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APORTES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO:
EL PAPEL
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PARTICIPACIÓN
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
 Lic. Cristina
Carballo
Miembro activa del Centro Humboldt
Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de
Luján
Resumen
El presente artículo presenta una "lectura" sobre las
relaciones entre sociedad-ambiente en la gestión social del territorio y
los recursos, en el marco de la globalización económica y los procesos de
fragmentación socio-territoriales de la Región, en especial de Argentina.
Para ello, se revisan y reflexiona sobre los antecedentes internacionales
vinculados con la Evaluación del Impacto Ambiental, la Educación Ambiental
y la participación de la sociedad en las decisiones socio-territoriales.
Palabras claves
Ambiente-sociedad, impacto, educación y
comunidad
¿Por qué la comunidad en el proceso de la Evaluación del
Impacto Ambiental (EIA)?
Existe un claro consenso internacional que el
proceso de participación pública en la evaluación ambiental
(identificación, predicción y evaluación de impactos relevantes
beneficiosos o adversos) permite la valoración social de los proyectos por
parte de la comunidad afectada. Esta estrategia, la EIA, se resignifica en
la escala Latinoamericana, y en la Argentina de los últimos veinte años.
Por un lado, la EIA se inserta en la legislación sectorial y provincial, y
por otro lado, en Argentina se registra una intensa desregulación de la
economía nacional con la presencia de inversiones internacionales. En este
marco de la globalización económica, la redefinición social, ambiental y
territorial de Argentina no se hace esperar.
Desde una perspectiva
técnica-metodológica, la EIA debe interpretarse como una herramienta de
tipo procesual, multidisciplinaria e interactiva, cuyo propósito es lograr
una mejor comprensión de las relaciones existentes entre lo social, lo
económico, lo ecológico y lo político.
También hay acuerdo, en que la
EIA debería aplicarse tanto a actividades como a proyectos de desarrollo
que sean emprendidos por el sector público o privado; en el que deben
incluirse un análisis de alternativas y medidas de mitigación que busquen
la minimización o eliminación de las consecuencias adversas, y la
optimización o potenciación de las positivas. En muchas sociedades, y cada
vez más, la EIA está siendo vista como un mecanismo clave para lograr que
la sociedad civil participe, y así involucre en el proceso de
planificación territorial y ambiental.
Pero las coordenadas espaciales
en que fue mentada y reclamada como un derecho social la participación,
consulta e información ambiental dista mucho de lo que es la realidad de
la sociedad de América Latina. Recordemos que el proceso de
institucionalización de la EIA, en esta parte del planeta, respondió
inicialmente para satisfacer los requisitos exigidos en los mecanismos de
otorgamiento de créditos por parte de los organismos multilaterales
financieros. "Así, este proceso latinoamericano priorizó el enfoque de la
presentación de estudios o informes de impacto ambiental, antes que el
procedimiento a través del cual mejorar el sistema de decisiones públicas.
Colombia fue pionera en incorporar la EIA en su código de Recursos
Naturales (1973), y posteriormente seguida por otros países como México
(1978), Brasil (1988), Venezuela (1992), Bolivia (1992), Paraguay (1993),
Chile (1993), Hoduras (1993) y Uruguay (1994)" (FARN; 1999:16)
Sin
embargo, esta conyuntura reciente de los procesos de globalización
económica demuestra que los emprendimientos e inversiones de los grupos
económicos internacionales son impuestos a las poblaciones locales. Lo
cierto es que la población cuenta con insuficientes espacios de
participación. Esto puede redundar en una fuente de conflictos
ambientales, en particular cuando “los afectados” por el proyecto no son
convocados, y las decisiones económicas se toman a corto plazo bajo la
lógica de la ganacia. Queda manifiesta entonces, la necesidad de
involucrar a la sociedad civil en las distintas etapas de las que se
compone el ciclo de un proyecto o programa de desarrollo local o regional,
a través de diferentes instancias representativas.
La Educación
Ambiental: de la huerta ecológica a los mecanismos de participación
comunitaria
Desde hace tiempo se ha ido gestando un acuerdo
internacional sobre la necesidad de imponer la dimensión ambiental en las
políticas económicas con el objetivo de avanzar en un desarrollo
sostenible. Esto ha implicado la participación de los actores de la escena
política, económica y social del planeta. Proceso que tiene como primer
hito internacional, la Conferencia de Estocolmo (1972) y, más
recientemente, el Informe Brundtland (1987), y la Conferencia de Río
(1992).
