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Asunto:NoticiasdelCeHu 180/02
Fecha:Jueves, 11 de Abril, 2002  15:21:36 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

APORTES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO:
EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PARTICIPACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
 
 
Cristina Teresa Carballo*
ccarba@arnet.com.ar
 

Resumen
 
El presente artículo presenta una "lectura" sobre las relaciones entre sociedad-ambiente en la gestión social del territorio y los recursos, en el marco de la globalización económica y los procesos de fragmentación socio-territoriales de la Región, en especial de Argentina. Para ello, se revisan y reflexiona sobre los antecedentes internacionales vinculados con la Evaluación del Impacto Ambiental, la Educación Ambiental y la participación de la sociedad en las decisiones socio-territoriales.

Palabras claves
Ambiente-sociedad, impacto, educación y comunidad


¿Por qué la comunidad en el proceso de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)?

Existe un claro consenso internacional que el proceso de participación pública en la evaluación ambiental (identificación, predicción y evaluación de impactos relevantes beneficiosos o adversos) permite la valoración social de los proyectos por parte de la comunidad afectada. Esta estrategia, la EIA, se resignifica en la escala Latinoamericana, y en la Argentina de los últimos veinte años. Por un lado, la EIA se inserta en la legislación sectorial y provincial, y por otro lado, en Argentina se registra una intensa desregulación de la economía nacional con la presencia de inversiones internacionales. En este marco de la globalización económica, la redefinición social, ambiental y territorial de Argentina no se hace esperar.
Desde una perspectiva técnica-metodológica, la EIA debe interpretarse como una herramienta de tipo procesual, multidisciplinaria e interactiva, cuyo propósito es lograr una mejor comprensión de las relaciones existentes entre lo social, lo económico, lo ecológico y lo político.
También hay acuerdo, en que la EIA debería aplicarse tanto a actividades como a proyectos de desarrollo que sean emprendidos por el sector público o privado; en el que deben incluirse un análisis de alternativas y medidas de mitigación que busquen la minimización o eliminación de las consecuencias adversas, y la optimización o potenciación de las positivas. En muchas sociedades, y cada vez más, la EIA está siendo vista como un mecanismo clave para lograr que la sociedad civil participe, y así involucre en el proceso de planificación territorial y ambiental.
Pero las coordenadas espaciales en que fue mentada y reclamada como un derecho social la participación, consulta e información ambiental dista mucho de lo que es la realidad de la sociedad de América Latina. Recordemos que el proceso de institucionalización de la EIA, en esta parte del planeta, respondió inicialmente para satisfacer los requisitos exigidos en los mecanismos de otorgamiento de créditos por parte de los organismos multilaterales financieros. "Así, este proceso latinoamericano priorizó el enfoque de la presentación de estudios o informes de impacto ambiental, antes que el procedimiento a través del cual mejorar el sistema de decisiones públicas. Colombia fue pionera en incorporar la EIA en su código de Recursos Naturales (1973), y posteriormente seguida por otros países como México (1978), Brasil (1988), Venezuela (1992), Bolivia (1992), Paraguay (1993), Chile (1993), Hoduras (1993) y Uruguay (1994)" (FARN; 1999:16)
Sin embargo, esta conyuntura reciente de los procesos de globalización económica demuestra que los emprendimientos e inversiones de los grupos económicos internacionales son impuestos a las poblaciones locales. Lo cierto es que la población cuenta con insuficientes espacios de participación. Esto puede redundar en una fuente de conflictos ambientales, en particular cuando “los afectados” por el proyecto no son convocados, y las decisiones económicas se toman a corto plazo bajo la lógica de la ganacia. Queda manifiesta entonces, la necesidad de involucrar a la sociedad civil en las distintas etapas de las que se compone el ciclo de un proyecto o programa de desarrollo local o regional, a través de diferentes instancias representativas.

