Megaminería: la trampa de cambiar naturaleza por divisas

 

Dra. Ana María Fernández Equiza

Lic. Victoria de Estrada

IGEHCS/CONICET-CIG/FCH/UNCPBA

 

A finales del año 2015 dos grandes crímenes socioambientales intensificaron  en la opinión pública el  debate sobre la megaminería, una actividad a gran escala  paradigmática de un modelo de inserción primario exportadora en el actual contexto económico mundial.            

La rotura del dique Fundão y el grave deterioro del dique de Santarem, en  la mina Samarco Mineração S.A, el 5 de noviembre de 2015, en Mariana, Mina Gerais, Brasil,  produjo una corriente de lodo  con residuos de la explotación minera. La misma destruyó el pueblo Bento Rodriguez, provocando 18 víctimas  mortales.  Además, contaminó la cuenca del Rio Dulce que abastece de agua a 15 ciudades y dónde viven y pescan miles de pobladores. Samarco explota mineral de Hierro y  es un joint venture integrado por las empresas VALE (Brasil)  y  BHP Billiton (Anglo-australiana). Estas empresas, las dos mayores mineras del mundo, inicialmente, deslindaron en la empresa que conforman,  Samarco, la eventual responsabilidad en relación al “lamentable y triste accidente”. [i]

En el departamento de Iglesias, San Juan, Argentina, opera la mina de oro y plata Veladero, ubicada a más de 4200 metros sobre el nivel del mar, sobre la cordillera de los Andes. Pertenece a  la empresa Barrick Gold, con sede en Canadá, compañía que se cuenta entre las 10 mineras más grandes del mundo y es la primera en extracción de oro. El 11 de octubre de 2015, dejó correr un millón de litros de agua con cianuro, la cual llegó al Río Potrerillos. La contaminación del agua para consumo afecta el abastecimiento de Jachal y  compromete gravemente  la producción agrícola bajo riego. 

En ambos casos, caratularlos de accidente, es una forma más de naturalizar una lógica que invisibiliza y, cuando no puede ocultar, minimiza la importancia de los impactos sociales y ecológicos de la megaminería. Estos proyectos han generado resistencias múltiples, plurales y crecientes. Las estrategias empresariales incluyen desde la coerción directa en algunos casos, a las campañas de diseminación de fondos en instituciones de la comunidad, financiamiento de campañas electorales  y  presión para que el estado profundice y amplié las medidas de fomento y defensa de la actividad, ya  promovidas por la estrategia minera del Banco Mundial en los noventa. Un andamiaje de normas legales,  reformas constitucionales que le otorgan la decisión sobre los recursos naturales a estados provinciales, la creación de competencias de control ambiental dependientes de las mismas áreas que tiene como competencia promover la minería, son parte de las razones que han hecho posibles proyectos como Veladero y Samarco

La existencia misma de estos proyectos es la expresión de una correlación de fuerzas, donde las resistencias fueron desatendidas y sub-representadas políticamente, en aras de cumplir con un modelo de  “desarrollo” minero que subordina otros objetivos al de obtener divisas. Desde las reformas estructurales  enmarcadas en el  gran endeudamiento y los condicionamientos externos generados por el neoliberalismo y su  apuesta dogmática al capital extranjero, a las urgencias de los gobiernos ante la recurrente restricción externa, la obtención de divisas es el principal factor interno de la aceptación de la megaminería.

Entre los factores  externos, no sólo es fundamental la demanda real de minerales, muchos de ellos  estratégicos para los países compradores (Bruckmann, 2010).  Este es claramente el caso de la explotación de  hierro para abastecer la demanda China.  Además,  la hegemonía de la valorización financiera, el comportamiento especulativo  de los capitales y  la visión crematística dominante que incentiva  la búsqueda de ganancias extraordinarias,  alimentan las inversiones en la megaminería.  Merced a las condiciones  sumamente favorables construidas para su desarrollo en América Latina, que  aseguran una altísima rentabilidad para los proyectos, las empresas acceden a  capitalizarse en las principales bolsas.  En este sentido, el negocio de la megaminería no es sólo  la actividad extractiva en sí, sino la valorización de las empresas mineras y derivados financieros.

Considerando los altos costos de los procesos de cierre de mina, o  los eventuales costos de enfrentar la responsabilidad por hechos como los producidos por  Veladero y Samarco, es relevante considerar que parte sustancial del negocio minero es externalizar dichos costos, para lo cual es funcional el marco jurídico flexible creado para atraer inversiones, así como la utilización de  formas societarias  y mecanismos que permiten obtener ganancias durante parte del ciclo de vida del proyecto y quebrar o transferir al estado una parte sustancial de los costos.

