61/16 - Argentina:
Responder a este mensajeRolando Astarita
El viaje de Obama a Argentina,
coincidente con el cuarenta aniversario del golpe militar, parece una buena
ocasión para pasar revista a algunas cuestiones que pueden ayudarnos a entender
el rol de EEUU, y de la clase dominante argentina en 1976, y la naturaleza de la
dictadura.
EEUU apoyó al golpe militar y la
represión
Empecemos diciendo que EEUU apoyó al golpe militar de
marzo de 1976. En 1976 Henry Kissinger, por entonces secretario de Estado, dio
luz verde para la política de secuestro, tortura y muerte desplegada por la
dictadura. En abril de ese año se reunió con el ministro de Relaciones
Exteriores de Argentina, César Guzzetti. Según el memorándum secreto de esa
reunión (revelado en 2004) Guzzettti planteó que “el principal problema que
tenemos es el terrorismo”, a lo que Kissinger respondió “si hay cosas que tienen
que hacer, hacerlo rápidamente”. Luego, en agosto de ese mismo año, Kissinger
mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en Argentina, Robert Hill, a
quien le confirmó la conversación mantenida con Guzzetti. En 1977, ya bajo el
gobierno de Carter, Hill informó a Patt Derian, secretaria de Estado para los
derechos humanos, que pensaba que el mensaje de Kissinger a Guzzetti había
llevado a la dictadura militar a intensificar la represión.
Una
larga tradición de intervenciones y golpes militares
La política
de EEUU en 1976 se inscribe en una larga tradición de agresiones militares y
respaldo a regímenes sangrientos. Aunque esto es conocido en general, es útil
pasar revista al “listado” de hechos. Para esto, transcribo un pasaje de mi
libro Valor, mercado mundial y acumulación:
“Tomando solo el período de
posguerra hasta mediados de la década de 1970, y sin ánimo de ser exhaustivos,
anotamos las maniobras de EEUU para crear “protectorados” en Borneo Británica,
Birmania del Norte, Kuwait, Qatar, Bahrein y Oman; la organización, en 1953, del
golpe de Estado que derrocó al gobierno nacionalista de Mossadeq, en Irán, para
instalar al sha, favorable a los intereses de las petroleras occidentales; el
apoyo, en 1954, al golpe militar reaccionario de Castillo Armas, en Guatemala;
el desembarco en 1958 de tropas en Líbano; el apoyo a las dictaduras
latinoamericanas de Stroessner de Paraguay; Somoza de Nicaragua; Pérez Jiménez
de Venezuela; Trujillo de Santo Domingo; Batista de Cuba; Odria de Perú; Rojas
Pinillo de Colombia; el ahogo y ataque a Cuba a partir de que esta decidió
independizarse económicamente de EEUU; el desembarco en 1961 de tropas
contrarrevolucionarias, con apoyo de EEUU, en Bahía de los Cochinos; las
intervenciones a favor de fracciones pro-estadounidenses en Guatemala, 1963;
Ecuador, 1963; y Honduras, 1963; el desembarco en 1965 de marines en Santo
Domingo; el apoyo a la dictadura de Indonesia; el apoyo a los golpes militares
en Brasil, 1964; Argentina, 1966; Chile, 1973 –previa acción desestabilizadora-;
Uruguay, 1973; y Argentina, 1976, junto a la participación en el plan Cóndor; la
intervención militar en Vietnam, luego extendida a Laos y Camboya; las acciones
desestabilizadoras en Chipre, Bangladesh, Grecia, para generar climas propicios
a golpes de Estado; y el apoyo financiero a fracciones pro estadounidenses en
guerras civiles o contrarrevolucionrias en Angola”.
