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Asunto:NoticiasdelCeHu 1019/03 - LAS PRIVATIZACIONES
Fecha:Domingo, 21 de Septiembre, 2003  12:14:59 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

Naturaleza

NCeHu 1019/03
 
Periodismo de verdad
Daniel Azpiazu y las privatizaciones

La guerra de las tarifas


"Dentro de diez años vamos a estar a vela, no vamos a tener petróleo ni gas, lo vamos a tener que importar nosotros", dice el director de Flacso, Daniel Azpiazu, en una semana en la que Buenos Aires ya aprendió que puede quedarse además sin agua, debido a la gestión de las empresas privatizadas: Aguas Argentinas cortó el suministro a toda la ciudad durante un día debido a una contaminación que nunca pudo verificarse, mientras el gobierno sospecha que se trata de extorsiones para obtener aumentos de tarifas, lo que ya provocó un choque entre Kirchner y su vicepresidente Daniel Scioli.
Azpiazu es director del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cuyo equipo de expertos fue convocado como consultor por el gobierno con respecto a las empresas privatizadas. En esta entrevista explica la perversión del proceso privatizador en la Argentina y por qué cualquier aumento resultaría un despropósito y un hecho ilegal, y cómo eso ha llevado a que la sociedad considere a las privatizadas "como un enemigo público".


 -¿Qué caracteriza al proceso privatizador?

-En principio, la velocidad con la que se encaró y las urgencias político-institucionales a las cuales respondió. En otras palabras, lograr el consenso de la comunidad de negocios (grandes grupos económicos locales y la banca acreedora) transfiriéndole la porción más rica del Estado a favor de -entre otras cosas- otorgarle un papel más que residual a la regulación.
Todas las primeras privatizaciones se hicieron sin marco regulatorio alguno.
Sólo dos privatizaciones fueron hechas por ley -la de gas y la de electricidad-; el resto por decreto, lo cual llevó a otra de las constantes de las privatizaciones: la renegociación sistemática de todos los contratos, ya que nada resultaba más fácil que sancionar un decreto modificando lo que decía el anterior. En el caso de la autopista Panamericana, por ejemplo, al sexto año de contrato se firmó la quinta renegociación. Esto también dio lugar, como ocurrió con Aguas Argentinas, a la emergencia de propuestas empresarias oportunistas, a sabiendas de que a los pocos meses se iban a renegociar las tarifas.

-¿Cómo se fijan las tarifas?

-El criterio de tarifación, en la época de las empresas del Estado, tendía a favorecer -en alguna medida- la universalización del servicio y a aplicar una concepción menos regresiva de las tarifas. Las privatizadas, en cambio, imponen el criterio de que no debe haber subsidios cruzados y fijan el precio del servicio en relación con su costo de prestación, entonces lo que sucede es que los más pobres (los que viven en zonas más alejadas, o más precarias) son quienes pagan una tarifa unitaria mayor. Buena parte de lo que las empresas llaman tarifa social es en realidad la forma que usan para que el Estado subsidie a los clientes morosos. Es una estrategia empresaria para que el Estado se haga cargo de los que no pueden pagar.

-¿Por qué no funcionaron los controles?

-Por la debilidad institucional de todo el aparato regulatorio. A todos los entes se les fueron quitando paulatinamente misiones y funciones y quedaron sumidos en las Secretarías de Estado que fueron quienes llevaron adelante las privatizaciones. Qué se puede esperar entonces si, por tomar un ejemplo, Barra fue quien ideó la privatización de los aeropuertos, después quedó como abogado de la empresa concesionaria, luego pasó a ser presidente del Órgano Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos, Orsna, y también de la Auditoría General de la Nación. Es evidente que no hubo ningún interés en regular esos monopolios; el listado de los incumplimientos acumulados por las empresas es indignante. La garantía que ofreció Macri en el Correo fue de 50 millones y el canon que debía pagar por semestre era de 51,6 millones, de modo que la garantía ni siquiera cubría el canon de un semestre. El caso del Correo tiene la particularidad ya no de incumplir con algunas de las causales de rescisión de contrato, sino con todas. A veces me parece que ya es una provocación de las empresas, es como si dijeran "quiero que me rescindan".

-Los concesionarios argumentan que el Estado también ha incumplido...

-Pero el nivel de desproporción entre los incumplimientos de las empresas en comparación con los del Estado es enorme. En el caso del Correo el argumento principal del concesionario, el grupo Macri, es que con la desregulación hay muchos correos privados que trabajan en negro y que como él tiene que trabajar en blanco no puede pagar el canon. Ahora, cuando el concesionario entró en el negocio ya sabía que tenía que cumplir la ley, de modo que como argumento para no pagar el canon me parece lamentable.

-¿Existen herramientas legales para que el Estado se defienda?

