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Asunto:NoticiasdelCeHu 782/03 - Contexto global y sistema nacional
Fecha:Jueves, 19 de Junio, 2003  18:45:48 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

NCeHu 782/03
 

CONTEXTO GLOBAL Y SISTEMA NACIONAL. LOS AÑOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL EN ARGENTINA, ENTRE 1976 Y EL FIN DE SIGLO

Lic. Jorge Osvaldo Marina

Miembro activo del Centro Humboldt

Docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján



I. Transformaciones en el sistema internacional.

Hacia fines de la década de 1960, y más claramente en la siguiente, fue evidente la desaceleración del crecimiento sostenido que se expresaba desde la segunda posguerra. Fueron cuestionados entonces, los méritos del régimen fordista de acumulación, el modo nacional de regulación del mercado y el Estado keynesiano asociado y sostenedor del modelo. La crisis económica mundial del capitalismo se manifiesta en EEUU hacia 1967, con hitos fundamentales en 1971 y 1973. El sistema monetario internacional impuesto en Bretton Woods en 1944 (mientras se fundaban el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ) fue liquidado con dos sucesivas devaluaciones del dólar durante la presidencia de R. Nixon. Los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) resolvieron incrementar los precios del crudo, contribuyendo a la generalización de la crisis. El precio del petróleo ascendió un 40 % de 1973 a 1974. Sin embargo, cabe recordar que inmediatamente los productos derivados, controlados por un reducido y selecto grupo de conglomerados transnacionales de origen europeo y estadounidense, registraron aumentos de precios aún mayores. Una amplia gama de maquinarias que importaban las periferias, tuvieron similar evolución.
Es conveniente señalar que, el comienzo del fin del fordismo, se expresaba en un descenso de la tasa de ganancia en las economías centrales. La causa de esta crisis hay que buscarla en la caída del ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo que ya no compensaba la elevación de la existencia de capital por trabajador; la consecuencia será un descenso en la razón producto/capital y en la tasa de beneficio (López y Díaz Pérez, 1990). Debe quedar claro que, en esta concepción, el derrumbe del régimen fordista no proviene de “shocks” externos, sino de la extinción de las posibilidades expansivas de una cierta lógica productiva y social. La mencionada decisión de la OPEP de 1973, como la similar de 1979, operaron sólo como potenciadores de la crisis. La banca privada, con la intención de rentabilizar sus depósitos (de rápido crecimiento por los flujos de petrodólares), puso en práctica una política de concesión de créditos a bajo interés. Pero poco tiempo después de asumir R. Reagan la presidencia de EEUU, las tasas de interés subieron abruptamente, con el tradicional objetivo de aliviar las crisis centrales con el esfuerzo de las periferias. De este modo, numerosos países destinatarios de las concesiones crediticias, se hallaron con deudas muy abultadas.
La denominada crisis del paradigma fordista, y la constatación de este proceso, realizada desde los directorios de los grandes núcleos transnacionales y desde los aparatos de Estado de los países “desarrollados”, fue el inicio de los procesos de reorganización de la producción, el comercio y las finanzas internacionales. Nuevamente, los organismos multilaterales de control y financiamiento, serían partícipes activos de la reestructuración internacional. Ya en los últimos años de la década de 1960 se asistió al fracaso de la estrategia que pretendía trasladar los costos de la crisis a la clase obrera. Esto significó un llamado de atención para los sectores empresariales e impulsó definitivamente las tendencias de automatización y flexibilización de los procesos productivos. Las nuevas tecnologías resultaron funcionales no sólo como portadoras de nuevas ganancias de productividad, sino también como medio de desestructuración y heterogeneización de la fuerza de trabajo. Su introducción, junto a la expansión del desempleo a partir de los años setenta, permitirá la aplicación de la estrategia antes fracasada (1).
