa mantiene una relación directa con el deterioro de las condiciones de vida de millones de argentinos[12][12]. En otras palabras, el endeudamiento externo esteriliza la riqueza generada internamente pues se trata de cargarlo en las espaldas de la mayoría de la población a través de una menor inversión pública en servicios básicos, escasa disponibilidad de recursos para la generación de empleo, caída del nivel de remuneraciones y propuestas de recaudación impositiva absolutamente inequitativas.

La distribución del ingreso se tornó cada vez más regresiva en la Argentina. El 20% superior (deciles 9 y 10) acaparaba en 1998 el 53% de los ingresos; en 1975 se quedaba con el 41%. En el otro extremo, el 20% de menores ingresos (deciles 1 y 2) obtenía el 4,3% en 1998, contra 7,2% en 1975. El seguimiento de la serie para más de 20 años permite advertir que el decil 9 muestra cierta estabilidad relativa, alrededor del 16%, mientras el decil 10, con un 24% en 1975, superó el 34% en 1991 y rondó el 37% en 1998 (INDEC, 1998).

Utilizando también datos oficiales se advierte la extensión de la pobreza. El INDEC consideraba pobres (en 1998) a los hogares con ingresos inferiores a $ 480 e indigentes a los hogares que percibían menos de $ 240. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, el número de pobres ha pasado de 2,3 millones en el comienzo de la convertibilidad a 3,1 millones en octubre de 1998. La indigencia alcanzaba a 327.000 personas en 1991 y a 813.000 en 1998. El nivel de pobreza  a fin de siglo sextuplicaba el de 1974 (3,2%) y duplicaba el de 1980. Sólo era menor al registrado durante el pico inflacionario de 1989.

 

IV. Continuidad de las políticas neoliberales: diciembre de 1999-2002 inclusive.

Ante un modelo de acumulación deteriorado en el consenso social, con expresiones crecientes de resistencia popular, la élite dominante presentó una variante política para su relanzamiento. Este fue el sentido fundamental de la llegada al gobierno nacional de la Alianza entre la UCR y el Frepaso. Dicha fuerza política asumió el 10/12/99 con objetivos bien definidos:

a)      Tomar posiciones de indudable sumisión a los grupos económicos de capital concentrado, nacionales o extranjeros, y a los acreedores externos encabezados por los organismos internacionales que los representan;

b)      Desconocer las justificadas demandas sociales de los millones de habitantes que fueron marginados por las genuflexas políticas neoliberales;

c)      Apelar abiertamente a la represión cuando las dimensiones de las protestas hicieran imposible ignorarlas[13][13].

Al gobierno de la Alianza le resultaron suficientes unos pocos meses para: profundizar uno de los regímenes tributarios más injustos y regresivos del planeta; avalar y ampliar el remate del patrimonio nacional practicado en años previos[14][14]; presentar y aprobar en complicidad con fuerzas políticas similares, una nueva reforma laboral, aplaudida por grandes empresas y repudiada por los trabajadores; reducir los salarios estatales apelando a un decreto de “necesidad y urgencia” (luego refrendado en el Congreso) y desacatando los fallos de numerosos jueces; mantener la reducción de los aportes patronales de bancos, hipermercados y empresas privatizadas; seguir subsidiando a concesionarios de peajes, ferrocarriles y operadores fluviales, entre otras medidas.

En suma, se continuó la ortodoxia del ajuste y la reestructuración regresiva en materia previsional, educativa, sanitaria y laboral. La crisis expresa de ese camino devino, en febrero de 2001, en la renuncia del ministro de Economía J. L. Machinea (Gambina, 2002). Este ministro dedicó los dos últimos meses del año 2000 a gestionar un paquete de créditos externos e internos que suprimieran la necesidad de salir al mercado financiero a pedir dinero cada semana a la tasa que allí se fijara. Esas demandas sumaban 10.000 millones de dólares de intereses más 12.000 millones de vencimientos de capital de la deuda externa (aunque este rubro no se incluyera en el déficit  pues se daba por descontado que se refinanciaría con nuevos créditos).

