ORDENA SUSPENDER FUMIGACIONES

CON GLIFOSATO EN COLOMBIA

Comunicado de prensa, Junio 26 de 2003. Después de dos años de presentada una Acción Popular contra el Ministerio del Medio Ambiente y otras autoridades con el fin de proteger el derecho al goce de un ambiente sano, por parte de los abogados Claudia Sampedro y Héctor Suárez, acción coadyuvada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, hoy finalmente se dio a conocer el fallo que ordena suspender provisionalmente en todo el territorio nacional las fumigaciones con glifosato, más POEA, más Cosmo Flux.

Esta Acción Popular se presentó en el contexto de aplicación del Plan Colombia y la lógica de la lucha antinarcóticos que plantea Estados Unidos, en la que se sacrifican derechos tales como la vida, la seguridad alimentaria, la salud, entre otras.

De tal manera, el Tribunal acogió las pretensiones de los demandantes y coadyuvantes y decidió conceder a todas las personas residentes en Colombia la protección al derecho a la seguridad y salubridad pública, para lo cual se baso entre otros Principios en el de Precaución en materia ambiental.[1]

El fallo ordena en primer lugar, a la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE- la suspensión transitoria de las fumigaciones hasta que se de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente y se hallan efectuado por parte del Ministerio de Seguridad Social los estudios médicos - científicos que determinen el efecto en la salud humana de la mezcla con que asperjan .

De igual manera, el Tribunal ordena a la DNE que compruebe la existencia de los daños derivados de las fumigaciones y adelante las medidas de corrección y compensación derivadas de la Resolución 017 del 2001 del Consejo Nacional de Estupefacientes. En este punto es bueno aclarar que dicha resolución fue demandada por el Colectivo de Abogados por considerar que tal y como está planteada hace inviable la compensación de daños causados al campesinado.

 El fallo por ser de doble instancia y tal como lo anunciaron los medios de comunicación el día de hoy, será apelado por las autoridades demandas, y deberá ser resuelto en un plazo de 20  días por el Consejo de Estado.

El expediente que tiene más de 17 mil folios se alimentó con  múltiples y detalladas pruebas que demostraron la omisión de estudios científicos que deberían haberse realizado y la ausencia de medidas de precaución por parte de las autoridades ambientales encargadas de los programas de erradicación.

Este fallo representa un escollo para la dinámica de violación de los derechos humanos que trae consigo la ejecución del Plan Colombia, por ello es un éxito en la lucha por la defensa de los derechos humanos de campesinos, indígenas y sectores que han sido directamente afectados por esta forma de erradicación.

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