Pero cuando se produjo la victoria política
electoral de Lula, en el 2002, el país era muy diferente al de los años 1980: la
victoria del Partido de los Trabajadores (PT) y de la izquierda se produjo
cuando el transformismo (Gramsci) ya había comenzado a metamorfosear al
PT en un Partido del Orden (Marx). Brasil había sido desertificado
por las medidas neoliberales en la era de Fernando Henrique Cardoso (FHC) y el
PT había dejado de ser un partido de la clase trabajadora, oscilando entre la
resistencia al neoliberalismo y la aceptación de una “nueva política”, mucho más
moderado, policlasista y adecuado al orden capitalista típico de la era de la
financiarización.
El primer gobierno Lula (2003/2007) se
caracterizó por la continuidad con el neoliberalismo más que por la
ruptura. Desarrolló una versión muy semejante de lo que por entonces se
denominaba social-liberalismo. La política económica preservó la
hegemonía de los capitales financieros, dictada por el FMI, manteniendo
inalterados los rasgos estructurales constitutivos de la excluyente y perversa
formación social burguesa del Brasil.
En el segundo gobierno Lula, dada la crisis y
casi derrota del PT en las elecciones del 2006, se aplicaron un conjunto de
importantes modificaciones: ampliación del programa Bolsa-Familia, una
política social focalizada y asistencialista, pero muy extendida, que buscaba
disminuir los niveles de miseria de millones de trabajadores y trabajadoras,
especialmente en las regiones más atrasadas del país. Esta política social
asistencialista –considerada ejemplar por el Banco Mundial– no llegaba tanto a
la clase trabajadora organizada, base original de Lula, sino más particularmente
a los sectores más pauperizados que normalmente dependían de las beneficencias
del Estado para sobrevivir. Y en comparación con los gobiernos de FHC y Collor
de Melo, hubo un relativo aumento del salario mínimo.
Con esa orientación programática, el gobierno del
PT de Lula ejecutó con rara competencia una política de concertación
excepcional, que lo asemejó a un verdadero semi Bonaparte (en el sentido de
conciliación, no de dictatorial): concedió enormes beneficios a las distintas
fracciones del capital, especialmente al financiero y al industrial (es sabido
que incluso hay una fuerte simbiosis entre estas dos fracciones del capital) y
al agronegocio. Y en el extremo opuesto de la pirámide social, se aplicó una
política social asistencialista buscando minimizar la miseria brasileña.
Pero se impone enfatizar que no tocó ninguno de los pilares estructurales de la
miseria en la sociedad brasileña. Ésa era la condición de las clases dominantes
para garantizar apoyo al gobierno Lula. Y el gobierno la aceptó
servilmente.
Cuando la crisis mundial golpeó con fuerza a los
países capitalistas centrales, en 2008, el gobierno tomó medidas para que el
Estado incentivara el reinicio del crecimiento económico reduciendo impuestos en
sectores importantes de la economía, como el automotriz, los electrodomésticos y
la construcción civil, tomadores todos de fuerza de trabajo, expandiendo con
fuerza el mercado interno para compensar la retracción del mercado externo que,
en un contexto de crisis, disminuyó la compra de commodities producidos
en Brasil. Y en esta breve síntesis vale recordar que el gobierno Lula, además
de ampliar el lugar del gran capital internacional en Brasil, dio fuerte
incentivo a la transnacionalización de importantes sectores de la burguesía
nativa, como la construcción civil, integrada por las contratistas, una de las
fracciones más corruptas del gran capital en Brasil. Fenómeno éste decisivo para
comprender la crisis de corrupción que arrasó a los gobiernos del PT, no sólo
durante el Mensalão, a mediados del 2000, sino también en los procesos
electorales disputados por el PT.
