El Poder Judicial: ¿Ángel de la guarda del
capitalismo?
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es
justa” Montesquieu.
Alfredo César
Dachary
En el
siglo XXI se ha erigido, como una nueva alternativa para alterar el orden
democrático en un país, lo que se ha dado en llamar los golpes judiciales, o
sea, el uso abusivo del aparato judicial para desplazar a presidentes,
encarcelar opositores y dictar nuevas leyes, todo acorde con el fin último del
movimiento político- judicial.
Esto que hoy nos llama la atención no es un tema
novedoso, ya que el sistema político dominante tiene como contracara al mercado
a las leyes que sustentan al mismo y justifican los excesos y alteración que
normalmente se dan fruto de la laxitud de las leyes y “flexibilidad moral” de
los miembros del sistema judicial, generalmente en relación directa con uno de
los poderes.
Como un ejemplo a tomar como referente tenemos
que el Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional de Perú encabezado por
Alberto Fujimori, en abril de 1992 realizó el desmantelamiento del Poder
Judicial peruano con la destitución de los miembros del Tribunal de Garantías
Constitucionales, 13 vocales de la Corte Suprema, los miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura y la suspensión por 10 días del funcionamiento de
los tribunales.
En México esta maniobra política antidemocrática
se realizó en 1994, cuando el presidente Zedillo ejecutó un golpe al Poder
Judicial (Suprema Corte de Justicia) para desmantelar a sus miembros y
remplazarlos por elegidos por él, además de reformar las leyes de este máximo
instituto del Poder Judicial.
Esta artera maniobra fue denunciada, entre otros,
por Raymundo Riva Palacios en el periódico Reforma el 12 de diciembre de 1994,
al definir a esta jugada como un golpe técnico de Estado, por un presidente
acosado por el anterior mandatario, Carlos Salinas de Gortari.
Coincidentemente, hace menos de seis meses que
el presidente de Perú, Martín
Vizcarra, anunció la creación de una comisión que trabajará en una reforma
integral del Poder Judicial, luego del escándalo de corrupción revelado por unos
audios telefónicos que involucran a miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) y jueces de alto rango. Nuevamente emerge el modelo de un
Poder Judicial operado desde el Ejecutivo, una forma de democracia acotada.
El “golpe blando” es una definición
que se le atribuye al politólogo y ex agente de la CIA, Gene Sharp, y que cada
vez junto al modelo judicial toman mayor fuerza, ante un repliegue de los
militares, cuyas últimas acciones del siglo XX han dejado una gran mancha de
sangre inocente, especialmente en Latinoamérica.
En esta década, en América del Sur
se han dado varios casos de estos “golpes blandos” por ser inviables los otros,
ya que estos países tienen una negra historia de los golpes militares.
La destitución de la presidenta de
Brasil Dilma Rousseff en el 2016 fue considerado el primer paso de un golpe
mayor que terminaría con el encarcelamiento del ex presidente Lula Da
Silva. Esto se vio enfatizado por
el hecho de que una investigación descubrió que los miembros de la
oposición habían participado en un escándalo de corrupción de grandes
proporciones, lo cual aceleró la acción de los jueces integrados a la
conspiración encabezado por el juez Moro, para acelerar los procesos
inicialmente contra Dilma y luego Lula Da
Silva.
La presidenta Rousseff fue
destituida por lo que casi todos los analistas y expertos describieron
como acusaciones menores: tomar dinero prestado de un banco propiedad del
gobierno para ocultar un déficit presupuestal, lo cual es ilegal, pero no un
delito penal.
Para Amy Erica Smith, profesora
adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Iowa, quien se
especializa en Brasil, dijo que los delitos: “No están a la altura del tipo
de acusaciones que merecerían la destitución”, y añadió: “No es un uso legítimo
del proceso de destitución”.
Es por ello que Rousseff y sus
aliados argumentaron que los políticos que ejercían presión a favor de su salida
del poder no estaban tratando de proteger la integridad de la democracia
brasileña, sino más bien, manipularla para ponerla al servicio de sus propios
intereses. Llamar golpe de Estado a la destitución se convirtió en una forma de
poner en entredicho los motivos de los líderes de la oposición y sostener que la
destitución de Rousseff iba en sentido contrario de las reglas de la
democracia.
En Brasil, actualmente hay
suficiente corrupción y apenas Estado de derecho suficiente para que las
élites políticas enfrenten lo uno contra lo otro, ya que la corrupción está tan
enraizada en la política brasileña que muy probablemente se extienda a toda la
clase gobernante.