Pero la
burguesía argentina fue la “responsable” del golpe
Días atrás
leí en un periódico de izquierda que “EEUU fue el responsable del golpe
militar”. Sin olvidar por un momento lo que hemos reseñado en el punto anterior,
hay que decir que lo que afirma ese periódico de izquierda no es cierto. La
“responsable” del golpe de 1976 fue la clase capitalista criolla. La razón es a
la vez simple y brutal: había que acabar con el peligro que representaban el
movimiento obrero combativo y las organizaciones armadas. En los meses
anteriores al golpe el “establishment” económico, las cámaras empresarias, las
principales figuras políticas de la oposición, habían llegado a la conclusión de
que el gobierno de Isabel no podía enderezar el rumbo. La crisis económica era
aguda, y el movimiento obrero resistía los planes de “ajuste”. Por eso, en marzo
de 1976 el golpe fue presentado como una solución casi natural. Así, los grandes
diarios (La Nación, Clarín, La Razón y La Opinión) dijeron que era “lógico” e
“inevitable”, dado el “caos”, “descontrol”, “desintegración del país”,
“desgobierno” y “anarquía” del gobierno de Isabel. Expresaban lo que pensaba la
amplia mayoría de la clase dominante. De hecho, ese discurso lo encontramos
también en el Partido Comunista. En su declaración del 25 de marzo de 1976, “Los
comunistas y la nueva situación de Argentina”, sostuvo que “no ha sido el golpe
de estado del 24 el método más idóneo para resolver la profunda crisis política
y económica, cultural y moral. Pero estamos ante una nueva realidad. Estamos
ante el caso de juzgar los hechos como ellos son”. Y con el tiempo aparecieron
explicaciones más sofisticadas y tranquilizadoras. Por ejemplo, Eugenio
Zaffaroni, hasta hace poco miembro de la Corte Suprema de Justicia, junto a
Ricardo Cavallero, publicó, en 1980, Derecho penal militar. Allí sostuvo que
“hay situaciones en las que existe un peligro actual de absoluta inminencia o un
mal gravísimo que ya se está produciendo y que es necesario evitar o detener”.
Situaciones que justificaban, a sus ojos, las dictaduras militares y la pena de
muerte.
Pero el apoyo civil que tuvieron los militares no fue solo
discursivo. Ricardo Balbín, el máximo dirigente de la UCR, prometió ayuda a
Videla para gobernar. El MID y el Partido Socialista sostuvieron abiertamente a
la dictadura. Tal vez más significativa haya sido la cobertura de intendencias y
otros puestos. En 1978 había en el país 301 intendentes de la UCR (35% del total
de los intendentes del país); 169 del peronismo (19,3%); 23 de organizaciones
neoperonistas (2,7%); 109 del Partido Demócrata Progresista (12,4%); 94 del MID
(10,7%); 78 de las fuerzas federalistas (8,9%); 16 eran demócratas cristianos
(1,8%) y cuatro intransigentes (0,4%) (véase http://cronicasdelfuego.blogspot.com.ar/2010/08/los-intendentes-del-proc...). Y hubo muchas otras colaboraciones, en múltiples
instancias del Estado. Para mencionar tres acasos de notables: Alicia Kirchner,
actual gobernadora en Santa Cruz, fue subsecretaria de Acción Social en esa
provincia desde 1975 a 1983, sin interrupción; un cargo con rango de
viceministro. La ex diputada Elisa Carrió fue nombrada por la dictadura, en
1979, asesora de la Fiscalía de Estado en el Chaco; luego, en 1980, fue
secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia,
con nivel y jerarquía de juez de Cámara. El secretario del gremio de la
Construcción desde 1990, Gerardo Martínez, fue colaborador del Batallón 601, que
estaba dedicado a inteligencia y fue pieza clave en la represión y desaparición
de personas.
¿Cómo se puede lavar de responsabilidades a toda esta gente?
Hay que decirlo con todas las letras: las fuerzas motoras del golpe y de la
dictadura fueron internas. El golpe militar fue la respuesta de la clase
dominante argentina frente al nivel alcanzado por la lucha de clases; coyuntura
agudizada por las organizaciones armadas (existía “peligro de absoluta
inminencia”, como dijo Zaffaroni). Es en este marco que EEUU apoyó, por
supuesto, esta forma sangrienta de resolución del conflicto.
La
dictadura no fue un títere de EEUU
Ya en los 1960 y 1970
Ruy Mauro Marini había polemizado con la tesis, popular en la izquierda, que
decía que los militares brasileños, que habían tomado el poder en 1964, eran
marionetas de EEUU. Marini demostraba que la dictadura tenía fuerza propia, y
que muchas de sus decisiones incluso se enfrentaban a EEUU. El tema se relaciona
con la cuestión de si países como Brasil son colonias, o semicolonias, de EEUU.