“El paquete anunciado en diciembre era una combinación de créditos obtenidos en el FMI y el Banco Mundial –sujetos por supuesto al cumplimiento de ciertos compromisos de política económica- y créditos de bancos y otras instituciones financieras locales –que tampoco estaban asegurados- que debían hacerse efectivos en 2001 y 2002. El monto total era de unos 40.000 millones de dólares y se lo denominó “blindaje”, en una intensa operación publicitaria que pretendía mostrar que el Tesoro no necesitaría recurrir al mercado voluntario de deuda por dos años” (Schvarzer, 2002: 79). El respiro duró mucho menos de lo pensado, Machinea abandonó su gestión y el presidente designó a un consumado fundamentalista del ajuste y las políticas de “reforma estructural”, R. López Murphy. Este, acompañado por sus colegas de FIEL, creyó poder disciplinar a la sociedad, particularmente a los sectores populares, y anunció un plan centrado en la afectación de los derechos sociales, tal como la educación. El clamor popular y las movilizaciones de estudiantes y docentes junto a movimientos de desocupados terminaron con ese funcionario. Esta situación devolvió al Ministerio de Economía a D. F. Cavallo.

Cavallo intentó ganar consenso con un discurso que se pretendía heterodoxo y neokeynesiano, pero apuntaba, como siempre, a resolver el problema de las clases dominantes: su capacidad para extraer plusvalor con consenso social, donde el endeudamiento externo actúa como el condicionante principal (Gambina, 2002).

Durante un par de meses, el esfuerzo oficial se volcó hacia el denominado “megacanje” de la deuda. Organizado por iniciativa de un banco externo, creó y ofreció una serie de títulos con plazos de vencimiento mayores a cinco años a cambio de otros existentes que vencían en 2001 y 2002, para reducir los compromisos de pago en este período y aliviar el continuo pedido de créditos. Esta operación, liderada por el trío Cavallo-Mulford-Marx, refinanció vencimientos por 28.129 millones de dólares, el 21 % del total del endeudamiento. Entre 2001 y 2005, los vencimientos de amortizaciones e intereses se reducen en 17.635 millones de dólares; entre 2006 y 2031 se incrementan en 65.096 millones de dólares. Esto significa que aumentaron en gran medida los compromisos futuros (Lozano, 2001).

En ese fenomenal negociado llamado “megacanje” se han cuadruplicado las tasas existentes a nivel mundial. El acceso al canje de bonos se produjo luego de haber pagado más de 50.000 millones en concepto de intereses entre 1993 y 2000, y de haber aplicado todas las recetas aperturistas y privatizadoras que supuestamente resolverían la crisis externa. En realidad, se pagó un precio muy alto en términos de incremento del capital de deuda por un oxígeno muy escaso. En otras palabras, se resolvía parcialmente el cuadro de iliquidez transitoria manteniendo el cuadro de insolvencia estructural (Lozano, 2001).

Las políticas gubernamentales, plenamente identificadas con el ajuste fiscal, siguieron profundizando la recesión y la reestructuración regresiva, además de seguir facilitando una enorme fuga de capitales de las empresas del capital concentrado, tanto nacional como extranjero. En ese contexto, las elecciones legislativas del 14/10/01, dieron testimonio de una notoria pérdida del consenso pasivo de la alianza gobernante, y de un avance del disenso. Reflejo de ello fue la suma de votos en blanco y nulos que superaron el 21 %. Sobre 257 diputados nacionales, la alianza redujo su participación de 126 a sólo 90 legisladores. Entre el 19 y 20 de diciembre de 2001 se llevaron a cabo numerosos crímenes desde el aparato de Estado y finalizó anticipadamente la gestión lamentable de aquel gobierno. En los últimos días del año se sucedieron varios presidentes (entre ellos, A. Rodríguez Saa durante una semana), y finalmente la Asamblea Legislativa designó a E. Duhalde, que permanecería en el cargo hasta el 25/05/03.

Si cuatro años de depresión provocaron el derrumbe del salario y la masificación del desempleo, la tarea del nuevo gobierno fue garantizar una fuerte devaluación que, mientras mejoraba la capacidad exportadora de ciertos perfiles productivos primarios, generó un enorme rebrote inflacionario y la extensión de la pobreza, indigencia, y desnutrición infantil. En poco tiempo, la gestión del presidente Duhalde logró establecer marcas siempre anheladas por el establishment y por la clase dirigente que actúa a su servicio. Por oponerse a esas dramáticas realidades, se ordenó la ejecución de militantes de organizaciones sociales de base, como Darío Santillán y Maximiliano Kostecki, de la “Coordinadora Anibal Verón”.