En las sociedades de América Latina se avanzó en la articulación de los mercados financieros locales con los internacionales y se impuso una apertura esencialmente importadora. Esto significó el quiebre de los modelos mercadointernistas y la adaptación a las “nuevas reglas internacionales”. En la medida que muchos gobiernos democráticos y movimientos nacionales y populares no aceptaron las nuevas pautas de funcionamiento, la asociación de intereses entre grupos locales con aspiraciones hegemónicas, conglomerados transnacionales, organismos multilaterales y el gobierno de EEUU, condujo a la instalación de sangrientas dictaduras. Estas, a través de planificados genocidios, desarticularían la organización y resistencia social. Lamentablemente, casos como el chileno y el argentino, observaron los más altos grados de criminalidad y alevosía. Sólo así, los autores intelectuales de genocidios y masacres (Grupos económicos locales y extranjeros, organismos multilaterales, la CIA, el gobierno estadounidense, etc.), pudieron impulsar el vertiginoso endeudamiento externo y una virulenta distribución regresiva del ingreso, tales sus principales objetivos.
Aunque no parece atinado referirse a un sistema “posfordista” de acumulación, debemos reconocer la existencia de modelos alternativos al fordismo, con notorias diferencias entre ellos (Harvey, 1989). En términos generales, la producción se orienta “hacia la demanda solvente, es decir aquella constituida por los sectores de altos ingresos (mayoritarios en los países centrales y minoritarios en los países periféricos). Por consiguiente, el dinamismo económico ya no está dado por la producción creciente de bienes homogéneos para un número también creciente de consumidores, sino por la producción de bienes diferenciados, de ciclo de vida corto y un ritmo acelerado de obsolescencia para el consumo de un número relativamente estático de consumidores con capacidad de adquirir una gran variedad de bienes y reemplazarlos rápidamente por otros diferenciados merced a la permanente innovación tecnológica” (Fernández, 1996).
Los avances desarrollados, especialmente en la informática, microelectrónica y biotecnología, facilitan las nuevas formas de organización del proceso de trabajo intra e interempresas, dando lugar a un paradigma productivo basado en la flexibilidad. Esto es, en la capacidad de adaptación de la producción y circulación de bienes y servicios a un proceso continuo de diferenciación de productos.
El intento de recuperación del dinamismo, impulsado desde el capitalismo central, pretendió justificar “el abandono del keynesianismo, visualizado como principal cercenador de la tasa de rentabilidad, en tanto comprometía al capital con el pleno empleo, con una distribución del ingreso que sostuviera el consumo, y con una política fiscal adecuada a las necesidades del Estado benefactor” (Fernández, op. cit.).
Las respuestas a la crisis económica encontraron eco en los segmentos integrados de la gran empresa capitalista. Los liderazgos neoconservadores, con los muy representativos ejemplos de R. Reagan en Estados Unidos y M. Thatcher en el Reino Unido, propusieron paquetes de reformas que incluyeron la privatización, desregulación, reestructuración económica y desmantelamiento del estado de bienestar. La rápida expansión del discurso neoliberal, tanto en países centrales como en subdesarrollados, coadyuvó intencionalmente a la generación de una imagen de inevitabilidad de los procesos ligados a la “globalización”. “Estas transformaciones en el modo capitalista de regulación y acumulación presuponen una reformulación radical de las estructuras sociales y políticas. La primera meta de la globalización fue destruir las estructuras de intereses y concesiones sociales institucionalizados en la forma de regulación fordista” (Hirsch, 1997).
La globalización es una vasta estrategia política, un proyecto capitalista en la lucha de clases (Hirsch, op. cit.). Esta estrategia fue impuesta esencialmente por el capital internacionalizado, de acuerdo con los gobiernos neoliberales que asumieron los gobiernos de distintos países. La política económica de liberalización y desregulación se propuso crear las condiciones políticas e institucionales adecuadas para una profunda transformación en la relación de fuerzas entre clases sociales, tanto a escala nacional como internacional. Es sobre esta base que se avanzó en la reorganización técnica de la producción capitalista. De la globalización actual, en todos sus sentidos, se deriva el resurgimiento del viejo capitalismo, es decir, una sociedad de clases basada en la superexplotación de la fuerza de trabajo a través del mercado. Un capitalismo del siglo XVIII con acceso diferenciado a tecnologías del siglo XXI. El neoliberalismo dominante desde los años setenta (e impuesto en muchos casos mediante prácticas represivas y terrorismo de estado), otorga “legitimación ideológica” a esta estrategia capitalista para “superar” la crisis. Sin embargo, para las mayorías supone de hecho un callejón sin salida (de la crisis).