-Están las leyes de Convertibilidad (23.928) y de Emergencia Económica (25.561), que prohiben la indexación de las tarifas pero las empresas recurrieron a una artimaña de dudosa legalidad para eludirlas. El decreto 2585 de 1991 decía que como la Ley de Convertibilidad se volvía un obstáculo insalvable para aplicar las indexaciones tarifarias, era "legalmente" aceptable fijar las tarifas en dólares y actualizarlas según índices de precios de los Estados Unidos. De ahí en más casi todos los servicios quedaron dolarizados. Con un agravante: entre 1995 y el 2001, los precios, tanto mayoristas como minoristas, crecieron muchísimo más en Estados Unidos que en la Argentina, donde incluso hubo deflación de precios.

-¿Qué rol jugó la justicia?

-Recién en mayo de 2000 el Procurador del Tesoro Nacional declaró ilegal la indexación para el caso de las redes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y a partir de entonces hubo fallos judiciales en ese sentido. Recién ahí empezaron a hacer algo, pero a esa altura la Ley de Convertibilidad, sancionada nueve años antes, ya había sido violada innumerables veces.

-¿A qué se debió el cambio?

-Creo que, en parte, a esa iniciativa de la Procuración del Tesoro y otro poco a que socialmente el contexto era distinto. Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema la gente no sabía que si bien las tarifas las pagaba en pesos las mismas estaban fijadas en dólares y entonces por más que pidieran devaluar si no se tocaban las tarifas éstas se iban a seguir pagando en dólares o en su equivalente en pesos devaluados. La gente toma conciencia de poco, fue un proceso lento, que se aceleró sobre todo a partir de 2001 con la crisis y la labor de las asambleas vecinales y todo el movimiento social

- ¿El Estado tiene, entonces, elementos suficientes como para impulsar las rescisiones?

-En el caso del Correo, creo que cuenta con los elementos suficientes, como se desprende de, por ejemplo, un dictamen de la Auditoria General de la Nación. En otros casos, se presentan los reparos que pueda derivarse de las presentaciones de empresas extranjeras (prestadoras o accionistas de las mismas) frente al CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un mecanismo de arbitraje patrocinado nada más y nada menos que por el Banco Mundial. Las empresas extranjeras tienen, en este punto, el privilegio de poder recurrir a tribunales internacionales. De todas maneras, la debilidad de los argumentos es notoria. El cambio de las reglas del juego a partir de la devaluación -que es lo que aluden- no me parece motivo suficiente para un juicio internacional. Además, hay allí un problema de soberanía, porque la devaluación es una cuestión de política cambiaria nacional. Lo que pasa es que se trata de importantes empresas transnacionales que cuentan con el aval y apoyo de sus respectivos gobiernos. Aguas Argentinas, por ejemplo, ya presentó sus demandas ante el CIADI, con la particularidad, en este caso, que el Banco es, a la vez, el principal acreedor de la empresa -a través de la Corporación Financiera Internacional- y también es tenedor de acciones de la empresa (5%). Vale decir que resulta juez y parte, de modo que no sé qué puede salir de ahí...

-¿Lo mismo ocurre con el FMI cuando presiona por el aumento de las tarifas?

-Algo similar. A mi entender ahí hubo también una apuesta de Lavagna que tuvo un efecto contrapuesto al buscado. Convocó a todas las privatizadas y les dijo que no iba a haber aumento de tarifas hasta que no hubiera acuerdo con el Fondo, con la idea de presionar a los países a través de las
empresas, para que éstas -a su vez- presionaran al Fondo parar que se firmara el acuerdo. Pero le salió al revés: a partir de entonces el FMI incorporó el condicionamiento de los incrementos de las tarifas, que no estaba entre las exigencias iniciales. En cierta forma, a Lavagna le salió el tiro por la culata.

-¿La situación económica de las empresas hacía necesaria su privatización?

-Buena parte de las empresas era, desde el punto de vista económico, superavitarias. Somisa, por ejemplo, no era deficitaria hasta que se inició el proceso de privatización. A partir de allí, empezó a perder un millón de dólares por día. Pero, además, estas empresas cumplían un rol social. La Argentina, hasta principios de los 90, era el primer país en expansión del sistema de gas natural por redes. En el mundo, las empresas de servicios públicos no están pensadas como un gran negocio, justamente por esa función social. En el caso del agua, en la Argentina no hay un plan medioambiental respecto del recurso hídrico. Según la Encuesta Nacional del Gasto, en el ámbito del Area Metropolitana de Buenos Aires la cantidad de cloacas era menor en el 96-97 que diez años antes. Es decir que no sólo no se cumplieron las metas de inversión y de expansión del servicio, sino que al estilo de "ramal que para, ramal que cierra" no se mantuvo ni lo que ya había. Además, si alguien no paga tres boletas no solo le cortan el agua, sino que tiene que seguir pagando la conexión. Es algo así como que si yo no tengo televisión pero el cable pasa por la esquina de mi casa, tengo que pagarlo.
Es absurdo. El acceso al agua potable es un derecho humano básico, no te la pueden cortar En Inglaterra, por ejemplo, en invierno no pueden cortarle el gas a nadie, aunque no lo paguen. Es parte de una lógica social que aquí no existe. Sigue siendo un servicio público, por eso -en general-. las utilidades son del 6, 7 u 8 por ciento; acá en cambio ni siquiera se cumplió el principio básico del capitalismo que a mayor riesgo, mayor rentabilidad.
En la Argentina el riesgo fue nulo y siempre se les garantizó una tasa de rentabilidad extraordinaria, tanto en el plano nacional como internacional.