El hambre comienza a molestar un poco cuando aparece como escándalo internacional, como en la reunión de la FAO, en junio de 2002 en Roma, donde se confirmó que Argentina era el quinto exportador de alimentos del mundo por su volumen, pero el primer exportador mundial per cápita, produciendo  lo suficiente para alimentar 300 millones de personas, unas ocho veces la población del país. En ese marco, el 10 % de nuestros habitantes padece insuficiencia alimentaria, fenómeno que carece de justificación, pero se explica por el capitalismo realmente existente que domina la sociedad argentina (Amico, 2002). En esa reunión, Argentina fue clasificado el peor caso del mundo por la correlación entre producción de alimentos e inseguridad alimentaria. La enorme mayoría de los más de dos millones de chicos que no alcanzan a saciar el hambre, o de los más de 400.000 ya desnutridos son, a su vez, hijos de madres desnutridas, frutos de una generación que hace tiempo que come poco y mal. Los hambrientos que hace 20 años sobrevivieron al cataclismo social y político de la dictadura, hoy están enterrando a sus hijos raquíticos[15][15]. Mientras se sucedían las muertes por desnutrición, los medios masivos de comunicación controlados por la élite dominante hicieron referencia reiterada, en el segundo semestre de 2002, a cierta estabilización de la crisis hablando de “veranito”.

En los primeros seis meses de 2002 el PBI cayó un 15 %, el descenso más abrupto en la historia argentina. Entre enero y octubre la balanza comercial arrojó un superávit de 13.826 millones de dólares, contra los 4.484 para igual período de 2001. La prosperidad de los capitales volcados al negocio exportador, tuvo como contrapartida el desplome de la economía popular. El desempleo, que en octubre de 2001 estaba en 19 %, llegó en octubre de 2002 al 23 %; el subempleo pasó del 16,3 % al 22 %. A pesar de estos datos, la dupla Duhalde-Lavagna siguió buscando un generoso superávit fiscal a cualquier precio (especialmente la contención de los salarios estatales que padecían la devaluación). No se les puede negar su gran eficacia para realizar el “trabajo sucio” destinado a restaurar la lógica del saqueo (pago de deuda, remisión de utilidades, fuga de capitales). Aún en plena crisis (durante 2002) lograron pagar unos 4.300 millones de dólares a los organismos multilaterales. Sin embargo, la deuda pública interna y externa aumentó en 11.000 millones de dólares en el mismo año [16][16].

No podemos ignorar, entonces, que el “éxito” de ese gobierno ilegítimo, consistió en alcanzar cierta “estabilidad” y haber impuesto a las clases populares una estructura de ingresos más desigual que la previa, sobre el hambre y la miseria de millones de habitantes[17][17].

No está de más señalar que, el proyecto de país impuesto desde 1976 y profundizado desde 1989, llevaría a una catástrofe social al comenzar el siglo XXI. En mayo de 2002, poco después del colapso de la convertibilidad, los hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzaron el 41,4 % del total urbano relevado por la EPH. Las personas en esa condición llegaron al 53 %. Los pobres en todo el país se estimaban en 18,5 millones. Dentro de esos totales la indigencia alcanzó el 18 % en los hogares y el 24,8 % de las personas. Meses después, en octubre de 2002, la pobreza abarcó al 45,7 % de los hogares y al 57,5 % de las personas en el total de 31 aglomerados urbanos relevados (19.678.000 habitantes en la proyección a todo el país). La indigencia, al 19,5 % de los hogares y al 27,5 % de las personas (9.411.000 en la proyección nacional). Estos resultados incluyen la percepción de ingresos por el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Sin ellos, los valores relativos y absolutos son más elevados, sobre todo en los hogares y personas indigentes (INDEC, 2002). En esa medición de pobreza por ingresos se tomaron los datos de setiembre y se estimó que para adquirir la canasta básica total (para una familia tipo de cuatro miembros) se necesitaban $ 716,17. Para la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, se requerían $ 324,06.