La gran popularidad del gobierno Lula,
cuando en el 2010 terminó su segundo gobierno con más de un 80% de aprobación en
las encuestas de opinión pública, fue suficiente para garantizar la victoria de
su candidata a la presidencia de Brasil, la ex ministra Dilma Rousseff. La
elección presidencial se basó en la continuidad del proyecto político de lo que
ya entonces se denominaba lulismo, caracterizado por la fuerza electoral
de Lula y su liderazgo “mesiánico” y carismático. Que contó, una vez más, con
fuerte apoyo político de las diversas fracciones burguesas que se sentían
satisfechas y representadas por el bloque de poder vigente. Y Lula, líder
indiscutido del PT, encontró en la candidatura de Dilma la figura ideal.
Era una gestora pública que había sustituido a José Dirceu en la jefatura de la
Casa Civil cuando éste debió renunciar por el escándalo de corrupción del
llamado Mensalão. Tal candidatura podría heredar los votos de Lula sin
discutir la intocable hegemonía de Lula (y del lulismo) dentro del
PT.
Otros candidatos con potencial de votos y buena
consistencia electoral podrían haber sido preparados, pues el traspaso de votos
de Lula hacia “su” candidato hubiera sido casi natural. Por ejemplo, el ex
gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Sin jamás enfrentar la conducción
lulista, tal candidatura podía tener alguna autonomía y, por eso mismo, no pudo
ser aceptada por Lula. Este grave error del líder –elegir a dedo como candidata
a la Presidencia de la República a una reemplazante sin experiencia política–
terminó constituyéndose en un ingrediente central de la crisis e incluso
colapso del gobierno del PT, debido a la completa incapacidad de enfrentar
crisis políticas profundas, como ya veremos.
Siguiendo a lo largo de su primer mandato
el recetario social-liberal (apologéticamente llamado “neodesarrollista” por los
lulistas), Dilma logró ser reelecta en 2014. Y comenzó entonces su
martirio, con un futuro imposible de prever. Ante la total imposibilidad de
hacer cualquier pronóstico en torno al futuro inmediato de Dilma, intentaremos
enumerar algunos elementos que conforman la fenomenología de la crisis
(económica, social, política y funcional) que marcha cada vez más hacia el
colapso del gobierno del PT y de Dilma.
2. La corrosión del mito
Si bien Dilma, criatura política de Lula,
consiguió vencer las elecciones, le faltaba esa consistencia social y política
que Lula tenía en abundancia. A pesar de que su primer gobierno gozó del apoyo
de un amplio abanico de poderosos intereses económicos, desde las finanzas al
agronegocio, pasando por la industria –sectores que también habían apoyado a
Lula– Dilma es una personalidad distinta: burócrata, jamás había participado en
una campaña política. Ya era posible prever, entonces, el desastre que podría
ocurrir en una situación de crisis. Pero el genio político de Lula fue
incapaz de percibir ese riesgo.
En sus líneas económicas más generales, Dilma
mantuvo básicamente el recetario del segundo gobierno de Lula: crecimiento
económico poniendo énfasis en la ampliación del mercado interno; incentivos a la
producción de commodities para la exportación (beneficiando especialmente
al capital vinculado con el agronegocio); reducción de impuestos beneficiando a
los grandes capitales (industria, construcción civil, etc.); manteniendo una
política financiera protectora –durante gran parte de su gobierno– de intereses
altos, buscando garantizar el apoyo del sistema financiero. Solamente en algunos
pocos momentos, cuando las repercusiones de la crisis internacional comenzaron a
intensificarse en Brasil, el gobierno Dilma ensayó una política de reducción de
intereses, pero el enorme descontento que encontró en el mundo financiero la
hizo regresar rápidamente a la política de altos intereses.
Pero con el agravamiento de la crisis económica
internacional, que ya no se limita a los países del Norte, sino que afecta
también directamente a los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África
del Sur), comenzó gradualmente a dividirse la base social burguesa que hasta
entonces daba un apoyo prácticamente ilimitado a los gobiernos Lula y Dilma, del
PT y los partidos aliados.