Pasando por la ecología profunda (deep ecology),
ecodesarrollo, desarrollo sostenible, movimientos sociales verdes,
crecimiento cero... el concepto de ambiente y, por lo tanto, la educación
ambiental ha sido conformada desde diferentes enfoques interpretativos y
por diferentes grupos de presión que dominan la tendencia internacional,
regional y/o local.
El resultado de la Reunión Cumbre de Río en 1992
surge un detallado plan de trabajo para el siglo XXI, cuya finalidad es
hacer posible un desarrollo que sea sostenible desde los puntos de vista
social, económico y ecológico. Este plan, conocido como Agenda 21
contempla una serie de normas, políticas y medidas que los gobiernos
firmantes se comprometan a seguir. Para fundamentar de la Agenda 21 es el
reconocimiento de lo importante que es la participación para enriquecer el
acervo de conocimientos y experiencia en la conservación de los recursos
naturales y otros aspectos del desarrollo sostenible. Es en este marco que
se considera indispensable la insersión, fortalecimiento de la Educación
Ambiental como estrategia que tenga como meta la participación activa de
la comunidad en sus proyectos de desarrollo en todas sus escalas.
Por
este motivo, se considera central introducir algunos elementos
conceptuales de la Educación Ambiental que estructura, a nuestro entender,
los grados de percepción y representación social de los problemas
ambientales, el grado de participación de la comunidad. Además, la E.A.
facilitaría la consolidación de canales gubernamentales y no
gubernamentales que aseguren un compromiso social y equitativo de los
recursos y las necesidades de la sociedad.
En este sentido es oportuno
traer los aportes de Isabel Carvalho, quien plantea algunos elementos
centrales: por un lado, la dificultad y concurrencia epistemológica de «lo
ambiental». Y, por otro lado, los numerosos y encontrados intereses que
están detrás de los proyectos y valoraciones sociales del ambiente (tanto
en las construcciones sociales, como en los discursos, y/o el papel del
Estado, organismos internacionales, etc.)
A continuación se
transcriben las principales ideas a discutir, "La formación del campo
ambiental delimita un espacio de relaciones sociales e históricas donde se
produce y reproduce la creencia del valor de la naturaleza como un bien
que debe ser preservado, encima de los intereses inmediatos de las
sociedades. Esta creencia alimenta la utopía de una relación simétrica
entre los intereses de las sociedades y los ciclos de la naturaleza. (...)
De esta forma, el campo ambiental, se contituye necesariamente encajado en
la disputa por el poder simbólico de nombrar y atribuir sentido a lo que
sería la conducta humana deseable y un medio ambiente ideal. En torno, de
esta problemática fundamental, el campo ambiental va a producir una visión
del mundo, un circuito de producción del consentimiento, un espacio de
comunicación, y una arena de acción. (...) Por eso, más de lo que un
fenómeno que tiende hacia la convergencia y estabilidad, prefiero tomar
esa heterogeneidad de las prácticas y sentidos en torno de lo ambiental
como un campo social inestable y multifacético. La preocupación ambiental
atraviesa diversas prácticas sociales contemporáneas y se comporta con un
alto grado de heterogeneidad, pudiendo incluir movimientos sociales de
filiaciones ideológicas diferenciadas, políticas públicas, partidos
políticos, estilos de vida alternativos, opciones y hábitos de consumo,
etc. En este contexto, las luchas socio-ambientales, sean aquellas
llevadas por los movimientos ecológicos o por los movimientos populares
que incoporan la cuestión ambiental, son parte importante de este conjunto
heterogéneo de valores y acciones que constituyen el campo ambiental.
(...) Muchas de las luchas en torno de los bienes ambientales son
expresiones de esta tensión entre intereses públicos e intereses privados.
(Carvalho; 1999)
En pocas palabras, lo que plantea la autora, no es
sólo la heterogeneidad de las conceptualizaciones sobre el ambiente, sino
el complejo mosaico de los intereses de actores o grupos sociales. Es en
esta etapa de confrontación y conflicto que el Estado debe asumir un claro
papel y un eficaz proyecto político que amplíe las posiblidades de
participación y la esfera pública para el consenso en las valoraciones
ambientales de las sociedades y la salida a los conflictos más urgentes.