 

V. Reseña de claves explicativas y conclusiones.

La reestructuración abierta por la dictadura produjo un viraje económico muy profundo: en un marco de apertura comercial y financiera externa, Argentina pasó de un esquema centrado en la industrialización con destino dominante hacia el mercado interno de demanda masiva, hacia otro que en un contexto de creciente endeudamiento y fuerte desestructuración productiva, privilegió la valorización financiera del capital y la transferencia de recursos al exterior. Aunque funcionan estrechamente imbricadas, repasemos por separado algunas claves explicativas:

- Endeudamiento externo: la deuda externa es factor central de la reestructuración de la economía argentina. La combinación del flujo de fondos externos con la valorización financiera a nivel local, posibilitó que un grupo reducido de grupos económicos locales y extranjeros avanzaran en el control del proceso económico. Luego, en el marco del ajuste que caracterizó la década de 1980, se consumó la estatización de la deuda externa privada. Se instalaron así dos restricciones severas: a) adquirió carácter estructural el desequilibrio externo de la economía argentina; b) se transformó en permanente la crisis fiscal, haciendo cargo al Estado, es decir a la sociedad toda, del endeudamiento del capital interno más concentrado.

Después de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, la regularización de pagos externos que supuso el Plan Brady abrió las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento del capital privado. Este proceso, junto al mecanismo de capitalización de la deuda, se objetivó durante las privatizaciones permitiendo que el endeudamiento externo se transforme en rector del remate de los activos públicos desde 1990 en adelante. Además, el proceso de desestructuración, que apertura mediante, se evidenció en el marco del Plan de Convertibilidad, transformó este dispositivo de política económica en un mecanismo dirigido a cancelar deuda vieja contrayendo deuda nueva, aumentando el peso de los pasivos sobre la economía nacional.

- Reestructuración productiva:  los aspectos salientes de este proceso han sido el estancamiento, la desindustrialización, la concentración de la producción y la afirmación de un nuevo perfil productivo. Acerca de este último, la década de 1980 mostró la creciente importancia de un conjunto de bienes intermedios que conformaban la base principal de los grandes grupos económicos. Durante la década de 1990, en términos de composición sectorial, se advierte una mayor participación de la producción de alimentos y la refinación de petróleo. Esto supone el ascenso de las producciones vinculadas a ventajas comparativas naturales, explicando en parte, el alto nivel de desempleo que se registra en Argentina.

- Distribución del ingreso: en el contexto resumido en los puntos anteriores, se operó una brutal caída de la participación de los sectores populares en el ingreso nacional. Los cambios en la situación del empleo y en la evolución salarial actúan como factores explicativos. Señalan también la pérdida de relevancia que la demanda interna asociada al consumo asalariado tiene en el nuevo ciclo de acumulación. El deterioro ocupacional fue acompañado e indujo la caída salarial. Ambos fenómenos explican la evolución de la distribución funcional del ingreso que consagra una monumental transferencia a favor del capital concentrado. Con respecto a la distribución personal del ingreso la tendencia es notoriamente regresiva. En lo alto de la pirámide, el decil X se queda con el grueso de la transferencia, pues contiene entre sus integrantes a quienes la deciden, planifican y ejecutan, desde la imposición del terrorismo de Estado hasta la actualidad.

-Redefinición del Estado: a partir de la dictadura, y sin demasiadas modificaciones después de 1983, los ingresos fiscales se concentraron sobre la masa salarial, mientras que los gastos y transferencias tendieron a beneficiar y subsidiar el ciclo de acumulación del capital interno más concentrado. El bloque de poder económico local y los acreedores externos lograron privatizar en la práctica el funcionamiento del Sector Público argentino. Después de 1987, con ingresos decrecientes, que caen en sintonía con la masa salarial, no se pudo garantizar la expansión de los grupos dominantes. Esto es, el Estado no podía pagar los intereses de la deuda externa, los subsidios al sistema financiero, la deuda interna, la promoción industrial y las sobreganancias de sus proveedores. Se allana, quiebra fiscal de 1989 mediante, el camino a las privatizaciones, clave de una nueva etapa que implicó transferir activos equivalentes al 8 % del PBI, consolidando una mayor concentración y trasladando a un conjunto reducido de capitales privados la definición de los precios relativos de la economía.