Los retos globales “justificaron” (y continúan haciéndolo), medidas monetaria duras, regresividad tributaria, reducción de los servicios sociales, desregulación y privatización, con represión y políticas antisindicales. Paralelamente a estas políticas expresadas en las escalas nacionales, avanzaron las articulaciones orientadas a liberalizar el comercio y la circulación de capitales y servicios a través de las empresas transnacionales, y a la concreción de convenios bilaterales y multilaterales, zonas francas y de librecambio (Koc, 1994). En defensa de la acelerada concentración y centralización del capital en el nivel internacional, la denominada “nueva derecha” no ha escatimado recursos en transmitir la interpretación de la inevitabilidad mencionada, y en ofrecer “soluciones” a la crisis del régimen de acumulación fordista. Desde esos intereses, al planteo de la libre circulación de bienes y servicios (según en qué dirección y qué bienes y servicios), a la movilidad restringida de la mano de obra, se agregan las exigencias de redefinición del temario social, de las condiciones de trabajo, de la producción y del consumo, dentro de los países y en el nivel global.
En otras palabras, gobiernos de naciones con sectores económicos ligados a intereses transnacionales han impulsado políticas de liberalización, privatización y crecimiento estrechamente vinculadas a los segmentos dinámicos del capital concentrado internacional. Tales políticas, recomendadas por el FMI y los círculos financieros mundiales, se traducen localmente en la reducción del rol del estado, políticas de ajuste, recortes salariales, compresiones a corto y mediano plazo en la demanda de bienes y reducción de la provisión (en calidad y/o cantidad) de servicios públicos. Con el apoyo de los sectores privados más poderosos de cada ámbito nacional, las medidas que se implementan afectan las perspectivas y condiciones de vida de los sectores populares, generando desempleo e inseguridad social. De esta manera, se instala la incertidumbre y se fortalece la capacidad de maniobra de líderes que garantizan cierta estabilidad y prosiguen aplicando las mismas políticas (Roniger, 1997). Las élites políticas y administrativas devienen aliadas del discurso global, tanto en acciones de gobierno como desde la oposición. La retórica vinculada a la reducción del intervencionismo estatal, no alcanza a ocultar el expreso deseo de desmantelar las formas de intervención que el capital concentrado considera “desfavorables”, y las políticas, programas e instituciones públicas que tratan de regular los mercados de factores en el nivel nacional, como las leyes de salario mínimo, los sindicatos, los convenios colectivos, las leyes de protección ambiental, el seguro de desempleo, la medicina pública, las cámaras de comercio, la gestión de la oferta y las estructuras cooperativas.
Como dijimos, el discurso y el accionar consecuente se amparan en el neoliberalismo y, por lo tanto, debe entenderse a éste como un sistema de poder que crece y se consolida por determinadas medidas estatales y no sólo por principios de mercado. Como el libre mercado, el neoliberalismo es enemigo de la democracia, concentrando el poder en el ejecutivo y en personas no elegidas, muchas veces de países e instituciones extranjeras (Petras y Vieux, 1995).
La regulación se viste de desregulación. Mientras crece la propaganda de una economía que funciona sobre la base del “libre juego de la oferta y la demanda”, se montan y consolidan nuevos y poderosos dispositivos de control, orientados a favorecer un determinado régimen de acumulación, en el contexto de una fuerte regulación del sistema internacional (De Jong, 1995). Obviamente, instituciones supraestatales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, trabajan en la definición y puesta en marcha de las reglas globales de comportamiento. En las leyes y decretos nacionales y provinciales, se incorporan sin disimulo alguno, los acuerdos suscriptos y a cumplir con los organismos supranacionales.
Con el avance de la compleja división internacional del trabajo ligada a la globalización productiva, comercial y financiera, los capitales y los productores se ven expuestos a la influencia de los mercados mundiales y los grupos sociales y regiones más pobres requieren con más frecuencia el apoyo del Estado-Nación, que se muestra cada vez más remiso a concederlo. Por el contrario, se interviene activamente en favor del capital, aumentando el gasto en armamentos e “inteligencia” para sofocar y reprimir las crecientes y plenamente justificadas protestas sociales derivadas de la reestructuración concentradora.