La Educación Ambiental: de la huerta ecológica a los mecanismos de participación comunitaria
Desde hace tiempo se ha ido gestando un acuerdo internacional sobre la necesidad de imponer la dimensión ambiental en las políticas económicas con el objetivo de avanzar en un desarrollo sostenible. Esto ha implicado la participación de los actores de la escena política, económica y social del planeta. Proceso que tiene como primer hito internacional, la Conferencia de Estocolmo (1972) y, más recientemente, el Informe Brundtland (1987), y la Conferencia de Río (1992).
Pasando por la ecología profunda (deep ecology), ecodesarrollo, desarrollo sostenible, movimientos sociales verdes, crecimiento cero... el concepto de ambiente y, por lo tanto, la educación ambiental ha sido conformada desde diferentes enfoques interpretativos y por diferentes grupos de presión que dominan la tendencia internacional, regional y/o local.
El resultado de la Reunión Cumbre de Río en 1992 surge un detallado plan de trabajo para el siglo XXI, cuya finalidad es hacer posible un desarrollo que sea sostenible desde los puntos de vista social, económico y ecológico. Este plan, conocido como Agenda 21 contempla una serie de normas, políticas y medidas que los gobiernos firmantes se comprometan a seguir. Para fundamentar de la Agenda 21 es el reconocimiento de lo importante que es la participación para enriquecer el acervo de conocimientos y experiencia en la conservación de los recursos naturales y otros aspectos del desarrollo sostenible. Es en este marco que se considera indispensable la insersión, fortalecimiento de la Educación Ambiental como estrategia que tenga como meta la participación activa de la comunidad en sus proyectos de desarrollo en todas sus escalas.
Por este motivo, se considera central introducir algunos elementos conceptuales de la Educación Ambiental que estructura, a nuestro entender, los grados de percepción y representación social de los problemas ambientales, el grado de participación de la comunidad. Además, la E.A. facilitaría la consolidación de canales gubernamentales y no gubernamentales que aseguren un compromiso social y equitativo de los recursos y las necesidades de la sociedad.
En este sentido es oportuno traer los aportes de Isabel Carvalho, quien plantea algunos elementos centrales: por un lado, la dificultad y concurrencia epistemológica de «lo ambiental». Y, por otro lado, los numerosos y encontrados intereses que están detrás de los proyectos y valoraciones sociales del ambiente (tanto en las construcciones sociales, como en los discursos, y/o el papel del Estado, organismos internacionales, etc.)
A continuación se transcriben las principales ideas a discutir, "La formación del campo ambiental delimita un espacio de relaciones sociales e históricas donde se produce y reproduce la creencia del valor de la naturaleza como un bien que debe ser preservado, encima de los intereses inmediatos de las sociedades. Esta creencia alimenta la utopía de una relación simétrica entre los intereses de las sociedades y los ciclos de la naturaleza. (...) De esta forma, el campo ambiental, se contituye necesariamente encajado en la disputa por el poder simbólico de nombrar y atribuir sentido a lo que sería la conducta humana deseable y un medio ambiente ideal. En torno, de esta problemática fundamental, el campo ambiental va a producir una visión del mundo, un circuito de producción del consentimiento, un espacio de comunicación, y una arena de acción. (...) Por eso, más de lo que un fenómeno que tiende hacia la convergencia y estabilidad, prefiero tomar esa heterogeneidad de las prácticas y sentidos en torno de lo ambiental como un campo social inestable y multifacético. La preocupación ambiental atraviesa diversas prácticas sociales contemporáneas y se comporta con un alto grado de heterogeneidad, pudiendo incluir movimientos sociales de filiaciones ideológicas diferenciadas, políticas públicas, partidos políticos, estilos de vida alternativos, opciones y hábitos de consumo, etc. En este contexto, las luchas socio-ambientales, sean aquellas llevadas por los movimientos ecológicos o por los movimientos populares que incoporan la cuestión ambiental, son parte importante de este conjunto heterogéneo de valores y acciones que constituyen el campo ambiental. (...) Muchas de las luchas en torno de los bienes ambientales son expresiones de esta tensión entre intereses públicos e intereses privados. (Carvalho; 1999)
En pocas palabras, lo que plantea la autora, no es sólo la heterogeneidad de las conceptualizaciones sobre el ambiente, sino el complejo mosaico de los intereses de actores o grupos sociales. Es en esta etapa de confrontación y conflicto que el Estado debe asumir un claro papel y un eficaz proyecto político que amplíe las posiblidades de participación y la esfera pública para el consenso en las valoraciones ambientales de las sociedades y la salida a los conflictos más urgentes. En este contexto, estaría inmerso el proceso de evaluación de impacto ambiental. El proceso de la EIA materializa no solo los beneficios de un proyecto sino que pone a discución las desventajas y el grado de impacto negativo a la población afectada. En este esquema, queda claro, que saldrá a la luz la confrontación de intereses y la asimetría de los actores. Este será el principal desafío que deberá superar la EIA para una real evaluación y participación comunitaria, en el marco de políticas ambientales surgidas desde el Estado.
La Educación Ambiental, por lo tanto, no pretende generar exclusivamente una polarización similar a la que ya existe en algunos países entre los sectores productivos y preservacionismos, ni provocar un sentimiento de impotencia ante los abrumadores problemas ambientales cotidianos locales o planetarios. Si no por el contrario la educación ambiental busca el desarrollo de estrategias para evitar dicha polaridad. En otras palabras, la Educación Ambiental se debe caracterizar por promover y facilitar el intercambio de ideas y la continua coparticipación de los sectores sociales, tanto de la esfera privada como pública.