 En este sentido, en ambos casos se observa la estrategia empresarial de minimizar sus propias  responsabilidades patrimoniales, intentando trasladarla  a los operarios, investigando supuestas negligencias,  a la naturaleza, argumentando que un sismo puede haber detonado un dique en Samarco y el frio el congelamiento de una válvula en Veladero,   o  al estado, por la demora en algún procedimiento  de control  o evaluación. Sin desestimar la importancia de los mismos, en ningún caso eximiría a las empresas de su responsabilidad. Paradojalmente la flexibilización ambiental que se pone como condición para invertir pretendería ser el salvoconducto para tratar de no asumir las consecuencias de la falta de cuidado de la población y el ambiente.

De un modo análogo,  la justificación de la megaminería en función de la creación de empleo no sólo es discutible a la luz de los resultados, hasta el momento previo al derrame de cianuro o la rotura de los diques.  Estos hechos no sólo ponen en discusión la calidad de esos empleos en relación al riesgo, sino las consecuencias para el empleo en todos los sectores afectados por los impactos negativos.

En suma, la megaminería, concentra localmente los impactos negativos y extranjeriza  y deslocaliza los beneficios. Por consiguiente está en las antípodas de una actividad que contribuya al desarrollo y menos aún,  al  vivir bien.

No es la estrategia de marketing de la “minería responsable”, ni la “responsabilidad social empresarial” las que van a permitir reducir los daños irreversibles y las externalidades de todo  tipo de la megaminería. Apenas podrían conseguir  formas de consentimiento en algunos sectores sociales. No sólo aquellas sostenidas por la generosa disponibilidad de recursos que genera desarrollar una actividad que recibe ingentes beneficios fiscales y paga regalías mínimas por los recursos que extrae. También, la construcción de un imaginario que ve en el extractivismo un modelo sin más alternativas que discutir los cómo, mientras se oscurecen otras posibilidades productivas. O las razones de estado que pretenden justificar el “sacrificio” de algunos ecosistemas y formas de vida en aras de la obtención de divisas y la búsqueda de equilibrios externos. En cualquier caso, se expresa una jerarquía de valores, que los movimientos de resistencia visibilizan y ponen en discusión.

¿Cuál es el valor del agua y de la vida de los jachalenses? ¿Cuál es el valor de la vida perdida en Bento Rodrigues y en todos los ecosistemas impactados?  Es esta inconmensurabilidad la que funda la permanencia y profundización de los conflictos con la megaminería.  

Es por esto que,  si se quiere pensar que la naturaleza del conflicto es equivalente a una disputa por dinero, no se puede entender. Ni aun suponiendo la disponibilidad del más sofisticado de los instrumentos de cálculo y la más habilidosa búsqueda de gobernanza,  se podrían resolver los conflictos generados por la megaminería.  Porque, ante todo  se trata de una cuestión ética y política, ¿Cómo usamos los ecosistemas?  ¿Quiénes deciden sobre su uso? Y la megaminería es la imposición de  una forma de uso que responde a los intereses de las corporaciones internacionales y de actores que reducen la totalidad de un ecosistema, un lugar no vivido por ellos, a un reservorio de un recurso convertido en mercancía, con el agravante de que su interés es fundamentalmente crematístico.

Ni la cordillera de los Andes se reduce al oro que explota Veladero en Argentina, ni  el planalto de Mina Gerais se reduce al hierro que extrae Samarco.   

Si existen estos proyectos es porque se ha impuesto una manera de mirar a los ecosistemas en los que se instalaron como territorios previamente  improductivos y casi despoblados, donde hay que “llevar” las inversiones para “desarrollarlos” y volverlos “competitivos”. Una construcción social, cuidadosamente naturalizada con amplios implícitos sustraídos a la discusión pública.  No por acaso, la búsqueda de la licencia social  es  una tarea que emprenden cuando la explotación es un hecho consumado  y en el mejor de los casos se trata de modos de  gestionar los conflictos ocasionados por la misma a  grupos sociales cuyo uso preexistía al uso impuesto. El consentimiento previo e informado de las comunidades no  ha salido del papel.

Mientras tanto, preguntas claves siguen pendientes: ¿Qué minería es necesaria, para que proyecto?¿Qué proyectos alternativos productivos,  con  capacidad de generar más  trabajo de mejor calidad y estabilidad  pueden desarrollarse en las zonas disputadas por la minería?  ¿Cuáles serían los resultados si contaran con la promoción que hoy goza el sector minero?

Resolver la restricción externa con la apuesta a la entrada de divisas por inversiones en minería y por exportación de minerales es demasiado caro,  no sólo porque primariza nuestras economías. Implica entregar un valor inconmensurable a cambio de algunas divisas, que seguirán siendo insuficientes. Sea por la continuidad de procesos  de crecimiento y aumento del poder adquisitivo  en el marco de condiciones  estructurales históricas que llevan a más restricción externa,  o por la vuelta a políticas neoliberales que enfatizan la apertura, el enfoque monetario y el endeudamiento.

La apelación a inversiones extranjeras como principal  fuente de divisas, en condiciones de un capitalismo caracterizado por la acumulación por desposesión (Harvey, 2004) reproduce y amplia  el círculo de entrega de naturaleza por divisas.  