II. Argentina: Quiebre del modelo económico y ajuste estructural.

II.1. En dictadura: 1976-1983

A casi un siglo de una evolución de la economía nacional que en sus tendencias generales podríamos definir como mercado-internista, la década de 1960 y sobre todo la de 1970, han marcado un punto de inflexión. Este cambio debe ser analizado a la luz de los procesos de escala mundial, entre los cuales cabe destacar la rápida maduración de la transnacionalización. Argentina ingresa de lleno al período de “reconversión” internacional hacia mediados de la década de 1970. El reordenamiento general de la economía se llevó a cabo bajo ciertas premisas: transnacionalización, concentración económica y redistribución regresiva del ingreso. Estos lineamientos se ahondaron en consonancia con las tendencias que estaban reestructurando el mercado mundial, dirigidas éstas por un notable predominio del capital financiero (Gejo, Morina y Velázquez, 1997).
Durante la gestión de la dictadura instaurada en 1976, la manipulación monetaria de la actividad financiera, cuya hipertrofia se hizo evidente en 1980, dio lugar a intensos flujos de capitales especulativos que pasaban alternativamente del mercado local al internacional. La apertura financiera posibilitó estos movimientos que, en definitiva, configuraron una masiva fuga de capital, cuya contrapartida fue la multiplicación de la deuda externa (2). Desde el mismo gobierno se promovió la consolidación, como fracción dominante, de un sector de empresas transnacionales y grupos económicos de origen nacional que habían integrado sus actividades en distintas fases de una rama productiva, y/o diversificado sus inversiones en diferentes sectores.
Mientras tanto, se volvieron a privatizar unas 120 empresas, la mayoría de las cuales habían sido adquiridas por el Estado a través de regímenes de rehabilitación industrial. Sin embargo, lo más importante del proceso de privatización se produjo en las grandes empresas públicas y se conoció como privatización periférica: los eslabones más rentables de los procesos productivos y de la prestación de servicios fueron transferidos al sector privado para su control y explotación.
Si bien, de acuerdo con ciertas variables (volumen de producción, empleo), se hace referencia a un proceso de “desindustrialización” que se inicia en la segunda mitad de los años setenta, se asocia más a la realidad hablar de la conformación de un perfil industrial diferente al anterior, en el marco “de una dinámica general caracterizada por la profunda concentración y centralización-transnacionalización del capital (Lemoine, 1987). La reconversión industrial incluyó una relativa descentralización espacial. El cambio en las pautas de radicación reconoce un factor esencial: los fuertes beneficios asociados con la promoción industrial. La relación entre la inversión privada bruta industrial y el monto de la inversión promovida, pasa del 9% en 1980 a 32% en 1985 (Gerber y Yanes, 1990). En definitiva, el gasto estatal sirvió para la consolidación de algunas fracciones del capital, subsidiando la acumulación de las mismas. Un sistema tributario fuertemente regresivo se agregó al deterioro salarial, descargando las dificultades del proceso de acumulación sobre los sectores populares.


II.2. El período 1983-1989

En diciembre de 1983 comienza una nueva etapa democrática con el gobierno de la U.C.R., encabezado por Alfonsín. La primera gestión económica del gobierno radical intentó compatibilizar expansión de las actividades con redistribución del ingreso, sin afectar las nuevas condiciones estructurales que sustentaban la centralización del capital.
El fracaso de aquel intento dejó paso a un nuevo equipo económico y al lanzamiento del “Plan Austral”, que desplazó a la redistribución del ingreso como objetivo central y jerarquizó el pago de la deuda externa, la estabilización y una salida exportadora que revitalizara la formación de capital. Esta fue mucho menor a la proyectada y uno de los factores del agotamiento del plan, poniendo de manifiesto la imposibilidad de materializar un planteo exportador cuando la economía se centra en la valorización financiera. Esta valorización se contrapone tanto con la producción exportadora como con aquella destinada al mercado interno (Basualdo, 1992).
Los conglomerados empresarios que durante la dictadura agigantaron su poder sobre la base de pesados eslabones de una larga cadena de prebendas, no estaban dispuestos a resignarlo. Sus objetivos no diferían tanto de los que habían alcanzado al amparo de encarcelamientos, torturas, desaparición, desarticulación de los gremios no derechizados y despliegue de un discurso reaccionario excluyente.Dichos conglomerados, en connivencia con el Partido Justicialista, la banca acreedora y los organismos multilaterales de control y financiamiento, impulsaron desde comienzos de 1989, una más profunda transnacionalización, basada en la explotación intensiva de los “recursos naturales” (encabezados por el agro y los hidrocarburos). A la industria oligopólica se le asignó el papel de sumarse al proceso de privatización y acentuar su orientación hacia mercados externos. En ese esquema, la población interna fue relegada al rol de consumidora marginal y reserva laboral barata.