En este contexto, estaría inmerso el proceso de evaluación de impacto
ambiental. El proceso de la EIA materializa no solo los beneficios de un
proyecto sino que pone a discución las desventajas y el grado de impacto
negativo a la población afectada. En este esquema, queda claro, que saldrá
a la luz la confrontación de intereses y la asimetría de los actores. Este
será el principal desafío que deberá superar la EIA para una real
evaluación y participación comunitaria, en el marco de políticas
ambientales surgidas desde el Estado.
La Educación Ambiental, por lo
tanto, no pretende generar exclusivamente una polarización similar a la
que ya existe en algunos países entre los sectores productivos y
preservacionismos, ni provocar un sentimiento de impotencia ante los
abrumadores problemas ambientales cotidianos locales o planetarios. Si no
por el contrario la educación ambiental busca el desarrollo de estrategias
para evitar dicha polaridad. En otras palabras, la Educación Ambiental se
debe caracterizar por promover y facilitar el intercambio de ideas y la
continua coparticipación de los sectores sociales, tanto de la esfera
privada como pública.
La gestión social del ambiente y la
confrontación de intereses
Lo analizado anteriormente se complica aún
más por el simple hecho de que la pespectiva de una sociedad que disfruta
del desarrollo y bienestar difiere, obviamente, de otras sociedades que
estan en vías de desarrollo. Esta contradicción es factible de reconocer
si se incorpora en nuestro análisis el concepto de espacialidad para la
interpretación de la gestión del ambiente.
Pero no está todo dicho,
fueron y son los movimientos verdes de los paises desarrollados de Europa
Occidental y Estados Unidos, (con más de 13.000 ONGs para 1997) los que
han logrado instalar en la sociedad la necesidad de detener el deterioro
ambiental. A la fecha, en estos países se avanzó en la normativa,
políticas regulatorias, organismos de auditoria, coordinación de sus
políticas ambientales, inserción de la Educación Ambiental en la formación
del ciudadano en el sistema educativo como es el caso de España que tienen
un camino recorrido de más de 10 años, como una de las principales
estrategias de cambio, entre otras medidas. Recientemente, en estos
últimos años, la tendencia se centra en retomar otras esferas de la
Educación Ambiental (EA): la opinión pública, y darle un papel central en
las sociedades que disfrutan de auténticos marcos democráticos. En este
sentido, las gestiones gubernamentales han visto la necesidad de
implementar estrategias de educación ambiental y otras instancias de
participación pública en la toma de decisiones ambientales.
Si bien
las realidades en los países en vías de desarrollo son opuestas a la
anterior, el marco democrático nos brinda la posibilidad de ver
interesantes fenómenos sociales en relación con el ambiente y el bienestar
de su sociedad, la pregunta es: ¿lo podremos hacer?
La relación entre
la actuación de los poderes públicos y la opinión de la población así como
el desarrollo de la imagen ambiental del sector privado, han desencadenado
un proceso dinámico de suministro y demanda de información y un aumento de
la participación popular en el debate ambiental, social y territorial,
algunos de escala internacional como por ejemplo los movimientos de
ecología popular en Chiapas.
Por cierto, ¿Qué es la Educación
Ambiental? ¿Cuál es el papel de las Ciencias Sociales?
Si hacemos
memoria recordaremos que desde la aparición de la Educación Ambiental,
hace más de veinticinco años, se la consideró y considera aún como la
principal estrategia de cambio. La educación era la que debía desempeñar
un papel central en la resolución de los problemas ambientales. Se asume
desde el comienzo que la grave situación ecológica, el deterioro de los
suelos, la contaminación urbana, el acelerado y desordenado crecimiento
urbano, el riesgo tecnológico y la polución, el cambio climático, entre
otros, son causados por la actuación humana. Y que cambiando los
comportamientos y actitudes de las personas, la situación puede cambiar.
A partir de la complejidad y heterogeneidad de los problemas
socio-ambientales podríamos asumir que la respuesta de la EA ha sido igual
de dinámica y amplia. De esta manera, encontraremos que desde la huerta
orgánica, los senderos de interpretación de la naturaleza, las visitas a
Parques Nacionales, publicidades como parte de una campaña contra pruebas
de energía nuclear, estudiar en la escuela el concepto de ecosistema,
participar en ONGs ambientalistas como Greenpeace o en grupos locales que
se preocupan por mantener y no contaminar los espacios verdes públicos o
las riberas de los ríos, desarrollar campañas de salud en sectores
sociales críticos para minimizar la vulnerabilidad ambiental, campañas
oficiales de la comuna para la separación de basuras, a ¡salvemos al
planeta!... todo se llama EA.
