Megaminería: la trampa de cambiar naturaleza por
divisas
Dra. Ana María Fernández
Equiza
Lic. Victoria de
Estrada
IGEHCS/CONICET-CIG/FCH/UNCPBA
A finales del año 2015 dos grandes crímenes socioambientales
intensificaron en la opinión
pública el debate sobre la
megaminería, una actividad a gran escala
paradigmática de un modelo de inserción primario exportadora en el actual
contexto económico mundial.
La rotura del dique Fundão y el grave deterioro del dique de
Santarem, en la mina Samarco
Mineração S.A, el 5 de noviembre de 2015, en Mariana, Mina Gerais, Brasil, produjo una corriente de lodo con residuos de la explotación minera.
La misma destruyó el pueblo Bento Rodriguez, provocando 18 víctimas mortales. Además, contaminó la cuenca del Rio Dulce
que abastece de agua a 15 ciudades y dónde viven y pescan miles de pobladores.
Samarco explota mineral de Hierro y es un joint venture integrado por las
empresas VALE (Brasil) y BHP Billiton (Anglo-australiana). Estas
empresas, las dos mayores mineras del mundo, inicialmente, deslindaron en la
empresa que conforman, Samarco, la
eventual responsabilidad en relación al “lamentable y triste accidente”.
[i]
En el departamento de Iglesias, San Juan, Argentina, opera la mina
de oro y plata Veladero, ubicada a más de 4200 metros sobre el nivel del mar,
sobre la cordillera de los Andes. Pertenece a la empresa Barrick Gold, con sede en
Canadá, compañía que se cuenta entre las 10 mineras más grandes del mundo y es
la primera en extracción de oro. El 11 de octubre de 2015, dejó correr un millón
de litros de agua con cianuro, la cual llegó al Río Potrerillos. La
contaminación del agua para consumo afecta el abastecimiento de Jachal y compromete gravemente la producción agrícola bajo riego.
En ambos casos, caratularlos de accidente, es una forma más de
naturalizar una lógica que invisibiliza y, cuando no puede ocultar, minimiza la
importancia de los impactos sociales y ecológicos de la megaminería. Estos
proyectos han generado resistencias múltiples, plurales y crecientes. Las
estrategias empresariales incluyen desde la coerción directa en algunos casos, a
las campañas de diseminación de fondos en instituciones de la comunidad,
financiamiento de campañas electorales
y presión para que el estado
profundice y amplié las medidas de fomento y defensa de la actividad, ya promovidas por la estrategia minera del
Banco Mundial en los noventa. Un andamiaje de normas legales, reformas constitucionales que le otorgan
la decisión sobre los recursos naturales a estados provinciales, la creación de
competencias de control ambiental dependientes de las mismas áreas que tiene
como competencia promover la minería, son parte de las razones que han hecho
posibles proyectos como Veladero y Samarco
La existencia misma de estos proyectos es la expresión de una
correlación de fuerzas, donde las resistencias fueron desatendidas y
sub-representadas políticamente, en aras de cumplir con un modelo de “desarrollo” minero que subordina otros
objetivos al de obtener divisas. Desde las reformas estructurales enmarcadas en el gran endeudamiento y los
condicionamientos externos generados por el neoliberalismo y su apuesta dogmática al capital extranjero,
a las urgencias de los gobiernos ante la recurrente restricción externa, la
obtención de divisas es el principal factor interno de la aceptación de la
megaminería.
Entre los factores externos, no sólo es fundamental la
demanda real de minerales, muchos de ellos
estratégicos para los países compradores (Bruckmann, 2010). Este es claramente el caso de la
explotación de hierro para
abastecer la demanda China. Además,
la hegemonía de la valorización
financiera, el comportamiento especulativo
de los capitales y la visión
crematística dominante que incentiva la búsqueda de ganancias
extraordinarias, alimentan las
inversiones en la megaminería.
Merced a las condiciones
sumamente favorables construidas para su desarrollo en América Latina,
que aseguran una altísima
rentabilidad para los proyectos, las empresas acceden a capitalizarse en las principales bolsas.
En este sentido, el negocio de la
megaminería no es sólo la actividad
extractiva en sí, sino la valorización de las empresas mineras y derivados
financieros.
Considerando los altos costos de los procesos de cierre de mina,
o los eventuales costos de
enfrentar la responsabilidad por hechos como los producidos por Veladero y Samarco, es relevante
considerar que parte sustancial del negocio minero es externalizar dichos
costos, para lo cual es funcional el marco jurídico flexible creado para atraer
inversiones, así como la utilización de
formas societarias y
mecanismos que permiten obtener ganancias durante parte del ciclo de vida del
proyecto y quebrar o transferir al estado una parte sustancial de los
costos.