La gestión social del ambiente y la confrontación de intereses
Lo analizado anteriormente se complica aún más por el simple hecho de que la pespectiva de una sociedad que disfruta del desarrollo y bienestar difiere, obviamente, de otras sociedades que estan en vías de desarrollo. Esta contradicción es factible de reconocer si se incorpora en nuestro análisis el concepto de espacialidad para la interpretación de la gestión del ambiente.
Pero no está todo dicho, fueron y son los movimientos verdes de los paises desarrollados de Europa Occidental y Estados Unidos, (con más de 13.000 ONGs para 1997) los que han logrado instalar en la sociedad la necesidad de detener el deterioro ambiental. A la fecha, en estos países se avanzó en la normativa, políticas regulatorias, organismos de auditoria, coordinación de sus políticas ambientales, inserción de la Educación Ambiental en la formación del ciudadano en el sistema educativo como es el caso de España que tienen un camino recorrido de más de 10 años, como una de las principales estrategias de cambio, entre otras medidas. Recientemente, en estos últimos años, la tendencia se centra en retomar otras esferas de la Educación Ambiental (EA): la opinión pública, y darle un papel central en las sociedades que disfrutan de auténticos marcos democráticos. En este sentido, las gestiones gubernamentales han visto la necesidad de implementar estrategias de educación ambiental y otras instancias de participación pública en la toma de decisiones ambientales.
Si bien las realidades en los países en vías de desarrollo son opuestas a la anterior, el marco democrático nos brinda la posibilidad de ver interesantes fenómenos sociales en relación con el ambiente y el bienestar de su sociedad, la pregunta es: ¿lo podremos hacer?
La relación entre la actuación de los poderes públicos y la opinión de la población así como el desarrollo de la imagen ambiental del sector privado, han desencadenado un proceso dinámico de suministro y demanda de información y un aumento de la participación popular en el debate ambiental, social y territorial, algunos de escala internacional como por ejemplo los movimientos de ecología popular en Chiapas.