Lo he discutido en otras entradas (aquí, aquí, aquí, aquí). Lo importante ahora
es señalar que tampoco la dictadura argentina fue “títere” de EEUU. Tuvo
coincidencias con Washington; pero también diferencias, como lo puso en
evidencia la venta de trigo a Rusia, cuando EEUU había decretado el embargo; el
desarrollo del plan nuclear; o la guerra de Malvinas. Todo indica que la
relación que mantuvo Argentina con EEUU entre 1976 y 1983 fue propia de un país
dependiente, no de una colonia. Lo cual vuelve a colocar en primer plano el
papel de la clase dominante argentina durante la dictadura. Por este motivo, la
tesis de que Argentina está “dominada” como una colonia (y por lo tanto el golpe
de 1976 habría sido “ordenado” por el imperio) es muy conveniente para el
discurso que aboga por un frente de colaboración de clases (véase más
abajo).
La política de derechos humanos de
Carter
En vísperas de la llegada de Obama, analistas y
comentaristas políticos han justificado o defendido lo actuado por EEUU frente a
la dictadura apelando a la política de derechos humanos de Carter. Hasta se
especuló con que Obama pudiera traer al ex presidente para amortiguar las
críticas de la izquierda. Es que a partir de la asunción de Carter a la
presidencia, a principios de 1977, Washington presionó a la dictadura argentina
para que aflojara la represión. Una muestra del cambio de orientación de
Washington lo tuvimos en la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA, cuando vino a Buenos Aires, en 1979. Políticos argentinos,
pero también activistas y familiares de desaparecidos hicieron llegar sus
denuncias y quejas. Cristina Kirchner se refirió al rol de Carter en la
Universidad de Georgetown, cuando inauguró la “Cátedra Argentina”: “Quiero hacer
honor a la figura de Jimmy Carter, que junto a su secretaria de Derechos Humanos
tuvo un rol preponderante en lo que era intervenir en las violaciones de los
derechos humanos, logrando la liberación de algunos que, si no, hubieran sido
asesinados”. El ex canciller Héctor Timerman, en el mismo sentido, recordó que
su padre, Jacobo, preso y torturado por la dictadura, fue liberado en buena
medida por presión de Washington.
También la socialdemocracia europea
intensificó las críticas a la dictadura a partir de la subida de Carter. Estos
sectores presionaban por una salida democrático-burguesa, más o menos negociada,
que contuviese tensiones y restableciera el curso normal de los negocios. Es que
una vez derrotada la izquierda más radicalizada, no veían el sentido de que
continuara la dictadura. Los partidos políticos que en un primer momento habían
apoyado a Videla, paulatinamente fueron adoptando la misma postura; esto se ve
claro en las posiciones de la UCR o el MID. Por eso, y casi imperceptiblemente,
fueron girando hasta que en 1983 todos terminaron siendo fanáticos “demócratas”
(y así siguen hasta el día de hoy, sin mirar sus prontuarios). Estos cambios son
más o menos comunes en cualquier régimen capitalista y no deberían inducir a
embellecer a la clase dominante.
La forma de dominio no es
necesariamente la dictadura
Por lo planteado en el punto
anterior, es un error pensar que la situación de dominio “normal” de la
burguesía es la dictadura militar (o fascista). Sin embargo, en sectores de la
izquierda está muy arraigada la idea de que las democracias burguesas son el
exclusivo resultado de las luchas revolucionarias de las masas. Sin subestimar
la importancia de las revoluciones democráticas “desde abajo”, lo cierto es que
la democracia no deja de ser una forma de dominio normal de la clase
capitalista. Se puede decir que hasta es más segura que la dictadura, debido a
los mecanismos amortiguadores del conflicto y los recambios del personal
dirigente del Estado que posibilita. La dictadura es un recurso al que recurre
el capital, pero no necesariamente es el único de que dispone para dominar. Más
concretamente: la vuelta a la democracia burguesa en los 1980, en Argentina o en
otros países de América Latina, fue realizada con el acuerdo no solo de las
clases capitalistas latinoamericanas, sino también de Washington, los organismos
financieros internacionales y los principales gobiernos capitalistas. Es decir,
por los mismos que habían consentido o avalado la represión sangrienta de la
izquierda “irreductible”. Consumado el “trabajo sucio”, era hora de volver a la
democracia del capital.