El breve repaso de algunos aspectos de las transformaciones iniciadas en los años de la sangrienta dictadura instalada en 1976, pero sostenidas y profundizadas con el retorno de las instituciones “democráticas” (y en especial desde 1989), permite sostener que los intereses económicos internos y externos que consolidaron su poder a partir del terrorismo de Estado, siguieron acrecentando su capacidad de influencia hacia el final del siglo XX (y comienzos del XXI).  El modelo de dominación que impera en nuestro país se muestra peligrosamente incompatible con el desarrollo económico y social y con supuestos de la democracia política (ejercicio pleno de la participación en la definición de un proyecto de país, efectiva igualdad de las personas ante la ley).

Desocupación elevada y estructural, caída de los ingresos en la mayoría de la población combinada con el enriquecimiento de las “selectas” minorías, expansión de la inseguridad alimentaria, son consecuencias directas del imperialismo y la dependencia expresados en el capitalismo criminal instalado en Argentina desde hace más de un cuarto de siglo.

Ante el proceso de injusticia social instalado a mediados de los años setenta (que hoy continúa), han surgido propuestas alternativas. Algunas, diferentes entre sí, contemplan nuevas formas de relación entre capitalistas, Estado y trabajadores (Hacia el Plan Fénix, 2001; Hourest; Lozano, 2002). Para otros, es necesario terminar con el sistema de poder neoliberal, “superar la situación periférica de la economía nacional y su naturaleza social capitalista”, agregando que “la única vía para actuar positiva y simultáneamente sobre estos tres frentes es la planificación, basada en la gestión democrática y la propiedad colectiva de los principales resortes de la economía” (Katz, 2002).

Entendemos que inclusive las propuestas más moderadas, requerirán de una drástica modificación de las relaciones de dominación impuestas desde hace más de un cuarto de siglo. Sólo después serán posibles nuevas formas de acción política, jurídica, sindical, económica y social.

 

VI. Bibliografía:

 

Amico, F. (2002). “Estabilidad económica y explosión del hambre. Siempre es verano para los ricos”. En: Enfoques Alternativos, Año 1, Núm. 10, diciembre, Buenos Aires.

Azpiazu, D.  (1997). “El nuevo perfil de la élite empresaria. Concentración del poder económico y beneficios extraordinarios”. En: Realidad Económica, 145, IADE, Buenos Aires.

Basualdo, E.(1992). Formación de capital y distribución del ingreso durante la desindustrialización. IDEP-ATE, Buenos Aires.

Basualdo, E. (2001). Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Ed.  de la Universidad Nacional de Quilmes/FLACSO/IdEP-ATE, Buenos Aires.

Basualdo, E.; Azpiazu, D.; otros (2002). El proceso de privatización en Argentina. Ed. La Página, Buenos Aires.

Basualdo, E.; Lozano, C.; Schoor, M. (2002). “Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia Duhalde”. En: Realidad Económica, 186, IADE, Buenos Aires.

Bermúdez, I. (2003). “La deuda pública creció en US$ 11.000 millones en el 2002”. En: Clarín/Economía, 3 de mayo de 2003.

FLACSO. (1998). Proyecto Privatización y Regulación en la Economía Argentina, Buenos Aires.

Gaggero, J. (1995). “Empresas privatizadas y crisis de la regulación”. En: Perspectiva, Año VII, N° 8, Buenos Aires.

Gambina, J. (2002). “Los rumbos del capitalismo, la hegemonía de Estados Unidos y las perspectivas de la clase trabajadora”. En: Ceceña, A. E.; Sader, E. (Coordinadores). La Guerra Infinita. Hegemonía y Terror Mundial. CLACSO, Buenos Aires.

Gejo, O.; Morina, J.O.; Velázquez, G. (2000). “Economía y Territorio en Argentina, 1975-2000. La violencia de los arriba”. En: Estudios Socioterritoriales, Año 1, Núm. 1, Centro de Investigaciones Geográficas, FCH-UNCPBA, Tandil.

