LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
SUBSUELO
Profesora María Edit
García
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Morón
Cabildo 134, Morón.
AMBA
La presente investigación se basa en el análisis, desde las
perspectivas geopolítica, económica, social y ambiental de la explotación de los
recursos naturales en la Argentina a través de las distintas fases del SEM. Para
tal efecto se tomará como referencia la historia de YPF y las periódicas
disyuntivas de la empresa: monopolio estatal-explotación privada; soberanía
federal-soberanía provincial; y una política energética a expensas del impacto
social- ambiental y altamente condicionada por la coyuntura macroeconómica y los
cambios políticos.
La
extracción de los hidrocarburos en la Patagonia comenzó a desarrollarse unas
pocas décadas después de su ocupación definitiva por el Estado-Nación moderno.
Con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922, bajo la dirección
de
Enrique Mosconi se promovió la expansión de YPF como una empresa verticalmente
integrada, constituyéndose en un modelo a seguir en toda América
latina.
Eran tiempos de
entreguerras en los cuales el capitalismo mundial forjó una matriz energética
liderada por los combustibles fósiles. La rivalidad interimperialista por el
control de los recursos petroleros mundiales era ejecutada a través de los
grandes trusts petroleros, que habían incrementado su interés por el subsuelo
argentino a partir del descubrimiento, en 1907, del primer yacimiento en
Comodoro Rivadavia.
El resguardo y
control del Estado sobre el sector de hidrocarburos por intermedio de YPF se fue
profundizando a medida que se consolidaba el proceso de industrialización por
sustitución de importaciones (ISI), régimen que exigía un permanente
abastecimiento energético a bajo costo.
En la reforma Constitucional de 1949, se establece la propiedad inalienable e imprescriptible
de la Nación de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes
naturales de energía. Se pensó incluso en desplazar a las compañías privadas
Shell y Esso, pero éstas no fueron expropiadas o nacionalizadas, sino que años
después fueron convocadas, junto a otras empresas petroleras internacionales,
debido la necesidad del Estado de inversiones externas al sector. En mayo de
1955, el presidente Perón, aprobó el primer contrato con una filial de la
Standard Oil, de California, actual Chevron. El contrato, nunca llegaría a
implementarse por la caída del gobierno peronista en septiembre del mismo año.
En 1958 el presidente Arturo Frondizi
firmó con una subsidiaria de Standard Oil, un contrato de
explotación, y a este contrato siguieron otros, que sumaron en conjunto 200
millones de dólares. Así se resolvió la crisis energética que comenzara durante el gobierno
de Juan Domingo Perón.
De esta manera, la trayectoria de YPF no estuvo exenta de
controversias entre los partidarios de un monopolio íntegramente estatal y
aquellos que defendían la participación de las petroleras privadas en el
mercado.
El golpe
cívico-militar de 1976 interrumpió abruptamente el régimen de ISI. El
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional llevó adelante una política
de:
Ø
Liberalización
comercial.
Ø
Desregulación
financiera.
Ø
Desindustrialización,
Esta política se
materializó en la privatización periférica de YPF, ampliando considerablemente la participación del sector
privado a través de contratos de altos niveles de corrupción a favor de grupos
económicos nacionales y extranjeros, como la explotación y los servicios para
realizar tareas que YPF ejecutaba a un costo menor.
El desguace de YPF durante la dictadura militar se puede observar en
un dato: la deuda de la compañía saltó de 324 millones de dólares en 1975 a
5.700 millones en 1983. En buena parte, el desastre se había operado por la utilización de fondos de YPF
para atender gastos corrientes o importaciones, entre otros rubros. El
latrocinio mayor ocurrió cuando Martínez de Hoz recurrió a un empréstito
internacional para reforzar las reservas del Banco Central y financiar así la
fuga de capitales, que anotó en la cuenta de YPF.
Además,
una política de precios desfavorable y su utilización como tomadora de fondos
del exterior para realizar colocaciones financieras en el mercado interno,
dejaron a YPF en una crítica situación de endeudamiento a la vuelta de la
democracia. Así, en 1983, YPF, siendo la primera empresa argentina y la cuarta
en América Latina, tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70
por ciento de sus ventas)
El neoliberalismo se afirma hacia fines de los años setenta. Las
crisis petroleras afectaron la economía mundial, los regímenes autoritarios
pierden credibilidad por la falta de libertades. Los desequilibrios
macroeconómicos son estructurales. La deuda del tercer mundo explota como
consecuencia de las políticas monetaristas y las altas tasas de interés. El G7
junto con el B.M. y el F.M.I ponen en práctica programas de ajuste estructural.