"Si la Educación Ambiental lo es todo,
corre el riesgo de no ser nada. Un proceso, como la educación [ambiental],
no se puede definir solamente por el objetivo" (Calvo y Franquesa, 1998)
Son muchos los factores que modelan la práctica de la EA, desde el
contexto histórico-espacial, el contexto sociopolítico, la satisfacción de
las necesidades básicas de la población, los marcos económicos vigentes,
el papel del Estado, las distintas técnicas de intervención ambiental e
inclusive la inserción o no de la perspectiva ambiental en el sistema
educativo.
Esto se relaciona con las distintas concepciones
ambientales que a través del tiempo influye no solo a la EA sino a las
sociedades en sus conjuntos. Podríamos recordar que al comienzo del siglo
XX el progreso económico y tecnológico ya planteaba algunas preocupaciones
en algunos sectores sociales creando la figura de los parques o santuarios
naturales. En la década del sesenta, la preocupación de las sociedades que
llamamos desarrolladas plantea la urgencia del tratamiento, control y
erradicación de la contaminación. Movimientos neomalthusianos y nuevas
crisis ecológicas van ocupando las agendas internacionales de Medio
Ambiente. Al finalizar el siglo XX se plantea la necesidad de preservación
de los recursos y la inequidad socio-ambiental como desafíos a superar en
el marco del desarrollo sostenible.
Las sociedades del "sur", y
América Latina en particular, requieren una mirada analítica y
comprometida de sus ambientes, sociedades y territorio que permita
intervenir desde la Comunicación, Participación Popular y Educación
Ambiental como estrategia educativa con el propósito de lograr cambios de
actitudes, compromiso y participación ciudadana. A través de la formación
continua, tanto en el sistema educativo como en los demás ámbitos públicos
y privados.
Esto ha requerido históricamente una deconstrucción y
construcción teórica planteando en primer lugar rupturas y fracturas con
las difundidas posiciones armónicas, "sentimentalistas", biologicistas,
conservacionistas acríticas, pedagógicas discursivas y descriptivas de la
Educación Ambiental. Cabe aclarar que todas las tendencias han ofrecido
aportes a la E.A. y conviven en la actualidad, a tal punto que aún siguen
teniendo un fuerte impacto social. En este sentido, la Ciencias Sociales y
la Geografía, en particular, tienen un papel central en la construcción
teórica y empírica de la EA como motor de las decisiones ambientales de la
comunidad sobre el territorio.
La participación pública, ¿una
utopía?
Volviendo a la esfera de la EIA, son muchos los autores y
organismos internacionales/nacionales que han dedicado trabajos al tema de
la participación en el proceso de la EIA. Pero, sin duda, es Canter
(1998), es quien propone una síntesis completa que abarca todos los
aspectos de la participación pública. El mismo autor, propone que "el
principal propósito de incluir programas o actividades de participación
pública en el proceso de toma de decisiones es aprovechar las aportaciones
de los organismos gubernamentales, ciudadanos y grupos públicos de
interés, para mejorar la calidad de misma. Las actividades en las que
intervienen los ciudadanos se conocen como participación ciudadana,
particiapción pública, compromiso político y compromiso ciudadano. (...)
Entre otros asuntos se incluyen además la participación pública en el
proceso de EIA, la definición de los objetivos de la participación
pública, la identificación del público, las técnicas de participación, la
gestión y resolución de conflictos, sugerencias prácticas para la
realización de un programa de participación pública y la comunicación oral
en el proceso de EIA"
En esencia, el proceso de EIA requiere la
participación pública para considerarse como tal; ésta debe ser activa y
positiva y no limitarse al planeamiento pasivo con el que se cumplirían
las exigencias de las regulaciones jurídicas. La mayoría de los organismos
provinciales , en nuestro país, tienen sus propios requisitos sobre
participación pública que están en consonancia y complementan las normas
nacionales. Pero muy poco hay hecho en relación con las leyes
reglamentarias que hagan transparente la aplicación de la norma y en
particular la participación pública en el proceso de EIA.