Además un nuevo elemento comenzaba ampliar los
descontentos frente al gobierno Dilma: en el escenario político, reaparecían,
ahora amplificados, los escándalos de corrupción que involucran directamente al
PT, su cúpula política y los partidos aliados (de los cuales el PMDB era el más
fuerte). Tal fue el contexto político en el que irrumpieron las rebeliones de
junio del 2013. El país de la “cordialidad” mostraba, una vez más, que podría
rebelarse y la explosión popular llegó a prácticamente todas las partes de
Brasil.
Después de los levantamientos de junio, se
desencadenaron las más diversas manifestaciones, en las calles, los suburbios,
los barrios, los centros urbanos, acompañadas por una significativa ola de
huelgas y una miríada de manifestaciones multitudinarias, donde los descontentos
eran de distintas dimensiones. Inicialmente, su origen fueron las acciones del
Movimiento Pase Libre, después se fueron ampliando, hasta que alcanzar más de
dos millones de manifestantes en todo el país y una enorme gama de
reivindicaciones.
Primero, fueron motivadas por la
percepción de que el proyecto que se venía desplegando desde la década de 1990
(inicialmente con FHC, después con Lula y Dilma), se había finalmente agotado,
al menos en lo atinente a sus significados destructivos que terminaron generando
un profundo malestar social. La población trabajadora y joven que fue
predominante en las manifestaciones denunciaba el transporte privatizado y
precarizado; la salud pública degradada y privatizada; la enseñanza pública
abandonada, en definitiva la mercantilización de la res
pública.
Segundo, las manifestaciones
estallaron en una coyuntura marcada por la Copa de las Confederaciones,
cuando la población advirtió que los recursos públicos estaban siendo desviados
hacia la construcción de estadios de fútbol, revelando una simbiosis compleja
entre FIFA, intereses transnacionales y gobierno.
Tercero, se insertaban en un
contexto internacional explosivo desde la crisis de 2008, caracterizado por
rebeliones en las más diversas zonas del mundo.
Estos distintos elementos confluyeron y
se intersectaron en junio de 2013. Las manifestaciones contaron con la
presencia de masas populares apropiándose del espacio público, de las calles, de
las plazas, ejercitando prácticas más plebiscitarias, más horizontalizadas,
además de marcar el descontento con las formas de representación y de
institucionalidad que caracterizan a las “democracias” vigentes en los países
capitalistas. Así se vivió este momento, el de la primera profunda crisis del
gobierno Dilma. El mito del “país de clase media”, tan pregonado en Brasil,
comenzaba a desmoronarse. Reveló ser mucho más un mito que realidad. Pero, como
sabemos, las rebeliones eran polimorfas, indiferenciadas, dado que distintas
clases y sectores de clases participaban en ellas, incluso las izquierdas
sociales y partidarias también estuvieron presentes, sin ser nunca dominantes o
hegemónicas. Pero se produjo también un hecho nuevo y alarmante, con la
aparición en el curso de los levantamientos y rebeliones, de los
fantasmas de las derechas conservadoras, protofascistas y fascistas,
expresión en gran medida de las clases medias conservadoras.
Algo comenzaba de hecho a cambiar en el país y la
disputa por la hegemonía estuvo, a partir de entonces, abierta. A diferencia de
las manifestaciones contra Fernando Collor en 1992 y de las manifestaciones de
1984 y 1985 contra la dictadura militar y por elecciones directas, las
manifestaciones de junio de 2013 eran policlasistas, con fuerte presencia de
sectores populares, de jóvenes precarizados, de los estudiantes-que-trabajan y
de los obreros-que-estudian; sectores politizados; sectores de la periferia,
como el Movimiento Periferia Viva y los Trabajadores Sin Techo; de sectores de
la clase media conservadora; de sectores aparentemente apolíticos, etcétera. Con
todo, si bien las derechas no consiguieron consolidarse en aquellas
manifestaciones, desataron una campaña sistemática de ataque a las izquierdas, y
convirtieron al “gobierno de izquierda del PT” en su enemigo visceral. Comenzaba
a desmoronarse el mito lulista del país donde todo andaba bien y se
ingresó en un ciclo de descontento, levantamientos, rebeliones, huelgas,
manifestaciones de claro perfil conservador, etcétera, que empujaron al PT y
su gobierno a una crisis que jamás imaginaron llegar a vivir.