Los fundamentos del modelo neoliberal se definen en los años ochenta y se vuelve
dominante a partir de los noventa(Massiah, Gustave, 2012)
Cuando Raúl Alfonsín
asumió el gobierno en 1983, YPF era una compañía en situación de quiebra
técnica. Los lobbies empresariales-petroleros internacionales y sus operadores
locales- sobredimensionaban los planes de exploración para asaltar los fondos
públicos por medio de ese fraude. La quiebra de la empresa y la crisis terminal
del Estado argentino en materia de deuda externa hacían que no hubiera capitales para
inversiones. Frente a tal panorama, Alfonsín decidió acudir a capitales
externos. El Plan Houston fue acordado en esa ciudad norteamericana, en el
estado petrolero de Texas, en marzo de 1985.
Con todo, hacia fines de la década del ochenta el Estado seguía
regulando el mercado a través de la fijación de precios y la asignación de
cuotas de crudo para cada refinería, mientras que las empresas privadas tenían
contratos de servicio con YPF o se habían asociado con la empresa estatal a
partir del Plan Houston. Cabe destacar algunos números que ilustran la situación
del sector en 1989:
El 62% de la extracción de petróleo corría por cuenta de la
empresa estatal, mientras que el 35% correspondía a las empresas contratistas
que le entregaban su producción a YPF y un 3% a viejas
concesiones.
El rubro exploración (dato clave para entender el presente)
históricamente fue desarrollado por la empresa estatal: desde su creación había
realizado el 96% de los pozos exploratorios y había descubierto el 90% de las
reservas comprobadas.
El peso a nivel demográfico y territorial de YPF se verificaba no
sólo en el emplazamiento de infraestructura vial y comunitaria sino también en
su extensa red de estaciones de servicio, llegando hasta zonas de muy baja
densidad poblacional y por lo tanto de menor rentabilidad. Contaba con el 49%
del mercado en las provincias centrales y el 67% en las provincias periféricas.
El 70% de la refinación de petróleo estaba a cargo de las
refinerías de YPF: La Plata, Plaza Huincul, Luján de Cuyo, San Lorenzo, Campo
Durán y Dock Sud, mientras que sólo el 30% restante era refinado por el sector
privado.
En 1988 fue entregado oficialmente al gobierno argentino el
informe del Banco Mundial: “Argentina,
reformas encaminadas a lograr estabilidad de precios y crecimiento” En el
informe se planteaba cómo privatizar, cómo desregular, cómo ampliar la apertura
financiera, cuál debía ser el papel de las provincias y del Estado
Nacional.
Los conglomerados empresariales argentinos y extranjeros, con el
apoyo de los gobiernos de Menem, gobernadores de provincias productoras de
petróleo y políticos de distintos partidos, lideraron la aceleración del proceso
transnacional basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y en
la producción para el mercado externo. Gran parte de la población fue
considerada como consumidora marginal y proveedora de mano de obra barata
(Morina, 2006)
La desregulación de las actividades económicas y la privatización
de empresas estatales productoras de bienes y servicios (YPF) constituyeron
pilares en las reformas de mercado y de la reestructuración del Estado,
concretadas en Argentina desde 1989 y aún vigentes.
En octubre de 1992 el Poder Ejecutivo dictó la ley 24.145 de
federalización de los hidrocarburos y de privatización definitiva de la
petrolera estatal. El proceso de fragmentación y enajenación de los activos de
YPF abarcó: La concesión de yacimientos que representaban el 50% de la
extracción en aquel entonces.
La venta de 3 de las 6 refinerías que operaba YPF. La venta de la totalidad de
la flota de barcos y aeronaves que la constituían en la segunda empresa más
importante en los rubros de navegación y aeronavegación.
La
venta de 52 equipos de perforación, oleoductos, equipos de despacho en puertos,
entre otros activos considerados “no estratégicos” para la rentabilidad de la
empresa bajo la conducción privada. El correlato lógico de la transformación
empresaria de YPF fue el amplio proceso de reestructuración de la plantilla
laboral de la empresa. De los 51.000 trabajadores que tenía antes de su
privatización, quedaron 5.690 en 1995, es decir, una reducción del 88,9% en
apenas 6 años a través de una sistemática política de retiros voluntarios,
jubilaciones anticipadas, despidos directos y cesantías. A fines de 1998 el
gobierno argentino puso en venta más del 50% de las acciones de YPF que todavía
eran del Estado con el fin de incrementar los ingresos fiscales. La empresa
Repsol que ya controlaba en el país a EG3 y ASTRA, compró el bloque accionario
en enero de 1999, de manera que, en junio de 1999, REPSOL se quedó con el 98% de
las acciones de YPF, modificando sustancialmente el mercado de hidrocarburos de
Argentina y su posición dominante. Repsol se transformó en la novena petrolera
del mundo, con ventas por más de 27.000 millones de dólares, una producción
diaria superior al millón de barriles y la cuadruplicación de sus reservas de
petróleo y gas natural. La
construcción de diez gasoductos a partir de 1996 facilitó la apertura
indiscriminada de la exportación, incrementándose en los siguientes diez años.