La
participación pública debe cumplir algunas funciones vitales en EIA como
servir de mecanismos de intercambio y proporcionar información acerca de
los valores locales. Y ayudar a establecer la credibilidad del proceso de
planificación y evaluación ambiental del territorio .
Identificación del público y los objetivos de la participación
La planificación de los mecanismos de participación en el proceso de
EIA no se desarrolla en una «isla», sino por el contrario, este proceso
está inserto en una sociedad. Por ello, debe considerarse: (1) niveles de
participación pública y (2) problemas inherentes a los programas de
participación pública .
Cabe destacar algunos elementos para su
análisis: la delineación de los objetivos, la identificación del público
destino y la dimensión de la participación de la EIA.
La delineación
de los objetivos de los programas y actividades de participación pública
durante las diferentes etapas del proceso de EIA es un elemento importante
en el desarrollo de un plan de participación. Dos razones básicas para la
identificación y clasificación de los objetivos son, primero, los
objetivos cambian a lo largo de las diferentes etapas de un estudio.
Segundo, algunas técnicas de participación son mejores que otras en la
consecución de ciertos objetivos. Hanchey, surgirió tres tipos generales:
² Obejtivos de relación pública
² Objetivos de información
²
Objetivos de resolución de conflictos
La identificación del público
que pueda estar implicado en las diversas etapas de un estudio de impacto
ambiental es otro elemento básico en el desarrollo de un programa de
participación pública. Público es cualquier persona o grupo de personas
que tiene un interés específico en un asunto. La información sobre los
posibles impactos podría mostrarse según las personas afectadas. Tambien
es importante la definición de las técnicas de participación más efectivas
para comunicarse con los diferentes públicos. (Canter; 1998:723)
La
identificación de público debe también considerar la dimensión de la
participación en el tiempo. Es decir, contemplar en el público afectado o
motivado desde el comienzo de la planificación como en la fase de
consultas. A medida que progresa el estudio, algunos de los identificados
no participarán, mientras que otros previamente no identificados se
autoidentificarán y participarán activamente. Sin embargo, no hay que
olvidarse que siempre existirán aquellos que, aunque no hayan sido
identificados previamente, entren en el proceso incluso en la etapa final
.
El debate en torno a la participación de la comunidad, cada vez más,
está presente en la opinión pública. Para ello, sólo hace falta observar
algunos casos que aparecen en los medios escritos, donde se destaca el
tema de la participación pública, el rol del Estado y los conflictos de
intereses. Son varios los casos en que se trata algunas perspetivas de la
problemática: la transparencia de la gestión pública y los mecanismos de
participación.
Para finalizar, es necesario destacar que siempre está
presente en la EIA los conflictos de intereses y la relación asimétrica de
los actores. Estos conflictos de intereses se ponen en evidencia con el
reclamo social de una verdadera participación pública y un papel más
comprometido del Estado para regular y transparentar las decisiones
ambientales del territorio
Él participa, tú participas ¿y otros
deciden?
El gran desafío de la participación pública tendrá que
superar la retórica. La esfera pública como privada deberán generar claros
y transparentes mecanismos para la toma de decisiones en el proceso de
EIA. Al respecto quedan muchas preguntas sin contestar: ¿cómo aboradar un
marco conceptual y de acción acorde a la realidad social argentina? ¿Cómo
asegurar el acceso a la información ambiental a todos los sectores
sociales? Y, más aún, ¿cómo garantizar el tratamiento social de la
información ambiental en la formación de la opinión pública?, entre otras.
Pero sin duda, lo que este artículo plantea es la necesidad de
incorporar una eficiente dimensión social en la EIA a través de la
participación de la sociedad. En este marco, la educación ambiental debe
apoyarse en modelos explicativos socio-políticos locales y sin perder de
vista que la complejidad ambiental necesita analizarse desde diferentes
escalas espaciales.
Como hemos tratado de demostrar existen numerosas
aspectos y técnicas sobre la paticipación comunitaria en la EIA, pero
consideramos que el principal aporte de este ensayo fue mostrar que sin
planificación y sin políticas del Estado no hay una real participación ni
nada que se le parezca.
