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Asunto:NoticiasdelCeHu 286/18 - AGRICULTURA INDUSTRIAL TRANSGÉNICA EN ARGENTI NA
Fecha:Sabado, 6 de Octubre, 2018  19:13:05 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <noticias @..............org>

NCeHu 286/18
 
 

 III Congreso de Geografía Económica

Mar del Plata - 13 al 15 de junio de 2018

 


  

 

AGRICULTURA INDUSTRIAL TRANSGÉNICA EN ARGENTINA.Vulnerabilidad y resistencia: el caso de Ituzaingó, Córdoba

 

Graciela Patricia Cacace

 Licenciada en Geografía,

Especialista en Teledetección y SIG- Maestranda en Políticas Territoriales y Ambientales

Jorge Osvaldo Morina

 Licenciado en Geografía

Universidad Nacional de Luján, Luján, Pcia de Buenos Aires

 

 

1-    Introducción

En este artículo sintetizamos avances y algunos resultados de investigaciones en curso sobre las características y consecuencias de la explotación de perfiles productivos exportables en la Argentina, en la última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Específicamente, presentamos las fumigaciones con agrotóxicos como consecuencia de la expansión de la agricultura industrial transgénica en el país. Ituzaingó, Córdoba, es un caso emblemático por ser el primer proceso judicial en poner en cuestión el impacto en la salud humana y sienta precedente para cientos de denuncias de todo el país.

 

2-    Marco conceptual

En un contexto internacional caracterizado por los rasgos seniles del capitalismo (Amin, S., 2010), la Argentina, como muchos otros países de América Latina, ha venido transitando un modelo de desarrollo anclado en la valorización financiera al que se le sumó la producción y exportación a gran escala de bienes primarios. Perfiles productivos exportadores que consolidaron una matriz extractivista (Gudynas E., 2013) y de commodities que, con algunos rasgos tradicionales y otros nuevos, sigue siendo funcional a la globalización comercial y a la integración subordinada de nuestro país al sistema económico mundial, reafirmando la posición periférica de la Argentina.

En la Argentina, la etapa neoliberal ha dejado una profunda marca en la sociedad argentina: (a) un dominio determinante del gran capital transnacional; (b) la consolidación de la posición periférica del capital local en el ciclo del capital global basada en el saqueo de las riquezas naturales y (c) la precarización y superexplotación de la fuerza de trabajo. Se  consolida el ciclo dependencia.

Desde la recuperación de la crisis del 2001, en Argentina,  y en buena parte de América Latina, “se realizó el pasaje del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos, metales y minerales, productos alimenticios y biocombustibles” (Svampa y Viale, 2014: 15). En lo social, implica la profundización de la dinámica de desposesión (Harvey, D., 2004), representada por el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, en una poco disimulada alianza multiescalar entre gobiernos y grandes corporaciones. Estos procesos son parte de la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista (Gudynas, 2013). Las exportaciones de los países de la región y los altos precios de varias materias primas, favorecieron recurrentes balanzas comerciales superavitarias.

En la actualidad continuamos con políticas orientadas a la atracción de inversiones extranjeras especializadas en la explotación de recursos naturales y en las primeras etapas de su procesamiento.El extractivismo continúa con nuevos mecanismos de expropiación de recursos naturales que  violan los derechos, tanto humanos como naturales: Una verdadera extrahección (Gudynas, 2013). Estos procesos generan profundas repercusiones sociales, políticas, económicas, ambientales y científicas.

La agricultura industrial transgénica conlleva un riesgo (Beck, U., 2009). Hay riesgo cuando se puede cuantificar y cuando se puede establecer una probabilidad. Los riesgos suelen permanecer invisibles. Al adquirir visibilidad, es vital tomar decisiones y medidas de contención política. Cuando los agrotóxicos enferman con cáncer, el riesgo se hace realidad. Se enfrenta una situación de emergencia irreversible para las personas enfermas pero también una situación de incertidumbre y vulnerabilidad sobre los alcances de las prácticas agrícolas nocivas.