Hacia el Plan Fénix. Diagnóstico y Propuestas (2001). En: Enoikos, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año IX, Núm. 19, noviembre, Buenos Aires.

Hourest, M.; Lozano, C. (2002). “La democracia y el FMI: entre la mentira y el crimen”. En: Realidad Económica, 187, IADE, Buenos Aires.

Iñigo Carrera, N.; Cotarelo, M. C. (1997). “Revuelta, motín y huelga en la Argentina actual”. En: Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), Documentos y Comunicaciones, Buenos Aires.

Iñigo Carrera, N.; Cotarelo, M. C. (1998). “Los llamados cortes de ruta”. En: PIMSA, Documentos y Comunicaciones, Buenos Aires.

Katz, C. (2002). Ellos o Nosotros. Documento inédito.

Kosacoff, B. (1995). “La industria argentina, un proceso de reestructuración desarticulada”. En: Bustos, P. Más allá de la estabilidad. Argentina en la época de la globalización y la regionalización. Fundación F. Ebert, Buenos Aires.

Lozano, C. y Feletti, R. (1996). “Los nuevos contenidos de las crisis provinciales”. Cuadernos del IDEP/ATE 40, Buenos Aires.

Lozano, C. (2001). “Papeles caros por papeles carísimos”. En: Cash, PAGINA 12, 24 de junio de 2001.

Mancebo, M. (1998). “El nuevo bloque de poder y el nuevo modelo de dominación”. En: Nochteff, H. (editor). La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente. FLACSO-Eudeba, Buenos Aires.

Manzanal, M. (2000). “Neoliberalismo y territorio en la Argentina de fin de siglo”. En: Economía, Sociedad y Territorio, vol. II, Núm. 7, Buenos Aires.

Margheritis, A. (1995). Economía política de las privatizaciones. Argentina, 1989-1995. Ed. Nueva Era, Buenos Aires.

Morina, J. O.; Velázquez, G. A. (2001). “Redefinición neoliberal del sistema internacional. Implicancias en América Latina”. En: Anuario de la División Geografía 2000-2001, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, Imprenta de la UNLu, Luján.

Morina, J. O. (2003a). “Imposición y Transformaciones del Neoliberalismo en Argentina, 1976-1999”. En: Cuadernos de Trabajo del Departamento de Ciencias Sociales, UNLu., Luján (en prensa).

Morina, J. O. (2003b). “Crónica de un despojo a plazo fijo: la prórroga de concesión del yacimiento gasífero Loma de la Lata, Neuquén, hasta el año 2027”. En: Anuario de la División Geografía 2002-2003, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, Luján.

Muchnik, D. (1993). País archipiélago. Las consecuencias del modelo político-económico del gobierno de Menem. Ed. Planeta, Buenos Aires.

Petras, J y Vieux, S. (1995). ¡Hagan Juego! Icaria, Barcelona.

Puiggrós, R. (1974). Pueblo y oligarquía. Corregidor, Buenos Aires.

República Argentina. INDEC. (1998/2002). Encuesta Permanente de Hogares.

República Argentina. Ministerio del Interior (1995). Datos para el análisis del sector público de las distintas jurisdicciones de la República Argentina, Tomo II, Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial, Buenos Aires.

República Argentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (1997). Informe Económico 1996, Buenos Aires.

República Argentina. Ministerio de Economía (1998). Comercio exterior argentino. www.mecon.gov.ar

Rofman, A.; Romero, L. A. (1997). Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina. Amorrortu, Buenos Aires.

Schvarzer, J. (2002). Convertibilidad y deuda externa. Eudeba-Libros del Rojas, Serie Extramuros 6, Buenos Aires.

Walsh, R. (1977). Carta abierta a la dictadura militar, 24 de marzo de 1977, Buenos Aires.

 


[1][1] Sobre las características de la contrarreforma social de escala internacional nos expresamos ya en Morina; Velázquez, 2001, o Morina, 2003a. Acerca de las adaptaciones de nuestro país entre 1976-1983, nos referimos en detalle en Gejo; Morina; Velázquez, 2000.