Otra idea para destacar, es que en los
mecanismos de participación, consulta o audiencia pública, los conflictso
de intereses, siempre están presentes. Sin embargo, gracias a la consulta
comunitaria las personas afectadas cuentan con una mayor gama de opciones.
Cuando a la población afectada se consulta acerca de los proyectos, y se
les permite contribuir sus conocimientos a la configuración de éstos, los
proyectos se tornan más eficaces y productivos. Pero aún, la
institucionalización de los métodos consultivos, en Argentina, son
insuficientes. Los organismos estatales tendrán que reorganizar sus
estructuras internas; los gerentes de proyectos tendrán que familiarizarse
más con los diversos actores, intereses y conflictos en las comunidades.
Este proceso requiere una verdadera práctica de la democracia para superar
tradiciones de dependencia con respecto a las lógicas de la globalización
de la economía.
En este contexto difícil y contradictorio se
encuentra, cada vez más, experiencias que tratan de proponer alternativas
que cumplan conceptual y tecnicamente el desafío de la participación en el
proceso de la EIA
Para finalizar, el espacio institucional debería
avanzar en el debate de la participación pública, en la construcción de
una comprensión del ambiente entendida como una realidad eminentemente
socioambiental. Y, sobretodo, debería profundizar en la EA como una
práctica social para la consolidación de una profunda interdependencia
entre ciudadanía, participación, justicia social y sustentabilidad
ambiental.
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Notas
E inclusive en otras escalas
político-administrativa como los municipios o el caso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto Carter (1996:713) advierte:
"Entre las desventajas, o costes de la participación pública aparece la
posibilidad de crear confusión, ya que pueden introducirse muchos puntos
de vista diferentes. Es posible recibir información errónea como resultado
de la falta de conocimiento de parte de los participantes. Otras
desventajas adicionales son: la incertidumbre de los resultados del
proceso y los posibles retrasos y aumentos de coste del proyecto. Sin
embargo, un programa de participación pública correctamente planificado no
necesariamente implica un incremento del coste y no necesariamente causa
un largo período de retraso en el proceso de toma de deciosiones"
Niveles de participación pública: pueden variar entre situaciones en
la que el público no participa en absoluto, pasando por situaciones con
una participación simbólica, por situaciones en las que los ciudadanos
realmente controlan el proceso de planificación.
Problemas inherentes
a la planificación de programas de participación pública: Los autores
rescatan cuatro problemas esenciales: Coordinación entre diferentes
unidades y niveles gubernamentales. Control, siempre existe tensión entre
las necesidades centralistas de la agencia y los intereses
descentralizadores de los ciudadanos. Representatividad, una de las
principales críticas a los programas de participación ciudadana es que las
personas que llegan a implicarse no representan a la mayoría, sino que
pertenecen a una élite con intereses concretos. Desacuerdo, una de las
razones de las exitencia de agencias gubernamentales es el conflicto de
intereses políticos y los técnicos en la toma de decisiones. La excesiva
utilización de justificaciones técnicas para racionalizar discusiones
políticas controvertidas es, sin duda, uno de los factores que ha
ocasionado mayor demanda de participación pública.
Por otro lado, "el
término interesados puede definirse como grupos o categorías de personas
que, en forma directa y demostrable, obtiene o pierden derechos o recursos
a través de las operaciones de desarrollo, incluyendo a los organismos de
gobierno, las organizaciones no gubernamentales y las agencias
financieras. Los interesados tienen un interés sustancial y generalmente
material en el resultado de una decisión u operación (...) La
identificación de los interesados requiere de una evaluación (o quizás de
una jerarquización) por nivel de poder (o poderes). Este tipo de
evaluación está faltando en muchos análisis de interesados. Un enfoque
político-económico o político-ecológico es muy útil en relacionar los
diferentes grupos de interesados de acuerdo con su nivel de poder (sobre
otras personas o recursos naturales). Estas evaluaciones son necesarias
para asegurar que los interesados menos poderosos reciban los beneficios
del proyecto o programa" (Schwartz et al; 1996:12)
Audiencia pública y
participación. El interés de los ciudadanos en participar en las
audiencias en las que se discute la situación de los servicios públicos o
el diseño del código de planeamiento urbano, da cuenta de un alto grado de
compromiso y madurez. Pero como contracara, el hecho de que usualmente en
la toma de las decisiones finales no se valoren los puntos de vista
expuestos por los ciudadanos parece obedecer tanto a falencias en el
diseño del procedimiento decisorio como a cierta indiferencia de las
autoridades con relación a las razones de los ciudadanos. Tal
participación suele tener como canal las audiencias públicas, una
instancia que implementa el mandato constitucional del cual nace la
obligación de que los marcos regulatorios de las empresas de servicios
públicos prevean la participación de consumidores y usuarios. En el caso
de la Ciudad de Buenos Aires, su Constitución extendió el mecanismo de las
audiencias públicas al procedimiento de sanción de normas relevantes, como
el Código de Planeamiento Urbano. En definitiva, se trata del
establecimiento de un ámbito deliberativo en el cual los ciudadanos estén
en condiciones de expresar sus críticas y opiniones sobre proyectos
legales o sobre el funcionamiento y las propuestas de reforma de servicios
públicos. Sin embargo, si las autoridades valoran sólo formalmente esta
instancia para luego hacer lo que ya, de antemano, tenían previsto hacer,
las audiencias públicas se transformarán en escenarios de nuevos maltratos
a los ciudadanos.