Por cierto, ¿Qué es la Educación Ambiental? ¿Cuál es el papel de las Ciencias Sociales?
Si hacemos memoria recordaremos que desde la aparición de la Educación Ambiental, hace más de veinticinco años, se la consideró y considera aún como la principal estrategia de cambio. La educación era la que debía desempeñar un papel central en la resolución de los problemas ambientales. Se asume desde el comienzo que la grave situación ecológica, el deterioro de los suelos, la contaminación urbana, el acelerado y desordenado crecimiento urbano, el riesgo tecnológico y la polución, el cambio climático, entre otros, son causados por la actuación humana. Y que cambiando los comportamientos y actitudes de las personas, la situación puede cambiar.
A partir de la complejidad y heterogeneidad de los problemas socio-ambientales podríamos asumir que la respuesta de la EA ha sido igual de dinámica y amplia. De esta manera, encontraremos que desde la huerta orgánica, los senderos de interpretación de la naturaleza, las visitas a Parques Nacionales, publicidades como parte de una campaña contra pruebas de energía nuclear, estudiar en la escuela el concepto de ecosistema, participar en ONGs ambientalistas como Greenpeace o en grupos locales que se preocupan por mantener y no contaminar los espacios verdes públicos o las riberas de los ríos, desarrollar campañas de salud en sectores sociales críticos para minimizar la vulnerabilidad ambiental, campañas oficiales de la comuna para la separación de basuras, a ¡salvemos al planeta!... todo se llama EA.
"Si la Educación Ambiental lo es todo, corre el riesgo de no ser nada. Un proceso, como la educación [ambiental], no se puede definir solamente por el objetivo" (Calvo y Franquesa, 1998)
Son muchos los factores que modelan la práctica de la EA, desde el contexto histórico-espacial, el contexto sociopolítico, la satisfacción de las necesidades básicas de la población, los marcos económicos vigentes, el papel del Estado, las distintas técnicas de intervención ambiental e inclusive la inserción o no de la perspectiva ambiental en el sistema educativo.
Esto se relaciona con las distintas concepciones ambientales que a través del tiempo influye no solo a la EA sino a las sociedades en sus conjuntos. Podríamos recordar que al comienzo del siglo XX el progreso económico y tecnológico ya planteaba algunas preocupaciones en algunos sectores sociales creando la figura de los parques o santuarios naturales. En la década del sesenta, la preocupación de las sociedades que llamamos desarrolladas plantea la urgencia del tratamiento, control y erradicación de la contaminación. Movimientos neomalthusianos y nuevas crisis ecológicas van ocupando las agendas internacionales de Medio Ambiente. Al finalizar el siglo XX se plantea la necesidad de preservación de los recursos y la inequidad socio-ambiental como desafíos a superar en el marco del desarrollo sostenible.
Las sociedades del "sur", y América Latina en particular, requieren una mirada analítica y comprometida de sus ambientes, sociedades y territorio que permita intervenir desde la Comunicación, Participación Popular y Educación Ambiental como estrategia educativa con el propósito de lograr cambios de actitudes, compromiso y participación ciudadana. A través de la formación continua, tanto en el sistema educativo como en los demás ámbitos públicos y privados.
Esto ha requerido históricamente una deconstrucción y construcción teórica planteando en primer lugar rupturas y fracturas con las difundidas posiciones armónicas, "sentimentalistas", biologicistas, conservacionistas acríticas, pedagógicas discursivas y descriptivas de la Educación Ambiental. Cabe aclarar que todas las tendencias han ofrecido aportes a la E.A. y conviven en la actualidad, a tal punto que aún siguen teniendo un fuerte impacto social. En este sentido, la Ciencias Sociales y la Geografía, en particular, tienen un papel central en la construcción teórica y empírica de la EA como motor de las decisiones ambientales de la comunidad sobre el territorio.

La participación pública, ¿una utopía?
Volviendo a la esfera de la EIA, son muchos los autores y organismos internacionales/nacionales que han dedicado trabajos al tema de la participación en el proceso de la EIA. Pero, sin duda, es Canter (1998), es quien propone una síntesis completa que abarca todos los aspectos de la participación pública. El mismo autor, propone que "el principal propósito de incluir programas o actividades de participación pública en el proceso de toma de decisiones es aprovechar las aportaciones de los organismos gubernamentales, ciudadanos y grupos públicos de interés, para mejorar la calidad de misma. Las actividades en las que intervienen los ciudadanos se conocen como participación ciudadana, particiapción pública, compromiso político y compromiso ciudadano. (...) Entre otros asuntos se incluyen además la participación pública en el proceso de EIA, la definición de los objetivos de la participación pública, la identificación del público, las técnicas de participación, la gestión y resolución de conflictos, sugerencias prácticas para la realización de un programa de participación pública y la comunicación oral en el proceso de EIA"
En esencia, el proceso de EIA requiere la participación pública para considerarse como tal; ésta debe ser activa y positiva y no limitarse al planeamiento pasivo con el que se cumplirían las exigencias de las regulaciones jurídicas. La mayoría de los organismos provinciales , en nuestro país, tienen sus propios requisitos sobre participación pública que están en consonancia y complementan las normas nacionales. Pero muy poco hay hecho en relación con las leyes reglamentarias que hagan transparente la aplicación de la norma y en particular la participación pública en el proceso de EIA.
La participación pública debe cumplir algunas funciones vitales en EIA como servir de mecanismos de intercambio y proporcionar información acerca de los valores locales. Y ayudar a establecer la credibilidad del proceso de planificación y evaluación ambiental del territorio .