II.3. Otra década infame: 1989-2000

En julio de 1989 asumió el gobierno de Menem, tratando de aplicar el citado proyecto y poniendo en práctica sucesivos planes de estabilización, incluyendo políticas de ajuste cada vez más severas y antipopulares. En abril de 1991, con D. Cavallo (3) en el Ministerio de Economía, se aplica el plan de convertibilidad. Entre otras características incluye: anclaje nominal de la tasa de cambio; liberalización del comercio exterior; libertad de precios; desindexación de salarios; políticas presupuestaria y monetaria restrictivas. Esta forma de continuar con el ajuste estructural, obedece a una articulación cada vez más subordinada a las decisiones de los acreedores externos y sus socios “nacionales”. Ocho años después de su puesta en marcha, el “plan” ha mostrado algunas consecuencias nefastas: fuertes cambios en la tendencia de la balanza comercial, reactivación sectorial desigual e inarmónica y desempleo creciente (4).
Buscando la categoría de “mercado emergente”, se concretaron reformas de mercado (apertura, desregulación) y reestructuraciones del Estado (privatizaciones, “racionalización”, “equilibrio” de las cuentas públicas), entre otras exigencias de los capitales internacionales.
Por un lado, el Decreto 2284/91, de desregulación de las actividades económicas, incluyó capítulos específicos destinados a diversos circuitos productivos característicos de áreas extrapampeanas, como así también, a producciones de presencia esencialmente pampeana. Se dispuso entonces, la reestructuración o disolución de entes reguladores que históricamente habían ejercido controles sobre esas actividades.
La desaparición o limitación en las funciones de esos entes, institucionalizó “la entrega de los mercados regionales a los monopolios intermediarios, abandonándose definitivamente su regulación social. Liberar la producción de cultivos intensivos y eliminar los entes reguladores, es colocar a los productores anarquizados frente a compradores concentrados con capacidad financiera para imponer sus precios. No sólo se favorece la caída de esos precios sino que se entregan mercados agropecuarios a consorcios empresariales, con efectos desestructurantes en las economías regionales” (Lozano y Feletti, 1996: 10).
El gobierno nacional llegó a sustentar el mencionado decreto haciendo referencia al “costo argentino” y a la promoción de la “justicia social”. En los hechos, los agentes de mayor poder ampliaron sus grados de libertad, al tiempo que numerosos productores perdían sus tierras y miles de asalariados rurales y urbanos eran despedidos o suspendidos. El programa de desregulación toma un rol protagónico en las políticas de corto y largo plazo, denotando profundas asimetrías en torno a las áreas y sectores involucrados. En sentido contrario al discurso oficial, transfiere a las empresas más concentradas la capacidad de regular el funcionamiento de los mercados, como en el caso del petróleo, la siderurgia, la provisión de servicios públicos, etc. (Mancebo, 1998).
Otro eje de la política económica con graves consecuencias sociales fue la privatización, reestructuración o cierre de empresas estatales productoras de bienes o servicios. El objetivo declarado de las aceleradas y “desprolijas” privatizaciones era compensar desequilibrios fiscales y reducir la deuda externa. Sin embargo, implicaron un nuevo ciclo de endeudamiento externo liderado por el capital concentrado privado y una profundización de la concentración y centralización económica de los grupos conformados y/o consolidados durante la dictadura (1976/83), que entraron al proceso de privatización asociados con subsidiarias extranjeras en un marco regulatorio casi inexistente. Esta modalidad de entrega del patrimonio social acumulado a través de muchas décadas y el esfuerzo de varias generaciones, tuvo el objetivo no declarado de otorgar a los beneficiarios todas las condiciones necesarias para la obtención de verdaderas rentas de privilegio.