Es cierto que en muchos casos se deben someter a
debate cuestiones técnicas muy complejas. Pero también es cierto que no
suele existir una buena predisposición de las autoridades para explicar
con transparencia y claridad qué se trata de hacer. Y, peor aún, suele
ocurrir que las razones de los ciudadanos no merecen ninguna
consideración, ni para ser descartadas ni para ser incorporadas a un
proyecto.
¿Tendrá sentido, entonces, que los ciudadanos discutan sobre
la renegociación del contrato con las empresas que explotan los
ferrocarriles o sobre el contenido de un proyecto de ley si, al final del
procedimiento, las autoridades resuelven sin tener en consideración todo
lo expresado en las audiencias públicas? Sin duda que lo tiene, ya que aun
así los ciudadanos intervienen cada vez más activamente en la discusión
sobre cómo deben prestarse los servicios públicos en el país o sobre cómo
debe ser la ciudad en la que viven. Y el no tomar en serio el punto de
vista de los afectados puede erosionar, más que el procedimiento de las
audiencias, la legitimidad de lo decidido. CLARÍN 19/6/99
Privatización complicada: participación de los usuarios ¿sirve la
audiencia pública? (...) Si bien en la Cosntitución Nacional reformada en
1994 no se mencionan específicamente las audiencias públicas, casi todos
los juristas y las entidades de consumidores consideran que esa
alternativa es la que mejor cumple con el precepto constitucional que
establece la obligatoria "participación de los usuarios" en el control de
los servicios públicos. Salvo contadas excepciones, las audiencias
públicas que se realizaron hasta ahora no tuvieron utilidad y en la
mayoría de los casos terminarion siendo un mero trámite administrativo que
cumplieron los funcionarios antes de tomar decisiones que se conocían de
antemano. (...) Según Marcos Rebasa -ex director e impulsor del reglamente
del ENRE- las audiencias no sirven si no cumplen con una serie de
requisitos, entre otros: "Tienen que ser previas a las decisiones de las
autoridades, deben tratar un tema específico y su realización tiene que
ser en el lugar de los usuarios afectados" Entre las audiencias públicas
que resultaron casi una burla para los usuarios se cuentan las efectuadas
por Comunicaciones -para tratar el rebalanceo tarifario entre llamadas
telefónicas urbanas e interurbanas- y por la Secretaría de Transporte,
para debatir las renegociaciones ferroviarias de las ex líneas Mitre y
Sarmiento. En el caso telefónico, las reuniones se hicieron despúes de que
salió el decreto autorizando los cambios y en medio de varios fallos
judiciales contradictorios. En el caso ferroviario, la audiencia se hizo
por imposición judicial y, a las pocas horas de su finalización, el
gobierno sacó el decreto 210/99 que aprobó el nuevo contrato de Trenes de
Buenos Aires (TBA), sin siquiera haber pasado en limpio los planteos de
los usuarios. Por el lado del ETOSS (ente regulador de los servicios
sanitarios) no hubo audiencia pública cuande se renegoció el contrato de
Aguas Argentinas y recién ahora se establecieron como obligatorias para
algunos temas (...) CLARÍN, 16/06/99
Artículo publicado en Posición Internacional - La
Revista Virtual del Centro Humboldt - Año 2 - Nro
2.
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823/03 - Aportes p
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