 

 

3-    El circuito agroindustrial sojero

El protagonismo de la soja, en las últimas décadas, modificó profundamente la estructura productiva argentina, tornándose en el caso paradigmático de la imposición de la agricultura industrial transgénica y de agrotóxicos. El negocio de la soja queda concentrado en tres grandes sectores o núcleos de acumulación capitalista:

a)  Los pool de siembra (grandes empresas agropecuarias y agentes extra- agrarios) que se nutren de fondos de inversión, operan de manera concentrada y a gran escala sobre las tierras arrendadas en detrimento de los pequeños y medianos productores quienes no controlan las prácticas agrícolas allí realizadas.

b)  Los proveedores transnacionales de semillas y de agroquímicos (Monsanto[1], Novartis, Dupont, Bayer, Zéneca, Agroevo) acumulando en base a la fuerte dependencia que tiene la producción de soja de las nuevas semillas y fertilizantes. Estas empresas oligopólicas dirigen el agronegocio de forma directa o a través de sus licenciatarias.

c)  La concentración de la comercialización (comercio exterior), logística y transporte, con cinco grandes compañías exportadoras que manejan el 90 % de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera (de capitales chinos desde 2014) y Aceitera General Deheza, que exportan desde puertos propios privatizados en los años noventa. Estas mismas empresas están relacionadas con las agroindustrias aceiteras, harineras y de  agrocombustibles.

El proceso de sojización colocó a la Argentina como el tercer productor mundial del grano, después de EEUU y Brasil, y primer exportador mundial de aceites, harinas y biodiesel. Los monocultivos de exportación, como la soja, son parte del extractivismo que no responde a necesidades locales sino a una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización comercial y financiera (Gudynas, 2009). Así, buena parte del agrocapitalismo argentino está dominado por grandes corporaciones transnacionales que obtienen rentas extraordinarias. El Estado argentino capta una parte de las rentas a través de las retenciones[2] a las exportaciones.

 

4-    Consecuencias del modelo agroindustrial

El fuerte aumento de la producción de soja (que para el año agrícola 2002/03 ya era transgénica en más del 98 %) implicó cambios en las orientaciones productivas: numerosos tambos en Santa Fe y Córdoba cerraron, se redujo la superficie dedicada a la caña de azúcar y a la horticultura en Tucumán, la ganadería bovina fue empujada hacia tierras marginales, expulsando rebaños de cabras de campesinos. Se destruyeron bosques (entre 2004 y 2007 se deforestó un millón de ha.), humedales y estepas, terminando con la biodiversidad, alterando los ciclos hídricos y contaminando suelos y aguas superficiales y subterráneas con agrotóxicos. Se vulnera la seguridad y la soberanía alimentaria. El avance del monocultivo alienta la expulsión de trabajadores rurales afectando la estructura social agraria y el desplazamiento de pequeños productores. Las consecuencias de la sojización son aún más graves. Afectan los suelos extrayendo sus nutrientes y micronutrientes, obligando a una profusa aplicación de fertilizantes artificiales para sostener el esquema productivo. Los daños a la salud humana resultan innumerables; aumenta la cantidad de situaciones en las que habitantes rurales y urbanos padecen afecciones respiratorias, dermatológicas, neurológicas, distintas formas de cáncer y muerte, en asociación directa con el uso de agrotóxicos. En marzo de 2015, la OMS (Organización Mundial de la Salud) dio a conocer, a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), un estudio que revela que el glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas. De esta manera, la máxima autoridad de salud a nivel global confirma las denuncias silenciadas de los pueblos fumigados y de científicos independientes[3]. Las enfermedades continuarán en tanto y en cuanto se continúe con el paquete tecnológico, medular en la actual agricultura.

De acuerdo a datos brindados por la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), en nuestro país durante el año 2017 se vendieron 3,8 millones de toneladas de agrotóxicos. La venta de herbicidas llegaría a 5 millones de toneladas en 2018. La Argentina se ha convertido en el país con mayor consumo de glifosato del mundo. Se deben cambiar las normativas que permiten las autorizaciones del uso de plaguicidas y transgénicos. “La gente enferma y muere por culpa de los cócteles y residuos de plaguicidas sin que ningún sistema sanitario los detecte (FUNAM- Fundación para la Defensa del Medio Ambiente). “Es importante destacar que todas estas problemáticas se desarrollan ante la mirada silenciosa y cómplice de los distintos segmentos del Estado” (Gómez Lende; Velazquez G., 2017).