En 2014, en plena campaña presidencial, donde
todo vale salvo la autenticidad, Dilma Rousseff afirmó que bajo ninguna
hipótesis cercenaría derechos de los trabajadores y que tampoco haría el “ajuste
fiscal” que los sectores dominantes exigían a cualquier candidatura que
resultase triunfadora. Inmediatamente después de la victoria, vino el gran
estelionato (fraude) electoral.
Dilma ganó las elecciones, designó un ministro de
Hacienda elegido a dedo en el alto escalón del capital financiero y comenzó un
“ajuste fiscal” al estilo de Grecia y España, durísimo para las clases populares
y, especialmente, para la clase trabajadora. Las primeras medidas tomadas por la
candidata reelecta fueron lo opuesto de lo que ella misma proclamó en la campaña
electoral: redujo conquistas laborales como el seguro-desempleo; aumentó los
intereses bancarios; conformó un ministerio de perfil conservador y comenzó a
urdir un programa de “ajuste fiscal” profundamente recesivo. Así, el segundo
gobierno Dilma, aplicando lo que en la campaña decía que la oposición
conservadora haría, aceleró el desmoronamiento de su base social y política, lo
que empujó al gobierno Dilma a una crisis que el país no veía desde la era
Collor. Su política económica aumentó aún más el superávit primario, amplió las
privatizaciones (aeropuertos, puertos, rutas, etc.) y alentó aún más el
agronegocio. Perdió, en razón inversa a semejante desmonte, el ya debilitado
apoyo con que Dilma y el PT contaban en la clase trabajadora, los sindicatos y
parte de los movimientos sociales.
3. El Gobierno del PT colapsa
Era evidente, desde finales del 2014, que se
produciría un “cambio de rumbo” para atender las presiones de los grandes
capitales. Primero, tales presiones se profundizaban en la medida en que la
crisis internacional también se intensificaba. Segundo, en este nuevo escenario
crítico, las diversas fracciones dominantes que anteriormente se beneficiaran
con los gobiernos del PT comienzan a disputar entre sí quien debería cargar
menos con el peso de la crisis. Esto porque, más allá de castigar
agudamente a la clase trabajadora, en un contexto de crisis las ganancias se
reducen y la disputa interburguesa en torno a quien perderá menos se acentúa. Y,
tercero, esto se agudizó desmesuradamente con la crisis de corrupción en
Petrobrás. Es verdad que la corrupción siempre existió en Brasil, que la derecha
siempre practicó y practica la corrupción. Pero ahora se trataba de una
corrupción implementada por un partido que nació como partido de
izquierda.
4. Las prácticas corruptas alcanzan al PT y
sus gobiernos
Sabemos que la práctica corrupta en los partidos
de centro y derecha es inherente al capitalismo. Pero cuando alcanza a un
partido de izquierda que, como el PT, nació bajo el signo de ética en la
política, esto debe tener un sabor especial para las derechas. Y trajo un
componente explosivo que ayudó a desestabilizar la amplia alianza partidaria
que daba sustento a los gobiernos Lula y Dilma, casi toda devastada por la
práctica generalizada de la corrupción.
El principal partido de apoyo al gobierno Lula,
el PMDB, fue también muy manchado por esta práctica. Y como este partido, a
través de sus principales dirigentes, está amenazado por los procesos políticos
presentes en el operativo judicial denominado Lava Jato, comenzaron las
discrepancias precisamente en el agrupamiento político que garantizaba la
mayoría de votos al gobierno Dilma, tanto en la Cámara como en el
Senado.