[2][2] El PBI, a precios de mercado expresado en unidades monetarias de 1970, y desde 1980 en unidades monetarias de 1986, pasó de un valor índice 100 en 1976, a 93,4 en 1982 y 96,9 en 1983. El índice de precios al consumidor, con base 100 en 1970, pasó de 100 en 1976 a 21.450 en 1982 y 95.206 en 1983. Ese año la inflación superó el 400 %. La participación asalariada en el ingreso, incluyendo los aportes de las leyes sociales, en unidades monetarias de 1970, que era del 53 % en 1975, cayó al 36,6 en 1976 y al 34,4 en 1977. En 1983 fue de 34 %. El salario real promedio, deflactado por el índice de precios al consumidor, con base 100 para 1980, era de 150,8 en 1975, pasando a 100,1 en 1976 y 77,3 al año siguiente. En 1983 fue de 95,9 (Rofman;Romero, 1997: 259-260). Un documento de claridad y contundencia conceptual insuperable,  un año después de iniciada la dictadura, decía: “[...] En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 %, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30 %, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los reductos coloniales” (Walsh, 1977).

[3][3] En los hechos, se bloquearon los salarios con una pérdida relativa del 40%, por el incremento previo de los precios de bienes y servicios, consagrando una fuerte transferencia de ingresos a favor del Estado y los capitalistas.

[4][4] Se proponía transferir el 40 % de Aerolíneas Argentinas y de ENTel a las empresas SAS (escandinava) y la Compañía Telefónica Nacional de España, respectivamente. Se planteaba también, mayor participación privada en exploración y explotación petrolífera, la privatización de empresas petroquímicas y la reestructuración de Fabricaciones Militares y Ferrocarriles Argentinos.

[5][5] El PBI, a precios de mercado expresado en unidades monetarias de 1986, cayó a 93,3 en 1989, desde 96,9 de 1983, con base 100 en 1976. El índice de precios al consumidor, con base 100 en 1970, comenzó el período con 95.206 en 1983, llegando a 245.772.000 en 1989. La participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional, cayó de 34 % a 28 %. Esta caída es continuada desde 1986, cuando había alcanzado el 44 %. El salario real, con base 100 en 1980, se redujo desde 115,3 en 1984, a 82,2 en 1989 (Rofman; Romero, 1997: 268).

[6][6] Durante 1993, el sector agropecuario decrece 1 %. Junto a subsectores con signo positivo, el de frutas y el de cultivos industriales, registran una evolución de – 14,4 % y – 11,8 %, respectivamente (Kosacoff, 1995). También son profundos los desajustes en el sector industrial desde 1991 (Muchnik, 1993).

[7][7] En 1990 (como porcentaje de la PEA), era de 7,5 en el promedio de los aglomerados relevados por el INDEC, bajando a 6,5 en 1991. Luego no deja de aumentar, llegando a 17,4 en 1995. La extrema precarización de las condiciones laborales sería el factor clave para su reducción en 1996 (17,2%) y 1997 (14,9%). En 1998, con un método de encuesta más incluyente para considerar a alguien “ocupado”, el promedio estuvo apenas por debajo del 14%. Tomando sólo la desocupación abierta y el subempleo horario en la población urbana, este porcentaje, que en junio de 1991 era del 15,5%, en mayo de 1997 alcanzó el 29,3%. Los problemas de empleo son más agudos en los sectores de menores ingresos y en determinados grupos de edad.

[8][8] La balanza comercial en millones de dólares fue de 8.276 en 1990 y 3.303 en 1991. Entre 1992 y 1994 resultó negativa, llegando ese último año a –5.806. Esto es una inversión negativa que ronda los U$S 14.000 millones entre 1990 y 1994. La posterior recesión frenó las importaciones mientras crecían las exportaciones favorecidas por los efectos del Plan Real en Brasil. En 1995 el saldo fue de 925 millones de dólares y al año siguiente de 41. La tendencia al déficit se confirma en 1997 y mucho más en 1998 con un monto superior a los – 5.000 millones de dólares (Argentina, Ministerio del Interior, 1995; Argentina, Ministerio de Economía, 1998).

[9][9] En este punto se pueden recomendar investigaciones valiosas y sumamente ilustrativas como las de Margheritis, 1995, o la más reciente de Basualdo; Azpiazu y otros, 2002.