-Si daban superávit, ¿por qué el Estado se desentendió de las empresas?

-Porque la intención de las privatizaciones no era económica sino política y, para quienes las gestaron, resultaron exitosas. Argentina logró ingresar en el Plan Brady, renegociar la deuda y alcanzar una alianza con la banca acreedora; a partir de allí pudo implementar el plan neoliberal de los 90.
Las empresas estatales fueron una suerte de prenda de paz frente al mundo de los negocios. Menem demostró que era capaz de hacer algo impensable para la historia del peronismo: desprenderse de las empresas públicas, a niveles que no se alcanzaron en casi ningún otro país. Junto con Rusia, Argentina es el lugar donde con mayor rapidez se privatizó tanto patrimonio. Los ingleses se tomaron cuatro, cinco, diez años para privatizar una empresa. Acá, con Entel, entre la presentación del pliego y la transferencia de la empresa, pasaron apenas nueve meses.

-¿Cómo se llevaron a cabo las privatizaciones en otros países?

-El proceso argentino es la antítesis de las mejores recomendaciones internacionales en la materia, que indican que primero hay que sanear la empresa. Acá, por el contrario, se las deterioró para lograr consenso social para las privatizaciones y se las transfirió a valores muy por debajo de los reales. El paradigma de este proceso fueron los ferrocarriles que perdían un millón de dólares por día. Después de las privatizaciones, el subsidio estatal siguió siendo de un millón de dólares pero en los trenes trabajaban 60 mil personas menos y los ramales eran el 20 por ciento de los que eran antes. En Inglaterra por ejemplo, hay una cláusula que dice que si la empresa gana más de lo previsto, debe bajar las tarifas. La Argentina copió, en teoría, algunos de estos mecanismos de regulación tarifaria pero en la práctica funcionaron al revés. Acá, por ejemplo, la ley 24.065 (marco regulatorio de la electricidad) planteaba revisiones tarifarias cada cinco años pero el decreto reglamentario de esa ley dice que la primera se iba a realizar recién a los diez años. Por otro lado, en cualquier otro país por un caso como el de la chica que murió por una descarga cuando levantó el tubo del teléfono varios habrían ido presos.

-¿Todas las áreas del Estado son posibles de privatizar?

-Acá se privatizaron áreas que no se privatizan en ningún otro lado. El correo está privatizado en la Argentina, en Nigeria y Burundí, México no privatizó PEMEX, la empresa petrolera del Estado. Ni Pinochet privatizó el cobre. En cualquier otro país, los recursos naturales no renovables, como el petróleo, el cobre o el gas no se privatizan y para colmo en esas áreas en la Argentina casi no hay regulación. Las empresas prácticamente no están invirtiendo en exploración y como hacen crecer la exportación dentro de diez años vamos a estar a vela, no vamos a tener ni petróleo ni gas, lo vamos a
tener que importar nosotros. Las reservas de petróleo cayeron, entre 1991 y 2001 de casi quince años a poco más de ocho. Las exportaciones de petróleo que, en 1991 eran el equivalente a poco más del 3% de la producción, en la actualidad superan el 40%. Es un despropósito. En la mayoría de los países exportadores de petróleo, las empresas no pueden exportar sin tener garantizadas ciertas reservas. Acá no se sabe ni siquiera si hay reservas, porque las auditan cuatro consultoras internacionales financiadas por las propias empresas petroleras privadas, de modo que el Estado no tiene la menor idea de cuánto hay de reservas reales de petróleo y de gas natural. A ese nivel llegó el desmantelamiento del Estado.

-A pesar de todo, ¿para las concesionarias sigue siendo un buen negocio?

No hay empresa en el mundo que recupere la inversión en cuatro años, como pasó aquí con varias de las privatizadas. Y sigue siendo un buen negocio, aún cuando ganen menos. Lo que sí cambió para las empresas es la visión que tiene de ellas la sociedad: las ha ido transformando en un enemigo público.

Fuente: lavaca.org


Gentileza: Ezequiel Beer.