Como lo demuestran los Informes de CEPAL de los últimos años, la inversión extranjera en América del sur ha contribuido a reprimarizar las exportaciones, ha aumentado el stock de IDE, extranjerizando las economías y ha impactado fuertemente en el déficit de la región debido a la remisión de utilidades.

 

“Las salidas de rentas por IED son responsables en gran medida del déficit en cuenta corriente de 2014, que alcanzó el 2,7% del PIB. Para corregir el creciente déficit de la balanza por cuenta corriente se requiere de un gran superávit de la cuenta de capital, que en parte se puede financiar también mediante la inversión extranjera directa. En un contexto de menor crecimiento económico y contracción de la demanda internacional de sus principales exportaciones, los países de América Latina y el Caribe tendrán que atraer proyectos de IED que puedan elevar su capacidad productiva y contribuir a la diversificación de sus economías” (CEPAL,2015)

 

Como puede observarse, a pesar de los resultados paradojales en términos de divisas, CEPAL, en consonancia con el discurso promovido por las corporaciones, sigue reproduciendo dogmáticamente la apelación a la atracción de capitales. La profundización de la “desregulación competitiva” (Grey, 2000) sigue siendo la receta neoliberal para “generar confianza” y atraer capitales. Mientras, sus resultados a escala global y  nacional muestran que sólo sirve a la expansión de mercados globales cada vez mas anárquicos, dominados por la valorización financiera, y al aumento del lucro a partir del abaratamiento del trabajo y la naturaleza.

 

Por el contrario, romper ese círculo supone resolver estructuralmente la restricción externa. Un repertorio tradicional de acciones incluiría profundizar la sustitución de importaciones,  moderar la importación de algunos bienes de consumo suntuario e, incrementar el valor agregado exportado. Todas requieren implementarse con el  apoyo político de las mayorías para vencer la inercia de las elites rentísticas y los grupos concentrados y ligados a dinámicas de deslocalización de actividades y  fuga de divisas. Pero además, y considerando que tanto Brasil como Argentina  exportan dentro de la región latinoamericana mas bienes industriales que primarios, la ampliación y profundización del Sistema Unificado de Compensaciones Regionales (SUCRE, 2009) , o su evolución a una moneda de intercambio latinoamericana,  y políticas activas de complementariedad, contribuirían a crear trabajo genuino y a disminuir la restricción externa.

Los impactos de la megaminería no son accidentes sino parte constitutiva de una forma de organización de la producción que responde a una construcción social. En la actualidad, las corporaciones transnacionales presionan a los gobiernos por nuevas (des) regulaciones en toda América del Sur, que impulsan la ampliación y profundización del modelo  primario exportador. Es por ello que urge la construcción de una visión estratégica  regional,  que integre la búsqueda de nuevas formas de equilibrio externo, con la gestión  adecuada de los ecosistemas y un proyecto político, social y productivo al servicio del buen vivir (Acosta, 2010).

  En este sentido, es relevante  para el futuro de América Latina preguntar ¿Se trata de ver como cada uno de los países ofrece sus Recursos Naturales para obtener más divisas o de  pensar una estrategia común y concertada para una gestión regional  independiente y sustentable?

 

 

Bibliografía

 

Acosta Alberto El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la Constitución de Montecristi. Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. POLICY PAPER 9- Quito-2010- Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07671.pdf

Banco Mundial: “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean”, World Bank Technical Paper Nº 345, Washington, DC, 1996.

Bruckmann, Mónica. “Recursos  naturales  y  la  geopolítica  de  la  integración Sudamericana”    Red  Unesco/Universidad  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Economía  Global  y  Desarrollo Sustentable. 2011  Disponible en: http://opsur.wordpress.com/2011/04/15/recursos-naturales-y-la-geopolitica-de-la-integracion-sudamericana/  (Fecha de acceso: 15/02/2016)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) "La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe", 2015 (LC/G.2641-P), Santiago de Chile, 2015

Diamand Marcelo. “La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de Cambio”. Desarrollo Económico Vol. 12  N° 45. 1972

Harvey David. “El Nuevo imperialismo: la acumulación por desposesión”. Socialist Register 2004, Vol.40. pp. 99 a 129 Disponible en: http://socialistregister.com/index.php/srv/article/viewFile/14997/11983

Reis Oliveira Clarissa “Quem é Quem nas discussões do novo Código  da Mineração 2014.Comitê nacional em defesa dos territórios frente a mineração”. Rio de Janeiro. Ibase

Zúñiga Romero Carlos (Comp.) “Tratado constitutivo del sistema unificado de compensación regional de pagos. (SUCRE)”. En Revista  Jurídica online. Rev. de Derecho Económico Tomo III. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Disponible en:http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-economico-tomo-3/291_a_324_tratado_consti.pdf (Fecha de acceso: 05/02/2016)