El balance de las relaciones
internacionales debe ser completo
Dejo señalado que algún día la
izquierda deberá incluir en sus balances y debates sobre la dictadura la actitud
del “movimiento comunista internacional”. Conecta con lo que hizo el PC
argentino, pero tiene sus especificidades. En particular, hay que poner sobre la
mesa el apoyo de Fidel Castro a la dictadura de Videla (ver aquí). No es posible
que se siga pasando por alto esta cuestión.
Una precisión: la
represión sangrienta no comenzó en 1976
Cuando se conmemora el
aniversario del golpe militar muchas veces se soslaya le hecho de que las
detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos no comenzaron en marzo de 1976.
Hay que acabar con el cuento (que repiten ad nauseam Julio Bárbaro, Grondona,
Morales Solá y similares) de que el Perón de 1973 era un viejito bueno, que se
abrazó con Balbín y estaba deseoso de unir en paz a los argentinos. El Perón de
1973 vino de la mano de López Rega, la burocracia sindical, Lastiri, Isabel
Perón y demás personajes siniestros. La masacre de Ezeiza, el “navarrazo” (golpe
de Estado en Córdoba, en febrero de 1974, que depuso al gobernador Ricardo
Obregón Cano) y los primeros asesinatos de la Triple A, ocurrieron bajo la
conducción de Perón. Y en los meses que siguieron a su muerte, la represión se
intensificó. Miles de luchadores obreros y populares fueron asesinados. Las
bandas de la Triple A actuaron con total impunidad, y tuvieron apoyo de la
Policía y de sectores, al menos, de la burocracia sindical. A lo que habría que
agregar detenciones arbitrarias, torturas en las comisarías, más las
bestialidades del Ejército en Tucumán.
En este clima se preparó el golpe
militar. La represión posterior a marzo de 1976 no apareció de la nada. Fue la
continuación-profundización de lo que ya estaba iniciado. Pero hasta el día de
hoy los crímenes de Estado cometidos entre 1973 y marzo de 1976 siguen impunes.
La tan proclamada “Memoria y Justicia” parece tener límites
infranqueables.
Otra precisión: el “programa neoliberal” no
comenzó en 1976
El primer plan de “ajuste” a fondo contra los
trabajadores y el pueblo fue lanzado a mediados de 1975, con el famoso
“Rodrigazo” (el ministro de Economía se llamaba Celestino Rodrigo, que estaba
avalado por López Rega). Devaluación del peso del 150%, aumento promedio del
100% de todos los servicios públicos, suba de 180% de los combustibles, 45% de
aumento de los salarios y un plan de endeudamiento masivo con el exterior. El
plan de ajuste fue enfrentado por el movimiento obrero, Rodrigo tuvo que
renunciar y poco después hizo lo mismo López Rega, quien además abandonó el
país. Pero el Rodrigazo fue el antecedente de lo que vendría con Videla y
Martínez de Hoz.
Un balance que marque diferencias de
clase
La dilución de la responsabilidad de la clase capitalista
argentina en el golpe militar; el silencio que rodea a los apoyos efectivos que
tuvo la dictadura; el ocultamiento de la naturaleza de clase de la represión
entre 1973-1976, y del Rodrigazo, no son olvidos inocentes. Son funcionales a la
estrategia de “frente anti-neoliberal” que predica el progresismo izquierdista,
nacional y popular. Por eso, el llamado (circula en las redes por estos días) a
deponer diferencias para marchar todos juntos (desde la izquierda radicalizada
hasta la militancia K) este próximo 24 de marzo, necesita ocultar y falsificar
el pasado. Frente a esto es imprescindible hacer análisis en términos de clases
sociales, y no temer ir hasta el fondo en los balances.
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