Ya en 1994, es decir un lustro después del inicio del gobierno de Menem, casi el 40% de las utilidades totales de las 20 firmas con mayor masa de utilidad se obtuvo en sectores monopólicos o duopólicos de servicios públicos privatizados. Otro 45% se obtuvo en actividades oligopólicas de explotación de recursos naturales no renovables (gas y petróleo) (Gaggero, 1995). En 1995, tomando las 200 empresas más grandes del país en cuanto a facturación, las de servicios públicos privatizados representaban el 19% de ese total, con 22,7% de las ventas y 38,2% de la masa de ganancias. Para ellas, la rentabilidad era de 10,4%, casi cinco veces más que la tasa promedio de la industria. El sector petrolero, con el 7,5% de las 200 firmas, tuvo el 12,9% de las ventas y el 30,5% de la masa de ganancias. Se verifica que la llamada “élite económica” obtiene sus cuasi rentas de los privilegios concedidos por el Estado en mercados no expuestos a la competencia (Azpiazu, 1997).
Esa tendencia se profundiza en 1997: 24 empresas privatizadas y 36 asociadas a la privatización, dentro de las mayores 200 del país, registran un 38,8% (36.771,1 millones de pesos) de las ventas y el 89,6% (3.959,2 millones de pesos) de las utilidades. Las restantes 140, no asociadas a la privatización, explican un 61,2% (58.070,2 millones de pesos) de las ventas y el 10,4% (460,9 millones) de las utilidades (FLACSO, 1998).
El proceso de privatización provocó también una importante expulsión de mano de obra en las empresas estatales y en la administración pública. Las empresas del Estado (petrolera, acerías, servicios públicos, etc.) constituian en muchos asentamientos urbanos, la única alternativa de inserción laboral para su población activa (5). En el caso específico de los ramales ferroviarios, su privatización o desmantelamiento, trajo aparejadas consecuencias desestructurantes para vastas áreas y buena parte de sus poblaciones. Las funciones sociales, o el transporte de cargas de pequeños productores no se tuvieron en cuenta. Los ramales considerados rentables quedaron bajo el control de sus principales usuarios, consagrando verdaderos monopolios privados. Es el caso de las ex líneas Roca y Mitre. Por su parte, los concesionarios de los trenes urbanos de pasajeros trabajan sin riesgo empresario, con ganancias garantizadas por subsidios estatales (en 1998, $ 300 millones). Además, las inversiones que realizan se pagan con dinero del Estado y con aceptación de exagerados sobreprecios, fundamentando el afán de varios consorcios para extender las concesiones de diez a cuarenta años.
Otro rasgo fundamental del plan económico en vigencia es la apertura esencialmente importadora. El grado de apertura de la economía (Exportaciones + Importaciones/PBI) fue de aproximadamente 19,2% en 1996, sólo tres puntos más que en 1973, todavía durante la industrialización sustitutiva, a pesar de las liberalizaciones comerciales de 1976-1983 y desde 1989 en adelante. La relación exportaciones/ PBI casi no ha variado, siendo de 9,6% en 1973 y de 9,8% en 1996. Esto es que, el crecimiento de la apertura se explica por el aumento de las importaciones (6). Asistimos en la década de 1990, a la continuación de la política comercial externa de la dictadura, acelerada y asimétrica, pero mucho más profunda. Su intensidad se conjuga con la apreciación cambiaria y con fuertes desigualdades entre sectores protegidos y no protegidos (Mancebo, op. cit.).
En suma, la apertura externa, la desregulación interna y el fuerte apoyo del Estado a los capitales concentrados y su retirada de funciones trascendentes (diluyendo el efecto de integración geoeconómica que producía el sector público en energía y transportes), impulsaron un perfil productivo social y territorialmente excluyente.