Identificación del público y los objetivos de la participación
La planificación de los mecanismos de participación en el proceso de EIA no se desarrolla en una «isla», sino por el contrario, este proceso está inserto en una sociedad. Por ello, debe considerarse: (1) niveles de participación pública y (2) problemas inherentes a los programas de participación pública .
Cabe destacar algunos elementos para su análisis: la delineación de los objetivos, la identificación del público destino y la dimensión de la participación de la EIA.
La delineación de los objetivos de los programas y actividades de participación pública durante las diferentes etapas del proceso de EIA es un elemento importante en el desarrollo de un plan de participación. Dos razones básicas para la identificación y clasificación de los objetivos son, primero, los objetivos cambian a lo largo de las diferentes etapas de un estudio. Segundo, algunas técnicas de participación son mejores que otras en la consecución de ciertos objetivos. Hanchey, surgirió tres tipos generales:
² Obejtivos de relación pública
² Objetivos de información
² Objetivos de resolución de conflictos
La identificación del público que pueda estar implicado en las diversas etapas de un estudio de impacto ambiental es otro elemento básico en el desarrollo de un programa de participación pública. Público es cualquier persona o grupo de personas que tiene un interés específico en un asunto. La información sobre los posibles impactos podría mostrarse según las personas afectadas. Tambien es importante la definición de las técnicas de participación más efectivas para comunicarse con los diferentes públicos. (Canter; 1998:723)
La identificación de público debe también considerar la dimensión de la participación en el tiempo. Es decir, contemplar en el público afectado o motivado desde el comienzo de la planificación como en la fase de consultas. A medida que progresa el estudio, algunos de los identificados no participarán, mientras que otros previamente no identificados se autoidentificarán y participarán activamente. Sin embargo, no hay que olvidarse que siempre existirán aquellos que, aunque no hayan sido identificados previamente, entren en el proceso incluso en la etapa final .
El debate en torno a la participación de la comunidad, cada vez más, está presente en la opinión pública. Para ello, sólo hace falta observar algunos casos que aparecen en los medios escritos, donde se destaca el tema de la participación pública, el rol del Estado y los conflictos de intereses. Son varios los casos en que se trata algunas perspetivas de la problemática: la transparencia de la gestión pública y los mecanismos de participación.
Para finalizar, es necesario destacar que siempre está presente en la EIA los conflictos de intereses y la relación asimétrica de los actores. Estos conflictos de intereses se ponen en evidencia con el reclamo social de una verdadera participación pública y un papel más comprometido del Estado para regular y transparentar las decisiones ambientales del territorio

Él participa, tú participas ¿y otros deciden?
El gran desafío de la participación pública tendrá que superar la retórica. La esfera pública como privada deberán generar claros y transparentes mecanismos para la toma de decisiones en el proceso de EIA. Al respecto quedan muchas preguntas sin contestar: ¿cómo aboradar un marco conceptual y de acción acorde a la realidad social argentina? ¿Cómo asegurar el acceso a la información ambiental a todos los sectores sociales? Y, más aún, ¿cómo garantizar el tratamiento social de la información ambiental en la formación de la opinión pública?, entre otras.
Pero sin duda, lo que este artículo plantea es la necesidad de incorporar una eficiente dimensión social en la EIA a través de la participación de la sociedad. En este marco, la educación ambiental debe apoyarse en modelos explicativos socio-políticos locales y sin perder de vista que la complejidad ambiental necesita analizarse desde diferentes escalas espaciales.
Como hemos tratado de demostrar existen numerosas aspectos y técnicas sobre la paticipación comunitaria en la EIA, pero consideramos que el principal aporte de este ensayo fue mostrar que sin planificación y sin políticas del Estado no hay una real participación ni nada que se le parezca.
Otra idea para destacar, es que en los mecanismos de participación, consulta o audiencia pública, los conflictso de intereses, siempre están presentes. Sin embargo, gracias a la consulta comunitaria las personas afectadas cuentan con una mayor gama de opciones. Cuando a la población afectada se consulta acerca de los proyectos, y se les permite contribuir sus conocimientos a la configuración de éstos, los proyectos se tornan más eficaces y productivos. Pero aún, la institucionalización de los métodos consultivos, en Argentina, son insuficientes. Los organismos estatales tendrán que reorganizar sus estructuras internas; los gerentes de proyectos tendrán que familiarizarse más con los diversos actores, intereses y conflictos en las comunidades. Este proceso requiere una verdadera práctica de la democracia para superar tradiciones de dependencia con respecto a las lógicas de la globalización de la economía.
En este contexto difícil y contradictorio se encuentra, cada vez más, experiencias que tratan de proponer alternativas que cumplan conceptual y tecnicamente el desafío de la participación en el proceso de la EIA
Para finalizar, el espacio institucional debería avanzar en el debate de la participación pública, en la construcción de una comprensión del ambiente entendida como una realidad eminentemente socioambiental. Y, sobretodo, debería profundizar en la EA como una práctica social para la consolidación de una profunda interdependencia entre ciudadanía, participación, justicia social y sustentabilidad ambiental.