Y la reacción del PMDB, que dejó de ser una fácil
base de apoyo del gobierno, se concretó por medio de su principal miembro en el
Parlamento, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados. Político
archiconservador, fuertemente relacionado con retrógradas sectas religiosas
neopentecostales, fue acusado de maniobras dolosas desde el gobierno Collor y
ahora también por el Operativo Lava Jato. Se produjo entonces una
metamorfosis en el PMDB de Eduardo Cunha que, de ser un colaborador, pasó a
exigir que el gobierno Dilma pasara a depender de él. Y, mientras más se
distanciaba del gobierno Dilma, más abiertamente asumía el papel de
opositor.[1]
De este modo, la explosiva situación de crisis
política en el gobierno Dilma deriva de una confluencia de factores fuertes y
más o menos simultáneos: ampliación de la crisis económica internacional y sus
efectos en Brasil; muy difícil victoria en las elecciones donde el candidato de
centro derecha se fortaleció mucho, ganando votos en reductos tradicionales del
PT[2]; de la misma crisis
política provocada por denuncias que involucran prácticamente a toda la cúpula
del PT desde 2002 y llevó a Jose Dirceu y Joao Vaccari, entre otros muchos, a la
cárcel en 2015; al descontrol político y la desestabilización del arco de
alianzas que daba sustentabilidad al gobierno Dilma; el descontento, revueltas y
rebelión popular contra las medidas de “ajuste fiscal” que castiga a los
trabajadores; crisis política en el PT y en la relación entre el PT y el
gobierno Dilma, además de tensiones crecientes también en las relaciones entre
Lula y Dilma, entre el creador y la criatura. No es difícil advertir la
descomposición política que arrasó al gobierno del que fue la principal
esperanza de las izquierdas latinoamericanas: el PT, que un día fue sólido,
comenzó a desvanecerse en el aire.
Todo este marco ciertamente fortaleció
enormemente la poderosa contraofensiva de las derechas que supieron politizar
las jornadas de junio de 2013 y ganar a una parte significativa de las camadas
medias conservadoras a las propuestas derechistas que resumen casi toda su
acción: contra la corrupción y contra el PT y, por añadidura, contra
todas las izquierdas, incluso las opuestas al gobierno del PT, como el
Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Socialista Unificado de los
Trabajadores (PSTU) y el Partido Comunista Brasileño (PCB), entre otros,
pequeños agrupamientos políticos que hacen una abierta oposición a los gobiernos
Lula y Dilma, pero que tropiezan con gran dificultad para ampliar sus bases de
apoyo en la clase trabajadora y los movimientos sociales y que fueron atacados
por los núcleos protofascistas y fascistas en las marchas y manifestaciones de
las derechas, desde junio de 2013 hasta el presente.
Las izquierdas (o una parte de ellas), sea por
seguir estando muy prisioneras del calendario institucional, sea por mantener
expectativas con respecto al gobierno Dilma y sus posibilidades de cambiar de
ruta, sea porque temerosas de una ofensiva de derecha quedan prisioneras de las
tesis de “apoyo crítico” gobierno Dilma, no fueron aún capaces de construir
un polo social y político alternativo, capaz de polarizar la lucha social.
Todo eso aumenta el marco crítico y hace difícil la aparición de una alternativa
de las clases populares.
Naturalmente, si el impeachment es hoy la
forma que asume el golpe parlamentario, debe ser evitado. Pero es necesario
recordar que el parlamento brasileño tiene un pasado histórico golpista: en
1964, cuando el presidente Joao Goulart, temiendo ser apresado en el Palacio do
Planalto, decidió ir a Porto Alegre para fortalecer apoyo, el parlamento
brasileño declaró la vacancia del cargo, legitimando el golpe militar en marcha.
Pero estar contra el impeachment hoy no puede significar ninguna
complacencia con la tragedia del PT en el poder, en todas sus
dimensiones.
Así, en semejante contexto, de profunda crisis
institucional, la situación política del gobierno Dilma se agrava cada día: por
momentos recupera un paso, pero horas o días después da diez pasos atrás,
mientras se ve en todos los polos de la vida social y en todas las clases, la
corrosión de la base de apoyo policlasista que respaldó durante doce años los
gobiernos del PT. Y la constatación de la enorme corrupción realizada en
Petrobrás por el PT y sus partidos aliados, aportó el combustible que faltaba
para que las derechas defendieran el impeachment sin que hubieran sido
presentadas pruebas que involucren directamente a la Presidencia de la
República.