En este sentido, en
ambos casos se observa la estrategia empresarial de minimizar sus propias responsabilidades patrimoniales,
intentando trasladarla a los
operarios, investigando supuestas negligencias, a la naturaleza, argumentando que un
sismo puede haber detonado un dique en Samarco y el frio el congelamiento de una
válvula en Veladero, o al estado, por la demora en algún
procedimiento de control o evaluación. Sin desestimar la
importancia de los mismos, en ningún caso eximiría a las empresas de su
responsabilidad. Paradojalmente la flexibilización ambiental que se pone como
condición para invertir pretendería ser el salvoconducto para tratar de no
asumir las consecuencias de la falta de cuidado de la población y el
ambiente.
De un modo análogo,
la justificación de la megaminería en función de la creación de empleo no
sólo es discutible a la luz de los resultados, hasta el momento previo al
derrame de cianuro o la rotura de los diques. Estos hechos no sólo ponen en discusión
la calidad de esos empleos en relación al riesgo, sino las consecuencias para el
empleo en todos los sectores afectados por los impactos
negativos.
En suma, la megaminería, concentra localmente los impactos
negativos y extranjeriza y
deslocaliza los beneficios. Por consiguiente está en las antípodas de una
actividad que contribuya al desarrollo y menos aún, al
vivir bien.
No es la estrategia de marketing de la “minería responsable”, ni
la “responsabilidad social empresarial” las que van a permitir reducir los daños
irreversibles y las externalidades de todo
tipo de la megaminería. Apenas podrían conseguir formas de consentimiento en algunos
sectores sociales. No sólo aquellas sostenidas por la generosa disponibilidad de
recursos que genera desarrollar una actividad que recibe ingentes beneficios
fiscales y paga regalías mínimas por los recursos que extrae. También, la
construcción de un imaginario que ve en el extractivismo un modelo sin más
alternativas que discutir los cómo, mientras se oscurecen otras posibilidades
productivas. O las razones de estado que pretenden justificar el “sacrificio” de
algunos ecosistemas y formas de vida en aras de la obtención de divisas y la
búsqueda de equilibrios externos. En cualquier caso, se expresa una jerarquía de
valores, que los movimientos de resistencia visibilizan y ponen en discusión.
¿Cuál es el valor del agua y de la vida de los jachalenses? ¿Cuál
es el valor de la vida perdida en Bento Rodrigues y en todos los ecosistemas
impactados? Es esta
inconmensurabilidad la que funda la permanencia y profundización de los
conflictos con la megaminería.
Es por esto que, si
se quiere pensar que la naturaleza del conflicto es equivalente a una disputa
por dinero, no se puede entender. Ni aun suponiendo la disponibilidad del más
sofisticado de los instrumentos de cálculo y la más habilidosa búsqueda de
gobernanza, se podrían resolver los
conflictos generados por la megaminería.
Porque, ante todo se trata
de una cuestión ética y política, ¿Cómo usamos los ecosistemas? ¿Quiénes deciden sobre su uso? Y la
megaminería es la imposición de una
forma de uso que responde a los intereses de las corporaciones internacionales y
de actores que reducen la totalidad de un ecosistema, un lugar no vivido por
ellos, a un reservorio de un recurso convertido en mercancía, con el agravante
de que su interés es fundamentalmente crematístico.
Ni la cordillera de los Andes se reduce al oro que explota
Veladero en Argentina, ni el
planalto de Mina Gerais se reduce al hierro que extrae Samarco.
Si existen estos proyectos es porque se ha impuesto una manera de
mirar a los ecosistemas en los que se instalaron como territorios
previamente improductivos y casi
despoblados, donde hay que “llevar” las inversiones para “desarrollarlos” y
volverlos “competitivos”. Una construcción social, cuidadosamente naturalizada
con amplios implícitos sustraídos a la discusión pública. No por acaso, la búsqueda de la licencia
social es una tarea que emprenden cuando la
explotación es un hecho consumado y
en el mejor de los casos se trata de modos de gestionar los conflictos ocasionados por
la misma a grupos sociales cuyo uso
preexistía al uso impuesto. El consentimiento previo e informado de las
comunidades no ha salido del
papel.