Bibliografía
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SIMEONE, L. Percepción Ambiental de la Comunidad de Campana sobre el Proyecto Complejo Carcelario. Informe final de pasantía. Universidad Nacional de Luján. Dirección: Prof. Cristina T. Carballo. Octubre de 1999.
WILCHES-CHAUX, G. Guía de LA RED para la gestión local del riesgo. Perú, LA RED, 1998
TABARA, J. (1996) "La percepció dels problemes ambentals" En: J. D. Tabara, La percepció dels problemes de medi ambient. Beta Editorial. Barcelona. Traducción: Cristina T. Carballo


Notas

E inclusive en otras escalas político-administrativa como los municipios o el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto Carter (1996:713) advierte: "Entre las desventajas, o costes de la participación pública aparece la posibilidad de crear confusión, ya que pueden introducirse muchos puntos de vista diferentes. Es posible recibir información errónea como resultado de la falta de conocimiento de parte de los participantes. Otras desventajas adicionales son: la incertidumbre de los resultados del proceso y los posibles retrasos y aumentos de coste del proyecto. Sin embargo, un programa de participación pública correctamente planificado no necesariamente implica un incremento del coste y no necesariamente causa un largo período de retraso en el proceso de toma de deciosiones"
Niveles de participación pública: pueden variar entre situaciones en la que el público no participa en absoluto, pasando por situaciones con una participación simbólica, por situaciones en las que los ciudadanos realmente controlan el proceso de planificación.
Problemas inherentes a la planificación de programas de participación pública: Los autores rescatan cuatro problemas esenciales: Coordinación entre diferentes unidades y niveles gubernamentales. Control, siempre existe tensión entre las necesidades centralistas de la agencia y los intereses descentralizadores de los ciudadanos. Representatividad, una de las principales críticas a los programas de participación ciudadana es que las personas que llegan a implicarse no representan a la mayoría, sino que pertenecen a una élite con intereses concretos. Desacuerdo, una de las razones de las exitencia de agencias gubernamentales es el conflicto de intereses políticos y los técnicos en la toma de decisiones. La excesiva utilización de justificaciones técnicas para racionalizar discusiones políticas controvertidas es, sin duda, uno de los factores que ha ocasionado mayor demanda de participación pública.
Por otro lado, "el término interesados puede definirse como grupos o categorías de personas que, en forma directa y demostrable, obtiene o pierden derechos o recursos a través de las operaciones de desarrollo, incluyendo a los organismos de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y las agencias financieras. Los interesados tienen un interés sustancial y generalmente material en el resultado de una decisión u operación (...) La identificación de los interesados requiere de una evaluación (o quizás de una jerarquización) por nivel de poder (o poderes). Este tipo de evaluación está faltando en muchos análisis de interesados. Un enfoque político-económico o político-ecológico es muy útil en relacionar los diferentes grupos de interesados de acuerdo con su nivel de poder (sobre otras personas o recursos naturales). Estas evaluaciones son necesarias para asegurar que los interesados menos poderosos reciban los beneficios del proyecto o programa" (Schwartz et al; 1996:12)