 

5-    El caso Ituzaingó, Córdoba

El Barrio Ituzaingó es el más extenso de la zona periférica sudeste de la ciudad de Córdoba. Tiene un apéndice, el barrio Ituzaingó Anexo, la parte más oriental de la ciudad. En 2009, tras diez años de denuncias de sus habitantes, rodeados de campos de soja y fumigados, la Justicia cordobesa prohibió fumigar con agrotóxicos las zonas cercanas a áreas urbanas considerándolo un delito penal. La organización Madres de Ituzaingó[4], nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos[5] y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. La Organización Panamericana de la Salud (PS) también llegó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso.

El juicio por las fumigaciones comenzó en junio de 2012 y fue el primer proceso en poner en cuestión el impacto del uso de plaguicidas en la salud humana. “Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos[6] y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión. La medida, sienta precedente para cientos de denuncias de todo el país; impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo se focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato. En marzo de 2010, otro Fallo judicial pero en Santa Fe, prohibió el uso del glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge.  

La agricultura industrial transgénica conlleva un riesgo pues se puede cuantificar y establecer probabilidad. La contaminación con agrotóxicos  en Ituzaingó se cuantificó. Fueron las Madres de Ituzaingó resistiendo las que relevaron casa por casa. Visibilizaron la problemática ambiental y de salud. El problema de la agricultura transgénica es que es tanta la superficie cultivada  que se necesita cuantificar en un área muy extensa; lamentablemente no se cuenta con ese tipo de estadística. El desconocimiento genera incertidumbre. Los afectados no son solo los pueblos fumigados.  El impacto es desastroso ya que se extiende más allá de las áreas fumigadas. El sistema científico-técnico aporta propuestas para la gestión del riesgo. Sin embargo, las instituciones terminan realizando acciones en la emergencia y “caen en la trampa” de la coyuntura, de la acción fragmentada. Conocer el riesgo que se corre (como potencialidad) permite anticipar, prevenir y mitigar posibles resultados no deseados en el uso del ambiente. Muchas veces las propias prácticas de las instituciones del Esta­do no solo no anticipan lo que va a pasar ni actúan en el momento, sino que además amplifican la vulnerabilidad. ¿Cómo hacer para que desde el Estado se actúe con honestidad y sin complicidad si también es capitalista?

En este contexto de incertidumbre, los actores político- administrativos requieren, más que nunca, de análisis que pongan en perspectiva las posibles alternativas y variables en los procesos de modernización del sistema político-administrativo en general y de las intervenciones de estos mismos actores en cada caso concreto (Subirats, y otros, 2008).

En agosto de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a tres años de prisión condicional al agricultor y al aeroaplicador denunciados de "contaminación ambiental dolosa" en el barrio ituzaingó, Córdoba. Ninguno fue a prisión, pero cumplieron tareas comunitarias de 10 horas semanales durante cuatro años. Pero el paquete tecnológico transgénico sigue adelante con su experimento sanitario masivo.

En Argentina, no existen buenos registros sobre ciertos contaminantes en el aire y en las aguas pues, intencionalmente, no se destinan presupuestos para ello. Por lo tanto, los datos obtenidos son parciales, sin continuidad, de escasa comparabilidad, registrados bajo métodos y técnicas diferentes, y absolutamente aislados. Para encarar seriamente estos problemas, se debe realizar un relevamiento permanente. Una vez mensurado el nivel de contaminación, será muy tarde. Es ineludible legislar al respecto, desde los principios precautorios y en base a las numerosas pruebas que médicos, agrónomos y otros ciudadanos en lucha vienen aportando. Mientras, nos queda la denuncia, la concientización y resistir.

 

6-    Consideraciones finales

En base a esta breve síntesis del caso de la agricultura industrial transgénica, entendemos que en el tramo final de la segunda década del siglo XXI el extractivismo sigue siendo uno de los ejes del estilo de desarrollo en la Argentina, como en el resto de América Latina. El modelo sojero ha marcado, sin duda, un punto histórico de inflexión en la evolución del medio rural argentino que ha sufrido una intensa reestructuración.

Existen en tal sentido algunas cuestiones dignas de consideración. Así como en los años noventa el pretendido discurso único nos decía que “no hay alternativa”, algo similar ocurre en esta época, cuando los voceros del conjunto que integran los gobiernos de nuestra región y las multinacionales expoliadoras de los recursos naturales (o bienes comunes), nos pretenden imponer el carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista. Está claro que apuntan a desconocer primero, y a reprimir cuando eso no es posible, a las organizaciones sociales que se movilizan en defensa del territorio, del agua, de la biodiversidad, de la salud humana agredida de muy diversas maneras. En abierto respaldo al extractivismo vigente y a los capitales que lo comandan, gobiernos de distinta escala “ignoran” que el crecimiento económico (distinto a desarrollo) alimentado por las exportaciones de bienes primarios encuentra límites internos, expresados en crecientes resistencias y conflictos sociales, como así también externos, debidos a fluctuaciones en la demanda, en los precios y a cambios tecnológicos.