Y con el descontento social, de los asalariados y
de las periferias, que crece con cada nuevo ajuste de Dilma y su ministro de
Finanzas Joaquim Levy, se hace difícil imaginar hoy una movilización masiva para
defender el gobierno Dilma. Lo que hemos visto son manifestaciones que están
contra las nefastas medidas del gobierno Dilma y también contra el
golpe.
5. El gobierno Dilma, las fracciones burguesas
y las clases sociales
Los gobiernos del PT (Lula y Dilma) fueron un
excepcional ejemplo de representación de los intereses de las clases y
fracciones dominantes, con las oscilaciones coyunturales propias de un período
en que se vivió tanto una significativa expansión económica (Lula), como
períodos de crisis económica aguda (segundo gobierno Dilma).
Pero es preciso destacar que Dilma siempre contó
con importante apoyo de las clases dominantes burguesas (las fracciones de la
industria, financiera, agronegocios, etc.), durante buena parte de su primer
gobierno. Con la intensificación de la crisis, especialmente en el año 2014, ese
marco comenzó a modificarse. Ya en las elecciones de octubre de aquel año podía
percibirse una mayor división entre las clases fracciones burguesas, dado que el
nuevo cuadro recesivo anticipaba la necesidad, exigida por los grandes
capitales, de cambios profundos en la política económica. Ya en el último
período de su nivel gobierno Dilma ensayó una política de reducción en los
intereses (que en Brasil están entre los más altos del mundo), que comenzó a
desagradar sectores del capital financiero especulativo.
No fue por otro motivo que, inmediatamente
después de la victoria electoral en octubre de 2014, Dilma nombró como inistro
de Hacienda, principal responsable de la política económica, a un nombre
escogido entre los mayores bancos privados del país. Y correspondió a Levy
aplicar un ajuste fiscal profundamente recesivo, que comenzó con apoyo de todas
las grandes fracciones del capital pero que, al intensificarse la recesión y
aumentar significativamente los intereses, comenzó a tener una fuerte oposición
política y un creciente descontento provenientes de los sectores industriales
que ven reducirse significativamente sus ganancias, en la medida en que el PBI
se achica.
Desde enero hasta fines de septiembre de 2015, el
(des)gobierno Dilma está sin rumbo: semana tras semana presenta propuestas que
no son implementadas, aumentando aún más los descontentos en todas las clases
sociales –aunque frecuentemente por motivos opuestos– mientras su base social,
política y parlamentaria se reduce con cada nueva medida.
Su más reciente “paquete económico”, de
septiembre de 2015, que pretende reducir el déficit público, sólo fue defendido
por los banqueros, que no dejan de aumentar exponencialmente sus ganancias ya
exorbitantes. Los demás sectores burgueses comienzan a cuestionar el tamaño y la
duración de la recesión, cuestionando también las propuestas de aumento de
impuestos y, así, comienzan a alejarse del gobierno que hasta ahora
apoyaran.
Pero estos sectores burgueses dominantes
saben también que la deposición de Dilma podría desencadenar una profunda crisis
política e institucional, capaz de dar munición a una situación de revuelta
social que podría ser incontrolable y dificultaría aún más la recuperación de
las ganancias de las grandes empresas. Lo que se puede decir con cierta
confianza es que el apoyo que Lula y Dilma encontraron en los anteriores
períodos está completamente corroído en todas las clases sociales. Las
últimas encuestas de opinión pública (agosto 2015) dan un 8% de aprobación a
Dilma y un margen enorme de reprobación. Y no hay señales de que ese cuadro deje
de agravarse.
