Uber, Airbnb y la sociedad de
acogida
“El turista es un recolonizador, ya que con base
en sus intereses, necesidades y requerimientos, los lugares se transforman y se
crean servicios y productos sólo con el fin de complacerlo” David Lagunas
Arias.
Alfredo César Dachary
Hay dos temas que venían incidiendo en los
destinos turísticos de los principales países desarrollados, que a su vez son
los líderes en el turismo global: España, Francia, Italia y Países Bajos, los
temas eran reincidentes: la gentrificación y sus efectos, generando la
turismofobia. El territorio en todos los casos era similar, ciudades y los
actores enfrentados, los mismos: la sociedad local y los turistas.
Desde la emergencia de la denominada economía
colaborativa dos temas han sido centrales, el del transporte privado cuya
empresa emblemática es Uber y el de la renta de los inmuebles cuya empresa
bandera es Airbnb.
El tema ha cobrado mucha relevancia en la
sociedad porque se enfrentan dos modelos: el tradicional que paga todos los
impuestos y se ajusta a todas las leyes y el de la empresa de economía
colaborativa, donde sería imposible cobrar todos los impuestos y requisitos
porque son empresas de uno o dos propietarios salvo excepciones. Por ello, el
gobierno ha decidido en ambos casos con posiciones similares, pero de diferentes
dimensiones legales, en el caso de los taxis y Uber entre otros con una ley
nacional, en el caso de los pisos de renta el gobierno de Palma, en Baleares, es
el que genera una ordenanza, ahora se lucha por lograr una ley nacional.
En el caso específico de los taxis, el Gobierno
tomó la decisión que el enfrentamiento entre taxistas, Uber y otras plataformas
de taxis similares a Uber no llegue a los tribunales.
A partir de esa opción política, el Consejo de Ministros aprobó en
abril un decreto ley que consagra el límite para que como máximo pueda haber una
licencia de
vehículo de alquiler con conductor (VTC ) por cada 30 de taxi. Este tope ya figura en el Reglamento de la
Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) pero el Ministerio de Fomento
se ha visto en la necesidad de elevarlo a rango de ley para proteger a los
taxistas ante un hipotético fallo desfavorable del Tribunal Supremo que está
juzgando el caso.
Plataformas como Uber, Cabify o la patronal de
VTC (Unauto) que se sumaron a la denuncia de la CNMC creen que se trata de una
triquiñuela legal del Gobierno para blindar los intereses del sector del taxi,
aunque solo Uber se opone radicalmente a la legislación mientras que el resto de
asociados de Unauto se ha manifestado a favor de una salida negociada aceptando
la normativa vigente.
El Ministerio de Fomento cumple así su compromiso
con el sector del taxi de protegerle frente a la avalancha de licencias de VTC
que se han concedido en los últimos años gracias a un vacío legal, y que han
supuesto una seria amenaza a su negocio.
Este es un fallo histórico, aunque fuera de
tiempo, ya que la economía colaborativa sigue creciendo y el mercado adopta
nuevas formas, el taxi es una institución que viene desde el comienzo de la
revolución industrial, hoy la competencia no admite proteccionismo, por lo que
es un remedio parcial dentro del proceso general de reformulación del
empleo.
El otro problema, los pisos turísticos ya tiene
también una ley de la Autonomía Balear que resuelve inicialmente el problema,
pero también tendrá sus enemigos dado que hay un importante sector en la
informalidad que vive de este recurso que puede ser propio o lo opera como
rentadora.
Así se ha logrado que Palma de Mallorca sea la
primera ciudad en España donde se ha prohibido la renta de las viviendas
turísticas en pisos, respondiendo a un grave problema de gentrificación y
pérdida de la calidad de vida de los barrios afectados. La capital balear solo
autorizará el alquiler a turistas en viviendas unifamiliares a partir de
julio.
Así
la capital balear ha adoptado una medida pionera en todo el estado por la que
prohibirá definitivamente los pisos turísticos en toda la ciudad y ésta se ha
consensado después de encargar varios estudios y análisis que han revelado que
la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017 hasta
alcanzar las 20,000 plazas comercializadas en la ciudad. En Palma solo 645 de
las viviendas ofertadas cuentan con licencia.
La reforma de la Ley General Turística aprobada por el Parlamento
autonómico ya prohibió el alquiler vacacional en pisos, pero dejaba
en manos del propio Ayuntamiento de Palma la posibilidad de delimitar los
barrios y zonas en los que los autorizaría. Finalmente, el equipo de gobierno
ha decidido considerar la ciudad como zona única y mantener la restricción de
esta práctica en pisos y apartamentos de todo el territorio "para proteger al
residente" en palabras del alcalde Antoni Noguera.