Desde la perspectiva de las empresas privadas, la exportación con precios
internacionalizados fue un incentivo para aumentar la extracción de gas,
creciendo por sobre el consumo interno desde entonces y hasta 2007.Repsol
utiliza a YPF para el trabajo de Exploración Perforación, y Producción, dado que
la inversión destinada en los primeros segmentos del proceso productivo del
sector de hidrocarburos es mucho más riesgosa y costosa que el Transporte y la
Distribución.
En el primer caso, la
inversión debe ser permanente, ya que se debe mantener la actividad, que no
siempre es segura; mientras que, en el segundo, una vez hecha la instalación de
la infraestructura necesaria, el mantenimiento es insignificante.
Repsol-YPF se beneficia de las reservas
comprobadas, sin invertir en ese segmento, y exportar todo lo que se pueda de
esa producción. La razón de privilegiar las exportaciones radica en la
diferencia entre el precio internacional y el costo local. Las reservas no se
amplían porque no se invierte en exploración. El
aumento del consumo interno de petróleo y de las exportaciones de combustibles;
llevó a que las importaciones fueran cada vez más
significativas.
A
la zaga de la crisis político-económica de 2001 y la devaluación del tipo de
cambio, la política estatal se orientó a una mayor regulación del mercado de
hidrocarburos mediante la aplicación de retenciones y la creación de una nueva
empresa estatal, ENARSA, cuya principal función es importar gas y combustibles
con el fin de cubrir los déficits energéticos generados por el sector privado.
En
definitiva, este panorama explica las constantes crisis de abastecimiento de
combustibles y el alza de los precios que el país viene padeciendo desde 2005 en
adelante.
A
fines de 2007, el nuevo escenario político propició que el Grupo Petersen,
encabezado por empresarios argentinos al mando de la familia Eskenazi, comprara
el 14,9% de YPF S.A. El
ingreso del Grupo Petersen y la familia Eskenazi a YPF,
según el informe elaborado por el economista León Halac y el contador
público Christian Petus, convirtió al
grupo inversor, en un accionista con preferencias
extraordinarias. En
mayo de 2011 adquirió otro 10% y, por lo tanto, la composición accionaria de la
ex petrolera estatal quedó conformada de la siguiente manera: 58,23% en manos de
Repsol, 25,46% del Grupo Petersen y el 16,31% restante corresponde a fondos de
inversión internacionales.(Katz,
Claudio, 2014) La
transferencia al sector privado de la explotación del gas y del petróleo derivó
en una depredación de las reservas comprobadas. La apertura de las
exportaciones, sumada a una sostenida caída de la exploración, tuvo como
resultado la drástica caída del horizonte de reservas a lo largo del período
1989-2009.La transformación del sector bajo los preceptos neoliberales dio
origen a un oligopolio privado, en el cual Repsol YPF siguió declarando cerca
del 60% de la extracción de petróleo y el 40% del gas. La desregulación y
privatización no generaron la prometida competencia sino una re-regulación del
mercado por parte de las empresas privadas. La eficiencia privada se tradujo en
una sobreexplotación de las reservas fósiles y una baja inversión de riesgo que
terminaron “secando” los yacimientos descubiertos por la YPF estatal.
La
enajenación del instrumento mediante el cual El Estado controlaba el mercado de
hidrocarburos, privó al país de una política de exploración y explotación
racional acorde con las necesidades sociales. También implicó la privación de
ingresos que hubiesen permitido el desarrollo de energías alternativas y en su
lugar promovió la transferencia de ganancias extraordinarias hacia el sector
privado. Esta política iniciada en los ´90 continúa actualmente. Vale como
ejemplo la prórroga hasta el 2047 de una concesión que vence en el 2017, del
yacimiento más grande del país. “Cerro Dragón”, situado al sur de Chubut y norte
de Santa Cruz, a 90 Km. de Comodoro Rivadavia, que era explotado por Pan American Energy,
perteneciente a la British Petroleum y Bridas.(cuando se privatiza YPF se vende
“Cerro Dragón” a British, quien posteriormente a la ruptura de un oleoducto en
el Mar Caribe debe pagar una gran
multa a EEUU para lo cual comienza
a vender sus activos y yacimientos en otros lugares del mundo; vende Cerro
Dragón a BRIDAS de Bulgueroni y SINOPEC, de China) Se sigue de esta manera a
rajatabla la política neoliberal de provincialización de los recursos
petroleros, que fue legitimada durante el año 2007 con la modificación de la Ley
de Hidrocarburos Nº 17.319 La
prórroga de “Cerro Dragón”, diez años antes de su vencimiento, significa ceder
su explotación por cuatro décadas, es decir, hasta la total extinción del
yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento de
gas del país, Loma de La Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo del
2000
Después de la Estatización de YPF en
el 2012, muchas de las áreas petroleras siguen siendo explotadas por las
transnacionales que las compraron durante su privatización, así como, de las
seis refinerías de petróleo de YPF actualmente son de la empresa del Estado,
sólo tres, Plaza Huincul refinería y planta de metanol. (Neuquén) Luján de Cuyo,
(Mendoza) Refinería de La Plata y Petroquímica La Plata, (Polo Petroquímico de
Ensenada)
SINOPEC yacimiento más grande de Santa Cruz norte es chino (Caleta
Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco) distribuye todo el petróleo que era de YPF
hasta Caleta Olivia donde están los tanques de almacenamiento de petróleo.