Audiencia pública y participación. El interés de los ciudadanos en participar en las audiencias en las que se discute la situación de los servicios públicos o el diseño del código de planeamiento urbano, da cuenta de un alto grado de compromiso y madurez. Pero como contracara, el hecho de que usualmente en la toma de las decisiones finales no se valoren los puntos de vista expuestos por los ciudadanos parece obedecer tanto a falencias en el diseño del procedimiento decisorio como a cierta indiferencia de las autoridades con relación a las razones de los ciudadanos. Tal participación suele tener como canal las audiencias públicas, una instancia que implementa el mandato constitucional del cual nace la obligación de que los marcos regulatorios de las empresas de servicios públicos prevean la participación de consumidores y usuarios. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, su Constitución extendió el mecanismo de las audiencias públicas al procedimiento de sanción de normas relevantes, como el Código de Planeamiento Urbano. En definitiva, se trata del establecimiento de un ámbito deliberativo en el cual los ciudadanos estén en condiciones de expresar sus críticas y opiniones sobre proyectos legales o sobre el funcionamiento y las propuestas de reforma de servicios públicos. Sin embargo, si las autoridades valoran sólo formalmente esta instancia para luego hacer lo que ya, de antemano, tenían previsto hacer, las audiencias públicas se transformarán en escenarios de nuevos maltratos a los ciudadanos.
Es cierto que en muchos casos se deben someter a debate cuestiones técnicas muy complejas. Pero también es cierto que no suele existir una buena predisposición de las autoridades para explicar con transparencia y claridad qué se trata de hacer. Y, peor aún, suele ocurrir que las razones de los ciudadanos no merecen ninguna consideración, ni para ser descartadas ni para ser incorporadas a un proyecto.
¿Tendrá sentido, entonces, que los ciudadanos discutan sobre la renegociación del contrato con las empresas que explotan los ferrocarriles o sobre el contenido de un proyecto de ley si, al final del procedimiento, las autoridades resuelven sin tener en consideración todo lo expresado en las audiencias públicas? Sin duda que lo tiene, ya que aun así los ciudadanos intervienen cada vez más activamente en la discusión sobre cómo deben prestarse los servicios públicos en el país o sobre cómo debe ser la ciudad en la que viven. Y el no tomar en serio el punto de vista de los afectados puede erosionar, más que el procedimiento de las audiencias, la legitimidad de lo decidido. CLARÍN 19/6/99
Privatización complicada: participación de los usuarios ¿sirve la audiencia pública? (...) Si bien en la Cosntitución Nacional reformada en 1994 no se mencionan específicamente las audiencias públicas, casi todos los juristas y las entidades de consumidores consideran que esa alternativa es la que mejor cumple con el precepto constitucional que establece la obligatoria "participación de los usuarios" en el control de los servicios públicos. Salvo contadas excepciones, las audiencias públicas que se realizaron hasta ahora no tuvieron utilidad y en la mayoría de los casos terminarion siendo un mero trámite administrativo que cumplieron los funcionarios antes de tomar decisiones que se conocían de antemano. (...) Según Marcos Rebasa -ex director e impulsor del reglamente del ENRE- las audiencias no sirven si no cumplen con una serie de requisitos, entre otros: "Tienen que ser previas a las decisiones de las autoridades, deben tratar un tema específico y su realización tiene que ser en el lugar de los usuarios afectados" Entre las audiencias públicas que resultaron casi una burla para los usuarios se cuentan las efectuadas por Comunicaciones -para tratar el rebalanceo tarifario entre llamadas telefónicas urbanas e interurbanas- y por la Secretaría de Transporte, para debatir las renegociaciones ferroviarias de las ex líneas Mitre y Sarmiento. En el caso telefónico, las reuniones se hicieron despúes de que salió el decreto autorizando los cambios y en medio de varios fallos judiciales contradictorios. En el caso ferroviario, la audiencia se hizo por imposición judicial y, a las pocas horas de su finalización, el gobierno sacó el decreto 210/99 que aprobó el nuevo contrato de Trenes de Buenos Aires (TBA), sin siquiera haber pasado en limpio los planteos de los usuarios. Por el lado del ETOSS (ente regulador de los servicios sanitarios) no hubo audiencia pública cuande se renegoció el contrato de Aguas Argentinas y recién ahora se establecieron como obligatorias para algunos temas (...) CLARÍN, 16/06/99

Extraído de Posición Internacional Año 2, Nro 2, de febrero de 2002.