NCeHU
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ARGENTINA
Pacto con el FMI: un préstamo para pagar deuda a
cambio de un ajustazo contra el pueblo
Gabriel
Solano
El monto final anunciado por el FMI como préstamo a la Argentina no
debiera sorprender. Los 50.000 millones de dólares, a los que habría que sumarle
unos 6.000 millones más de otros organismos de crédito internacionales,
coinciden como dos gotas de agua con los vencimientos de capital e intereses de
la deuda hasta finales del 2019. Veamos: la deuda pública nominada en dólares en
lo que queda del mandato de Macri asciende a 18.000 millones de dólares. A esto
hay que sumarle los vencimientos de LETES, otros 18.000 millones, y los
intereses que en promedio rondan los 1.000 millones mensuales –unos 19.000
millones hasta diciembre del 2019. La suma asciende a la friolera de 55.000
millones de dólares, lo mismo que el FMI y otros organismos anunciaron como
préstamos. En resumen: tomamos deuda para pagar deuda, aunque aún resta ver cómo
se hace frente a la que está nominada en pesos. El festejo por el nivel del
préstamo sólo muestra las enormes dimensiones que alcanzó la crisis financiera
del país.
Devaluación
Para el gobierno el préstamo del FMI despeja el financiamiento del
país en el próximo período, pero esto no es así. Ocurre que además del pago de
la deuda, Argentina tiene un déficit enorme de cuenta corriente, que se compone
no sólo de los pagos de deuda sino también del déficit comercial, de servicios,
giro de dividendos, etc. Sacando la parte que corresponde a la deuda, el déficit
de cuenta corriente supera cómodo los 20.000 millones de dólares. La ´solución´
que el pacto con el FMI ofrecería sería profundizar la devaluación del peso. En
este sentido hay que interpretar las declaraciones de Sturzenegger de que el
BCRA ya no ofrecerá más dólares a $ 25 y que “vuelve el sistema de flotación”.
Reequilibrar la balanza comercial mediante una devaluación, sin embargo, choca
no sólo con la guerra comercial a nivel mundial entre las principales potencias,
sino también con la devaluación del real brasileño, que afecta el intercambio
con quien es hoy nuestro principal destino comercial, sobre todo de productos
industriales.
Una mayor devaluación tendrá un impacto en los precios, teniendo en
cuenta la dolarización de tarifas y combustibles establecidos por el macrismo,
sumado al hecho de que Argentina es un país exportador de alimentos. El anuncio
del presidente del BCRA de que este año no habrá metas de inflación es la
confesión más evidente de que el aumento de los precios superará todas las
previsiones.
Este ajuste inflacionario que sufrirán los trabajadores lejos está
de compensarse con el anuncio del gobierno de un aumento de un 5% en dos cuotas
para los salarios en los próximos meses. Es que las paritarias ascenderían a un
20% contra una inflación que con seguridad estará al menos 10 puntos por encima.
Se trata de un golpe demoledor al salario, que a su turno impactará en el
consumo y la actividad económica, que ya viene en caída. No caben dudas que la
recesión que ya comenzó pero que se profundizará será usada como un arma de
chantaje contra los trabajadores.
Ajuste fiscal
La otra pata del ajuste será la reducción del gasto fiscal para el
año entrante, que según la imposición del FMI deberá reducirse hasta lograr un
déficit primario del 1.3%. Medido en dólares son casi 9.000 millones, lo que al
tipo de cambio actual equivale a unos 225.000 millones de pesos. Según se
informó, el rubro que más será afectado son los llamados “subsidios”, lo cual
implicará mayores tarifazos para este año y los que vienen. Otro tanto ocurrirá
con la obra pública, impactando en la actividad económica y en el empleo, y en
los salarios de los trabajadores estatales nacionales y provinciales (empleados
públicos, docentes, trabajadores de la salud), ya que se reducirán también los
giros a las provincias.
Para asegurarse la aplicación de este ajuste, el FMI ha impuesto
una modificación de la Carta Orgánica del BCRA. La “independencia” que se
proclama para el organismo en realidad es lo contrario: pasa a ser una
dependencia del gran capital internacional y del FMI en particular. Por esta
modificación el BCRA no podrá asistir al Tesoro, lo cual conllevará a que éste
deberá reducir el gasto en los términos previstos por el acuerdo. La reducción
del stock de Lebac y su absorción progresiva por el Tesoro derivará en un nuevo
incremento de la deuda pública, que deberá ser afrontado su pago con más
ajuste.
Un plan de guerra
En síntesis, el pacto con el FMI es un combo de devaluación,
tarifazos, reducción de salarios y recesión económica. Se trata de un verdadero
plan de guerra contra el pueblo argentino cuya aplicación supera la capacidad
política del gobierno. Es por eso que el FMI reclama que este acuerdo se
corporice en el Presupuesto 2019, que para su aprobación requiere del apoyo del
pejotismo en el Congreso. Hasta ahora los Pichetto, Massa, Rossi y cía.
parlotean contra el FMI pero acordaron con el macrismo que la aprobación del
pacto pueda eludir al Congreso. Sin embargo, bajo la presión del FMI, deberán
poner sus huellas dactilares en el Presupuesto 2019. En esa línea ya existen
negociaciones en marcha que incluyen a la burocracia sindical de la CGT, que ha
dilatado la convocatoria al paro hasta límites inimaginables, y que si
finalmente lo convoca será una medida aislada para disimular su colaboración
activa con el ajuste en marcha. El último favor que le hizo al gobierno fue no
convocar al paro el día que se anunciaba el acuerdo con el FMI.
La colaboración del pejotismo en todas sus variantes con esta
política estará condicionada a la propia crisis. Sucede que este plan ajustador
deberá mostrar su viabilidad en la práctica. El ajuste que el gobierno deberá
llevar adelante es un incentivo a la rebelión popular, esto en un país
soliviantado, dispuesto a ganar la calle ni bien encuentra un canal para
expresar su repudio. Los planes del FMI están produciendo rebeliones populares y
crisis políticas en Nicaragua y Jordania. Argentina haría bien en mirarse en
esos espejos.
El rechazo a este plan de guerra acelera las delimitaciones
políticas en el campo de la oposición al gobierno, y plantea un programa de
salida a favor de los trabajadores: abajo el pacto con el FMI, no al pago de la
deuda externa, nacionalización de los recursos energéticos (extracción,
transporte y distribución) bajo el control de los trabajadores, nacionalización
de la banca y del comercio exterior. No a los despidos y las suspensiones,
reapertura de las paritarias para recuperar lo perdido por la inflación y por un
ajuste mensual de los salarios y jubilaciones.
Sobre esta base planteamos la necesidad de un paro activo nacional,
que sea el comienzo de un plan de lucha para derrotar esta ofensiva contra los
trabajadores. Con este programa y esta perspectiva impulsamos el Plenario
Nacional de Trabajadores del 23 de junio.
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