LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSUELO

Profesora María Edit García

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón

Cabildo 134, Morón. AMBA

La presente investigación se basa en el análisis, desde las perspectivas geopolítica, económica, social y ambiental de la explotación de los recursos naturales en la Argentina a través de las distintas fases del SEM. Para tal efecto se tomará como referencia la historia de YPF y las periódicas disyuntivas de la empresa: monopolio estatal-explotación privada; soberanía federal-soberanía provincial; y una política energética a expensas del impacto social- ambiental y altamente condicionada por la coyuntura macroeconómica y los cambios políticos.

La extracción de los hidrocarburos en la Patagonia comenzó a desarrollarse unas pocas décadas después de su ocupación definitiva por el Estado-Nación moderno. Con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922, bajo la dirección de Enrique Mosconi se promovió la expansión de YPF como una empresa verticalmente integrada, constituyéndose en un modelo a seguir en toda América latina.

 Eran tiempos de entreguerras en los cuales el capitalismo mundial forjó una matriz energética liderada por los combustibles fósiles. La rivalidad interimperialista por el control de los recursos petroleros mundiales era ejecutada a través de los grandes trusts[1] petroleros, que habían incrementado su interés por el subsuelo argentino a partir del descubrimiento, en 1907, del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia.

 El resguardo y control del Estado sobre el sector de hidrocarburos por intermedio de YPF se fue profundizando a medida que se consolidaba el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), régimen que exigía un permanente abastecimiento energético a bajo costo.

En la reforma Constitucional de 1949, se establece la propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía. Se pensó incluso en desplazar a las compañías privadas Shell y Esso, pero éstas no fueron expropiadas o nacionalizadas, sino que años después fueron convocadas, junto a otras empresas petroleras internacionales, debido la necesidad del Estado de inversiones externas al sector. En mayo de 1955, el presidente Perón, aprobó el primer contrato con una filial de la Standard Oil, de California, actual Chevron. El contrato, nunca llegaría a implementarse por la caída del gobierno peronista en septiembre del mismo año. En 1958 el presidente Arturo Frondizi firmó con una subsidiaria de Standard Oil, un contrato de explotación, y a este contrato siguieron otros, que sumaron en conjunto 200 millones de dólares. Así se resolvió la crisis energética que comenzara durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

De esta manera, la trayectoria de YPF no estuvo exenta de controversias entre los partidarios de un monopolio íntegramente estatal y aquellos que defendían la participación de las petroleras privadas en el mercado.

  El golpe cívico-militar de 1976 interrumpió abruptamente el régimen de ISI. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional llevó adelante una política de:

Ø  Liberalización comercial.

Ø  Desregulación financiera.

Ø  Desindustrialización,

 Esta política se materializó en la privatización periférica[2] de YPF, ampliando considerablemente la participación del sector privado a través de contratos de altos niveles de corrupción a favor de grupos económicos nacionales y extranjeros, como la explotación y los servicios para realizar tareas que YPF ejecutaba a un costo menor.

El desguace de YPF durante la dictadura militar se puede observar en un dato: la deuda de la compañía saltó de 324 millones de dólares en 1975 a 5.700 millones en 1983. En buena parte, el desastre se había operado por   la utilización de fondos de YPF para atender gastos corrientes o importaciones, entre otros rubros. El latrocinio mayor ocurrió cuando Martínez de Hoz recurrió a un empréstito internacional para reforzar las reservas del Banco Central y financiar así la fuga de capitales, que anotó en la cuenta de YPF.       

Además, una política de precios desfavorable y su utilización como tomadora de fondos del exterior para realizar colocaciones financieras en el mercado interno, dejaron a YPF en una crítica situación de endeudamiento a la vuelta de la democracia. Así, en 1983, YPF, siendo la primera empresa argentina y la cuarta en América Latina, tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70 por ciento de sus ventas)

El neoliberalismo se afirma hacia fines de los años setenta. Las crisis petroleras afectaron la economía mundial, los regímenes autoritarios pierden credibilidad por la falta de libertades. Los desequilibrios macroeconómicos son estructurales. La deuda del tercer mundo explota como consecuencia de las políticas monetaristas y las altas tasas de interés. El G7 junto con el B.M. y el F.M.I ponen en práctica programas de ajuste estructural. Los fundamentos del modelo neoliberal se definen en los años ochenta y se vuelve dominante a partir de los noventa (Massiah, Gustave, 2012)

 Cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno en 1983, YPF era una compañía en situación de quiebra técnica. Los lobbies empresariales-petroleros internacionales y sus operadores locales- sobredimensionaban los planes de exploración para asaltar los fondos públicos por medio de ese fraude. La quiebra de la empresa y la crisis terminal del Estado argentino en materia de deuda externa hacían   que no hubiera capitales para inversiones. Frente a tal panorama, Alfonsín decidió acudir a capitales externos. El Plan Houston fue acordado en esa ciudad norteamericana, en el estado petrolero de Texas, en marzo de 1985. 

Con todo, hacia fines de la década del ochenta el Estado seguía regulando el mercado a través de la fijación de precios y la asignación de cuotas de crudo para cada refinería, mientras que las empresas privadas tenían contratos de servicio con YPF o se habían asociado con la empresa estatal a partir del Plan Houston. Cabe destacar algunos números que ilustran la situación del sector en 1989:

El 62% de la extracción de petróleo corría por cuenta de la empresa estatal, mientras que el 35% correspondía a las empresas contratistas que le entregaban su producción a YPF y un 3% a viejas concesiones.

El rubro exploración (dato clave para entender el presente) históricamente fue desarrollado por la empresa estatal: desde su creación había realizado el 96% de los pozos exploratorios y había descubierto el 90% de las reservas comprobadas.

El peso a nivel demográfico y territorial de YPF se verificaba no sólo en el emplazamiento de infraestructura vial y comunitaria sino también en su extensa red de estaciones de servicio, llegando hasta zonas de muy baja densidad poblacional y por lo tanto de menor rentabilidad. Contaba con el 49% del mercado en las provincias centrales y el 67% en las provincias periféricas.

El 70% de la refinación de petróleo estaba a cargo de las refinerías de YPF: La Plata, Plaza Huincul, Luján de Cuyo, San Lorenzo, Campo Durán y Dock Sud, mientras que sólo el 30% restante era refinado por el sector privado.

En 1988 fue entregado oficialmente al gobierno argentino el informe del Banco Mundial: “Argentina, reformas encaminadas a lograr estabilidad de precios y crecimiento” En el informe se planteaba cómo privatizar, cómo desregular, cómo ampliar la apertura financiera, cuál debía ser el papel de las provincias y del Estado Nacional.

Los conglomerados empresariales argentinos y extranjeros, con el apoyo de los gobiernos de Menem, gobernadores de provincias productoras de petróleo y políticos de distintos partidos, lideraron la aceleración del proceso transnacional basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y en la producción para el mercado externo. Gran parte de la población fue considerada como consumidora marginal y proveedora de mano de obra barata (Morina, 2006)

La desregulación de las actividades económicas y la privatización de empresas estatales productoras de bienes y servicios (YPF) constituyeron pilares en las reformas de mercado y de la reestructuración del Estado, concretadas en Argentina desde 1989 y aún vigentes.

En octubre de 1992 el Poder Ejecutivo dictó la ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y de privatización definitiva de la petrolera estatal. El proceso de fragmentación y enajenación de los activos de YPF abarcó: La concesión de yacimientos que representaban el 50% de la extracción en aquel   entonces. La venta de 3 de las 6 refinerías que operaba YPF. La venta de la totalidad de la flota de barcos y aeronaves que la constituían en la segunda empresa más importante en los rubros de navegación y aeronavegación.