  

Bibliografía:

AMÍN, S. (2010). El socialismo, estadio superior de la civilización. Entrevista realizada por Eduardo Luque Guerrero para El Viejo Topo, Nros. 270/271, 18-22.

BECK, Ulrich. (2009)Retorno a la Teoría de la «Sociedad del Riesgo». En: Boletín de la Asociacion de Geógrafos Españoles. Nº 30, 9-20

FERNÁNDEZ EQUIZA, A. M. (2013). Desarrollo y Conflictos Socioambientales. Indagaciones para construir nuevos posibles. En Fernández Equiza A. M. (comp.) Territorios, Economía Internacional y Conflictos Socioambientales, pp. 1-31. CIG-IGEHCS-UNCPBA, Tandil.

GOMEZ LENDE S. y VELÁZQUEZ, G. (2017) El agronegocio sojero en la Argentina (1990-2015). Implicancias sociales, territoriales, ambientales y políticas. Documento de Trabajo del CIG, FCH, UNCPBA.

GUDYNAS, E. (2013). Extracciones, extractivismos y Extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio  del  Desarrollo, Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Nro. 18, pp.1-18.

HARVEY, D. (2004). El Nuevo Imperialismo. Akal, Madrid.

PETRAS, J. (2005) “Inversión exterior: incentivos perjudiciales” www.rebelion.org, (mayo 2015).

PENGUE, W. (2006). Explotación de Recursos Naturales y Mercado Agroexportador: Hacia la Determinación de la Deuda Ecológica con la Pampa Argentina. Tesis Doctoral, Universidad de Córdoba, España, Unión Europea.

RULLI, J. (2009) Pueblos Fumigados: los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras. Ediciones del Nuevo Extremo. Buenos Aires.

SVAMPA, M.y VIALE, E. (2014). Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Katz Editores, Buenos Aires.

SUBIRATS, Joan; METER Knoepfel; CORINNE Laue y VARONNE, Federic. (2008) Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona, Ariel.

 

 



[1]Monsanto, adquirida por Bayer en 2016, ejerce fuerte presión política y tiene una posición hegemónica: es la empresa responsable del cambio tecnológico en la agricultura y de la dependencia de los productores al uso de la semilla transgénica con la introducción de la soja transgénica RR y el herbicida glifosato, la comercialización de la soja Intacta Pro RR2. Esto la lleva a encabezar un reclamo de regalías por la propiedad intelectual.

[2]Retenciones es el impuesto que cobra el Estado Nacional a las exportaciones de granos. Las retenciones alcanzan a diversos productos agrícolas pero el principal ingreso proviene de la soja, principal producto de exportación argentino. Por cada tonelada exportada el Estado recaudaba el 35% del valor de la misma. La Resolución N° 126/2015 publicada en el Boletín Oficial del 18 de marzo de 2015, modifica las retenciones con las devoluciones segmentadas para pequeños y medianos productores según las toneladas que produce el terreno, (y no según la extensión de las tierras). Alrededor del 80% de la producción es manejado por el 20% del mercado que representan los grandes productores. El 20% restante se distribuye entre pequeños y medianos productores. En 2015, las retenciones bajaron de 35% a 30 %. Un Decreto presidencial de 2 de enero de 2017 determinó una baja progresiva de las retenciones de 0,5 % por mes  hasta llegar al 18 % en diciembre de 2019.

[3]El Dr. Andrés Carrasco, investigador del CONICET denunciaba en 2009 los efectos del glifosato en el desarrollo embrionario y resistía a las persecuciones. En dicha ocasión el médico y biólogo molecular se refirió a estudios hechos en anfibios.

[5]De los 5 mil habitantes, 200 tenían cáncer (2009)

[6]Córdoba: Ley Provincial de Agroquímicos 9164, vigente desde 2004. Prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas. Y a las terrestres las restringe parcialmente, estipulando que en los 500 metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos, aunque sí permite otros, considerados como de menor riesgo tóxico.



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