En las clases medias el cuadro es de
completo combate al gobierno Dilma. Sus segmentos más conservadores –las clases
medias tradicionales– lideran las manifestaciones callejeras, que reúnen a
sectores liberales, conservadores, prodictadura militar de 1964, protofascistas
y fascistas. Cuanto más arriba en su escala social están las clases medias, con
más fuerza se oponen al gobierno del PT (y a las izquierdas en general). En las
camadas medias bajas, el desencanto es completo: los salarios se achican,
aumenta la inflación, crece el desempleo y prácticamente ya ningún sector de
esta clase media baja se atreve a apoyar el gobierno. Por el contrario, adhieren
cada vez más a las manifestaciones de oposición al gobierno Dilma.
En la clase trabajadora el desencanto es
explosivo: en los contingentes más organizados, que en el pasado reciente fueron
parte constitutiva del PT y en consecuencia base social de su gobierno, cada día
es mayor el proceso de corrosión de dicho apoyo. Ciertamente, estos sectores
temen el golpe y el ascenso de la derecha explícitamente elitista, privatista y
financista. Pero es cada vez más reducida la cantidad de trabajadores que apoyan
al gobierno.
Aún en los estratos más pauperizado y por fuera
de los marcos de cualquier organización (sindical o política), donde encontramos
a quienes dependen del asistencialismo estatal ejercido por la
bolsa-familia, incluso en estos contingentes, disminuye
significativamente el anterior apoyo brindado al gobierno Dilma.
No es difícil constatar la gran profundidad de la
crisis: social, porque permea todas las clases y fracciones de clase,
aunque de modo diferenciado; política, porque abrió una fisura (casi)
irreversible en la base partidaria de apoyo al gobierno, y varios partidos y
agrupamientos políticos que hasta poco tiempo atrás apoyaban al gobierno, ahora
están en campaña abierta por el impeachment. E institucional,
porque puso a sectores del parlamento brasileño en franca oposición al gobierno,
y son capaces por tanto de abrir en cualquier momento un proceso de destitución
de Dilma Rousseff. Y, por si todo eso no bastase, la crisis tiene una fuerte
matriz económica, que aumenta el desempleo, rebaja fuertemente los
salarios y crea un clima de incertidumbre que termina por volverse
fuertemente contra el gobierno.[3]
Hoy, cuando finalizamos este texto (21/09/2015),
no tenemos ninguna posibilidad de vaticinar cuál será el futuro inmediato de
Dilma: ¿mantendrá su mandato hasta 2018? ¿Sufrirá un proceso de impeachment?
¿Soportará las explosivas presiones que viene recibiendo de prácticamente casi
todas las clases sociales, desde las múltiples fracciones de la burguesía hasta
las vivas y polisémicas manifestaciones de resistencia de las periferias y de
las clases trabajadoras? ¿Renunciará? ¿O encontrará fuerzas para recuperarse y
superar la crisis actual? Nadie tiene hoy respuestas a estos interrogantes y
cualquier pronóstico podría generar un craso error. Nos queda entonces una
pregunta final.
6. ¿Por dónde recomenzar?
Las rebeliones de junio de 2013 cuestionaron
frontalmente toda la institucionalidad brasileña y plantearon dos alternativas:
la propuesta del Orden, o sea, una reforma política hecha por un parlamento
controlado por los peores intereses económicos dominantes. La otra
alternativa, real y positiva, será el resultado de una transformación
social y política impulsada por las masas trabajadoras y populares y los
movimientos sociales.
El desafío es, entonces, construir una
alternativa política y social de nuevo tipo, que reconstruya la
institucionalidad hoy dominante y separada de la vida cotidiana real de las
clases trabajadoras. ¿Cuáles serán los nuevos canales sociales y políticos
capaces de crear una nueva izquierda auténticamente ligada con lo mejor de los
movimientos populares? Nosotros tenemos huelgas en todo el país, tenemos
manifestaciones del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra), tenemos las
decisivas ocupaciones del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), el
Movimiento del Pase Libre, tenemos manifestaciones de rebeldía en las
periferias, tenemos huelgas metalúrgicas, de bancarios, de otros muchos sectores
como profesores, médicos, empleados públicos. Tenemos sindicatos de clase,
tenemos a CONLUTAS y las Intersindicales, etcétera. Será de la conjunción de
estos movimientos moleculares con lo mejor de las izquierdas (sociales y
políticas) de nuevo tipo, enraizadas en las experiencias concretas de las luchas
sociales de nuestro tiempo, que algo nuevo podrá florecer.