La venta de 52 equipos de perforación, oleoductos, equipos de despacho en puertos, entre otros activos considerados “no estratégicos” para la rentabilidad de la empresa bajo la conducción privada. El correlato lógico de la transformación empresaria de YPF fue el amplio proceso de reestructuración de la plantilla laboral de la empresa. De los 51.000 trabajadores que tenía antes de su privatización, quedaron 5.690 en 1995, es decir, una reducción del 88,9% en apenas 6 años a través de una sistemática política de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, despidos directos y cesantías. A fines de 1998 el gobierno argentino puso en venta más del 50% de las acciones de YPF que todavía eran del Estado con el fin de incrementar los ingresos fiscales. La empresa Repsol que ya controlaba en el país a EG3 y ASTRA, compró el bloque accionario en enero de 1999, de manera que, en junio de 1999, REPSOL se quedó con el 98% de las acciones de YPF, modificando sustancialmente el mercado de hidrocarburos de Argentina y su posición dominante. Repsol se transformó en la novena petrolera del mundo, con ventas por más de 27.000 millones de dólares, una producción diaria superior al millón de barriles y la cuadruplicación de sus reservas de petróleo y gas natural. La construcción de diez gasoductos a partir de 1996 facilitó la apertura indiscriminada de la exportación, incrementándose en los siguientes diez años. Desde la perspectiva de las empresas privadas, la exportación con precios internacionalizados fue un incentivo para aumentar la extracción de gas, creciendo por sobre el consumo interno desde entonces y hasta 2007.Repsol utiliza a YPF para el trabajo de Exploración Perforación, y Producción, dado que la inversión destinada en los primeros segmentos del proceso productivo del sector de hidrocarburos es mucho más riesgosa y costosa que el Transporte y la Distribución.

 En el primer caso, la inversión debe ser permanente, ya que se debe mantener la actividad, que no siempre es segura; mientras que, en el segundo, una vez hecha la instalación de la infraestructura necesaria, el mantenimiento es insignificante.

 Repsol-YPF se beneficia de las reservas comprobadas, sin invertir en ese segmento, y exportar todo lo que se pueda de esa producción. La razón de privilegiar las exportaciones radica en la diferencia entre el precio internacional y el costo local. Las reservas no se amplían porque no se invierte en exploración. El aumento del consumo interno de petróleo y de las exportaciones de combustibles; llevó a que las importaciones fueran cada vez más significativas.

A la zaga de la crisis político-económica de 2001 y la devaluación del tipo de cambio, la política estatal se orientó a una mayor regulación del mercado de hidrocarburos mediante la aplicación de retenciones y la creación de una nueva empresa estatal, ENARSA, cuya principal función es importar gas y combustibles con el fin de cubrir los déficits energéticos generados por el sector privado. En definitiva, este panorama explica las constantes crisis de abastecimiento de combustibles y el alza de los precios que el país viene padeciendo desde 2005 en adelante.

A fines de 2007, el nuevo escenario político propició que el Grupo Petersen, encabezado por empresarios argentinos al mando de la familia Eskenazi, comprara el 14,9% de YPF S.A. El ingreso del Grupo Petersen y la familia Eskenazi a YPF, según el informe elaborado por el economista León Halac[3] y el contador público Christian Petus , convirtió al grupo inversor, en un accionista con preferencias extraordinarias. En mayo de 2011 adquirió otro 10% y, por lo tanto, la composición accionaria de la ex petrolera estatal quedó conformada de la siguiente manera: 58,23% en manos de Repsol, 25,46% del Grupo Petersen y el 16,31% restante corresponde a fondos de inversión internacionales. (Katz, Claudio, 2014) La transferencia al sector privado de la explotación del gas y del petróleo derivó en una depredación de las reservas comprobadas. La apertura de las exportaciones, sumada a una sostenida caída de la exploración, tuvo como resultado la drástica caída del horizonte de reservas a lo largo del período 1989-2009.La transformación del sector bajo los preceptos neoliberales dio origen a un oligopolio privado, en el cual Repsol YPF siguió declarando cerca del 60% de la extracción de petróleo y el 40% del gas. La desregulación y privatización no generaron la prometida competencia sino una re-regulación del mercado por parte de las empresas privadas. La eficiencia privada se tradujo en una sobreexplotación de las reservas fósiles y una baja inversión de riesgo que terminaron “secando” los yacimientos descubiertos por la YPF estatal. La enajenación del instrumento mediante el cual El Estado controlaba el mercado de hidrocarburos, privó al país de una política de exploración y explotación racional acorde con las necesidades sociales. También implicó la privación de ingresos que hubiesen permitido el desarrollo de energías alternativas y en su lugar promovió la transferencia de ganancias extraordinarias hacia el sector privado. Esta política iniciada en los ´90 continúa actualmente. Vale como ejemplo la prórroga hasta el 2047 de una concesión que vence en el 2017, del yacimiento más grande del país. “Cerro Dragón”, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 Km. de Comodoro Rivadavia, que  era explotado por Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y Bridas.(cuando se privatiza YPF se vende “Cerro Dragón” a British, quien posteriormente a la ruptura de un oleoducto en el Mar Caribe  debe pagar una gran multa a  EEUU para lo cual comienza a vender sus activos y yacimientos en otros lugares del mundo; vende Cerro Dragón a BRIDAS de Bulgueroni y SINOPEC, de China) Se sigue de esta manera a rajatabla la política neoliberal de provincialización de los recursos petroleros, que fue legitimada durante el año 2007 con la modificación de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319  La prórroga de “Cerro Dragón”, diez años antes de su vencimiento, significa ceder su explotación por cuatro décadas, es decir, hasta la total extinción del yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento de gas del país, Loma de La Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo del 2000