El continuo crecimiento de la deuda externa (7) mantiene una relación directa con el deterioro de las condiciones de vida de millones de argentinos. En otras palabras, el endeudamiento externo esteriliza la riqueza generada internamente pues se trata de cargarlo en las espaldas de la mayoría de la población a través de una menor inversión pública en servicios básicos, escasa disponibilidad de recursos para la generación de empleo, caída del nivel de remuneraciones y propuestas de recaudación impositiva absolutamente inequitativas. La vulnerabilidad externa (deuda externa/exportaciones) aumentó considerablemente. En 1974 la deuda externa pública equivalía a 1,4 años de exportaciones; en 1996 a 3,6 años, en una relación 200% mayor que la del conjunto de países “en vías de desarrollo”.
La distribución del ingreso se torna cada vez más regresiva en la Argentina. El 20% superior (deciles 9 y 10) acaparaba en 1998 el 53% de los ingresos; en 1975 se quedaba con el 41%. En el otro extremo, el 20% de menores ingresos (deciles 1 y 2) obtenía el 4,3% en 1998, contra 7,2% en 1975. El seguimiento de la serie para más de 20 años permite advertir que el decil 9 muestra cierta estabilidad relativa, alrededor del 16%, mientras el decil 10, con un 24% en 1975, supera el 34% en 1991 y ronda el 37% en 1998. Los deciles 1 y 2 sufren ambos una merma notoria: el 1 pasa de 3,1% en 1975 a 1,5% en 1998; el 2 pasa de 4,1 a 2,8% (INDEC, 1998). La encuesta de ingresos del INDEC incluye población urbana y puede tener una importante subdeclaración ligada a cuestiones impositivas en los segmentos altos. Esto significa que la concentración del ingreso puede ser mayor. Estadísticas de las Naciones Unidas señalan que sólo en 14 países, sobre relevamientos en 155, el 20% de mayores ingresos se queda con una porción mayor que en Argentina.
Utilizando también datos oficiales se advierte la extensión de la pobreza. El INDEC considera pobres (en 1998) a los hogares con ingresos inferiores a $ 480 e indigentes a los hogares que perciben menos de $ 240. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, el número de pobres ha pasado de 2,3 millones en el comienzo de la convertibilidad a 3,1 millones en octubre de 1998. La indigencia alcanzaba a 327.000 personas en 1991 y a 813.000 en 1998. El nivel actual de pobreza sextuplica el de 1974 (3,2%) y duplica el de 1980. Sólo es menor al registrado durante el pico inflacionario de 1989.
La desocupación, la caída de los ingresos, las necesidades básicas insatisfechas, conllevan el incremento de la población en situación de inseguridad alimentaria en Argentina, alcanzando los 4.000.000 de personas en 1994, incluyendo en ese total 1.500.000 niños menores de 6 años (Aguirre, 1995).
El breve repaso de algunos aspectos de las transformaciones iniciadas en los años de la sangrienta dictadura instalada en 1976, pero sostenidas y profundizadas (en especial desde 1989) con el retorno de las instituciones democráticas, permite sostener que los intereses económicos internos y externos que consolidaron su poder a partir del terrorismo de Estado, siguen acrecentando su capacidad de influencia hacia el final del siglo XX. El modelo de dominación que impera en nuestro país se muestra peligrosamente incompatible con el desarrollo económico y social y con supuestos de la democracia política (ejercicio pleno de la participación en la definición de un proyecto de país, efectiva igualdad de las personas ante la ley). Pero la exclusión económica y social resulta legitimada por el consenso que supone la democracia política formal, es decir la que alude a la capacidad formal de emitir votos en elecciones nacionales, provinciales, legislativas o municipales. En este camino, los representantes de las fuerzas de oposición con posibilidades electorales no se diferencian del partido en el gobierno. Contrariamente, tanto el Partido Justicialista (en el gobierno hasta el 10/12/99), como la Alianza UCR-Frepaso, en el gobierno desde esa fecha (8), se esfuerzan por asegurar la continuidad de las políticas genuflexas y antipopulares que se aplican con extrema dureza desde julio de 1989.