El estudio sobre el impacto de esta actividad en
la ciudad ha revelado que el 48% de los pisos de alquiler turístico se ofrece en
períodos de entre siete y ocho meses, lo que veta posibilidades a la entrada de
alquiler residencial de larga temporada en el mercado, y existe un paralelismo
entre la evolución del fenómeno de los alquileres vacacionales y el aumento de
los precios del alquiler residencial.
Entre las fundamentaciones a esta medida está la
que expuso el Alcalde de Urbanismo, José Hila, que defiende la medida por hechos
tan importantes como la subida de un 40% de los alquileres en la ciudad en los
últimos años que ha convertido a Palma en la segunda urbe por detrás de
Barcelona en la que más dinero invierten los residentes para el pago de la
renta. Las estancias turísticas afectan a la configuración y la convivencia
social en los edificios y los barrios y su penetración ya ha afectado al acceso
a la vivienda.
Un
informe encargado por el Consistorio a la Defensora de la Ciudadanía también ha
constatado el deterioro de la convivencia en los barrios debido al ruido
producido por los pisos turísticos, mientras que las denuncias presentadas ante
la Consejería de Turismo por problemas con los inquilinos han pasado de 42 en el
año 2014 a las 192 registradas el año pasado.
No solo la sociedad y específicamente
determinados barrios se incomodaron por los turistas y el abuso del espacio
público, también se ha dado esto junto al proceso de Cataluña. Las acciones del
colectivo independentista Arran contra el turismo no se limitan a Barcelona,
donde han arremetido contra un autobús y bicicletas de uso turístico, sino que
el colectivo amplía sus objetivos en el territorio lingüístico catalán (lo que
denominan Països Catalans),
también ha protagonizado actos similares en Palma y protestas en Valencia.
Esta ola de acciones, que se suceden desde hace
algunos meses, al menos siete hoteles de Barcelona han sufrido ataques
vandálicos por parte de grupos de izquierda anticapitalista que denuncian
sobreexplotación turística, genera un frente diferente al de la calidad de vida.
Miembros de Arran Països Catalans irrumpió el 22
de julio del año pasado en un restaurante del Moll Vell, el muelle situado
frente a la catedral de Palma, prendiendo bengalas, lanzando confeti a los
comensales y subiendo a los yates amarrados para protestar contra el turismo
masivo en Mallorca.
El colectivo ha difundido ahora las imágenes de
la protesta a través de las redes sociales, en un video en que el que se puede
ver a varios de sus miembros portando pancartas bajo lemas como El turismo mata a
Mallorca y Aquí se
está librando la lucha de clases, escritas en
inglés.
Ambos hechos se han dado en España, una de las
principales naciones pioneras y con un alto desarrollo social y en el turismo,
ya que éste lleva más de medio siglo creciendo y generando un gran aporte al
empleo y la economía española.
Pero que pese a todo no podemos limitar la mirada
a un conflicto interno, lo menos que podemos hacer es entender porque Ámsterdam,
París, Madrid, Venecia, Roma y muchas más capitales globales y ciudades
testimonios con sociedades más desarrolladas son el escenario de estos
conflictos, y no lo son las grandes capitales turísticas del Caribe o México,
por hablar de las más importantes en arribos.
Creo que se ha llegado a un límite que nunca
existió entre lo social y lo privado, algo que el turismo no ha tomado en
cuenta, siguiendo los principios que todo lo regula el mercado menos la pérdida
de la identidad, la cultura, la lengua, la calidad de vida, todos temas que no
pasan por Davos y otras capitales económicas que solo conocen de competitividad,
flexibilidad y libre comercio.
Aquí emerge un gran reto para el turismo, no todo
el territorio es usable impunemente en cualquier actividad, hace falta regular
el territorio, los desarrollos, tomando como referente una sostenibilidad real,
o sea, social, económica, cultural y natural, otro tema muy hablado, pero no
asumido. Aquí está el centro del problema, un sistema que no tiene límites y
actores que creen que ellos se darán por una lógica natural.
Así al turismo hoy se le plantea una disyuntiva,
seguirse expandiendo en la periferia sin leyes claras, con corrupción y sin
escuchar a la sociedad y lo que ésta necesita o seguirse expandiendo en los
países centrales y enfrentar esto que no es menor. En México tenemos la
experiencia de Acapulco, en Brasil la de Río y en Jamaica la de su capital, en
todos los choques entre la pobreza, el turismo y sus impactos generó grandes
problemas que podrán ser comunes en otras ciudades o destinos, un reto
importante para el Estado y los desarrolladores.
alfredocesar7@yahoo.com.mx
Responder a este mensaje