Mientras tanto, preguntas claves siguen pendientes: ¿Qué minería
es necesaria, para que proyecto?¿Qué proyectos alternativos productivos, con capacidad de generar más trabajo de mejor calidad y estabilidad
pueden desarrollarse en las zonas
disputadas por la minería? ¿Cuáles
serían los resultados si contaran con la promoción que hoy goza el sector
minero?
Resolver la restricción externa con la apuesta a la entrada de
divisas por inversiones en minería y por exportación de minerales es demasiado
caro, no sólo porque primariza
nuestras economías. Implica entregar un valor inconmensurable a cambio de
algunas divisas, que seguirán siendo insuficientes. Sea por la continuidad de
procesos de crecimiento y aumento
del poder adquisitivo en el marco
de condiciones estructurales
históricas que llevan a más restricción externa, o por la vuelta a políticas neoliberales
que enfatizan la apertura, el enfoque monetario y el
endeudamiento.
La apelación a inversiones extranjeras como principal fuente de divisas, en condiciones de un
capitalismo caracterizado por la acumulación por desposesión (Harvey, 2004)
reproduce y amplia el círculo de
entrega de naturaleza por divisas.
Como lo demuestran los Informes de CEPAL de los últimos años, la
inversión extranjera en América del sur ha contribuido a reprimarizar las
exportaciones, ha aumentado el stock de IDE, extranjerizando las economías y ha
impactado fuertemente en el déficit de la región debido a la remisión de
utilidades.
“Las salidas de rentas por IED son responsables en gran medida del
déficit en cuenta corriente de 2014, que alcanzó el 2,7% del PIB. Para corregir
el creciente déficit de la balanza por cuenta corriente se requiere de un gran
superávit de la cuenta de capital, que en parte se puede financiar también
mediante la inversión extranjera directa. En un contexto de menor crecimiento
económico y contracción de la demanda internacional de sus principales
exportaciones, los países de América Latina y el Caribe tendrán que atraer
proyectos de IED que puedan elevar su capacidad productiva y contribuir a la
diversificación de sus economías” (CEPAL,2015)
Como puede observarse, a pesar de los resultados paradojales en
términos de divisas, CEPAL, en consonancia con el discurso promovido por las
corporaciones, sigue reproduciendo dogmáticamente la apelación a la atracción de
capitales. La profundización de la “desregulación competitiva” (Grey, 2000)
sigue siendo la receta neoliberal para “generar confianza” y atraer capitales.
Mientras, sus resultados a escala global y
nacional muestran que sólo sirve a la expansión de mercados globales cada
vez mas anárquicos, dominados por la valorización financiera, y al aumento del
lucro a partir del abaratamiento del trabajo y la
naturaleza.
Por el contrario, romper ese círculo supone resolver
estructuralmente la restricción externa. Un repertorio tradicional de acciones
incluiría profundizar la sustitución de importaciones, moderar la importación de algunos bienes
de consumo suntuario e, incrementar el valor agregado exportado. Todas requieren
implementarse con el apoyo político
de las mayorías para vencer la inercia de las elites rentísticas y los grupos
concentrados y ligados a dinámicas de deslocalización de actividades y fuga de divisas. Pero además, y
considerando que tanto Brasil como Argentina exportan dentro de la región
latinoamericana mas bienes industriales que primarios, la ampliación y
profundización del Sistema Unificado de Compensaciones Regionales (SUCRE, 2009)
, o su evolución a una moneda de intercambio latinoamericana, y políticas activas de complementariedad,
contribuirían a crear trabajo genuino y a disminuir la restricción
externa.
Los impactos de la megaminería no son accidentes sino parte
constitutiva de una forma de organización de la producción que responde a una
construcción social. En la actualidad, las corporaciones transnacionales
presionan a los gobiernos por nuevas (des) regulaciones en toda América del Sur,
que impulsan la ampliación y profundización del modelo primario exportador. Es por ello que
urge la construcción de una visión estratégica regional, que integre la búsqueda de nuevas formas
de equilibrio externo, con la gestión adecuada de los ecosistemas y un proyecto
político, social y productivo al servicio del buen vivir (Acosta,
2010).
En este sentido, es
relevante para el futuro de América
Latina preguntar ¿Se trata de ver como cada uno de los países ofrece sus
Recursos Naturales para obtener más divisas o de pensar una estrategia común y concertada
para una gestión regional independiente y sustentable?
Bibliografía
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en:http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-economico-tomo-3/291_a_324_tratado_consti.pdf (Fecha de acceso: 05/02/2016)
Ponencia presentada durante el
XVIII Encuentro Internacional Humboldt - San Fernando del Valle de Catamarca -
15 al 19 de agosto de 2016.