Notas:
(1) Para el caso de un país periférico y dependiente como la Argentina, cabe recordar el fracaso de la política económica impulsada por la dictadura militar encabezada por J. C. Onganía y elucubrada entre otros, por el entonces ministro A. Krieger Vasena. Entre los ejes de aquella política se destacaba una importante corriente inversionista extranjera. Entre 1967 y 1969, por esa vía, la banca nacional había pasado a estar controlada por los centros bancarios del exterior y numerosas empresas se transformaron en subsidiarias de firmas cuyas matrices estaban afincadas en EEUU o en Europa. Las medidas tomadas por Krieger Vasena se insertaban en el esquema de integración latinoamericana “funcional”, planteado por EEUU. Los conglomerados multinacionales norteamericanos son apasionados defensores de las políticas “eficientistas” en tanto conducen a la concentración oligopólica del mercado. Los movimientos sociales rurales y urbanos contrarios a la “Revolución Argentina” terminaron entonces con la gestión de Onganía-Krieger Vasena. Entre las protestas más destacadas se encuentra el denominado “Cordobazo”, del que se cumplieron treinta años el 29 de mayo de 1999.
(2) En Argentina, la deuda pasó de 8.279,5 millones de dólares en 1976 a 46.005 millones de dólares en 1983. Buena parte de esa deuda externa financió la exportación (y fuga) de capitales. El que fuera Secretario de Coordinación Económica durante la gestión de Martínez de Hoz, es decir, G. W. Klein, fue el primer funcionario en reconocer que nuestro país tenía un dólar barato y por lo tanto, era oportuno “radicar capitales en el exterior”. Algunos beneficiados fueron deudores ficticios, esto es, receptores de autopréstamos, por un monto cercano a los 10.000 millones de dólares. En 1987, cuatro años después del retorno de las instituciones democráticas, la deuda alcanzaba los 53.000 millones de dólares. En 1999, la deuda pública externa superó los 117.000 millones de dólares.
(3) Diez años antes (1981), como funcionario de la dictadura, Cavallo tuvo un papel importante en la estatización de la deuda privada. Se produjo así, una nueva transferencia de excedente desde el conjunto de la sociedad hacia los sectores que la contrajeron, actuando el Estado como “mediador” designado por los deudores.
(4) La balanza comercial en millones de dólares fue de 8.276 en 1990 y 3.303 en 1991. Entre 1992 y 1994 resultó negativa, llegando ese último año a -5.806. La recesión frenó las importaciones mientras crecían las exportaciones favorecidas por el Plan Real. En 1995 el saldo fue de 925 millones de dólares y al año siguiente de 41. La tendencia al déficit se confirma en 1997 y mucho más en 1998 con un monto superior a los -5.000 millones de dólares. Sobre la reactivación, tomando p.e. el año 1993, vemos que el sector agropecuario decrece 1%, pero a su interior el subsector de frutas registra una evolución de -14,4% y el de cultivos industriales -11,8%. También son profundos los desajustes en el sector industrial desde 1991. En cuanto al desempleo (en porcentaje sobre la PEA), en 1990 era de 7,5 en el promedio de los aglomerados relevados por el INDEC, bajando a 6,5 en 1991. Luego no deja de aumentar, llegando a 17,4 en 1995. La extrema precarización de las condiciones laborales sería el factor clave para su reducción en 1996 (17,2%) y 1997 (14,9%). En 1998, ya con tres registros anuales y un “método” de encuesta mucho más incluyente para considerar a alguien “ocupado”, el promedio estuvo apenas por debajo del 14%. En los registros de mayo y agosto de 1999, la desocupación fue del 14,5 % de la PEA; en esos tres meses se perdieron 137.000 puestos de trabajo, pero unas 100.000 personas dejaron de buscar empleo. Los valores más preocupantes de agosto de 1999 se alcanzaron en el Gran Rosario y en el Conurbano bonaerense, coincidentes en el 17,6 %. Tomando sólo la desocupación abierta y el subempleo horario en la población urbana, este porcentaje, que en junio de 1991 era del 15,5%, en agosto de 1999 alcanzó el 29,4%. Este último porcentaje encierra 1.912.000 desocupados y 1.964.000 subocupados, es decir, casi 4.000.000 de personas con falta de trabajo, total o parcialmente. Téngase en cuenta que se trata de promedios para el conjunto de la PEA urbana; los problemas de empleo son mucho más agudos en los deciles de menores ingresos y con menos niveles de educación formal completos.
(5) Entre otros casos, pueden citarse los de SOMISA en San Nicolás, HIPASAM en Sierra Grande, Altos Hornos Zapla en Palpalá. Esta última empresa despidió a 1.300 obreros antes de la privatización, en una ciudad de 39.000 habitantes en 1991. Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue privatizada en 1992, previo despido de miles de sus agentes. La petrolera estatal tenía alrededor de 50.000 trabajadores hacia el final de los años ochenta y sólo unos 7.000 en 1998. En algunas localidades, la “reestructuración” y posterior entrega de YPF condujo a graves e irreversibles consecuencias sociales. Es el caso por ejemplo, de Plaza Huincul y Cutral Co en Neuquén, Ensenada en Buenos Aires o Tartagal en Salta.
(6) Se trata de información referida a la economía legal y, por lo tanto, no contempla las transacciones no declaradas que durante los últimos años pueden haber sido importantes.
(7) En el último lustro la deuda externa pública en miles de millones de dólares, a diciembre de cada año, ha sido de 87,1 en 1995, 97,1 en 1996, 101,1 en 1997, 108,9 en 1998, y se estima de 117,0 en 1999. Las necesidades de financiamiento, de acuerdo al gobierno, serían de 14,2 miles de millones de dólares. Según otra fuente, esas necesidades ascenderían a 16,5 miles de millones de dólares (Bocco e Iñíguez, 1998).
(8) En la mitad de febrero de 2000, a dos meses de asumir, el gobierno acaba de tomar compromisos con el FMI que se traducen en proyectos de ley con “nuevas” y severas medidas de ajuste: aumento de la edad jubilatoria en las mujeres; venta de acciones que aún conserva el Estado en empresas privatizadas; reducción del gasto salarial en el sector público; eliminación de los convenios colectivos que datan de los años setenta para reducir los derechos laborales sobrevivientes; predominio de la negociación por empresa; etc.



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