[10][10] Entre otros casos, pueden citarse los siguientes: SOMISA, que entre 1990 y 1991 expulsó a 6.500 trabajadores de su total de 12.000 (San Nicolás tenía 119.000 habitantes en 1991); Altos Hornos Zapla, en Palpalá (Jujuy), ciudad de 39.822 habitantes en 1991, despidió a 1.300 obreros antes de la privatización; en Tartagal, Salta, de 43.586 habitantes en 1991, sólo la “reestructuración” de YPF, creando las condiciones que solicitaban sus futuros controlantes, incluyó la cesantía de 3.500 trabajadores; en el mismo año, cuando Plaza Huincul contaba con 11.248 hab. y Cutral-Co 33.463, YPF tenía en la zona 4.200 operarios, que se redujeron a 600 en 1992. Estas menciones no significa que olvidemos a General Mosconi (Salta); Comodoro Rivadavia (Chubut); Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, 28 de Noviembre, Río Turbio (Santa Cruz); Ensenada (Buenos Aires); Sierra Grande (Río Negro); etc.

[11][11] Para ampliar la comprensión sobre las lógicas protestas que resisten a los procesos de saqueo planificado de nuestro país, puede consultarse: Iñigo Carrera; Cotarelo, 1997; 1998.

[12][12] En el último lustro del siglo XX, la deuda externa pública en miles de millones de dólares, a diciembre de cada año, fue de 87,1 en 1995, 97,1 en 1996, 101,1 en 1997, 108,9 en 1998 y 117,0 en 1999. En ese año, las necesidades de financiamiento externo ascendieron a más de 16 mil millones de dólares.

[13][13] Así comenzaron y finalizaron la gestión, ordenando asesinatos para disolver la protesta en el puente entre Resistencia y Corrientes, a los pocos días de gobierno, y con estado de sitio y un tendal de muertos antes de renunciar el 20/12/01. Entre el ingreso y la salida no dejaron de procesar judicialmente a los opositores que, en muchos casos fueron encarcelados por meses.

[14][14] Un claro ejemplo fue la prórroga de la concesión para explotar el yacimiento gasífero Loma de la Lata, en Neuquén, a favor de Repsol-YPF hasta el año 2027. Sobre los detalles del convenio, firmado primero por J. Sobisch en junio de 2000, y por el gobierno nacional, en octubre de aquel año, se puede consultar el trabajo de Morina, 2003b.

[15][15] En 1998, primero de los años de ininterrumpida recesión, fallecieron en el país 13.082 niños menores de un año, sobre 683.301 nacidos vivos. El 60 % de las muertes ocurrió durante el primer mes, en su mayoría, en la primera semana. Así, en ese año ya morían 36 niños por día. Con una simple progresión aritmética, que no tiene en cuenta el agravamiento del fenómeno, el genocidio social practicado en 2001 y 2002 supera con creces el genocidio de la dictadura. Según la ONG Médicos del Mundo, en su informe El impacto de la crisis en el sistema sanitario argentino, de 2002, mueren en Argentina unos 100 niños por día (citado por Amico, 2002).

[16][16] Por la devaluación y pesificación, la deuda bajó de US$ 144.500 millones a US$ 113.000 millones en marzo de 2002. Esto obedeció a la pesificación de préstamos garantizados y de un conjunto de letras y bonos. Hacia setiembre, a pesar de pagos al FMI y otros organismos internacionales, la deuda pública subió a US$ 129.800 millones por la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica y los Boden a los ahorristas. En diciembre volvió a subir a US$ 137.300 millones por nuevas compensaciones a los bancos y la valorización en dólares de la deuda en euros, al apreciarse la moneda europea. Incluyendo las deudas reconocidas a esa fecha, se estima que el endeudamiento aumenta otros US$ 18.121 millones, llegando a US$ 155.400 millones aproximadamente (Bermúdez, 2003).

[17][17] Sobre la transferencia de recursos a la cúpula empresarial durante la primera parte de la presidencia Duhalde, consultar: Basualdo; Lozano; Schorr, 2002.


Ponencia presentada en el Quinto Encuentro Internacional Humboldt. Neuquén, Argentina. Octubre 2003.