Tenemos entonces que repensar por cuales caminos
las asambleas populares, las huelgas, los paros, las manifestaciones, los
sindicatos, los partidos de izquierda, los movimientos sociales, podrán gestar
algo decididamente nuevo y diferente de lo que hasta ahora tenemos. La
polarización brasileña no podrá ser más la falsa polarización entre PT vs. PSDB,
que ya está sepultada. Será otra polarización que aún no hemos sido capaces
de construir, y que solamente podrá florecer en las calles, en las periferias,
en las huelgas, en los asentamientos, en las revueltas, en las comunidades
indígenas, en los sindicatos de clase, en los partidos de izquierda que se
quieren reconstruir. Ahí encontramos el embrión de lo que podrá ser algo
efectivamente nuevo.
Este artículo, preparado especialmente para
Herramienta, terminó de ser escrito el 21 de septiembre de
2015.
Traducción del portugués de Aldo
Casas.
[1] Así, el PMDB pasó de ser
un apéndice a convertirse en el centro del poder parlamentario en Brasil
actualmente. Esta mutación está directamente ligada a la elección de Eduardo
Cunha como presidente de la Cámara, en oposición al candidato del PT; y también
a la relativa "ruptura" de Renán Calheiros, líder del Senado y también del PMDB,
distanciado en alguna medida del gobierno Dilma, al que acusa de ser responsable
del intento de encuadrarlo judicialmente.
[2] Un ejemplo es el ABC
paulista, donde resultó ganador Aecio. Recuérdese que el ABC fue el cinturón
industrial en el que surgieron Lula y el PT.
[3] Y, en medio de todo este
crítico cuadro, está siendo analizado en el Congreso un proyecto de ley (PLC
30/2015) el mayor maltrato que se conozca la historia del trabajo en Brasil
desde la dictadura militar, pues permitirá la terciarización total del trabajo
en Brasil, en caso de ser aprobado por el parlamento. Y solamente una fuerte
resistencia, por medio de huelgas, manifestaciones, acciones callejeras,
pronunciamientos de asociaciones, sindicatos y otras entidades, del MST y el
MTST, de los movimientos de las periferias se podrá frenar ese nefasto proyecto
que agrava la crisis social brasileña.
Responder a este mensaje
Antunes, Ricardo. Es profesor titular de
Sociología del Trabajo en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH) de
la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil. Ha dictado numerosos
cursos, seminarios y conferencias en universidades de América Latina y Europa.
Autor, entre otros, de Adeus ao trabalho? (14ª edición revisada y ampliada, San
Pablo, Cortez, 2010), editado también en español (¿Adiós al trabajo?, Buenos
Aires, Herramienta, 2ª edición 2003); Os sentidos do trabalho (2ª edición, 10ª
reimpresión, San Pablo, Boitempo, 2009), O caracol é sua concha (San Pablo,
Boitempo, 2005), O continente do labor (San Pablo, Boitempo, 2011). Preparó los
libros colectivos Infoproletários: a degradacao real do trabalho virtual (2009)
y Riqueza e miséria do trabalho no Brasil I (2006) y Riqueza e miséria do
trabalho no Brasil II (2013), editados todos por Boitempo. Coordina las
colecciones Mundo do Trabalho (Boitempo) y Trabalho e Emancipacao (Expressao
Popular). Colabora regularmente en diarios y publicaciones de Brasil, participa
activamente en las revistas Margem Esquerda (Brasil), Latin American
Perspectives (Estados Unidos), Proteo (Italia), Asian Journal of Latin American
Studies (Corea). Integra el consejo asesor de la Revista Herramienta (Argentina)
en cuyas páginas escribe asiduamente. La primera edición de Los sentidos del
trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo fue publicado en
español en el año 2005 por el Taller de Estudios Laborales y Ediciones
Herramienta.