En el año 2013, Cristina Fernández de
Kirchner, firmó un acuerdo con CHEVRON, considerando, un gran
avance, detrás del objetivo de
recuperar la soberanía hidrocarburífera de la Argentina, que una de las “principales empresas del
mundo en explotación de petróleo y gas no convencional, aportara a la Argentina una inversión de más de mil
millones de dólares. Al revisar la historia de la matriz energética
argentina nos encontramos ante una paradoja: mientras el general Enrique
Mosconi, y luego el ingeniero Julio
Canessa, que llegó a ocupar
simultáneamente las presidencias de YPF y de Gas del Estado durante las
dos primeras presidencias de Perón, se opusieron a la Standard Oil -actual
Chevron- a favor de la soberanía nacional y la independencia energética,
Cristina Kirchner -como parte de un modelo supuestamente nacional y popular-
promueve este acuerdo neocolonial entre YPF y la multinacional petrolera, y
entrega las reservas por los próximos 35 años, sin considerar el impacto
ambiental producido en estos años en Vaca Muerta, además de los
antecedentes litigados en
países donde su accionar ha provocado desastre ambiental. Cuando el precio internacional del barril de crudo cotizaba 150
dólares las empresas privadas lo extraían a bajo costo en Argentina y obtenían
grandes ganancias en el comercio internacional como Repsol o
Sinopec. Ante la
caída del precio del crudo a nivel mundial, se otorgaron estímulos a la producción de gas en el 2013 y programas
de estímulo a la producción petrolera 2015. A comienzos de 2016 se produce una
disminución de las actividades en equipos provinciales de Chevron. En la cuenca
del Golfo de San Jorge y en Neuquén comenzaron los despidos de trabajadores.
Frente a la abrupta baja del precio del crudo a nivel internacional se respaldó
el esquema transitorio de valores internos, pero según los trabajadores y
ejecutivos chubutenses no alcanza el precio del barril de exportación del
petróleo, lo cual generará una caída significativa de la actividad con las
consecuencias sociales que esto implica. Tecpetrol de Techint anunció que
reducirá sus actividades en un 40% lo que significa riesgo de desempleo para más
trabajadores, que pueden llegar a 3.500 con las decisiones adoptadas por otras
operadoras que a su vez provocarán un efecto cascada sobre las empresas de
servicio pymes. Algunos gobernadores y sindicatos respaldan a las empresas
petroleras para que sigan exportando, pese al beneficio que ya reciben con la
devaluación cercana al 40% y la venta de combustible al mercado interno a
valores que duplican las cotizaciones internacionales. Evidentemente
los modelos políticos- económicos aplicados desde hace más de treinta años,
responden al marco de la hegemonía neoliberal, donde el negocio no distingue
entre izquierda o derecha. Es lo
que los ambientalistas llaman el “Consenso de las Commodities” que suplantó al
Consenso de Washington. Dentro de este proyecto, el fracking, la mega-minería,
el agro-negocio, la explotación y exportación de los recursos acuíferos no son
objeto de control ambiental, social o económico por parte del Estado, funcional,
a las grandes corporaciones que producen extractivismo y saqueo.(Viale, E. y
Svampa M.2015)
http://www.perfil.com/politica/Un-nuevo-informe-denuncia-vaciamiento-en-YPF-por-parte-de-Repsol-y-Eskenazi-20131020-0016.html Informe elaborado por el economista
León Halac y el contador público Christian
Petus.20-10-2013
Ponencia presentada durante el
XVIII Encuentro Internacional Humboldt - San Fernando del Valle de Catamarca -
15 al 19 de agosto de 2016.