Si todo el mundo es corrupto, todo
el mundo es vulnerable, lo cual resulta de utilidad para políticos específicos,
ya que debilita el sistema político al introducir la inestabilidad, y si a eso
le sumamos que la economía de Brasil pasa por un mal momento, la ciudadanía está
enojada con el gobierno y quiere ver que los corruptos sean
castigados.
El más oscuro ejemplo de ello es el
encarcelamiento de Lula Da Silva en Brasil, el cual fue acusado por
supuestos delitos sin comprobar, una característica que hoy se ha instalado en
Argentina, y que permite prisión por delitos menores, aunque no haya aún
condena.
En Argentina, la persecución
mediático-judicial sobre la actual Senadora y ex Presidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a través de cuentos fantásticos,
como que ellos tienen contenedores de dinero enterrado, y así se inicia la
búsqueda de algo inexistente pero la TV y otros medios acompañan y hacen un gran
ritual de sacrificio. Pero el mayor escándalo de esta etapa es el denominado
“las fotocopias”, una denuncia basada en fotocopias cuyos originales no existen
y, por ende, en ningún país son prueba de nada, allí con muchos detenidos y
otros procesados.
En Argentina como en Brasil, el fin
es sacar a los rivales de la jugada política a través de falsas acusaciones que,
aunque no se prueben llegan a condena, lo cual habla de una corrupción sin
límites entre los jueces, especialmente un área conocida, ubicada en avenida
Comodoro Pi.
Para comprobar este modus operandi solo
basta con revisar las portadas de los medios hegemónicos, ejemplos gráficos
del ataque permanente que han sufrido diversos líderes del progresismo en la
región, a través de las operaciones mediáticas en las que gobiernos de corte
popular fueron acusados de toda clase de crímenes, han sido una constante.
Las posteriores desmentidas de dichos
hechos no han surtido efecto, debido a que la “verdad” que se pretendió
instalar, ya se había enquistado en grandes sectores de la sociedad, siendo solo
rebatida por el pésimo desempeño que se ha dado en la política interior que
logró incrementar masivamente la pobreza en el país, algo que en Brasil se está
reviviendo.
Este modelo de intriga-mentiras y
degradación tiene su antecedente en la Alemania nazi, y fue precisamente el
Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, quien acuñó por primera vez: “miente,
miente, que algo quedará y cuanto más grande sea una mentira, más gente la
creerá”.
Pese a sus éxitos, a la derecha de América Latina no le es suficiente
la práctica del golpe blando, ya que en algunos casos no le ha dado el
resultado esperado. De modo que ahora ha decidido implementar lo
que se ha dado en llamar “lawfare”, cuya traducción es “Guerra
Jurídica”, jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos
poco fiables, ausencia de pruebas, implicación de los grupos mediáticos del
poder y condena decidida de antemano.
El término “lawfare” comenzó a sonar
fuerte en estos últimos días y se ha sumado al debate político en países como
Ecuador, Brasil y Argentina: reorganización del aparato judicial, acusaciones
mediáticas de mucho impacto y, por supuesto, una prensa que toma partido activo
en la causa.
A estas situaciones se le suman
nuevas “prácticas” como el denominado gatillo fácil, que permite a la policía
disparar sus armas de fuego ante cualquier persona que se resista o huya, algo
que ya ha dejado varios muertos y mínimas explicaciones.
La injerencia parcializada de la
justicia en los asuntos políticos supone la anulación del Estado de Derecho,
debido precisamente a su consciente politización. La Guerra Judicial hace
tambalear la democracia y le abre las puertas a un totalitarismo cuyos efectos
ya se materializan en Sudamérica.
En México estamos frente a una
situación difícil, las leyes son extremadamente laxas con los verdaderos
delincuentes de “cuello blanco”; a un ladrón común lo encarcelan, la corrupción
con dinero público, generalmente no es un delito grave se puede seguir en
libertad.
Los golpes judiciales no son una novedad ya que
el aparato judicial representa al sector más conservador de la sociedad y, por
ende, es un verdadero “guardián” de la “tradiciones y buenas costumbres”, aunque
éstas están mejor cuidadas en el museo de la cotidianidad, a donde han ido a
parar en medio de la profunda transformación del sujeto y la sociedad.
alfredocesar7@yahoo.com.mx
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