Después de la Estatización de YPF en el 2012, muchas de las áreas petroleras siguen siendo explotadas por las transnacionales que las compraron durante su privatización, así como, de las seis refinerías de petróleo de YPF actualmente son de la empresa del Estado, sólo tres, Plaza Huincul refinería y planta de metanol. (Neuquén) Luján de Cuyo, (Mendoza) Refinería de La Plata y Petroquímica La Plata, (Polo Petroquímico de Ensenada)

SINOPEC yacimiento más grande de Santa Cruz norte es chino (Caleta Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco) distribuye todo el petróleo que era de YPF hasta Caleta Olivia donde están los tanques de almacenamiento de petróleo.

 En el año 2013, Cristina Fernández de Kirchner, firmó un acuerdo con CHEVRON, considerando, un gran avance,  detrás del objetivo de recuperar la soberanía hidrocarburífera de la Argentina,  que  una de las “principales empresas del mundo en explotación de petróleo y gas no convencional,   aportara a la Argentina   una inversión de más de mil millones de dólares. Al revisar la historia de la matriz energética argentina nos encontramos ante una paradoja: mientras el general Enrique Mosconi, y luego  el ingeniero Julio Canessa, que llegó a ocupar  simultáneamente las presidencias de YPF y de Gas del Estado durante las dos primeras presidencias de Perón, se opusieron a la Standard Oil -actual Chevron- a favor de la soberanía nacional y la independencia energética, Cristina Kirchner -como parte de un modelo supuestamente nacional y popular- promueve este acuerdo neocolonial entre YPF y la multinacional petrolera, y entrega las reservas por los próximos 35 años, sin considerar el impacto ambiental producido en estos años en Vaca Muerta, además de los antecedentes   litigados en países donde su accionar ha provocado  desastre ambiental. Cuando el precio internacional del barril de crudo cotizaba 150 dólares las empresas privadas lo extraían a bajo costo en Argentina y obtenían grandes ganancias en el comercio internacional como Repsol o Sinopec. Ante la caída del precio del crudo a nivel mundial, se otorgaron estímulos a la producción de gas en el 2013 y programas de estímulo a la producción petrolera 2015. A comienzos de 2016 se produce una disminución de las actividades en equipos provinciales de Chevron. En la cuenca del Golfo de San Jorge y en Neuquén comenzaron los despidos de trabajadores. Frente a la abrupta baja del precio del crudo a nivel internacional se respaldó el esquema transitorio de valores internos, pero según los trabajadores y ejecutivos chubutenses no alcanza el precio del barril de exportación del petróleo, lo cual generará una caída significativa de la actividad con las consecuencias sociales que esto implica. Tecpetrol de Techint anunció que reducirá sus actividades en un 40% lo que significa riesgo de desempleo para más trabajadores, que pueden llegar a 3.500 con las decisiones adoptadas por otras operadoras que a su vez provocarán un efecto cascada sobre las empresas de servicio pymes. Algunos gobernadores y sindicatos respaldan a las empresas petroleras para que sigan exportando, pese al beneficio que ya reciben con la devaluación cercana al 40% y la venta de combustible al mercado interno a valores que duplican las cotizaciones internacionales. Evidentemente los modelos políticos- económicos aplicados desde hace más de treinta años, responden al marco de la hegemonía neoliberal, donde el negocio no distingue entre izquierda o derecha.  Es lo que los ambientalistas llaman el “Consenso de las Commodities” que suplantó al Consenso de Washington. Dentro de este proyecto, el fracking, la mega-minería, el agro-negocio, la explotación y exportación de los recursos acuíferos no son objeto de control ambiental, social o económico por parte del Estado, funcional, a las grandes corporaciones que producen extractivismo y saqueo.(Viale, E. y Svampa M.2015)