NCeHu 864/03

Justicia, materia pendiente de la democracia

                                                                  Alfredo César Dachary

Hace unos pocas semanas, en México se dio un dictamen excepcional. Se autorizó la extradición a España del militar genocida argentino Miguel Cavallo, un fallo que pasa a la historia moderna del derecho como un parteaguas sobre la territorialidad de la justicia.

La justicia española, en este caso a cargo del ya famoso Juez Garzón, solicitó la extradición por genocidio y tortura a ciudadanos españoles asesinados en Argentina durante la última dictadura militar.

Dos semanas después de la deportación de Cavallo a España, el gobierno argentino que encabeza el reciente presidente Kihsner, decreta la abolición de los decretos que hacían prescribir estas causas a través de una figura que era la obediencia debida de un militar respecto de un superior y que por ello los eximía de culpa y la ley de punto final, que era un verdadero blanqueo de lo ocurrido. 

Ante esta nueva situación, cuarenta seis militares en servicio activo o en retiro fueron detenidos y puestos a disposición primero del juez solicitante, Garzón,  y en algunos casos a otros gobiernos, como el de Francia, por la muerte de las monjas francesas o Suecia por la desaparición de ciudadanos de ese país, todos en suelo argentino.

Estos hechos al igual que el que realizó México son pioneros a nivel mundial. Aún queda mucho por hacer, principalmente en el cono sur donde en Chile la transición todavía no concluye y Pinochet es un factor de poder con el ejército, lo mismo que en Uruguay y Bolivia y en menor cuantía en Brasil, donde el tema es vedado, dado los grandes problemas actuales.

Este mismo año se designó como fiscal del Tribunal Penal Internacional al fiscal argentino que llevó adelante los juicios contra los dictadores del país en los 80’s, y con ello comenzaba a operar este nuevo tribunal mundial que tiene una larga lista de futuros indiciados, incluidos algunos funcionarios importantes de países que están en el poder en la actualidad.

Hoy están siendo juzgados en Holanda, los responsables de la guerra de los Balcanes, desde el presidente de la ex Yugoeslavia, a generales y presidentes de los nuevos países emergentes, una larga lista, que aún no ha concluido en muchos casos en sentencia.

Llama la atención que hoy se persiga a terroristas, guerrilleros,  delincuentes asociados a las mafias internacionales de la droga y otros delitos, a militares que han realizado abusos contra las poblaciones como los cascos azules de la ONU, que sería tarea del tribunal internacional y que justamente Estados Unidos se opone a este organismo máximo del planeta.

¿Dónde está la lucha por la democracia, por la libertad de los pueblos, por la abolición de las tiranías si el gobierno justifica todos los abusos de sus militares, de los violadores y asesinos que han asolado a poblaciones donde están sus bases como el caso de Okinawa, o las bases en Centroamérica, en Honduras, donde el número de enfermos de sida es excepcional?

¿Qué pasa con los principios de los padres fundadores de las primeras colonias de América del Norte?¿ Con qué cara se puede exigir reciprocidad  y solidaridad de justicia cuando el gobierno de Estados Unidos obliga a cada gobierno de América y el mundo a firmar un acuerdo que deja fuera de esa jurisdicción a los soldados y funcionarios norteamericanos que realicen el tipo de delito que sea?

México acaba de detener a un grupo de supuestos miembros de la ETA a solicitud y colaboración con la policía española y ha decretado su extradición, la que solicita el gobierno español.

El problema que plantea a esta nueva era, la justicia internacional de los delitos denominados de lesa humanidad, es quizás la primer prueba de fuego de la democracia en el siglo XXI, los países que se adhieran serán los más creíbles , ya que nada tienen que ocultar, de sus gobernantes ni de sus ciudadanos, de sus acciones como país como la de sus connacionales en el extranjero.

Estos hechos son de tal trascendencia que hoy estamos enfrentando una nueva página negra en la historia de América. El genocida Efraín Ríos Mont, militar y obispo de una de esas sectas que hoy abundan en Guatemala, intenta llegar a la presidencia del país por la vía electoral y un valiente juez le obstruye el paso, a partir de un artículo de la constitución que prohíbe a los golpistas entrar en la disputa democrática por el poder.

Aún no se ha sentido la voz del Departamento de Estado, que tiene en su poder gran parte de la documentación probatoria de los crímenes de Ríos Mont, lo cual lo ha reconocido estos últimos años y esto llama la atención porque este general no tiene nada que envidiarle a Saddan Hussein, sólo que no es árabe.

No es un tema menor, no es un problema de interpretación de la ley, es ésta quizás la mayor demostración de que entre la democracia declarada y la ejercida hay un largo camino, que sólo se puede transitar cuando todos los ciudadanos del mundo sin excepción sean sujetos de un orden jurídico común sobre los temas que son de lesa humanidad, principalmente el genocidio y la violación masiva de los derechos humanos.

Cuando ocurre un hecho inédito, como fue la invasión a Irak para apropiarse  del petróleo, lo cual en menos de un mes se hizo público ante la falta de pruebas de la existencia de las armas de destrucción masiva, se entiende entonces a la administración Bush, el por qué no quiere firmar la adhesión al Tribunal penal internacional, ya que como se dice en la tradición: “...cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, pon las tuyas a remojar...”.

La justicia por los horrores de Argentina demoró veinticinco años, la de los judíos sobre los nazis y guerra de exterminio aún no ha concluido aunque ya la mayoría de los actores son ancianos o han fallecido; el tiempo es un recordatorio de que la vida pasa pero los horrores no se olvidan.

El derecho es una de las bases, quizás la más estable del orden social, pero su adecuación o transformación es muy lenta, siempre va adelante el accionar social, la experiencia y luego viene la legitimación vía el derecho. Pero esta vez su adecuación ha sido muy rápida, quizás la vieja balanza ha recibido un peso nuevo de la modernidad.

Muchas cosas quedan aún pendientes en la justicia internacional, y por ello  es de esperar que los demócratas norteamericanos incidan en la adhesión de su país a este nuevo orden penal internacional que está por encima, más no es excluyente de los derechos locales.

 Este sería un paso efectivo a favor de la libertad como principio, ya que  limitaría las aventuras de grupos golpistas, de los gobiernos de las grandes potencias  y otros grupos de poder, a fin de que la justicia se haga a partir de criterios universalmente aceptados y las contravenciones se juzguen según el derecho internacional. Este sería un paso fundamental en la consolidación de una democracia global.

alfredo@.pv.udg.mx